Hace seis y doce años, Andrés Manuel López Obrador, en su búsqueda de la Presidencia, advirtió que de llegar a Palacio Nacional regresaría a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Incluso en el 2010 el ahora Presidente llamaba a entender que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, ni con medidas coercitivas. Sin embargo, hoy todo es distinto.
La semana pasada, la Cámara de Diputados avaló con 353 votos a favor y 126 en contra, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, dando un paso importante hacia la militarización del país tan cuestionada a lo largo de los últimos 3 lustros. ¿Qué pasó con aquel López Obrador y los hoy líderes de Morena, que anteriormente se oponían a esta medida y hoy son sus impulsores?
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el personal destinado a labores de seguridad pública municipal en 2022 ascendía a 173,407 personas, una cifra 8.5% menor a la registrada en 2020, cuando se ubicó en 189,498 oficiales.
Lo anterior refleja la grave crisis que atraviesan las policías municipales de todo el país, en territorio jalisciense hay municipios donde sus policías podrían ser contados con los dedos de una mano. El traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA, agravará aún más la situación, pues la apuesta seguirá siendo la de fortalecer a las Fuerzas Armadas con grandes presupuestos y mantener en el olvido a las corporaciones municipales.
En días recientes, antes de la aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, la Organización de las Naciones Unidas en México alertó de cinco riesgos que se correrían con esta maniobra. Vale la pena reiterarlos en este espacio:
Primero, la medida contraviene normas internacionales que piden que la seguridad pública sea una tarea civil. En segundo, alertaron que se afecta el debido proceso, pues integrantes de la Guardia Nacional quedarían sujetos a la jurisdicción militar; en tercero, recalcaron que la transparencia queda en juego. En cuarto lugar, se espera que las violaciones a los Derechos Humanos aumenten de manera dramática, y por último, al tener facultades de investigación, la Guardia Nacional podría atropellar derechos civiles de manera sistemática.
La militarización del país hoy parece inminente, y el paradigma del fortalecimiento de las policías municipales se aleja cada vez más, mientras en las calles las personas viven cada vez más expuestas a una delincuencia exacerbada, esperando por gobernantes sensatos y que se paren en sus zapatos.