La lucha por el combate a la corrupción
En México, la lucha contra la corrupción ha sido un proceso largo y arduo, impulsado en gran medida desde la academia y la sociedad civil. A pesar de las dificultades, se han logrado avances importantes, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un esfuerzo institucional destinado a coordinar los esfuerzos para prevenir y sancionar los actos de corrupción a nivel federal. En el ámbito estatal, este impulso se ha replicado con la conformación de Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en cada una de las 32 entidades federativas, incluyendo Jalisco.
Sin embargo, la configuración y el funcionamiento de estos sistemas no ha sido un camino sencillo. En muchos casos, ha faltado la voluntad política para respaldar de manera efectiva sus esfuerzos. Algunos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, han mostrado una actitud distante, cuando no abiertamente contraria, hacia las iniciativas para combatir la corrupción. Esto se refleja en la dificultad que enfrentan los SEA para operar con la eficacia necesaria, lo que genera un ambiente de escepticismo sobre su verdadero impacto.
Con base en el “Informe País sobre el Combate a la Corrupción 2022,” elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, al cual tengo el honor de pertenecer como investigador, es evidente que Jalisco ha mostrado avances en la implementación de su SEA. Sin embargo, también enfrenta retos que limitan su efectividad. A diferencia de otras entidades que han alineado sus prioridades con los ejes estratégicos del SNA, Jalisco ha tenido dificultades para lograr una coordinación eficiente en ciertos aspectos. Esto indica que aún hay áreas de mejora en su enfoque para hacer frente a la corrupción.
Uno de los principales desafíos radica en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la transparencia dentro del SEA. A pesar de contar con una estructura formal, la consolidación de este sistema en Jalisco depende de un mayor involucramiento de la sociedad y de un compromiso real por parte de los actores políticos. En comparación con otros estados, Jalisco ocupa una posición intermedia: aunque ha demostrado un compromiso, su capacidad para ejecutar políticas y acciones efectivas contra la corrupción sigue siendo limitada.
Este escenario no es exclusivo de Jalisco. A nivel nacional, los desafíos son igualmente pronunciados. El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 del World Justice Project ubica a México en el puesto 116 de 142 países evaluados, mientras que el informe de Transparencia Internacional para el mismo año sitúa al país en el lugar 126 de 180 naciones. Estos datos reflejan que, aunque hemos avanzado en la construcción de un marco institucional para combatir la corrupción, todavía hay un largo camino por recorrer para lograr una verdadera transformación en la práctica.
Por lo que, podríamos concluir que la lucha contra la corrupción en México y en Jalisco es una tarea inacabada. Requiere no solo de la voluntad política y de la fortaleza institucional, sino también de una ciudadanía vigilante y comprometida con exigir rendición de cuentas. El camino es difícil, pero no imposible. Por ello, la selección del nuevo integrante del Comité de Participación Social (CPS) en Jalisco resultará de vital importancia para seguir con los trabajos y enfrentar los retos que implica esta lucha.
