Se va AMLO, pero se queda el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluye su sexenio. Sin duda, para muchos de sus seguidores y simpatizantes no quedan deudas en el sexenio y desde ahora ya difunden que se trata del “mejor presidente”. Sin embargo, deja muchos pendientes y uno de los emblemas que desmienten el discurso triunfalista es el caso Ayotzinapa. Los 43 normalistas.

Se cumple una década desde esa trágica noche de septiembre de 2014. En esa jornada empezó el desmoronamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto y se estableció un hito negativo en la historia nacional que nos convirtió incluso, en un motivo de protestas no sólo en las ciudades mexicanas, sino también en varias capitales del mundo.

Los 43 de Ayotzinapa constituyen una mancha oscura y profunda en la historia nacional.

Y recuerdan también que la “cuarta transformación” de López Obrador no cumplió la promesa política y de campaña: encontrar a los estudiantes.

El presidente tuvo que enfrentar el tema en una de sus últimas mañaneras y aseguró que sí hubo avances, que se conocieron “cosas” que antes la gente no sabía. Aseguró que el expediente queda abierto y aunque no lo dice con todas sus palabras, le hereda el compromiso a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los padres de los normalistas están inconformes. Han declarado su decepción y su hartazgo por las reuniones en privado con el presidente, y por las declaraciones que intentaron completar el expediente mediático, pero que no cumplieron con la demanda de justicia.

Al concluir el sexenio obradorista sólo se tiene certeza de los restos mortales de tres de los 43 estudiantes. Se sabe que Tomás Zerón está prófugo de la justicia en Israel; se conocen los informes que presentó en su momento el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero que no condujeron a una resolución.

Se insiste en la responsabilidad no sólo de la criminalidad organizada y de cárteles del narcotráfico, sino también de algunos integrantes del Ejército Mexicano que, afirman los familiares de los normalistas y los estudiantes que mantienen las protestas, estuvieron involucrados en la detención y desaparición de los muchachos.

Quedará la constancia de que algunos militares de menor rango fueron detenidos para luego, ser liberados. Pero no hay ninguna acción firme o contundente que señale a culpables.
La presidencia de la república prefirió mantener el respaldo a las Fuerzas Armadas y evitó que la imagen castrense resultada manchada por el tema. Realmente no era necesario responsabilizar al Ejército por lo que, seguramente, fue una decisión de unos pocos. Pero para el régimen obradorista no existió esa opción. Incluso el mismo Alejandro Encinas se retiró del caso para el que había sido asignado casi en exclusiva, al darse cuenta de que no podría señalar responsables contra la voluntad presidencial.

Y después de una década, queda también la certeza, no sólo entre los dolientes y reclamantes, sino entre la ciudadanía en general, de que no hay justicia sino impunidad, corrupción y complicidad.

Es la cruda verdad, sin matices.

La cuestión ahora, tratándose de un asunto emblemático e incrustado en la agenda presidencial, es si la primera presidenta del país querrá involucrarse y tomar la estafeta de los 43 de Ayotzinapa. No es su promesa. Es la promesa del presidente que se va.