Jonás

Es el tema. El torneo mundialista que inicia este jueves 11 de junio marca un nuevo hito en Guadalajara. La capital de Jalisco, junto con Monterrey y la Ciudad de México, será sede de algunos de los encuentros de futbol del nuevo Mundial, el evento deportivo más grande del mundo, el más visto, el más costoso, el más sobrevaluado. Nada en el planeta convoca más atención, más recursos, más fama y más poder económico… y en un descuido, mucho poder político.
Es el Mundial.
Ser sede mundialista puede juzgarse –y así está ocurriendo– desde una perspectiva de aficionado al futbol, desde una postura política favorable o negativa; puede revisarse también como una oportunidad de hacer negocio o incluso, desde una posición ingenuamente nacionalista.
Dejemos que todo fluya.
¿Y qué con Guadalajara? En algunos medios convencionales de comunicación se dice que “no hay ambiente mundialista”, que “no se siente” como en los dos anteriores. ¿Hay estadísticas que recojan con un mínimo de certeza la postura de los tapatíos? No, ninguna.
Pero contrario a lo que opinan los “expertos deportivos”, sí hay efervescencia mundialista. En muchos sentidos.
Compartamos en este espacio algunos tópicos que hacen de la capital de Jalisco una de las mejores sedes del Mundial (en abierta competencia con las de Canadá y Estados Unidos), a pesar de que sólo se jueguen aquí, cuatro partidos. Por cierto, el encuentro México vs. Corea del Sur marca la primera ocasión en la que la Selección Mexicana juega en Guadalajara en un torneo mundialista. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se repita algo similar? Mucho, mucho.
En el conocimiento de que este evento deportivo tiene repercusiones mucho más amplias y profundas que un mero partido de futbol, el Mundial 2026 representa para Guadalajara, lo siguiente:
• Marca la tercera ocasión en que nuestra ciudad es sede mundialista, como ya ocurrió en 1970 y 1986. Pocas ciudades en el planeta ostentan esta condición.
• La ciudad se preparó con numerosas obras que han sido ampliamente criticadas por el gasto público empleado en el objetivo: se renovaron plazas, glorietas, avenidas. El presupuesto reconocido supera los 12 mil millones de pesos. Evidentemente, la polarización política que priva en el país, encuentra en esto nuevo motivo de críticas.
• Sin embargo, Guadalajara, en comparación con Monterrey y Ciudad de México, aparece como la ciudad mejor preparada y equipada para la recepción del evento deportivo y la visita de turistas que, estiman, puede llegar a 2.5 millones de personas.
• La celebración del Mundial, por mero contraste, provoca que resalten los problemas que ya se conocen y se repudian: mala calidad y escasez recurrente en la distribución del agua potable; conflictos viales permanentes y problemas de movilidad; inseguridad en varias zonas de la ciudad; y claro, el visible problema de los desaparecidos.
• Por otra parte, el Mundial generó la presión necesaria para que la ciudad tenga la rehabilitación de la Carretera a Chapala y el nuevo sistema de transporte masivo, que se conoce como Línea 5 o Mi Macro Aeropuerto.
Todo esto, naturalmente, es apenas una síntesis.
Mucho más se conocerá y se agregará durante los casi 40 días de actividad. Sí, hay un gran riesgo de que la organización del evento nos deje una “cruda presupuestal”.
Y también, si la suerte favorece, puede haber grandes resultados deportivos, aunque la Selección Mexicana no despierta el entusiasmo de las casas de apuestas.
Pero hay Mundial y es un momento histórico por todo lo antes expuesto, y mucho más.

Otro Mundial de Futbol en Guadalajara

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El Área Conurbada de Guadalajara cuenta con un nuevo sistema de transporte masivo: la Línea 5 o Mi Macro Aeropuerto, que apoya al desarrollo de la ciudad. Es una gran noticia para el Área Conurbada y en particular para cientos de miles de personas que radican en la zona de Tlaquepaque, Tlajomulco e incluso en El Salto, además de que abre, por fin, una ruta regular de transporte público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Los proyectos de gobierno siempre serán discutidos. La polémica y el contraste de posturas es parte normal y deseable de una sociedad en proceso de formación, pero en el caso del nuevo transporte masivo, deben reconocerse algunos hitos para la urbe tapatía:
&#8211; Las obras iniciaron en enero de 2025 y sólo un año y medio después, el sistema ya está concluido y en operación.
&#8211; Se invirtieron cinco mil millones de pesos sin generar endeudamiento público.
&#8211; Es un proyecto que representa para ciudad, beneficios de movilidad para habitantes de la zona y también, un nuevo mecanismo de arribo y salida del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que se ha convertido en la segunda terminal aérea más importante de la república mexicana.
&#8211; La existencia de la Línea 5 o Mi Macro Aeropuerto, es resultado también de otra obra fundamental de infraestructura: la ampliación y mejoramiento de la Carretera a Chapala, desde el Periférico de la ciudad y hasta el aeropuerto. 
Adicionalmente, es importante añadir que tanto el sistema de transporte como el nuevo tramo carretero, ofrecen un mejor escenario para que la ciudad reciba las actividades que le corresponden como sede del Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio.
Y aparte, ya está diseñado y en proceso de financiamiento un nuevo proyecto de ampliación de la misma carretera, desde el aeropuerto y hasta cinco kilómetros más adelante, para conectar con el entronque carretero a El Salto y su corredor industrial.
Adicionalmente, se prepara la ampliación de esta nueva ruta de transporte masivo que aspira a transportar hasta 25 mil personas todos los días. 
Sí, el ejercicio de gobierno, las decisiones de autoridad están sujetas al análisis y el cuestionamiento, pero en comparación con el gigantesco sacrificio que significó para la ciudad la construcción a sobreprecio multimillonario la Línea 3 del Tren Ligero, este nuevo transporte masivo merece todo el reconocimiento.
En el Área Conurbada de Guadalajara, igual que en las grandes urbes de México y el mundo, uno de los derechos fundamentales es el de la movilidad de las personas.
Falta mucho por ampliar este derechos, pero se está en el camino correcto.

La Línea 5 ya es una realidad

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En política no hay coincidencias. La historia se repite: en medios de comunicación estadounidenses (Los Ángeles Times), apuntan a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas, como dos políticos de la clase gobernante mexicana ligados a actividades delictivas y eventualmente, en la misma condición de Rubén Rocha Moya.
La revelación periodística indica que a ambos, les retiraron la visa, aunque a Villarreal se le otorga un permiso para ingresar a territorio norteamericano.
Es una tremenda y nueva sacudida política a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque se trate sólo de una publicación periodística que el autor, Steve Fisher, defendió ayer mismo, después que los gobiernos de Sonora y Tamaulipas aseguraron que la publicación carece de veracidad.
Es tan grande el impacto de la crisis política que confronta al gobierno federal con el de Donald Trump, que el mismo Andrés Manuel López Obrador publicó ayer una larga carta en sus redes sociales, para manifestar su respaldo total a la presidenta Sheinbaum y afirmar, como lo hizo ella el domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, que una élite conservadora norteamericana ataca a Morena y al movimiento político que hoy es gobierno, porque pretende incidir para que la oposición regrese al poder.
López Obrador, además, hace público su anhelo para que “regrese el otro Trump”, a quien él conocido como presidente durante su primer mandato y de quien ahora extraña –vueltas que da la historia– “su estilo de gobierno”. 
Es revelador que en esta ocasión, la presidenta Sheinbaum haya pedido en su rueda de prensa mañanera que los nuevos señalamientos “los aclaren ellos”, Durazo y Villarreal.
La crisis se ha extendido desde mediados de abril y la mandataria mexicana agudizó las diferencias con su discurso y acusaciones del domingo pasado. Las consecuencias ahora están sobre la mesa.
Parecía que el asunto Rocha Moya entraba en aparente pausa al menos durante el mes y días en que se celebrará el Mundial de Futbol, a partir del 11 de junio. Además, la primera audiencia del general Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad de Sinaloa), deja un largo paréntesis hasta agosto próximo, cuando volverá a comparecer en el juzgado.
El discurso presidencial, la carta de López Obrador y la publicación periodística que señala a dos de los gobernadores en funciones con más nexos al expresidente, ahondan sin duda las diferencias entre naciones, pero también afectan la posición de la administración federal ante los mexicanos.
¿Otra vez dejará la presidenta Sheinbaum en manos de la Fiscalía General de la República decidir si investiga? Hasta ahora no ha sucedido nada.

“Y luego vendrán por otros”

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Todavía se escucha el eco del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, denunciando en un discurso incendiario, que detrás de la denuncia contra Rubén Rocha Moya, un alcalde y un senador en funciones, hay una estrategia para influir en las elecciones del 2027… y ayer en su mañanera en Palacio Nacional, como quien comenta el clima, compartió que ella no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de la campaña de ataques a México.
¿Entonces no es Donald Trump?
Porque lo recordamos como candidato primero, denunciando que desde México llegaban a los Estados Unidos delincuentes, violadores y narcotraficantes. Lo recordamos después, como presidente, asegurando no una sino varias veces, que nuestro país está controlado por los cárteles del narcotráfico.
Lo recordamos también, apenas hace unos días, reiterando que le ha ofrecido varias veces a ella, a la presidenta Sheinbaum, el apoyo de sus fuerzas armadas para acabar con los cárteles en territorio mexicano. Es fácil encontrar en una búsqueda rápida en internet, el momento en el que afirma que en nuestro país, las autoridades están aterrorizadas por el crimen organizado.
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¿Entonces no es Donald Trump? ¿Quién es entonces?
La presidenta pasó de ser la jefa de Estado que proclamó la “cabeza fría” y las respuestas meditadas, para evitar las veleidosas reacciones del presidente norteamericano: sus constantes amenazas de aranceles y concluir de una vez el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Inesperadamente, Sheinbaum Pardo pasó a ser la defensora de la dignidad nacional, de la soberanía. Convirtió en frase de su personal repertorio la arenga “¡México no es piñata de nadie!”, y acusó a quienes están en contra de la postura oficial, de ser parte del sector conservador, neoliberal, que prefiere entregar la soberanía nacional a intereses extranjeros. 
Pero ayer, confesó incluso bajando el tono de voz que ella no cree que sea Donald Trump.
El contraste de sus posturas con menos de un día de diferencia hace pensar que entre el mediodía del domingo y la mañana de este lunes 01 de junio, recibió una concienzuda retroalimentación, un “feedback” que le permitió revalorar la imagen que lanzó al mundo, porque aunque el mensaje en la plaza atiborrada de simpatizantes estaba dirigida a los morenistas y a quienes aplauden la “cuarta transformación”, el mensaje retumbó en muchos otros lugares y con personas que, mexicanos también, percibieron con preocupación el giro de la postura presidencial.
Una vez más, conviene recordar: la suerte de Rocha Moya y los otros nueve, no compromete la soberanía nacional. Compromete a sus intereses porque si los acusan en un tribunal que no es mexicano, deben defenderse y demostrar que no son culpables. Pero la suya no debe ser la suerte del país.

¿Entonces no es Donald Trump?

El evento con el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024, y que se promovió también con el “segundo aniversario del segundo piso de la 4T” resultó, como se esperaba, en una potente fuente de mensajes y lecturas.
Aunque se abordaron varios temas en la hora y seis minutos en los que se dirigió al país desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, hay que destacar que abordó con mayor amplitud –y visión autocomplaciente, porque no dedicó espacio para reconocer fallas o posibilidades de mejora– lo que se ha hecho durante su administración en materia económica, de salud y energética.
Pero el nodo de su mensaje, el más esperado, era su versión personal de la crisis con el gobierno de Estados Unidos.
La presidenta se refirió al caso Chihuahua, a la muerte de dos agentes de la CIA y la investigación al gobierno que encabeza María Eugenia Campos. Sin entrar en detalle, lo relacionó de inmediato con el caso Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados por el juzgado de Nueva York.
Sheinbaum Pardo, acompañada en un encuentro multitudinario con sus simpatizantes (lo obviamos porque es la costumbre política en México, pero quienes acudieron al evento no fueron asistentes espontáneos sino personas “llevadas” por los actores políticos y operadores de Morena), hizo nuevamente una sonora defensa de la soberanía nacional. Otra vez exigió pruebas que sustenten las acusaciones contra el grupo político de Sinaloa.
La presidenta sentenció que más que un auténtico interés por apoyar a México en la lucha contra la delincuencia, lo que se presencia desde mediados de abril pasado, es una serie de acciones con interés político y electoral para los actores de la ultraderecha en Estados Unidos. Se trata, en suma, de injerencismo.
En el clímax de este momento de su discurso, subrayó que los mexicanos no permitirán intromisión en la resolución de sus asuntos internos. Y aún más, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, sometió a votación pública si los mexicanos están a favor de la presencia de personal de agencias extranjeras o a favor de la soberanía nacional. No había que dudar de la respuesta.
Sheinbaum Pardo convocó a todos los morenistas a que desde hoy mismo, se presenten en todas las plazas públicas y distribuyan periódicos y material impreso para difundir entre los mexicanos la defensa de la nación.
Sólo cabe destacar que del caso Rocha Moya y la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, pasó directamente a la defensa de la soberanía mexicana, sin hacer un alto en una pregunta que se queda sin respuesta: ¿Quién investiga por qué estaban en México los agentes de la CIA y quién resolverá si Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, junto con otros mandos del gobierno sinaloense, estaban financiados y relacionados con el crimen organizado?
¿De verdad, en defensa de la soberanía ante los intereses estadounidenses, vamos a dejar que se incremente el profundo contubernio entre el poder político y el crimen organizado? ¿Tenemos que confiar en la Fiscalía General de la República con todo su historial de ineficiencia y complicidades?
En este punto, el discurso y el festejo presidencial pierden sentido.

Para entender el mensaje de Claudia Sheinbaum

Diputados y senadores de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas a contrarreloj que se justifican teóricamente, pero que persiguen un claro objetivo: el control permanente del poder. Aplicaron con la denominada “reforma de la reforma judicial”, una serie de modificaciones legales que afectarán sobre todo el marco electoral.
Toda actuación de diputados y senadores está marcada de inicio por la desconfianza. En toda propuesta de ley se revisa, primero que nada, cuáles pueden ser las consecuencias que favorezcan una causa política; son totalmente secundarias las consecuencias que pueden, en teoría, ser positivas para la población en general o un segmento de ésta.
Reconocido lo anterior, cabe perfectamente la pregunta: ¿Por qué la repentina premura por cambiar la Constitución para introducir la figura de anulación de una elección por injerencia extranjera?
Reconocer el riesgo, evaluarlo y como argumentó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, proceder a “blindar” la ley, pudo haberse elaborado con más conocimiento y seguridad; pero no, aprovechando que ya estaba la propuesta de reforma para cambiar las elecciones del Poder Judicial de 2027 a 2028, se presentó a discusión esta modificación que curiosamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha debido defender en su rueda de prensa mañanera con argumentos débiles e hipotéticos.
La contradicción interna en Morena llegó a tal punto que al aprobarse la reelección para un nuevo período de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –magistrados que, por cierto, son ampliamente calificados como cercanos a Morena y la “cuarta transformación”–, el vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez, subió a tribuna a pedirle a sus compañeros que no se aprobara el punto para mantener “el decoro de la república” y no caer en la “vergüenza nacional”. El diputado reclamó que se le estaba dando a los magistrados más de la mitad del tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz.
Pero sus compañeros de bancada no lo escucharon. Se votó a favor, y ahora el vicecoordinador de los morenistas espera que los senadores de su partido se opongan a la reforma.
Esta clara muestra de la división interna y de las diferencias de visión, ofrece la prueba de que el objetivo central no es sólo corregir los errores cometidos en la reforma judicial, sino establecer todos los controles y ventajas posibles para mantener el control del poder y además, el acceso a éste.
La posibilidad de anular elecciones, en un ámbito en el que la mayoría legislativa es de un partido y además, se cuenta con el respaldo del máximo tribunal judicial en la materia, garantiza que se impedirá lo más posible que ganen las elecciones los candidatos de otros partidos.
El proyecto de nación que se presumió en Morena, apuntó siempre a romper con inercias que mantuvieron e incrementaron el número de mexicanos desfavorecidos, pero ahora la ruta es la de mantener el poder a costa de eliminar los mecanismos que sustentan la democracia.

La línea ideológica detrás de las reformas

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Que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, haya acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para no declarar y subrayar que la Fiscalía debe solicitar información al gobierno del Estado, para después, acompañara por la dirigencia nacional de su partido, asegurar que es una perseguida del gobierno de la presidencia Claudia Sheinbaum, es el resultado de una pésima estrategia política que conduce a cuestionar: ¿Quién gana y quién pierde con este caso?
No gana, ciertamente, la presidenta Sheinbaum ni su equipo. El círculo cercano a la presidenta queda muy mal colocado.
En el contraste que ha significado la reprobación oficialista a la mandataria chihuahuense, con el trato dado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece que hay una persecución contra la gobernadora del PAN, mientras se protege al mandatario de Morena. 
Eso no le ayuda a la imagen presidencial, y menos sabiendo que todo redunda en un maltrato a la relación con Estados Unidos.
Gana, aunque sólo sea políticamente, la propia María Eugenia Campos, quien ha aprovechado este episodio y los ataques de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para presentarse públicamente como una víctima.
Maru Campos había venido siendo una muy discreta gobernadora en el panorama nacional; más conocida por la confrontación con su antecesor, el expanista Javier Corral, y por los señalamientos de complicidad con quien fuera gobernador priista de Chihuahua y ahora procesado por desvío de recursos y otros delitos, César Duarte Jáquez.
Todo parecía indicar que Maru Campos concluiría su sexenio sin mayor “pena ni gloria”, pero ahora se ha convertido en un personaje nacional y también le ha dado argumentos al Partido Acción Nacional (PAN), para enfrentarse al gobierno de Sheinbaum Pardo y acusar incongruencia y persecución.
La solicitud de juicio político contra la gobernadora no va a prosperar, como tampoco arrojará ningún resultado la acusación por haber permitido (presuntamente) el ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano para actuar contra el crimen organizado.
En este punto, pierde Palacio Nacional y ganan Maru Campos y el PAN. 
¿Eso era lo que pretendían Ariadna Montiel y los morenistas que la acompañaron a hacer una marcha y manifestación a Chihuahua? Seguramente no. Pero lo provocaron.

¿Quién gana con el caso Maru Campos?

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¿Quién hará la tarea? Hay candidaturas apoyadas por la delincuencia; eso se sabe. ¿Pero quién va a detectarlas y detenerlas? Es una de las discusiones que tuvieron lugar en la sesión de diputados y senadores en el período extraordinario de sesiones para hacer la conocida “reforma de la reforma”. 
Originalmente, la reforma propuesta por la presidencia de la república sólo tuvo un objetivo central: postergar la elección del Poder Judicial Federal de 2027 a 2028, para evitar que coincidiera con la elección constitucional del año próximo.
Pero repentinamente, se añadieron otros dos objetivos: incluir la elección si se comprueba la injerencia extranjera por varios medios, y elaborar un mecanismo para detectar a candidatas y candidatos que puedan tener nexos con el crimen organizado o antecedentes que conduzcan a evitar su postulación.
En “Al buen entendedor” de hoy, propongo detenernos sólo en este último punto.
La discusión comenzó desde que los partidos políticos de oposición criticaron que en la reforma electoral del llamado Plan B no se reconociera incluso que hay candidaturas que con evidencia y conocimiento de vecinos, están manipuladas y ligadas a la delincuencia organizada.
Ahora que el tema se aborda, la solución parece tan simple que es irreal: las autoridades que investigan en el país y tienen acceso a expedientes (entiéndase Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Seguridad, entre otras) pueden hacer convenios para informar si aspirantes de cualquier partido político tienen antecedentes o están siendo investigados por posibles delitos, de manera que se frenen sus aspiraciones a tener cargos públicos.
Ya hubo discusión: la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que una comisión de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) se integre para revisar las candidaturas; la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó esa posibilidad por el impedimento de ser jueces y parte del proceso al mismo tiempo. Sheinbaum declaró que Taddei “no entendió” lo que se está proponiendo, porque no deberán calificar, sino revisar. 
Otra vez, caemos en despropósitos y desconocimiento.
La certeza de que el crimen organizado interviene en las elecciones y todos los partidos políticos permiten que haya candidaturas que están viciadas de origen, nos colocan en el dilema de la fábula que surge de la pregunta:
¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
Es evidente que sólo se están discutiendo aspectos teóricos, pero urge también el sentido práctico: ¿En vista de que serán ¡decenas de miles! las aspiraciones y candidaturas, quiénes harán la revisión, con base en qué información? ¿A qué reglamentación estarán sujetos? ¿En qué período deberán realizarse tales revisiones y con cuánto personal contarán? 
Proponer que una comisión del INE lleve a cabo la tarea es tratar de obligar a una imposibilidad.
Además, está la sospecha de que se intente eliminar a candidatas y candidatos no porque tengan antecedentes negativos, sino porque tengan posibilidades de ganar y es una forma de frenarlos.
Sin una discusión seria y propositiva, sólo se deja la puerta abierta para que la delincuencia organizada incremente y afiance su presencia e influencia en la democracia.

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En el popular lenguaje futbolero que dominará la comunicación durante al menos 40 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está goleando al gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no se trata de ninguna broma, el tema es muy serio porque los integrantes de esta organización sindical están determinados a boicotear el Mundial de Futbol que comienza el jueves con una ceremonia inaugural en la Ciudad de México, y parece que están decididos a todo, porque ayer elementos de seguridad detuvieron a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que iban a reunirse con la CNTE para apoyar la protestas, pero llevaban con ellos 59 artefactos explosivos de fabricación casera.
Los detenidos fueron estudiantes normalistas que tienen planeada una clara línea de vida: graduarse de la normal y convertirse en maestros de educación básica… para después unirse a la CNTE y convertirse en parte de esa fuera política que para el resto de los mexicanos, muy poco tiene que ver con la educación.
¿Qué pretenden hacer con explosivos, aunque sean caseros? La pregunta parece ingenua, pero tiene profundidad: si la CNTE enarbola causas justas –son sus argumentos– y defiende los derechos laborales de sus agremiados, y para hacerlo consideran indispensable bloquear vialidades, hacer plantones en espacios públicos y presentar demandas a las autoridades, ¿en qué momento se requieren los explosivos?
Evidentemente y lo hemos visto durante los últimos días, tampoco era necesario tratar de derribar a marrazos la valla que se instaló en el centro de la Ciudad de México, ni derribar las esculturas gigantes de futbolistas en Paseo de la Reforma, ni amenazar con que boicotearán el torneo mundial de futbol. Pero lo consideran necesario para que sus demandas sean atendidas.
¿Y qué hace el gobierno de la república? Ceder.
Tres funcionarios de primer nivel: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado, y el director nacional del ISSSTE, Martí Batrez, tienen la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender y solucionar el conflicto.
A la CNTE le han ofrecido casi todo: eliminar evaluaciones de desempeño, garantizarles plazas, aumentar el sueldo y más prestaciones.
A los quejosos, sin embargo, no les incrementaron el salario en 100%, no derogan la Ley del ISSSTE del año 2007, pero sí les prometen eliminar otros marcos legales, como la que el secretario Mario Delgado presentó como “la mal llamada reforma educativa del año 2013”.
Y la CNTE no acepta nada. Exigen hablar con la presidenta Sheinbaum, quien otra vez, aseguró que no caerá en provocaciones de “quienes no necesariamente son maestros”, y que pretenden hacer ver a su gobierno como represor, antes de que inicie el Mundial.
La estrategia para encarar este problema, tal como la llevan ahora, no promete ningún resultado.
Otra pregunta que también parecerá ingenua: No se le pide a las autoridades organizar una represión, pero ¿por qué no aplican la ley?

¿Cuál es la estrategia para encarar a la CNTE?