Federico Torres López

Muchos han sido los análisis por estos días, acerca de la biografía y formación del flamante Pontífice León XIV, que recientemente fuera electo por el colegio cardenalicio en uno de los cónclaves más rápidos de la historia para convertirlo en el Papa número 267 de la historia de la Iglesia Católica. 
Mi aporte de esta semana para QuieroTV noticias, intentará revisar lo que el antecesor de Robert Francis Prevost, León XIII, hiciera en el pasado y que plasmó para la posteridad, en la encíclica Rerum Novarum ( DE LAS COSAS NUEVAS), elaborada el 5 de mayo de 1891 y que lleva de fondo la postura de la Iglesia sobre la situación de los obreros, lo que nos deja vislumbrar los temas y las políticas públicas que ahora León XIV tendrá muy en cuenta para su papado.
León XIV, como se ha dicho, tiene una serie de habilidades y conocimientos que van desde las matemáticas, la administración, la política y es un amplio conocedor del contexto social, capacidades que le permitirán resolver o cabildear los grandes temas que preocupan ahora al mundo.
La primera sección temática de esta encíclica se refiere a la relación obreros- empresarios de esta forma: “… la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar la cuestión por entero a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia. La sección número dos, aborda el derecho a la propiedad privada: “Para solucionar este mal, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que, con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente”. “Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones”. La Rerum Novarum está dividida en 15 apartados temáticos que son claros preceptos que esclarecen muy bien el modelo económico que debe adoptarse para una sana convivencia de patrones y obreros cuidando que no se cometan injusticias con los trabajadores pero respetando el esfuerzo de los particulares al emprender, es decir el derecho a la propiedad privada. Esta encíclica marcó el inicio de la Doctrina Social de la Iglesia sentando las bases para otros documentos posteriores como Quadragesimo Anno formulado en 1931 y Centesimus Annus de 1991, que toman en cuenta la base ética frente al capitalismo y el socialismo.
En la actualidad, muchos de los temas que impactan la dinámica mundial están relacionados con lo que plantea la Rerum Novarum, de León XIII y que seguramente servirán de base para el plan de trabajo de León XIV. 
Seguimos en conexión.

Federico Torres

Rerum novarum

Laura Castro Golarte

Desde la administración pasada se diseñaron y empezaron a operar los planes de justicia para los pueblos originarios cuya esencia es la restitución de tierras de las que fueron despojados por siglos; se les está regresando la tierra, el derecho al uso del agua y la protección de los lugares sagrados desde 2021 con acciones, reformas y decretos sucesivos en beneficio de una veintena de etnias ahora enmarcados en la reforma constitucional al Art. 2, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Esta reforma se publicó el 30 de septiembre de 2024; antes, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikan, y se crea la comisión presidencial para su cumplimiento”, el 9 de agosto de 2023; y en enero pasado, el 17, se publicó el “Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
El primer Plan de Justicia que empezó a operar es el del Pueblo Yaqui, que arrancó el 27 de septiembre de 2021, una fecha emblemática por lo demás, y se fue trabajado ahí y en otras comunidades con acciones como la restitución de tierras y el derecho al uso del agua, que están en la base, pero también en la construcción de escuelas de todos los niveles, incluyendo universidades; centros de salud, centros comunitarios, caminos artesanales y atención a las demandas por seguridad pública.
Hay una más, reciente, que implica el otorgamiento directo de recursos a través del FAIS: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que los pueblos administran con base en reglas de operación ya publicadas y vigentes.
El jueves pasado, después de meses de trabajo y gestiones, se presentaron los avances del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika en la Mesa de Huanacaxtle, en La Yesca, Nayarit, en plena Sierra Madre Occidental; un conjunto de acciones en los que hasta ahora se han invertido cuatro mil 998 millones de pesos. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que restituye cinco mil 956 hectáreas a la comunidad wixárika San Sebastián Teponahuaxtlán (Nayarit) y su anexo de Tuxpan de Bolaños (Jalisco).
Quedan cuatro mil 544 hectáreas pendientes por regresar a los wixárikas en un trabajo que se está haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu. La solicitud de restitución de tierras es por 10 mil 500 hectáreas que los mismos wixárikas exigieron al gobierno federal en la administración pasada, luego de una peregrinación de 921 kilómetros que requirió 30 días para llegar de la Sierra Madre Occidental a Palacio Nacional. 
Esta semana se consolidaron esos compromisos y se avanza en lo demás, por ejemplo, y este es un tema fundamental y complejo, peligroso incluso: de los cinco lugares sagrados señalados por el Pueblo Wixárika, sólo falta uno por delimitar, el de San Luis Potosí, Wiricuta, difícil porque es uno de los sitios sobre los que tienen puesta la mira capitalistas mineros. A pesar de eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con la Sedatu, están trabajando porque se coloquen las mojoneras y se tomen las medidas pertinentes para que se cumpla el decreto de protección.
Los otros cuatro lugares sagrados Wixárika son: Te’akata en Jalisco, grutas sagradas en la sierra (147 hectáreas); Xapawiyameta, en la Isla de los Alacranes en Chapala, también Jalisco (5.68 hectáreas); Tatei Haramara, Isla del Rey en San Blas, Nayarit (30 hectáreas) y Hauxa Manaka, Cerro Gordo, en San Bernardino de Milpillas Chico, en Durango (62.88 hectáreas). En el caso de Wirikuta, se trata de 140 mil 211 hectáreas.
Si bien los lugares sagrados están reconocidos por decreto, es preciso completar la delimitación para aplicar la protección en el entendido de que los lugares sagrados “son la columna vertebral de los planes de justicia”. En la ceremonia del jueves pasado tanto el gobernador de San Sebastián Teponahuaxtlán, Carlos Hernández Valdés; como Misael Cruz de Haro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, coincidieron en lo siguiente, pronunciado por el gobernador tradicional: “La vida material es importante pero no tiene sentido si no se fortalece nuestra vida espiritual, nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestros valores”.
Destacaron el valor de la tierra y los territorios sagrados con un significado profundo de equilibrio y armonía con la madre tierra, pero también de reconocimiento al Pueblo Wixárika: “no habrá autonomía si no hay territorio”. 
La demanda por seguridad pública, por paz social y destierro del miedo en las comunidades de la región fue expresa y puntual. Carlos Hernández planteó: “Pedimos su apoyo para no vivir con miedo”.
Es parte de los pendientes que se reconocieron junto con más caminos artesanales, planteles escolares y centros de salud. 
Las injusticias contra los pueblos originarios de México son añejas. Escasos los intentos por regresarles lo que les pertenecía. Está el antecedente de Lázaro Cárdenas que justo restituyó tierras a los yaquis, pero en cuanto terminó su gestión presidencial poco a poco fueron despojados otra vez. 
Hoy operan en México 17 planes de justicia en el territorio nacional, con diferentes grados de avance. Poco se sabe de estas acciones que por primera vez en siglos otorgan justicia a los pueblos originarios.
La restitución de tierras fue una necesidad identificada desde los primeros días del movimiento de independencia que empezó Miguel Hidalgo y a partir de ahí se reiteró y repitió por quienes han pensado en los habitantes ancestrales y sus descendientes. Desde entonces, hasta el grito de Emiliano Zapata por tierra y libertad, él exigió también la restitución, no el reparto, como luego se llega a confundir. Y no es que el reparto no fuera necesario, pero era, es preciso primero regresar porque eso implica el reconocimiento de la pertenencia, del patrimonio, de la historia, de la riqueza cultural y de la urgencia de hacer justicia.

Restitución de tierras y justicia social

Laura Haro Ramirez

Recordará la llamada “Austeridad Republicana”, uno de los mantras más repetidos del lopezobradorismo y Morena. No se puede negar que el discurso de eliminar privilegios, cortar el dispendio y enfocar el gasto en quienes más lo necesitan es potente y cautivador, sin embargo, en política todo pasa por un filtro que separa la verdad de la mentira, y es imposible no ver la farsa construida desde Palacio Nacional.
Bajo el cantar de austeridad, Morena justificó recortes a instituciones, desaparición de organismos y también se apropió de grandes fideicomisos. Igualmente ha sido un mecanismo inmejorable para concentrar el poder, los recursos y establecer una realidad disfrazada y plagada de ideología; aunque, ciertamente, los gobiernos de Morena han sido todo, menos austeros.
En el sexenio anterior, el dinero de México se fue a tres grandes rubros: transferencias sociales, rescates a empresas estatales y megaproyectos. En 2024, La creada Secretaría del Bienestar multiplicó en más de tres veces su presupuesto superando los 522 mil millones de pesos; la Secretaría de Energía aumentó su gasto dos mil 255% destinando la mayoría de los recursos a Pemex, que continúa siendo un barril sin fondo con pérdidas multimillonarias, mientras que la Secretaría de Turismo aumentó cerca de mil por ciento su gasto para fondear al Tren Maya.
En contraparte, mientras estas secretarías nadaban en el dinero de los mexicanos, otras dependencias fundamentales padecían el abandono de la austeridad republicana: Salud, en medio de crisis como la pandemia, la crisis de desabasto de medicamentos y el regreso de enfermedades erradicadas, ejerció en 2024 un 60% menos que en 2018,
En seguridad la cosa no dista mucho. Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del 2025, Morena recortó 36.2% los recursos destinados a la protección de las mexicanas y mexicanos, pese a que en el país se contabilizan 216 mil 395 homicidios durante los gobiernos de la 4T. Otros damnificados de la austeridad republicana en esta materia, los extintos FORTASEG y FORTAMUN, fondos dedicados a la seguridad municipal, justo donde hoy se desarrolla como nunca antes la violencia.
Y ¿cómo hablar de austeridad republicana, cuando al cierre de este sexenio, la deuda de Morena será de 26 a 30 billones de pesos, y en tan sólo 6 meses de la actual administración federal, la deuda pública de México aumentó 1.1 billones de pesos? Si me permite una segunda pregunta, ¿ha visto un peso bien invertido en su colonia, en el suministro de agua o en seguridad? Si no, lamento informarle que la austeridad de Morena es simplemente una redistribución del gasto a conveniencia.
En cada oportunidad, aprovechan para decir que no son iguales, y lo cierto es que no lo son. Son peores, porque lograron perfeccionar aquello que México ya no quiere: la ineficiencia, la corrupción y la opacidad. Morena no fue austera. Fue selectiva. Y su supuesta cruzada contra el despilfarro ha terminado siendo, paradójicamente, una de las más costosas de nuestra historia. La factura la pagaremos por años.

Laura Haro

La falsa austeridad de Morena: el discurso que no resiste los datos

Mi pecho no es bodega

RECUPERARÁN 10 MIL CASAS 
El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, está seguro de que el proyecto para rehabitar 10 mil casas en el municipio no es nada más “una buena idea”, sino que está bien diseñado y respaldado por el municipio, que ofrece servicios básicos como calles, alumbrado, agua potable, escuelas y zonas comerciales, además de que hay varios proyectos en desarrollo que ofrecerán a los habitantes que se incorporen la posibilidad de tener fuentes de empleo e ingreso económico en la zona. Para el alcalde tlajomulquense, que presentó el proyecto la semana pasada, con el apoyo del gobierno del Estado y de la presidencia del país, el programa puede arrancar en un mes y entregar ya hasta mil casas para ser habitadas, y que pueden tener un costo para los beneficiarios de 200 a 250 mil pesos. Sólo es cuestión de voluntad política de autoridades federales, afirma. Veremos.
TAREAS EN LA ELECCIÓN JUDICIAL 
El fin de semana estuvo en Guadalajara el senador Gerardo Fernández Noroña, recibido con toda formalidad por la presidenta de Morena en el Estado, Erika Pérez, y también por su compañero de Cámara, Carlos Lomelí. El objetivo de Noroña fue la promoción de la elección del Poder Judicial que se realizará el 1 de junio próximo. Aseguró que el gobierno de Movimiento Ciudadano “tiene contados los días” y aseguró que la elección judicial es un “ejemplo para la humanidad”. Después de las linduras del discurso en la sede del partido, se trasladaron a un hotel que está a unos menos de la Glorieta de La Minerva, y ya ahí, diferentes liderazgos del partido junto con Noroña, organizaron tareas para promover y participar en la elección, por instrucciones directas de la dirigencia nacional de Morena, porque la verdad es que en los números, se espera una votación tan reducida que la elección va a resultar un fracaso. Una cosa es el deseo y otra muy distinta, la realidad.
NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL 
Muy activa estuvo la coordinación estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) que encabeza Mirza Flores, para incidir en que Teuchitlán eligiera rápidamente a un presidente municipal interino después que le dieron al alcalde José Ascención “N” cuatro meses de prisión preventiva, acusado de haber participado directamente en los delitos que se cometieron en el Rancho Izaguirre. La dirigencia del partido se ocupó, principalmente, de que se mantuviera para MC la alcaldía que fue ganada en reelección por el ahora alcalde detenido. Formalmente, el alcalde es el emecista Jaime Alberto Rodríguez. El partido ya había manifestado desde la semana pasada que esperan un proceso judicial apegado a derecho y sin contaminación política. Se ve difícil, por todo lo que ha rodeado el caso.

Jonás

El nuevo presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, es el joven dentista Jaime Rodríguez. Es regidor y participó en las elecciones del año 2024 como candidato a regidor en la planilla en la que fue reelecto José Ascención Murguía, quien apenas el viernes pasado fue notificado por el juez que deberá seguir detenido durante los próximos cuatro meses, mientras se desahoga el juicio que enfrenta, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de crimen organizado y desaparición forzada.
El cambio de presidente le da a Teuchitlán, cuando menos, seguridad jurídica.
Pero el tema se ha convertido en un peso de plomo para la imagen pública de Jalisco, para el gobierno estatal que tiene también el resto de resolver la violencia en el municipio alteño de Teocaltiche, y para la FGR de Alejandro Gertz Manero, que debe demostrar sus acusaciones y aún más, vincular a proceso a los numerosos funcionarios públicos que –se deduce– están relacionados con los hechos del Rancho Izaguirre.
Aún más, es pertinente preguntarse: ¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre? 
En este punto, lo único que puede afirmarse es que el alcalde José Ascención está detenido. Pero, ¿qué ocurrió en el Rancho Izaguirre? ¿Retenían contra su voluntad a jóvenes que después obligaron a participar en el crimen organizado? ¿A cuántos y a quienes? 
¿Hubo o no personas fallecidas en ese predio? ¿Si la respuesta es afirma, cuántos y quiénes?
En lo político se evitan conflictos. 
Con la aprobación de Jaime Rodríguez como presidente interino, Movimiento Ciudadano queda afianzado como el partido político que ganó la elección del año pasado.
Sin embargo, está pendiente resolver el futuro inmediato del municipio. 
Por otra parte, en este punto además de Teocaltiche, el problema de violencia en Teocaltiche, en la región Altos Norte, plantea otro reto adicional a las autoridades municipales y al gobierno del Estado y a la colaboración que se presume, se da permanentemente con el gobierno federal (Guardia Nacional y Ejército mexicano).
La semana que inicia da como resultado el asesinato de la ex candidata a la alcaldía en ese municipio, también por el Partido Movimiento Ciudadano, Cecilia Ruvalcaba.
El partido político en el gobierno del Estado y en ambos municipios, queda cuestionado por los sucesos de violencia. 
En Jalisco el reto en la lucha contra la violencia y la inseguridad, se mantiene.

Teuchitlán y Teocaltiche; la violencia sigue

Mario Muñoz

Tlajomulco es el municipio que presenta el mayor crecimiento poblacional en las últimas dos décadas en Jalisco. Pero de forma contraria, es el municipio que tiene el mayor número de casas abandonadas no sólo en el Estado, sino en el país. Detrás del problema está la corrupción desencadenada por parte de las pasadas administraciones del Infonavit, del Ayuntamiento y de la iniciativa privada. 
Vamos por partes.
En el año 2000, la población en Tlajomulco era de apenas 123 mil habitantes, mientras en el Censo 2020 se disparó a más de 727 mil. Eso significa que en la actualidad tranquilamente se acerca al millón de personas.
¿Por qué es tan “atractivo” el municipio? Porque registra uno de los costos más económicos de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, con casas que promedian los 350 mil a los 600 mil pesos.
Aunque sí hay un crecimiento demográfico sostenido, a la par se está documentando que se acumulan 77 mil 709 viviendas deshabitadas, concentradas principalmente en cuatro polígonos: Zona Valle Sur (Chulavista y Lomas del Mirador), Zona Valle Norte (Haciendas Santa Fe), Corredor Chapala (Fraccionamiento Silos, Rancho Alegre) y Lomas del Sur (Valle de los Encinos). 
¿Por qué están deshabitadas? Porque desde hace más de dos décadas no se dotó de todos servicios públicos básicos, principalmente de agua y transporte público. La seguridad es otro problema.
Si bien hay esfuerzos en las últimas administraciones para mejorar la calidad de vida de la población, la gente decidió abandonar sus viviendas, truncando el sueño de contar con una casa propia que fue adquirida con un crédito del Infonavit.
Lo anterior es clave para demostrar el jugoso negocio y la corrupción de autoridades y empresarios inmobiliarios. 
En el pasado, en el Infonavit se otorgaba un subsidio a los trabajadores para adquirir una casa. Las empresas los enganchaban ofreciéndoles un “regalo”: si la casa valía 300 mil pesos, el Gobierno federal les daba entre 60 mil y 75 mil pesos. Y el trabajador pagaba el resto a crédito. ¡Muy atractivo!
Una simple matemática: si multiplicamos las 77 mil 709 casas abandonadas por 300 mil pesos en promedio, resultan más de 23 mil 312 millones de pesos, que sería el negocio de los empresarios inmobiliarios que compraron tierra barata y construyeron viviendas que fueron rechazadas por los trabajadores, quienes evidenciaron que el sueño de tener una casa en esas zonas era más costoso que cambiarse de lugar. Las carencias del transporte público se remarcan, porque hacer entre tres y cinco horas al día para trasladarse de sus casas a sus trabajos simplemente hicieron una pesadilla que decidieron frenar. ¡A pagar renta de nuevo!
Detrás del engaño, las responsabilidades se reparten: los trabajadores fracasaron en elegir su casa, el Infonavit evidenció la corrupción al entregar créditos en zonas inhabitables y los Ayuntamientos pasados se sumaron al avalar fraccionamientos que incumplían con las leyes urbanísticas, mientras unos cuantos empresarios se enriquecieron de la manera más simple: con dinero, arquitectos y buenos contactos en los gobiernos cuajaron el negocio millonario.
¿Quién está en la cárcel? Nadie.
Hoy se destaca un proyecto que podría revertir esa realidad. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez ofrece al gobierno federal 10 mil viviendas vacías con condiciones de habitabilidad, con la intención de que el Infonavit se sume al proyecto para recuperar parte de las casas que han sido abandonadas. Al ser el municipio con más viviendas en esta situación, el gobierno federal tiene la obligación de colaborar. Y el gobernador Pablo Lemus debe sumarse al plan integral. Es una manera de apoyar a los trabajadores de menos recursos. 
¡Ya veremos cómo contestan a la iniciativa!

Efectos de la corrupción inmobiliaria

Héctor Ruiz López

Hay decisiones que uno no toma de la noche a la mañana. No responden a un impulso, ni a la búsqueda de protagonismo, sino a la convicción profunda de que es posible —y necesario— contribuir desde dentro al fortalecimiento de las instituciones.
Hace unos meses decidí participar en el proceso inédito de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Lo hice con plena conciencia del momento que vivimos y de la responsabilidad que implica aspirar a convertirse en persona juzgadora. Siempre he creído que ocupar un cargo para el cual no se está preparado es uno de los actos más deshonestos del servicio público. Por eso, y tras una reflexión profunda, tomé esta decisión: porque estoy convencido de que cumplo con creces el perfil idóneo para el cargo.
Cuento con una formación académica sólida: soy Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca —una de las más reconocidas de Europa—, y cursé tres maestrías, además de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Pero más allá de los títulos, mi trayectoria ha estado marcada por el compromiso con el mérito, la preparación y la vocación de servicio.
Siempre he sostenido que los cargos públicos deben ocuparse por capacidad, no por cercanías políticas ni redes de favores. Esa convicción la he plasmado durante años en libros, ensayos y artículos, defendiendo una administración pública profesional, una justicia imparcial, y un servicio basado en la cultura del esfuerzo.
Mi vida profesional ha transitado por distintos frentes: el servicio público, la academia y el trabajo ciudadano. He formado a cientos de estudiantes en derecho y políticas públicas, convencido de que enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino inspirar principios que fortalezcan el Estado de Derecho y el compromiso ético con la sociedad.
Sé que el contexto actual está lleno de tensiones. Entiendo que este nuevo modelo de elección ha generado resistencias. Pero también creo que los momentos de cambio exigen perfiles éticos, preparados y con visión de justicia. Porque la justicia no debe ser un espacio cerrado, sino uno que escuche, que rinda cuentas y que se acerque a la ciudadanía.
Participar en este proceso ha sido, en sí mismo, un acto de responsabilidad. Y también, un acto de fe: fe en que se puede competir con dignidad, proponer con argumentos y aspirar con fundamento. No se trata de ocupar un cargo; se trata de honrarlo . 
Sé que no es común ver a un académico, a un profesor de Derecho, salir del aula para pedir el voto. Pero este momento exige romper inercias, salir del escritorio, hablarle a la gente y decir: aquí estoy, me he preparado para esto, y quiero servir desde la justicia .
No compito por ambición personal. Lo hago porque creo que este país merece jueces preparados, humanos y comprometidos con la verdad. Porque he visto —en mis alumnos, en mis colegas, en la ciudadanía— esperanza, pero también hartazgo. Y porque creo que es posible ejercer la función judicial con ética, sensibilidad social y profundo respeto al Estado de Derecho. 
Si hoy estoy en esta contienda, es para demostrar que el mérito sí puede competir. Que no todo está perdido. Y que, a veces, una decisión personal también puede ser un acto colectivo de coherencia y de dignidad.

Héctor ruiz

Mis razones de fondo

Staff quiero tv

El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la importación de ganado vacuno, caballos y bisontes vivos provenientes de México debido a la detección de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo. La medida fue anunciada este domingo por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, y tiene efecto inmediato en todos los puertos de entrada ubicados en la frontera sur.

La funcionaria explicó que esta decisión responde a la necesidad de proteger a la industria ganadera estadounidense, recordando que la última vez que se registró una infestación de este tipo, el país tardó tres décadas en recuperarse. Señaló además que la suspensión no tiene fines políticos, sino que obedece a consideraciones de seguridad alimentaria y animal.

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Hace unos minutos hablé con la secretaria de Agricultura de los EEUU. Me comunicó que se cerraría la frontera a la exportación de ganado en pie por 15 días para revisar la estrategia conjunta contra el gusano barrenador.
— Julio Berdegué (@JulioBerdegue) <a href="https://twitter.com/JulioBerdegue/status/1921655415139418443?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2025</a></blockquote>
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Tras el anuncio, el secretario de Agricultura en México, Julio Berdegué, informó que fue notificado de la suspensión, que tendrá una duración de 15 días. Agregó que la medida fue tomada de manera unilateral y que no contribuye al esfuerzo conjunto que ambas naciones mantienen para contener la plaga. A pesar del desacuerdo, Berdegué expresó confianza en que se llegará a un nuevo acuerdo en el corto plazo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había respondido previamente a las advertencias del gobierno estadounidense, calificándolas como excesivas. Afirmó que su administración ha mantenido comunicación con su contraparte para informar sobre las acciones de combate al gusano barrenador, una larva de mosca parasitaria que afecta a mamíferos.

En 2024, Estados Unidos ya había implementado una medida similar, que fue levantada tras acuerdos bilaterales en febrero. Sin embargo, el nuevo cierre ocurre en un contexto de tensiones comerciales, debido a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a industrias clave mexicanas. De acuerdo con estimaciones oficiales, México exportó más de un millón de cabezas de ganado a Estados Unidos durante 2024.

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vacas

EU cierra frontera al ganado mexicano por gusano barrenador

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<div class="wp-block-embed__wrapper">https://twitter.com/Hacienda_Mexico/status/1510384188754575360</div>
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó este sábado la escasez de gasolina en  zonas de la frontera norte de México con Estados Unidos.



La escasez de gasolina en la región fronteriza resulta de un desbalance entre oferta y demanda por los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos de México respecto a los de Estados Unidos, según indica el comunicado de la SHCP.



“Lo anterior es resultado de que en Estados Unidos los precios de las gasolinas están más elevados que en México, y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse.



 Aún con la actualización temporal de los estímulos a las gasolinas en las fronteras, en promedio, los precios en México continúan siendo más bajos que en Estados Unidos”, refirió.



También agrega el incremento en la demanda de gasolinas: reportaron problemas en el abasto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas, por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es adquirir el producto de Petróleos Mexicanos (Pemex), 



El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la liberación de un millón de barriles de petróleo al día durante los próximos seis meses, para frenar  el alza de precios de la gasolina por la guerra en Ucrania.

Escasez de gasolina en la frontera norte de México: Hacienda