Pareciera que la Reforma al Poder Judicial avanza imparable en el proceso legislativo, producto del trato preferencial que ha recibido en las cámaras, donde se discute y vota en fast track, ante la mirada atónita de una sociedad alarmada por la tormenta que se avecina, y muy a pesar de las miles de voces que se levantan en todo el país en contra de esta maniobra de Morena.
La insatisfacción no es asunto menor, se trata de la sepultura del último contrapeso al servicio de la nación, pues con el Poder Ejecutivo y Legislativo en manos de la 4T, y la aprobación de la desaparición de Organismos Autónomos Constitucionales, la Reforma Judicial pone a México al borde de una especie de orfandad institucional que ocasionaría una sensible decadencia jurídica, social, política y hasta económica a todo el país.
Mucho se ha hablado ya de lo que propone esta reforma impulsada por el Presidente López Obrador, como la elección por voto popular de juzgadores y magistrados, la desaparición del Consejo de la Judicatura o la disminución de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hoy vale la pena hablar de lo que perdemos y por qué no, también de lo que no se propone.
Lo primero, es la pérdida de un Poder que hasta hoy ha permanecido como el bloque de contención más potente, logrando evitar la consolidación de graves violaciones a la Constitución, pérdida de Derechos Humanos, y afectaciones a la democracia, tales como los reveses a iniciativas impulsadas por Morena como la desaparición del INE, el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA o la Ley Eléctrica.
En segundo lugar y aunado a lo anterior, ha sido la Corte quien nos han dado certidumbre jurídica y protección contra los abusos del poder, bajo el Juicio de Amparo, que con esta reforma sufriría graves afectaciones como la eliminación de los efectos generales en las suspensiones provisionales o definitivas, es decir, ya no protegerían a cualquier persona que resultara afectada por cierta reglamentación, sino que serían efectivas exclusivamente
para quien presenta el juicio.
Tercero, si bien la necesidad de una reforma es indudable, la propuesta de Morena no es la respuesta, porque no resuelve la necesidad histórica de justicia. Las acciones contenidas en la reforma no conseguirán aliviar la saturación de las fiscalías y ministerios públicos, ni terminarán con el impasse que hoy merma la confianza ciudadana respecto al sistema judicial. En cambio los riesgos por su aprobación suenan más reales, como el que advirtió Gabriela Siller, de Banco Base, que pronostica una recesión económica para México.
Esta semana los ojos de todo México estarán puestos sobre el Senado de la República, la esperanza está depositada en los 43 integrantes de la oposición; sin duda alguna será el ensayo de lo que vendrá para los próximos seis años en México.
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