Mario Muñoz

El gobierno de Claudia Sheinbaum sorprendió el pasado viernes con el “Operativo Enjambre” aplicado en el Estado de México, con saldo de siete detenidos, como la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, así como los directores de Seguridad Pública y subdirectores de ocho municipios ubicados en la Zona Sur del Valle de México. El dispositivo pretendía capturar otra cantidad similar, pero quedó en eso.
La autoridad presume las órdenes de aprehensión para evitar que los funcionarios queden libres por fallas en el proceso, como ocurrió con el famoso “michoacanazo” aplicado en el arranque de la administración federal del panista Felipe Calderón, cuando se inició una fallida guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El operativo del Estado de México fue encabezado por el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch. El “michoacanazo” lo lideró el secretario Genaro García Luna por allá en mayo de 2007, cuando detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 colaboradores del entonces gobernador Leonel Godoy y hasta un juez estatal. Al final sumaron 38 imputados por su presunta relación con la delincuencia organizada, pero fueron quedando libres de uno por uno.
También destacan los tiempos. El “Operativo Enjambre” se lanzó a dos meses del arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. Y el “michoacanazo” comenzó seis meses después del inicio de la gestión de Felipe Calderón.
Otra arista: El “Operativo Enjambre” nace en medio de las críticas contra los gobiernos morenistas por sus vínculos o por la tolerancia con algunos cárteles de la droga; incluso, por la crisis desatada por los “Chapitos” y “El Mayo” Zambada. Por su parte, el “michoacanazo” se aplicó en un periodo en el que Felipe Calderón requería de legitimar su administración, tras el presunto fraude en la elección del 2006.
Con menos tiempo en funciones, la administración de Claudia Sheinbaum está iniciando con el “Operativo Enjambre”. Argumentan que las órdenes de aprehensión se sustentan con distintos datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial a un juez, quien finalmente libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán, en una región donde operan cuatro grupos delictivos con alcance regional y nacional.
¿Cuáles son los riesgos de que los detenidos sean liberados y que todo sea un show? A diferencia del “michoacanazo”, sí hay más riesgos. El primero: por fallas en el proceso parecidas a las de 2007, sobre todo por la premura. El segundo: por la relación de jueces o magistrados con el crimen organizado. Y el tercero: que el conflicto entre Morena con el Poder Judicial salpique en este caso.
Hay que tener el tema en la mira durante este sexenio. Y estar atentos a los Estados a los que se extenderá el “Operativo Enjambre”.

“Michoacanazo” vs. “Operativo Enjambre”

Laura Castro Golarte

Si nos ponemos exquisitos, resulta que pacto federal es en realidad un pleonasmo. Con base en la etimología, el término “federal” procede del latín foedus que significa alianza, unión, pacto, asociación; sin embargo, desde tiempo inmemorial y no exclusivamente en las federaciones como la nuestra, se ha usado el término así. Una investigación sencilla en el buscador de su preferencia revelará que pacto federal se escribe y refiere así en estudios, discursos, investigaciones históricas y, por ejemplo, para ir incorporando novedades, la inteligencia artificial no detecta error alguno en la conjunción de ambos elementos de la expresión.
El tema lo traigo a cuento, así, desde el origen y para que no haya confusiones, porque en los últimos días, ahora con pinta de drama, salta el Ejecutivo del Gobierno del Estado a garantizar la defensa de Jalisco (me sigo preguntando ¿defensa de qué o quién? ¿Quién o quiénes lo están atacando? ¿Alguien le declaró la guerra y no me enteré? ¿Dónde están las amenazas?) con la presentación de una iniciativa que, según sus propias palabras, contiene en esencia la posibilidad de que Jalisco deje el Pacto Fiscal de la Federación. Aquí sí hay una amenaza implícita.
Esto plantea por lo menos dos reflexiones profundas que dejan en evidencia lo que se puede identificar –y no en términos metafóricos– como la última función teatral-pugilística-absurda de Enrique Alfaro Ramírez.
La primera de ellas es que la salida de Jalisco del Pacto Fiscal es un planteamiento de lo más complicado que podamos imaginar. Convertir esa idea en realidad implicaría una modificación constitucional que tendría que pasar por el Poder Legislativo federal donde el partido del titular del Ejecutivo estatal apenas tiene representación; se necesita también la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales de los Estados Unidos Mexicanos y, en el caso de Cámara de Diputados y del Senado de la República, la mayoría que se requiere es calificada (tres cuartas partes). El montaje de hace unos días, cuando se entregó la iniciativa en el Congreso local, sólo era para dar cuenta y que fuera el Legislativo de Jalisco el que remitiera tal documento a Legislativo federal.
Desde que pronunció el mensaje de su último informe en un palenque (no podía haber escogido mejor lugar), antes de que se presentara el Paquete Económico de la Federación para el ejercicio 2025, ya había amenazado con entregar tal iniciativa porque acusó un “maltrato presupuestal” del Gobierno federal durante todo el sexenio y además aseguró que el gobernador electo, Pablo Lemus, lo secundaría. 
¿Maltrato? Jalisco recibió recursos federales para pagar los compromisos de gasto corriente, por lo menos, en materia educativa y sanitaria. También se destinaron recursos federales para terminar la Línea 3 del Tren Ligero; para iniciar la número cuatro; para terminar la presa de El Zapotillo con otras obras sociales incluidas (además de la resolución del conflicto); así como presupuesto para concluir tramos carreteros.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en la Legislatura pasada, publicó en febrero de este año el estudio “Recursos identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Jalisco” donde se detalla el presupuesto para Jalisco, el de este ejercicio que está por terminar: 142 mil 393.8 millones de pesos, es decir, seis mil 572 millones de pesos más en términos absolutos en comparación con el presupuesto de 2023.
Los grandes rubros son el ramo 28, de las participaciones federales (el más abultado); el ramo 33 de aportaciones federales; y el de los convenios de descentralización. Se aclara que en el rubro de “gasto federalizado identificado en el ramo 23, provisiones salariales y económicas” no aparece ninguna cantidad asignada porque son recursos “no distribuidos geográficamente”, lo mismo que los destinados a las obras carreteras y a salud pública; pero no quiere decir que no se aporte.
Por supuesto, cuando se concentran los ingresos en la Federación, la distribución se define con base en fórmulas que otorgan más presupuesto a los estados de la República con menor generación de riqueza, una acción para combatir pobreza y desigualdad, esencia y razón de ser, en gran medida, de un pacto federal: “El régimen federalista es una forma de Estado, quizá la más avanzada, basada en el principio de descentralización de la vida política, administrativa, económica, social y/o cultural. Si bien la descentralización debe operar en todos los estados libres entre sí, con la que conservando cada uno su soberanía respectiva, se hacen libres e independientes unos de otros; y al mismo tiempo unidos entre sí, que no forman sino una nación soberana, obligándose todos por el pacto federal, a concurrir en cuanto puedan a la libertad y felicidad general de la patria y a la particular de cada uno de ellos”. (Enrique Aguilar Saldívar. Los retos del derecho público en materia de federalismo. UNAM, 1997).
Y, a propósito de esta definición que no requiere explicación alguna, abordo la segunda reflexión: Jalisco es reconocido por su participación histórica a favor de una República federal cuando México nacía como país. Sabemos que fue el primero en constituirse en estado libre y soberano y peleó, a través de personajes fundamentales como Prisciliano Sánchez, autor del Pacto federal del Anáhuac y primer gobernador constitucional; y de Francisco Severo Maldonado, autor del Contrato de Asociación de los Estados Unidos del Anáhuac (¿así o más claro?) porque el nuevo país se definiera, reitero, como una República federal.
En aquellos años se publicó un periódico que se llamaba Federación o muerte, del jalisciense la suerte y por la apuesta a favor de ese régimen, se generó una crisis política grave antes de la Constitución de 1824.
En este orden de ideas, plantear una salida del Pacto Fiscal, sacar a Jalisco de tal acuerdo, en realidad es una postura separatista que contradice la tradición federalista. Lejos, muy lejos de una presunta e innecesaria defensa, es una acción perjudicial para el Estado, para todos los jaliscienses y, por supuesto, para Pablo Lemus, el gobernador electo, a quien lleva al baile sin preguntarle y para enviar el mensaje forzado (que ojalá se esfume el próximo 6 de diciembre) de que el Gobierno de Jalisco mantendrá el mismo camino separatista, rijoso, bravucón y peleonero.
Espero que esto termine en dos semanas, que sea la última función de una obra de teatro mala, marrullera, peor que carpa, estridente, engañosa, manipuladora, a la que fuimos obligados a asistir.
Jalisco, su tradición federalista, sus aportaciones al pacto federal, sus contribuciones al desarrollo nacional, además de su historia y su cultura, están más allá de posturas radicales e irreductibles, irracionales y viscerales de un gobernante. Es lamentable, pero ahora sí, ojalá, ojalá, en la administración que está por comenzar se privilegie el diálogo y la propuesta, la coordinación, las ideas, como buenas prácticas políticas de un gobierno democrático que pone por encima a la sociedad que representa.

El teatro de Alfaro ¿última función?

Favio Castellanos

En el marco de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, a algunos críticos se les olvida la corruptela en organismos como el INAI. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la desaparición del INAI y otros organismos autónomos, busca eliminar prácticas de corrupción. En camino a una mayor transparencia y con menor gasto público, incluso la Auditoría Superior de la Federación ha detectado cuantiosas irregularidades en el INAI, como nepotismo, extorsión a trabajadores, aviadores y gastos indebidos de comisionados.
Queremos una administración pública a la altura del pueblo de México: Más eficiente y transparente. Por eso, hemos decidido simplificar la estructura administrativa para erradicar la duplicidad de funciones que además, por testimonio de ciudadanos, se presentaban muy burocráticas, y ahorrar recursos y destinarlos a proyectos que beneficien directamente a la gente.
Esta decisión se toma con el objetivo principal de mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública, sin afectar la protección de los derechos de las y los ciudadanos. Nuestro compromiso es con la gente, los representantes del pueblo sí obedecemos un mandato popular.
La transparencia y rendición de cuentas son eje rector en una democracia, mismas responsabilidades que continúan. Hoy más que nunca queremos garantizar un gobierno más transparente y responsable.
Los llamados órganos autónomos fueron implantados en nuestra Constitución a través de las reformas que se aprobaron mediante el “Pacto por México” en los años 2013 y 2014 a modo de los que en su momento gobernaban, que dicho sea de paso gozaban de sueldos y prestaciones superiores a la media laboral, pero sin obedecer al mandato popular, con decisiones autónomas e inamovibles.
En conclusión, la simplificación administrativa no es sinónimo de eliminación de los principios democráticos que protegen el acceso a la información, la competencia económica y el libre mercado; los principios siguen vigentes como eje rector de nuestra democracia. Lo que se extingue, son los excesos y privilegios, la duplicidad en la burocracia y se da paso hacia la modernización, eficiencia, transparencia y simplificación en la administración pública.
Que quede claro, no significa la eliminación de derechos, que protegen nuestra democracia.

Simplificación administrativa, No eliminación

Laura Haro Ramirez

Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Entender el propósito de este día en el calendario de las festividades oficiales. Es quizás hasta obvio, comprender las violencias contra las mujeres; se trata de un profundo y pantanoso terreno cuya complejidad tiene que ver con el hecho de que algunas de estas violencias –en muchas ocasiones– pueden ser invisibles para el resto de la sociedad, pero representan poderosas barreras para quienes la sufren.
A nivel mundial, una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género, sin importar su estrato social, nivel educativo o cultural. Ya sea física, sexual, psicológica, económica, laboral, vicaria, todas estas son violencias que se ejercen de manera sistemática contra la mujer en cada uno de los entornos en los que se desenvuelve: casa, trabajo, vía pública, escuela… son pocos los espacios seguros, y la paradoja es cuando estos espacios se vuelven inseguros por medio de la revictimización o la omisión de las autoridades.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) detalla que el 70 por ciento de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia que podría ser física, psicológica o de discriminación, en al menos un ámbito como el laboral, familiar o comunitario. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6%) seguida de la violencia sexual (49.7%) y la violencia física (34.7%).
En Jalisco el año pasado, se dictaron 33 mil 111 medidas de protección por violencia de género. En el mes de junio de 2024 nos colocamos en el tercer lugar nacional en violencia contra las mujeres, con 590 delitos, y este mismo año permanecemos como el primer lugar nacional en impunidad por casos de feminicidio, según México Evalúa.
Días atrás celebramos con gusto la designación de nuestra compañera Sofía García como titular de la Red de Centros de Justicia para la Mujer, del Gobierno de Jalisco, para la próxima administración a cargo de Pablo Lemus. Este nombramiento tiene una lectura particular, pues Sofía García no renuncia a su militancia a cambio del espacio en el gabinete, sino que ha sido seleccionada por su trayectoria y lucha para el impulso de la red de centros de justicia en sus responsabilidades como diputada; por lo tanto, la noticia ha sido muy bien recibida, pues hay confianza en que desempeñará una labor destacada al frente de la institución.
Este día hablemos de la violencia que vivimos las mujeres –porque incluso en política la sufrimos–, sin normalizarla, sino exponiéndola y hablando de ella como un problema real, doloroso y costoso que tenemos que erradicar. No podemos tolerar más muertes, más terror, ni más indiferencia nunca más.

Laura Haro

Eliminar la violencia

Mi pecho no es bodega

PORRAS A LA RECTORA
Ricardo Villanueva es el más activo de los porristas a Karla Planter, recién elegida rectora de la Universidad de Guadalajara. Aunque su gestión comienza hasta abril de 2025, para el rector universitario prácticamente ya se cerró su ciclo y abre la puerta para irse al gobierno federal por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; aceptado por él mismo, su cargo más seguro puede ser el de subsecretario de Educación Superior, en la secretaría de Educación Pública. Con la elección de la nueva rectora, el destino de los más allegados a Ricardo Villanueva en la UdeG queda garantizado y además, se ajusta el equilibrio interno entre los diferentes grupos de poder universitarios. Todos los aspirantes a la rectoría, los que llegaron a la elección final y los que se retiraron antes, cuentan con la seguridad de que tendrán cargos directivos en el siguiente período administrativo.
CONGRESO EN TENSIÓN
Esta semana, los diputados del Congreso del Estado vivirán días bastante tensos. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, tendrá mucho quehacer para mantener cerca a los aliados de Acción Nacional (PAN) y a los del Revolucionario Institucional (PRI), para la discusión de dos asuntos centrales: las propuestas de reforma enviadas por el gobernador Enrique Alfaro y la discusión presupuestal. Se trata de asuntos mayúsculos, porque Morena ya hizo lo propio para convencer a sus aliados y congelar las iniciativas emecistas. Seguramente ninguno de los dos bandos podrá derrotar al otro, pero mientras tanto no avanzarán las reformas.
¿Y EL PRESUPUESTO?
El tema del presupuesto estatal es “harina de otro costal”. En el marco de la discusión entre Movimiento Ciudadano y Morena por el presupuesto federal que deja fuera los proyectos de Jalisco, los diputados morenistas anunciaron que no están de acuerdo con las iniciativas para que el gobierno estatal impida que se hay un control federal sobre los sistemas de salud y de educación. De hecho, el diputado coordinador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, le recordó a quierotv que ya debe concluir el convenio por medio del cual la Secretaría de Educación le permite a los estados administrar su sistema educativo, y además, asegura que la instrucción del gobierno de Claudia Sheinbaum es conseguir una sola administración central sobre la salud pública. ¿Conflicto en puerta o amagos para negociar?

Héctor Ruiz López

Ayer, domingo 24 de noviembre, cerró el plazo para inscribirse en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Este proceso marca un precedente en la historia de la impartición de justicia en México, siendo la primera vez que estos cargos se someterán a un mecanismo electoral abierto. Según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se habían registrado más de 9 mil jóvenes interesados en participar.
Estas cifras, aunque alentadoras para quienes defienden la Reforma Judicial, presentan retos significativos. Los promotores de la reforma en cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se han planteado la meta de reunir más de 5 mil aspirantes para competir por los cargos que estarán en juego: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 salas regionales y 850 jueces y magistrados. Esto exige un proceso de selección riguroso y transparente para garantizar que lleguen los perfiles más capacitados.
En los próximos días estaremos atentos a los comunicados oficiales que informen las cifras finales de inscritos. Más allá de los números, lo fundamental será analizar la calidad de los aspirantes. Es crucial que este proceso logre atraer no solo a jóvenes entusiastas, sino también a personas con experiencia, conocimiento profundo del derecho y una sólida trayectoria en la impartición de justicia. Preocuparía enormemente que los filtros establecidos permitan avanzar a perfiles inexpertos o poco calificados, lo que comprometería la legitimidad del nuevo sistema.
La oposición, por su parte, permanece expectante. Cada paso en este proceso será escrutado minuciosamente, y cualquier error o controversia podría ser utilizado para cuestionar la transparencia e imparcialidad del mecanismo. Este escrutinio, aunque incómodo para quienes implementan la reforma, es una oportunidad para demostrar que el cambio en el Poder Judicial no es un ejercicio de simulación, sino un esfuerzo genuino por democratizar y fortalecer las instituciones de justicia en el país.
Sin embargo, el reto va más allá de la selección inicial de los candidatos. La reforma plantea un nuevo paradigma en el que los impartidores de justicia serán elegidos por voto popular. Este modelo, aunque innovador, genera dudas legítimas sobre la influencia que podría ejercer la política en la independencia judicial. ¿Será posible garantizar que las decisiones de jueces y magistrados no respondan a intereses partidistas, sino al marco constitucional y los principios de justicia?
La elección de los jueces y magistrados no solo representa un desafío técnico y logístico, sino también un examen para la democracia mexicana. Si bien la inclusión de jóvenes es un paso hacia la renovación del sistema judicial, el verdadero éxito radicará en construir un proceso sólido que inspire confianza tanto en la ciudadanía como en los sectores más críticos de la reforma. México necesita un Poder Judicial que sea independiente, imparcial y profesional, cualidades que deben ser el eje central de esta transformación histórica.
En este contexto, la pregunta no es solo si el proceso será transparente, sino si el país está preparado para asumir las implicaciones de este cambio. Lo que está en juego no es solo el presente del Poder Judicial, sino su capacidad para responder a los desafíos de una sociedad que exige justicia efectiva y libre de intereses políticos. El camino apenas comienza, y será nuestra responsabilidad colectiva vigilar que los ideales que sustentan esta reforma se traduzcan en una práctica que dignifique la justicia en México.

Los retos de la Reforma Judicial en marcha

Jonás

La primera rectora en la historia de la Universidad de Guadalajara será Karla Planter. Fue electa para el cargo con 112 votos de los integrantes del Consejo General Universitario, una cifra de votos más que sobrada para ocupar el cargo. El segundo candidato más votado al cargo obtuvo 33 sufragios.
En la Universidad de Guadalajara comenzó una celebración general por el hecho de que se trata de la primera rectora en la historia de la institución educativa. Además, es la primera persona elegida para el máximo cargo universitario desde el fallecimiento de Raúl Padilla López; además de su desempeño como rectora, se juzgará su quehacer en la primera etapa postpadillista. Y eso no es poco decir.
Con la desaparición física de Raúl Padilla concluyó también una etapa histórica de la UdeG. Sin duda, con luces y sombras, él encabezó una etapa decisiva de la institución, que permitió transitar desde el cierre del siglo XX y hasta sólido comienzo del actual siglo XXI. Aún está construyéndose el juicio histórico del quehacer de Raúl Padilla frente a la Universidad, pero ya en la gestión de Ricardo Villanueva Lomelí se determinó reconocerlo como una de las principales y más sólidas figuras de la historia universitaria.
Esa es otra historia.
Con Karla Planter se consolida un período de transición en la Universidad de Guadalajara.
A la muerte de Raúl Padilla no le siguió una lucha intestina en la Universidad. Era una posibilidad, pero los diferentes grupos políticos internos encontraron un espacio de diálogo y coincidencia; supieron también encontrar –aunque era complicado– el espacio de negociación con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, un abierto contrincante y crítico de la Universidad de Guadalajara.
Además, y debe subrayarse, el período del rectorado de Ricardo Villanueva se empató también con la abierta animadversión que una y otra vez expresó el expresidente López Obrador contra la Universidad y el liderazgo (que siempre llamó cacicazgo) de Raúl Padilla.
En síntesis: Los últimos seis años fueron para la UdeG de una profunda crisis y con resultados relativamente positivos.
Se superó el sexenio lopezobradorista, abiertamente crítico y adverso; se superó el enfrentamiento total con el gobierno estatal de Enrique Alfaro, y el choque se selló con la modificación legal que permitió el Presupuesto Constitucional que justo empieza a operar a partir de 2025. Y a manera de colofón, las diferentes fuerzas internas universitarias no sólo no se dividieron entre sí, sino que coincidieron en un proceso breve y consolidado que les permitió una elección en favor de una rectora.
El cambio de época es evidente al cumplirse el primer cuarto de este siglo.
El reto para Karla Planter es enorme, pero cuenta con un punto de partida sólido: el apoyo social y de la Universidad completa.
Ricardo Villanueva, mientras tanto, inicia una carrera política de la que ya se conocerán resultados. Paradójicamente, encontró en la “cuarta transformación”, que reprobaba a la Universidad, una alianza política para él y para sus allegados.
La Universidad de Guadalajara tiene futuro, tiene desarrollo y recibe 2025 con enormes expectativas. La nueva rectora recibe no sólo un reto, sino también a una institución en plan de próspero desarrollo.

Karla Planter, rectora de la UdeG en el siglo XXI

Federico Torres López

En Alemania le decían la Mutti (mamá), por su bien ganada fama como canciller germana durante dieciséis años consecutivos, durante los cuales cuidó de su país con esmero y visión de futuro. Si a alguien extrañamos no solo en Berlín, sino en el mundo entero, es a Angela Dorothea Merkel por sus grandes logros y valentía. Muchos seguimos pensando que con su trabajo equilibraba la geopolítica.
No se espanten, Angela no piensa en regresar a la política. Se jubiló y por más intentos que su partido la Unión Demócrata Cristiana (CDU), realiza para convencerla ante el fracaso del actual canciller Olaf Scholz, quien ha roto la coalición a través de la cual gobernaba, Merkel se mantiene firme y dice: “Mi tiempo en la política activa terminó”.
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Ante la ausencia de líderes en el mundo, capaces y consistentes, el conocer ahora que Angela ha escrito sus memorias me motivó a compartirles estas líneas a manera de reconocimiento a una política que tuvo oficio y que supo jugar en equipo con la Unión Europea, a la cual también lideraba. Como ejemplo de lo anterior, está por ahí, para la historia, la fotografía en donde se veía a Merkel enfrentando de manera decidida a Trump ante el asombro de otros líderes del G-7, pues no quería avalar el Pacto de París que se refiere al calentamiento global.
Su libro, de nombre LIBERTAD, viene a irrumpir en el escenario convulso en el que vivimos de manera coyuntural, pues como ella afirma: “Si queremos vivir en libertad, debemos defender nuestra democracia, dentro y fuera de quienes la amenazan”.
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Durante sus dieciséis años en el poder, Angela no se deshumanizó, ni perdió el piso, tampoco se transformó. Su carrera de científica siempre le ayudó a trabajar tomando en cuenta los hechos sin polarizar a la sociedad ni caer en narcisismos que la alejaran de sus objetivos.
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Estimados amigos de Quiero TV, es altamente recomendable leer el libro biográfico de Angela Merkel pues lanza mensajes para todos, incluido a Donald Trump, de quien afirma: “Él considera todo desde la perspectiva de un inversor inmobiliario…
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Todos los países participaban en una carrera en la que él logro que el triunfo de uno, significara el fracaso de otro”.
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Angela Merkel, una profesional de la política internacional.

Federico Torres

Merkel: La libertad no se puede dar por sentada

Staff quiero tv

Carlos Slim, clasificado como el hombre más rico de México, superó la marca de 100 mil millones de dólares por primera vez en la historia, de acuerdo con el índice de multimillonarios de la agencia Bloomberg.
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Con 83 años de edad, ha duplicado su patrimonio desde que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en noviembre de 2018, antes de que comenzara el sexenio, contaba con una riqueza valorada en 50 mil millones de dólares.
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El magnate de las telecomunicaciones ha sido colocado por la revista Forbes este año como la octava persona más adinerada del mundo en su lista anual, que lideró hace 12 años. 
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Su fortuna proviene de varias empresas multinacionales, un enorme conglomerado de empresas comerciales, industriales, de comunicación o consumo, cuyas acciones se han elevado un 109% en 2023 y tienen el mejor desempeño en el índice de referencia de México.
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Slim, además del hombre más rico de México, es una persona con gran influencia política gracias a su enorme capital y su cercanía con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. A menudo, el Estado mexicano se convierte en uno de sus clientes, tanto en obras públicas como en la gestión de desastres.
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Carlos Slim posee más de 100 mil MDD; es la fortuna más grande que ha acumulado

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