¡Adiós, transparencia!

En las últimas dos semanas, Andrés Manuel López Obrador, Morena, aliados y traidores lograron lo que hace seis años era imposible por los contrapesos que había en México en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de Nación. Pero eso ya es historia.

En dos semanas se avaló la reforma judicial y la Guardia Nacional pasó al mando del Ejército. Hoy podemos precisar con todas sus palabras: los militares tienen el control de las Fuerzas Armadas y de la seguridad pública en el país.
Sin embargo, viene otro golpe contundente: la desaparición de la transparencia. Me refiero a la próxima reforma constitucional para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia (Inai).

Esta reforma plantea modificar ocho artículos de la Constitución: se pretende que las atribuciones de ese organismo sean trasladadas a la Secretaría de la Función Pública, principalmente, así como a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial, del Instituto Nacional Electoral y del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo se demuestra el retroceso que se avecina?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció que el hecho de que los sujetos obligados o las autoridades de los tres Poderes de la Unión fijen resoluciones sobre sí mismos, constituye un retroceso para obtener “resoluciones expeditas, independientes e imparciales”. En otras palabras, es en detrimento del acceso a la información de los mexicanos.

Desaparecer a un órgano autónomo o externo al Gobierno es lo peor que puede ocurrir. El desenlace es claro: si hoy es cuestionable la transparencia de las autoridades, viene una mayor simulación de la realidad de México en todos los sentidos. Algo así como menos delitos según el Gobierno, cuando la violencia estalla en todos los rincones. Mejores salarios de acuerdo con la autoridad, frente a una mayor pobreza en las calles y en los hogares. Más hospitales y medicinas presumidos por el Gobierno, frente a pacientes que mueren en la desesperación por no ser atendidos a tiempo. En fin.

Hay dos casos históricos que exhibieron las fallas del Gobierno federal y del Inai en materia de transparencia: los terribles hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa. El Instituto fracasó y se ocultó la información una y otra vez sobre los expedientes, ya que el Gobierno los reservó o los clasificó a la conveniencia de las autoridades. En síntesis, el Inai evitó enfrentarse al Gobierno y terminó tolerando las determinaciones de las autoridades. Se ocultó información pública.

Con ese antecedente de opacidad, el futuro es claro: ahora la única verdad será la que los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ámbitos federal y estatales, nos quieran contar. Serán los cuentos y las cifras alegres del que tenga el poder en la Federación, los Estados y los Ayuntamientos, en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial.
¡Adiós, transparencia!