Anuar García Gutiérrez

A menos de seis meses de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta una de las crisis más severas en materia de seguridad y relaciones internacionales, derivada de la estrategia implementada durante el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. La política de “abrazos, no balazos”, que buscó reducir la violencia sin confrontaciones directas con el crimen organizado, ha mostrado sus limitaciones, y hoy el país está sumido en una crisis que afecta tanto la estabilidad interna como la relación con Estados Unidos.
La creciente presión de la administración de Donald Trump ha dejado en evidencia la falta de contundencia con la que el gobierno anterior abordó el problema del crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Mientras López Obrador minimizaba la crisis de seguridad con discursos optimistas y cifras cuestionables en sus conferencias matutinas, la realidad era distinta para millones de mexicanos que sufrían la violencia en su día a día.
Ahora, Sheinbaum se ve obligada a recoger los frutos de una política fallida. La crisis comercial con Estados Unidos, derivada de la falta de acciones firmes contra el narcotráfico, ha obligado a su gobierno a dar muestras de cooperación. Entre estas medidas se encuentra el traslado de capos internados en cárceles mexicanas a prisiones estadounidenses, y el reforzamiento de las fronteras para frenar el tráfico de drogas. Sin embargo, estas acciones parecen más una respuesta a la presión internacional que una estrategia integral para combatir la inseguridad.
El reto para la actual presidenta es mayúsculo. A pesar de haber evitado pronunciarse de manera contundente sobre la estrategia de seguridad en los primeros meses de su gobierno, la realidad la ha alcanzado. La pregunta ahora es si tomará un rumbo distinto al de su antecesor o si continuará con ajustes mínimos para mitigar la crisis.
Lo cierto es que el legado de inseguridad de López Obrador ha quedado al descubierto, y Sheinbaum deberá decidir si enfrenta el problema con un cambio de estrategia o si sigue arrastrando una política que, hasta ahora, solo ha dejado violencia, crisis y presión internacional.

Anuar García

Cosechando tempestades: el legado de inseguridad que enfrenta Claudia Sheinbaum

Desde el sexenio pasado los mexicanos hemos sido testigos de cómo el Poder Ejecutivo federal buscó eliminar la democracia para establecer una oligarquía constitucional, donde el presidente de la República incidiría en cada una de las decisiones que se tomarían en los otros 2 poderes: legislativo y judicial, llegándose a convertir actualmente en una oclocracia, muy lejos de la democracia que exige la Constitución de nuestro país.
El Congreso de la Unión ha sido tomado por el partido en el poder, pero aún teníamos el Poder Judicial para defender a los ciudadanos ante los embates del gobierno, lo cual se terminó con el gobierno actual, puesto que ya no existe independencia, así como se abrió la puerta a los grupos de la delincuencia organizada para que puedan inyectarle dinero a los candidatos a jueces, magistrados o ministros, de la misma forma que se politizó la posibilidad de acceder a dichos puestos, ya que el filtro para poder ser votado, depende del partido político gobernante.
A pesar de todo lo anterior, existe un tema todavía peor: la nueva Ley de Amparo aprobada el 19 de febrero del 2025, dejó sin efectos generales sus contenidos en favor de la población, en virtud de las resoluciones de amparo concedidas, por lo que sólo quienes promuevan sus amparos en lo particular, podrán recibir los beneficios de las resoluciones emitidas, contraviniendo el principio de progresividad que la misma Constitución enaltece.
De igual manera, la nueva ley prohíbe el amparo contra órganos de administración de justicia judicial y del tribunal de disciplina judicial, amordazando así a los jueces para que no resuelvan en contra del gobierno. Antes de esta ley, podía la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir amparos con efectos generales a favor de la población, pero hoy cada ciudadano deberá tramitar sus propios juicios de amparo si busca la protección de la justicia (y todos sabemos lo que cuesta tramitar un amparo), lo cual deja a la población desprotegida, siendo los que más tienen los únicos que podrán acceder a la protección constitucional.

La justicia sólo es para quien pueda pagarla

Mucho se ha hablado de que México está controlado en al menos el 65% de su territorio 
por los cárteles de la droga, lo cual no suena descabellado si nos damos cuenta cómo los criminales quitan y ponen mandos de seguridad pública en los municipios y en algunas entidades federativas, así como ha salido a la luz pública cómo han pagado campañas completas para presidentes municipales, gobernadores e incluso algunos expresidentes de la república. 
Ante todo eso, nos preguntamos: ¿Estamos gobernados por el crimen organizado?
Según Donald Trump y Marco Rubio sí lo estamos. Por eso han declarado como organizaciones terroristas a los cárteles y han empezado operaciones con aviones tripulados y no tripulados a cargo de la CIA para contraatacar a los grupos de la delincuencia organizada, y ¿qué ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum? Arroparse en el discurso de la soberanía nacional; hacer alusión al himno nacional (como si tuviéramos la capacidad armamentista para hacer frente al país más poderoso del mundo) y defender a los criminales aduciendo la máxima de no intervención por parte de nación extranjera alguna. Pero eso no funciona para un país como Estados Unidos, el cual tiene una legislación supranacional que le permite combatir a los grupos terroristas en otras naciones, lo cual no está lejos de pasar en nuestro país.
Ahora bien, lejos de utilizar discursos anticorrupción haciendo referencia a la nula intención de favorecer a los grupos de la delincuencia organizada, tenemos que en México sucede todo lo contrario: se eliminan los contrapesos desapareciendo instituciones públicas, así como acumulando el poder, incluso aliándose en ocasiones con el crimen organizado, retrocediendo en transparencia y justicia debilitando al Poder Judicial, al ITEI y demás órganos autónomos, así como militarizando la seguridad para controlar desde el centro la misma, todo esto a favor de los intereses de grupo de quienes detentan el poder.

¿Estamos gobernados por el crimen organizado?

A pesar de los miles de desaparecidos que presenta Jalisco, en algunas bases de datos se habla de más de 16 mil, en otras, de más de 15 mil. El caso es que son miles y sin respuesta de parte de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos; aún así, día a día siguen desapareciendo personas en Jalisco y gran parte, por falta de información que evite dicha desaparición.
Lo anterior, porque una de las principales causas de desaparición es la ocasionada por búsqueda de empleo, donde los jóvenes, quienes resultan los más vulnerables, son captados mediante ofertas increíbles en redes sociales, donde les garantizan buena paga, no se les exige un nivel alto de estudios, se les prometen alimentos, transporte, así como crecimiento dentro de “la empresa”, lo que ha hecho que muchos de ellos sean víctimas de esta farsa, cayendo en manos de reclutadores del crimen organizado que con engaños los llevan a campos de entrenamiento para trabajar con la delincuencia organizada.
¿Qué hacer como padres? Tener comunicación con sus hijos, platicar de los temas relacionados a las ofertas de trabajo, revisar los antecedentes de las supuestas empresas que promocionan este tipo de vacantes, revisar el perfil en redes sociales de la persona que publicó la oferta, verificar el tipo de contenido que comparte la página donde se promociona el empleo, así como de ser posible verificar la dirección donde supuestamente se encuentra localizada la fuente de empleo. Ya por último, jamás permita que sus familiares o cercanos, acudan a verse con persona alguna en ninguna central camionera, puesto que así es como se ha dado la desaparición de centenas de jóvenes en los últimos meses.
Es importante desconfiar de cualquier oferta de empleo que aparezca en redes sociales, porque ante la desprotección de las autoridades, los ciudadanos somos corresponsables en preservar nuestra integridad.

Hay que desconfiar de las ofertas de empleo en Jalisco

Ante la fuerte presión de Estados Unidos en contra de los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país, éstos han tenido que mutar para poder subsistir, pero siempre en un marco de ilegalidad, donde ha descendido su participación en delitos relacionados con el trasiego ilegal de drogas, así como en la producción de las mismas, para emigrar a la comisión de delitos del fuero común en contra directamente de la ciudadanía.
Mientras cada vez es más difícil para los criminales poder pasar cargamentos de estupefacientes a los Estados Unidos donde se encuentra su principal cliente, en México se ha incrementado la delincuencia común donde células de los cárteles ahora se organizan para llevar a cabo todo tipo de delitos donde, aprovechando el gran potencial de fuerza que tienen en contra de las autoridades y ciudadanía, ahora se apoderan de áreas que antes no exploraban, tal y como ha sucedido en temas relacionados con los “call centers”, donde han llevado a cabo la instauración de decenas de los mismos y han conseguido defraudar a miles de personas en México y en el extranjero; de igual manera ha sucedido con los fraudes que se cometen mediante el robo de información relacionada a las tarjetas de crédito, así como al control en los cajeros automáticos para apropiarse de los recursos de las personas.
Aunado a lo anterior, se ha detectado un incremento significativo en los robos a personas que acuden a centros comerciales donde son observadas por “halcones”, quienes al ver que las personas aparentan traer recursos, son atacadas fuera de los establecimientos y robadas, lo mismo que sucede en las entidades financieras donde ya no atacan a las mismas, sino que ahora estudian a los clientes y mediante los llamados “robos conejeros” se apoderan de los recursos que sacan de los bancos.
No pasa inadvertido el creciente número de robos con privaciones ilegales de la libertad que están ocurriendo, donde por llevarse algún vehículo de alta gama, las personas son privadas de la libertad y en varias ocasiones llegan a incurrir en el delito de secuestro en su contra, donde se piden cantidades millonarias por su rescate, todo esto sin que los sistemas de seguridad sean lo suficientemente efectivos como para evitar que sucedan.
¿Será acaso que se requiere que el gobierno de Estados Unidos ponga el ojo a este nuevo modus operandi de los grupos de la delincuencia organizada para que el gobierno emprenda acciones para erradicarlos? Es pregunta…

El crimen organizado ahora comete delitos directos contra la ciudadanía

El gobierno federal anunció en días pasados que los homicidios diarios habían disminuido en 2024 comparados con el 2023, celebrando en plena mañanera todo el gabinete de seguridad, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo anterior es una absoluta mentira y sólo basta revisar las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para darnos cuenta de eso.
La trampa que utilizaron en el gobierno federal para engañar a quienes todavía ven las mañaneras, fue la utilización de dos diferentes metodologías; utilizando por una parte las cifras del INEGI para hablar del número de homicidios dolosos contabilizados en 2023, las cuales no distinguen entre homicidios y feminicidios, lo que sí hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde en aquella primera métrica se utilizan los certificados de defunción y no los registros del Ministerio Público como lo hace ésta última (SENSP).
Ahora bien, utilizando sólo la base de datos del Secretariado Ejecutivo tenemos que hubo un incremento de “asesinatos” en 2024, donde incluso en 18 estados de la república se dio dicho incremento, llegando a 30 mil 886 víctimas de dicho delito sólo en 2024, donde 3 mil 427 víctimas fueron mujeres y los demás fueron hombres, dando esto un promedio de 85 personas que pierden la vida diariamente de manera dolosa, sin que se tomen en cuenta las personas que aparecen en fosas clandestinas, porque “como no se sabe cuándo perdieron la vida”, no entran dentro del conteo oficial que de por sí resulta alarmante.
Por todo lo anterior resulta importante que sigamos exigiendo a las autoridades que dejen de mentir y digan honestamente cuáles son las cifras, así como las causas del aumento de homicidios dolosos en el país, para ver si con datos reales adoptan ya una estrategia de cero impunidad que permita volver a vivir tranquilos a los mexicanos, quienes hemos perdido la paz desde hace muchos años a causa de la nula estrategia de seguridad desplegada por el gobierno federal.

El gobierno federal miente, aumentaron los homicidios en 2024

El gobierno federal parece que no entiende nada de nada. Llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica y ejecutó una serie de acciones ejecutivas como parte de sus promesas de campaña, entre las que se destaca declarar la guerra a los cárteles de la droga, considerándolos como organizaciones terroristas internacionales, lo que acarrea la posibilidad de llevar a cabo acciones militares fuera de su país, con la finalidad de acabar con dichas entidades delictivas y, ¿cuál es la respuesta de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de nuestro país?
“Ellos pueden actuar en su territorio, su marco de actuación y de su constitución”; “nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano”.
No señora Presidenta, no somos un país soberano como usted lo plantea, cuando Estados Unidos decide emprender acciones de esta naturaleza en contra de organizaciones criminales consideradas como terroristas, la soberanía del país llega hasta donde el combate a los grupos de la delincuencia organizada nos lo permiten, pero habiendo adoptado una postura de complicidad en el sexenio anterior, donde se arropó a los criminales y se les permitió que tomaran el control del país en su mayor parte, dando pie a la reelección de Donald Trump en Estados Unidos ante el desaseo en la impartición de justicia en nuestro país, generó precisamente esto, la posibilidad (que se veía remota), de que un país extranjero estuviera signando órdenes ejecutivas para combatir a los narcotraficantes, lo que ustedes como partido al frente del gobierno federal se han negado a hacer.
Entonces no señora Presidenta, la soberanía constitucional no nos alcanza para impedir el ingreso de Estados Unidos para desarticular a los grupos de la delincuencia organizada que sean declarados como terroristas. Si tan sólo ustedes hubieran hecho su trabajo y hubieran dejado de solapar delincuentes porque “también son pueblo”, si de igual manera hubieran dejado de andar exigiendo información por la entrega de narcotraficantes en Estados Unidos en vez de coordinarse para combatirlos, así como si hubieran promovido acciones de extradición contra ellos, al igual que hubieran combatido la producción de fentanilo y drogas sintéticas. 
Pero no, el discurso oficial lo centran en defender la libertad y soberanía para que no ataquen a los narcos, mientras que la ciudadanía tiene al menos un sexenio abandonada por los actos de presumible complicidad entre el gobierno federal y la delincuencia organizada; por eso señora Presidenta, ¡no exija ahora que se respete nuestra soberanía!

No Presidenta, para Estados Unidos México no es soberano

En días pasados se ha visto un incremento en la comisión de delitos relacionados con el apoderamiento ilícito de terrenos, casas y en general inmuebles, mediante una nueva modalidad: “La implementación de juicios laborales fraudulentos”, en los que una persona, quien sin haber trabajado en ningún momento para el propietario del inmueble, de quien obtienen previamente toda la información en el Registro Público de la Propiedad en Jalisco, presenta una demanda con hechos falsos, donde aduce haber tenido determinado puesto laboral, señalando que fue despedido de manera injustificada, por lo que procede una estrategia laboral donde reclama cantidades millonarias como compensación, con la finalidad de que la autoridad laboral le entregue la posesión y posteriormente la propiedad del inmueble en cuestión, en un aparente marco de legalidad, siendo todo lo contrario, puesto que mediante testimonios falaces, documentación apócrifa y con el beneplácito de las autoridades laborales, consiguen despojar de la posesión y propiedad de inmuebles en agravio de particulares en Jalisco, quienes obviamente en ningún momento dieron trabajo alguno a los supuestos demandantes y les cuesta remar contracorriente ante un sistema corrompido por años y años de malas prácticas en la vía laboral.
Además de lo anterior, las personas en Jalisco están a expensas de que Fiscalía del Estado les reciba la denuncia y como no asegura directamente dicha corporación los inmuebles, tienen que acudir ante un Juez de Control en materia Penal, con la finalidad de que en una audiencia de tutela de derechos, la autoridad judicial decida decretar el aseguramiento del inmueble en cuestión, el problema con esto, es que para que dicha audiencia llegue, en ocasiones han pasado meses desde que se descubrió el acto ilícito y los perpetradores, en contubernio con las autoridades laborales, en muchas ocasiones ya han dispuesto de la propiedad en cuestión, transmitiendo de manera onerosa a terceros de buena fe, lo que convierte casi en labor imposible que una persona pueda recuperar su patrimonio ante la ineficiencia de las autoridades prosecutoras e impartidoras de justicia.
Urge una limpia en el Poder Judicial de Jalisco, donde se privilegie la protección de los derechos humanos de las víctimas y se acabe con los contubernios a favor de los grupos delictivos que utilizan el sistema para sus ruines causas.

Robarse inmuebles en Jalisco con la ayuda de la autoridad laboral

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Ya todos nos acostumbramos a ver el Ejército en las calles, ya sean elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina o incluso de la Guardia Nacional. Ésta última ha sido la más defendida por parte del gobierno federal desde el 2018, como la que iba a acabar con los problemas de inseguridad en el país, por lo cual se dejaron de aportar un sinnúmero de recursos a los Estados y municipios.
La Guardia Nacional recibiría esos recursos y bajo un “mando civil”, dirigiría a México a una etapa de paz y prosperidad.
Ya nos encontramos en 2024, ya termina el período de gobierno del presidente López Obrador y lejos de tener un mejor país, al menos en el tema de la seguridad, nos encontramos con una Guardia Nacional que no ha resuelto los temas relacionados con la seguridad, ya que el 74% de los ciudadanos se sienten inseguros de salir de sus casas. Los homicidios dolosos superan los 200,000 en lo que va del sexenio, la estrategia de seguridad que encabezan es prácticamente nula, puesto que apuestan por la pura presencia pero no disuaden de la comisión de los delitos y además ahora nos encontramos ante su inminente paso a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual si bien es cierto en operación, adiestramiento, administración, ya operaba de manera castrense.
También es cierto que las promesas de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles, quedan más abandonadas que nunca, con las consecuencias que esto provoca: Violación a los Derechos Humanos, 39% en cada detención que realiza la Guardia Nacional, contra 34% de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Efectividad de un tercio, parte de las detenciones comparadas con las que realizan las policías estatales, a pesar de contar con miles de elementos, así como lo difícil que les resulta a los elementos castrenses que forman parte de la Guardia Nacional, el poder tener la proximidad social que tienen las policías estatales y municipales, lo que les impide conocer de cerca el fenómeno delictivo y social de las comunidades, mismo que serviría para inhibir el aumento en la comisión de delitos, lo cual, estamos seguros, seguirá incrementándose a pesar de los esfuerzos del gobierno por hacernos creer que no, mientras utilizan el aparato militarizado para sus propios intereses.

La militarización de la seguridad en México