La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado la aplicación de la ley pero el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito volvió a bloquear la normativa, en una decisión que podría ser revocada, permitiendo que la ley entre de nuevo en vigor. La legislación convierte en un delito estatal la entrada irregular en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México.