Justicia para todos

Según lo anunciado con base en los tiempos y procedimientos del Senado de la República, es muy probable que en esta semana se apruebe el dictamen relativo a varias reformas y adiciones constitucionales en materia judicial. En el momento de escribir esta columna seguían sesionando, ya con más de cuatro horas de discusiones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con posicionamientos a favor y en contra, con intervenciones para rectificación de hechos y mociones documentales entre otras acciones propias de un encuentro parlamentario.

El asunto es de una gran trascendencia y ha estado en el foco mediático y de redes sociales en las últimas semanas, particularmente porque después de las elecciones del 2 de junio pasado, los partidos que integraron la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, lograron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi, en la Cámara alta.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial que se discute y se analiza, se entregó al Poder Legislativo desde febrero de este año y a partir de esa fecha se realizaron diálogos en las 32 entidades de la República mexicana y más de 12 foros con el análisis de las propuestas. Todos esos diálogos y encuentros se pueden consultar en redes sociales, especialmente en YouTube en el Canal del Congreso.

Aparte de eso, en tres ocasiones por lo menos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha explicado de qué se trata la iniciativa y cuáles son los propósitos: el diseño y aplicación, en su momento, de un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces; la creación de un órgano que no sea juez y parte y que, efectivamente, vigile la actuación de los juzgadores, no nada más con respecto a sus asistencias, sino también sobre el sentido de sus resoluciones; diseño y aplicación de mecanismos de evaluación de desempeño y austeridad y transparencia.

Tomando en cuenta los niveles de impunidad en nuestro país, donde sólo uno o dos de cada 100 delitos son castigados, desde hace lustros la ciudadanía ha exigido cambios profundos en el Poder Judicial casi como una purga, una limpieza profunda, pero hasta antes de esta iniciativa de reforma no se había hecho nada o casi nada. La anterior reforma en los tiempos de Ernesto Zedillo en realidad empeoró la situación, favoreció la operación oscura de este tercer poder.

La reforma que ahora está en la mesa está orientada a convertir al Poder Judicial en una institución confiable, transparente, desde donde se administre la justicia pronta y expedita a favor de la mayor parte de la población, sin que se privilegie al que puede pagar y se condene al que no (recuerdo un poema de Roque Dalton: en esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza).

Es una reforma para acabar con los ingresos estratosféricos de quienes ocupan los más altos niveles (sueldos, prestaciones, seguros, viajes, viáticos, vehículos, bonos); no está pensada para perjudicar a los empleados de esta institución y basta con leer el dictamen y la minuta que ser discute.

Uno de los puntos que más controversia y desinformación ha generado es el relativo a cómo sería la elección de jueces, magistrados y ministros. Todo está explicado en el Art. 96 incluso las reglas en cuanto a la obtención de recursos para los aspirantes a los diversos puestos que estarán en juego.

Se propone la creación de un Tribunal de Justicia Disciplinaria que sustituya al Consejo de la Judicatura, donde la presidencia recae en la presidencia de la Suprema Corte, de manera que es juez y parte.

Después de haber visto y escuchado la mayor parte de la discusión en las comisiones unidas el día de ayer, sí me llama la atención cómo los representantes del PRI y del PAN particularmente, se presentan como seres puros y transparentes, como si hubiesen nacido ayer y, con ellos, el auditorio. Reclaman los cambios profundos que se proponen para la renovación de un poder que ambos partidos contribuyeron a pudrir, que alentaron su perdición, que echaron a perder, a han usado a su gusto y conveniencia, que infiltraron y pervirtieron. No entiendo cómo el PRI reclama que no se haya propuesto entregar al Judicial más presupuesto; o cómo es que el PAN se preocupa por el riesgo de que intervenga el crimen organizado después de visto lo visto en el sexenio de Felipe Calderón; tampoco me queda claro cómo es que piden un diálogo abierto cuando sí lo hubo; y que se escuche a la gente cuando ellos nunca la han escuchado. Ahora resulta.

Están tan acostumbrados al modus operandi del Poder Judicial, corrupto y diseñado para el tráfico de influencias y para favorecer a los más poderosos y millonarios, que se resisten como gatos boca arriba a que eso cambie. Quedan en evidencia.

De lo que se trata aquí, de manera resumida, como dijo una legisladora el día de ayer es de justicia versus privilegios, justicia versus discriminación, justicia versus corrupción… Justicia para todos. Ya es hora y desde cuándo.

Cierro con una frase relativa a los considerandos pronunciada ayer en el inicio de la sesión: “… es preciso mencionar que del análisis de la minuta se destacan otros cambios de profunda trascendencia que atajan los problemas estructurales que durante décadas han carcomido al Poder Judicial: la reorganización de los entes que conforman al Poder Judicial no es simplemente el cambio de ramas y troncos en el árbol organizativo, es una reingeniería estructural que rompe las lógicas que han prohijado la construcción de un sistema de cotos de poder y los vicios corruptores dentro del Poder Judicial”.

No será fácil ni estará ausente de ajustes una vez que entre en vigor, pero es un paso gigantesco que puede servir como punto de partida para trabajar por varios años, en la recuperación de un poder que debe estar al servicio de todos los mexicanos.