El gobierno de México lamentó “los últimos acontecimientos” en Perú y abogó “por el respeto a la democracia y a los derechos humanos”, según escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard.
No obstante, momentos después, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las “élites económicas y políticas” de la destitución de Castillo, en medio de un “ambiente de confrontación”.
En la misma línea, el mandatario boliviano, Luis Arce, denunció el “constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas”.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro condenó todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, pero hizo un llamado al diálogo.
El gobierno brasileño calificó la decisión de Castillo de disolver el Congreso peruano de “incompatible con la estructura normativa constitucional de este país”, mientras que el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó “éxito” a Dina Boluarte al asumir el cargo.
Los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay hicieron llamados similares a salvaguardar la democracia y las instituciones en Perú al tiempo que Honduras pidió respeto a la integridad y derechos de Castillo.