Staff quiero tv

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
El nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castellanos, ya completó el “ciclo de preparación” y apareció en medios de comunicación después de haber tomado este cargo el pasado 1 de abril. En su primera entrevista televisiva, en Canal 10 QuieroTV, en la mesa de análisis “Directo MX”, subrayó que sí será posible alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del agua que se distribuye en el Área Conurbada de Guadalajara y para ello ya se avanza en la limpieza de todas las instalaciones del organismo, lo que tomará al menos tres meses. Pero también, el nuevo director aseguró que una de sus tareas más importantes será reunirse con los presidentes municipales (ya lo hizo con los de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), para establecer acuerdos de pago de las deudas millonarias de los actores gubernamentales, porque el SIAPA sólo podrá mejorar cuando concrete sus ingresos. ¡Ahí les hablan!
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NO SE REPETIRÁ LA HISTORIA DE ELY CASTRO
El director Ismael Jáuregui también se comprometió ante las cámaras para que no se repita la historia de Ely Castro, la asesora técnica que sin experiencia ni conocimientos, ganaba 73 mil pesos mensuales, y que detonó una crisis mediática en el SIAPA. Asegura que habrá una reingeniería administrativa total en el organismo y que sus 3 mil 200 trabajadores estarán capacitados para el trabajo que deben desempeñar. El nuevo director aseguró que él, personalmente, está revisando “uno a uno”, los contratos de trabajadores del SIAPA que no son sindicalizados o de base y que además, otro de sus objetivos es dotar de equipamiento suficiente a todos para que desempeñen sus labores.
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SE HACE BOLAS CON LOS DESAPARECIDOS
Hace unas semanas, todo era críticas al gobierno de Jalisco por el tema de los desaparecidos. Pero ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza el informe de la ONU que incluso podría declarar “crímenes de lesa humanidad” por los más de 130 mil desaparecidos en México, el senador Carlos Lomelí Bolanos explicó de manera muy “sofisticada” que en la ONU están haciendo una revisión “parcial” de las desapariciones en nuestro país. El senador y secretario general de Morena en Jalisco, salió en defensa de la postura presidencial, pero su argumento –que se contradice con lo que decían antes– lució más complicado que una ecuación de tercer grado.
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Mi pecho no es bodega

Jonás

Los bloqueos carreteros de productores agrícolas y transportistas obligaron a las autoridades a establecer mesas de diálogo. De hecho, al cerrar el día la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “casi todas las demandas” habían sido atendidas. La cuestión se plantea por sí sola: ¿Por qué esperar siempre al final?
Los productores agrícolas y los transportistas han manifestado su inconformidad desde el año pasado. Estrictamente, sus demandas se pueden rastrear en el sexenio anterior, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y las soluciones definitivas no han llegado.
Como se ha planteado desde ayer en este espacio, la protesta y los bloqueos se han establecido como un lenguaje no institucional, pero sí fáctico, entre autoridades y sociedad. Los conflictos sociales, cualquiera que sea el motivo, sólo se atienden cuando hay capacidad de protestar públicamente y bloquear vialidades, es decir, cuando tienen fuerza suficiente para afectar derechos de terceros.
Los gobiernos de la denominada “cuarta transformación” tienen un sólido antecedente que les permite validar este comportamiento: el bloqueo de Avenida Reforma después de las elecciones del año 2006, cuando guiados por López Obrador, miles de inconformes bloquearon durante meses el paso en esa importante vialidad de la Ciudad de México, cerrando no sólo el paso de peatones y vehículos, sino también afectando el comercio tradicional en la zona.
Después de ese episodio, hay permiso para todo.
A partir de 2018, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se impuso una nueva costumbre en el comportamiento público: se eliminaron casi totalmente las restricciones a las manifestaciones públicas y la imitación se convirtió en regla.
El punto, en el caso específico de los transportistas y productores agrícolas, no es que decidan manifestarse para hacerse escuchar por el gobierno federal y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más criticable es que con las permanentes protestas de estos dos sectores sociales, la autoridad permita que el descontento se incremente al grado de llegar a los bloqueos carreteros.
La pérdida no es sólo del tiempo de quienes no pueden circular, sino que también se afecta el comercio y la distribución de todo tipo de mercancía, además de numerosas actividades que resultan bloqueadas.
Al final, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y con ella, sus colaboradores, resuelven con una “mesa de diálogo” en la que se establecen compromisos que resuelven de forma pasajera las exigencias de los quejosos, hasta que la presión llegue nuevamente a niveles insoportables que motiven nuevas manifestaciones públicas.
El círculo vicioso se mantiene indefinidamente y quienes pierden son los ciudadanos.

Bloqueos: ¿por qué dialogar hasta el final?

Gustavo Parra Noriega

Imagina que cada error de tu juventud, cada nota descontextualizada o cada dato obsoleto, quedara tatuado permanentemente en tu frente. En el mundo analógico, el tiempo difumina las manchas del pasado, pero en la era digital, la memoria es la regla y el olvido es la excepción. Esta &#8220;eternidad digital&#8221; no solo afecta nuestra reputación, sino que compromete la esencia misma de nuestra libertad: la capacidad de reinventarnos.
El llamado derecho al olvido surge como una respuesta necesaria frente al poder desmedido de los buscadores y los algoritmos. No se trata de un simple capricho de privacidad, sino de un derecho humano autónomo ligado íntimamente a la dignidad y a la autodeterminación informativa —el poder que cada persona tiene para decidir qué se hace con su información personal—. Como sociedad, debemos entender que nuestra identidad no puede ser reducida a un simple insumo del mercado digital.
Es crucial aclarar una confusión común: ejercer este derecho no implica borrar la fuente original de una noticia o documento (lo cual podría rozar la censura). Su &#8220;efecto útil&#8221; reside en la desindexación. Esto significa que los motores de búsqueda, como Google, dejen de mostrar ciertos resultados cuando alguien busca ese dato personal, ese nombre o nota sobre alguien, ya sea que la información sea obsoleta, carezca de interés público o esté descontextualizada. Es, en términos sencillos, quitar el rastro del mapa sin destruir el camino.
Sin embargo, el olvido tiene límites infranqueables. No puede convertirse en una herramienta de impunidad para ocultar hechos graves cometidos por figuras públicas, o para desdibujar violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. La memoria colectiva es vital para la justicia y la democracia. El reto está en la ponderación: el olvido es para la esfera privada del individuo, mientras que la memoria es el escudo de la sociedad.
Hoy, el desafío escala con la Inteligencia Artificial. Estos sistemas funcionan como una memoria digital inagotable que procesa nuestra identidad en algoritmos perpetuos diseñados para el lucro comercial o la vigilancia. Ante esta realidad, donde nuestra información puede quedar atrapada indefinidamente en el entrenamiento de modelos tecnológicos, es indispensable contar con guías académicas y jurídicas sólidas que establezcan límites claros a esta retención perpetua.
En su obra “Análisis crítico y alcances del llamado ‘derecho al olvido”, Kanahuati Fares (2025) busca trascender el enfoque administrativo y ofrecer un estudio profundo sobre cómo proteger al individuo frente al poder de las empresas tecnológicas. Nos propone una hoja de ruta para entender que el derecho mexicano debe dejar de ser mero espectador, para convertirse en protagonista que garantice nuestra dignidad en la supercarretera de la información, ojalá nuestros legisladores y tribunales así lo entiendan también.
Defender el derecho al olvido es, en última instancia, defender nuestra humanidad frente al &#8220;clic&#8221; del pasado.

El derecho a volver a empezar: Olvidar en la era digital

Luz del Carmen Godínez

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de desaparición forzada en México, no está hablando de un tema lejano ni de una discusión entre expertos. Está hablando de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, de madres que revisan cada lista, cada pista, cada indicio; de padres que no dejan de tocar puertas, de hijas e hijos que crecieron entre carpetas de investigación y fotografías pegadas en las paredes.
La reciente declaración de instancias de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada en nuestro país nos recuerda algo que ya sabemos, pero que a veces cuesta mirar de frente: vivimos una crisis profunda de derechos humanos. Y en esa crisis, miles de personas siguen sin respuesta.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la desaparición forzada no es solo la ausencia física de una persona. Es una violación múltiple y continua, se arrebata la libertad, se niega la verdad, se prolonga el sufrimiento y se coloca a las familias en un limbo que puede durar años. No saben si llorar un duelo o mantener la esperanza de un regreso. Esa incertidumbre es también una forma de violencia.
Cuando la ONU emite una declaración sobre México, no lo hace para exhibir por exhibir, sino para recordar obligaciones claras del Estado:  
&#8211; Prevenir que las desapariciones ocurran.  
&#8211; Buscar de manera inmediata y efectiva a las personas desaparecidas.  
&#8211; Investigar, juzgar y sancionar a los responsables.  
&#8211; Reparar el daño de forma integral a las víctimas directas y a sus familias.  
No son recomendaciones opcionales, son compromisos que México asumió al firmar tratados internacionales y que hoy deben traducirse en acciones reales y medibles.
En Jalisco conocemos el rostro de esta crisis. Aquí, también hay colectivos de familias que buscan, que marchan, que señalan fallas institucionales y que, aun con el cansancio encima, siguen organizadas. Cada vez que una madre toma el micrófono o levanta una fotografía, está ejerciendo su derecho a la verdad y a la justicia. Su palabra es, también, una forma de reparación y de memoria.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asumimos que los señalamientos de la ONU son un llamado a actuar, no a justificarnos. 
Desde un enfoque de derechos humanos, eso implica entre otras cosas: 
Poner a las víctimas en el centro. No se trata solo de mejorar estadísticas, sino de escuchar a las familias, incluirlas en la búsqueda, en la investigación, en las decisiones sobre cómo y dónde buscar. Respetar su dignidad, brindarles atención psicológica, acompañamiento jurídico y un trato humano en cada oficina a la que acuden.
Tomar en serio la prevención. Prevenir no es un discurso, es fortalecer programas para niñas, niños y jóvenes, generar oportunidades reales, atender la desigualdad y la violencia en los barrios y comunidades. Es reconocer fenómenos como el reclutamiento forzado y diseñar políticas específicas para evitar que más personas desaparezcan.
Romper la impunidad. Investigar con debida diligencia, con independencia y con perspectiva de derechos humanos es una obligación, no una opción.
Garantizar verdad, memoria y reparación. Buscar a las personas desaparecidas y saber qué ocurrió es un derecho. Que el Estado reconozca el daño, que pida perdón cuando corresponde, que adopte medidas para que no se repita y que repare de manera integral son pasos indispensables para reconstruir el tejido social.
La desaparición forzada es una herida abierta que no se cierra con silencio. Se atiende con verdad, justicia, memoria y reparación. Y sobre todo, con trabajo colectivo, familias, sociedad, instituciones y comunidad internacional caminando en la misma dirección.
Esa es la ruta que, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, seguiremos impulsando. Porque la deuda con las víctimas no se paga con palabras, sino con acciones concretas que les devuelvan, en la medida de lo posible, un poco de la paz que les fue arrebatada.

La crisis de desapariciones: entre la exigencia de la ONU y la realidad en México

Nora Ampudia

El pasado primero de abril el gobierno de México presentó los Pre-Criterios de Política Económica para 2027. En ellos plantea que la economía mexicana crecerá en 2026 entre un 1.8% y un 2.8% anual, y en 2027 entre 1.9 y 2.9 por ciento.
Ello significa que esperan que la guerra en Medio Oriente termine muy pronto, que la revisión del T-MEC sea favorable, que las empresas se adapten a los cambios regulatorios, y que el Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura reduzcan los cuellos de botella en sectores estratégicos y amplíen la capacidad productiva del país.
Hay que recordar que la economía es dinámica, cambia todo el tiempo en función de: el clima de negocios, la confianza de los agentes económicos, la seguridad, la certidumbre, el cambio climático y la situación geopolítica y económica internacional, en particular la de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica, por ello es necesario estar modificando los pronósticos económicos a lo largo de todo el año, y esa es la razón por la cual el Banco de México realiza mensualmente una encuesta sobre las expectativas económicas entre 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, mientras que Citi también hace una encuesta mensual sobre expectativas económicas, pero entre 37 grupos financieros.
El más optimista es siempre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esto es así porque, al ser parte del gobierno, tiene que generar un clima de confianza entre los agentes económicos, además de construir un escenario con las principales variables para determinar el rumbo de tomarán los ingresos y determinar los límites del gasto público.
Así, de acuerdo con su documento, Hacienda establece que el crecimiento promedio estimado para 2026 es de 2.3% y de 2.4% promedio para 2027, mientras que los grupos financieros encuestados por Citi pronostican un crecimiento de un 1.5% y 1.8% respectivamente; curiosamente, igual que lo que plantean los especialistas en economía de la encuesta aplicada por Banco de México.
El problema es que el crecimiento proyectado por Hacienda es apenas el mínimo indispensable para compensar el crecimiento poblacional y absorber a la población económicamente activa, pero insuficiente para mejorar la situación económica de los hogares, mientras que el crecimiento proyectado por los especialistas de Banxico y Citi es menor al 2%, lo que implica un crecimiento por debajo de la tasa de natalidad de la población y por lo tanto, insuficiente para la generación de empleos, lo que implica un incremento en la pobreza, pérdida de bienestar y fragilidad económica.
Crecer por arriba del 2% y hasta un 3% implica una generación de empleos apenas suficiente para dar empleo a los jóvenes que se integran a la fuerza de trabajo, lo que disminuye la posibilidad de reducir de la pobreza. 
La tasa deseable de crecimiento económico tendría que ser del 4.% al 4.5% promedio anual pero de forma sostenida; ello implicaría un crecimiento de la clase media y una clara reducción la pobreza y la generación de empleos de calidad de acuerdo con “México cómo vamos”.
Finalmente, la tasa ideal es del 6%. Esta última permite generar ahorro en las familias y mejorar sus condiciones económicas presentes y futuras, y evitar un incremento en la pobreza, pero&#8230; debe ir acompañada de un incremento en investigación y desarrollo tecnológico para elevar la productividad y evitar cuellos de botella con la consecuente inflación, en pocas palabras, tener un modelo de crecimiento económico sólido con inversión privada, exportaciones, incremento en el capital humano, desarrollo tecnológico y productividad.
Las perspectivas planteadas por la Secretaría de Hacienda son, por lo tanto, insuficientes para mejorar la economía mexicana y la de las familias.
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Precriterios 2027: entre expectativas optimistas y los límites del crecimiento en México

Vicente Viveros

Las últimas semanas no han sido las mejores en la gestión de la presidenta Claudia Sheimbaum y esa, con matices, no es una buena noticia para el país.
En menos de un mes tuvo una doble derrota en el Congreso de la Unión con sus dos iniciativas de reforma electoral que acabaron siendo una reforma administrativa que sin duda, vulnera el espíritu federalista que dio origen a nuestra nación. Más allá de no coincidir con temas como que se defina el número de regidores de un Ayuntamiento o qué porcentaje del presupuesto estatal pueden costar las legislaturas locales, la presidenta fue rehén de sus socios, en primera instancia del Partido Verde y del Partido del Trabajo (PT) y en el Plan B, únicamente por el PT, que le impidió estar presente en la boleta electoral el año entrante con la figura de la revocación de mandato. Indudablemente, era un tema prioritario para ella y su equipo.
Más allá de que discutamos las razones del Verde y el PT, sin duda le quitaron a la presidenta una herramienta importante para tomar el control de la elección intermedia en general, pero particularmente dentro de su movimiento. La gobernabilidad interna de la 4T se ve en riesgo cuando la titular del Poder Ejecutivo no logra sacudirse la sombra de su antecesor y las tribus internas priorizan sus intereses sin importar el desgaste al que someten a su jefa política; recordemos que la definición de candidaturas para la elección del año 2027 en Morena y aliados, está a la vuelta de la esquina y enfrenta ese reto no en las mejores condiciones.
En este tenor, es de llamar la atención el poco cuidado del entorno cercano a la presidenta Sheinbaum. Primero, un asunto menor, aunque simbólico; creció de manera importante en redes el tema del “asoleadero” en Palacio Nacional, caso en el que a una servidora pública le pareció buena idea dotarse de vitamina D en una de las ventanas del histórico edificio, pero al equipo de comunicación de la presidencia le pareció aún mejor idea negar el hecho a pesar de las diversas fotografías que se hicieron virales en pocas horas, y el asunto se adueñó del debate público por al menos una semana. Tuvo como colofón el reconocimiento de la propia presidenta sobre el gazapo y la posterior renuncia de la funcionaria pública. En resumen, cargó con el costo político de manera gratuita ante un hecho innegable y anecdótico.
Cerramos estas líneas con la casi furibunda reacción de la titular de Bucareli para desdeñar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para llevar a su pleno la aplicación del Artículo 34, donde se dará a conocer la gravedad de la situación que vive desde hace al menos 20 años nuestra nación, considerando que la desaparición de personas es un problema generalizado, sistemático y de larga data, que va en aumento.
Dicho mecanismo no condena al gobierno mexicano, coadyuva para tener asesoría técnica y financiera para conocer, prevenir y mejorar las condiciones de atención del que es tal vez el flagelo más oprobioso para 130 mil familias directamente, y para millones a lo largo y ancho de México.
En lugar de aprovechar la situación reconociendo el problema, orientar el debate para que se afinen, refuercen o reorienten las políticas públicas en municipios, estados y en el gobierno federal (sin duda esta problemática es de todos los niveles y órdenes de gobierno) con el acompañamiento internacional, la respuesta fue: no los necesitamos y hacemos lo suficiente. Grave error de origen que ya tuvo que matizar la propia presidenta el día de ayer en la conferencia mañanera.
De la veracidad de las fotografías del AIFA a reventar, publicadas en su cuenta de X, mejor no hablamos…
Independientemente de estar de acuerdo o no con la presidenta en los temas comentados en estas líneas, no han sido los mejores días en el año y medio de su gobierno, y la pregunta inevitable es: ¿Quién cuida a la presidenta?
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La soledad de la presidenta

Ricardo Duran

Increíble panorama el que se está viviendo en la Liga MX. Hay de todo en el futbol mexicano: Chivas es líder absoluto luego de 13 jornadas con 31 puntos. Inalcanzable una semana más para Cruz Azul y Toluca, siempre y cuando la lógica se mantenga, y aquí es donde está la clave.
Nuestro balompié es tan inconsistente, volátil o competitivo (a la baja) que es un tanto irreal que dos de los tres mejores equipos del torneo no hayan podido ganar en esta jornada.
Toluca, bicampeón, favorito al título; la escuadra que mejor futbol despliega, cayó con el Querétaro que está prácticamente eliminado (salvo que pase algo en un rato más) en tanto que la Máquina Celeste perdió en su visita a Pachuca, equipo que fue derrotado por Mazatlán, al igual que los celestes… en fin, cosas que sólo pasan de este lado del charco.
Y hablando de irregularidades, ¿han visto dónde están Tigres y Monterrey?
Dos de las nóminas más caras del futbol mexicano están en la “calle de la amargura”. Si nos remitimos a los últimos partidos, los Regios cayeron contra Xolos y San Luis; nada qué ver con el poderío de felinos y rayados. ¡Por Dios! Más increíble e irregular no puede ser el futbol mexicano.
¡Ah, pero ahí no termina la cosa! En un rato más se juega el duelo pendiente entre Bravos y Gallos; si gana Juárez, se mete a puestos de Liguilla (así como lo leen) y si gana Querétaro, se aprieta más la zona más mediocre del torneo, es decir, del sexto lugar al 14 en la tabla general, donde pudieran ser sólo tres puntos los que separen a los calificados de los eliminados.
Imagínense cómo están las cosas, que el Atlas sigue en puestos de Liguilla con ese plantel tan cortito y que tanto han golpeado los dueños al tenerlo en venta.
Este torneo no solo es atípico por no tener repechaje, que dicho sea de paso, ojalá no vuelva. Es además, uno de los torneos en los que parece que serán los tres equipos los que, en teoría, puedan pelear por el título. Cierto que Pachuca y Pumas parece que le pueden dar pelea al Guadalajara, Cruz Azul y Toluca, pero viendo la forma de juego de cada uno de ellos, luce complicado.
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ricardo duran

Juega limpio, siente tu (mediocre) Liga MX

La polémica entre Stefanny Loaiza, hermana menor de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly, explotó luego de la grave enfermedad de la mamá de las hermanas Loaiza, María de los Ángeles, quien sufrió un paro cardiaco, estuvo sin signos vitales por varios minutos y actualmente se encuentra hospitalizada.
Stefanny Loaiza subió un video largo en YouTube, titulado algo como “Para Juan de Dios Pantoja”, donde rompe el silencio y acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kimberly para que se aleje de la familia.
Dice que Kimberly y Juan habían acordado cubrir el 50% de los gastos hospitalarios de la mamá, pero que no lo han cumplido o ponen condiciones. Afirma que no han aportado lo que prometieron, a pesar de tener recursos económicos.
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Señala que Juan controla el celular, las redes y las decisiones de Kimberly, y que ha influido en el distanciamiento familiar de años. Cuestiona la imagen de “proveedor” que proyecta Juan, diciendo que en realidad depende económicamente de Kimberly.
Menciona humillaciones, chantajes emocionales y que supuestamente no dejan que su hermana conviva libremente con su familia.
Stefanny grabó el video visiblemente afectada, llorando y frente a parte de su familia.
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Kimberly y Juan de Dios señalaron que sí han apoyado, y acusando a Stefanny de actuar por envidia. Han mencionado que tener hijos, ellos tienen familia, implica mucha responsabilidad y que Stefanny no entiende eso. Juan ha insinuado que su cuñada y su pareja, Mario Barrón, son “traidores” y ha defendido que él siempre ha cuidado a Kimberly de la familia.
La polémica se ha vuelto muy viral en TikTok, Instagram y YouTube, con la gente dividida, unos apoyan a Stefanny por defender a la mamá, otros dicen que es envidia o que Kimberly es la víctima de manipulación familiar.

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La Fiscalía  General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 82 años de prisión en contra de ocho de los 10 imputados por el colapso del tramo de la línea 12 del Metro, que dejó 26 personas fallecidas y más de 100 lesionados en mayo de 2021. 
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En la acusación pidió 52 años de cárcel por el delito de homicidio culposo y 30 años de prisión para cada uno de los acusados por las lesiones culposas de 34 personas.
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De esta forma, ambas cifras suman 82 años de cárcel para cada uno de los ex funcionarios, entre ellos Juan Antonio “N”, director general de diseño de obra civil de la línea 12.
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Así mismo a Moisés Guerrero Ponce, ex director de construcción de obras civiles del proyecto Metro.
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La siguiente audiencia sobre el caso fue programada para el 17 de marzo.
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Por derrumbe de Línea 12 del Metro piden 85 años de prisión a ex funcionarios