Héctor Ruiz López

Ayer, domingo 24 de noviembre, cerró el plazo para inscribirse en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Este proceso marca un precedente en la historia de la impartición de justicia en México, siendo la primera vez que estos cargos se someterán a un mecanismo electoral abierto. Según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se habían registrado más de 9 mil jóvenes interesados en participar.
Estas cifras, aunque alentadoras para quienes defienden la Reforma Judicial, presentan retos significativos. Los promotores de la reforma en cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se han planteado la meta de reunir más de 5 mil aspirantes para competir por los cargos que estarán en juego: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 salas regionales y 850 jueces y magistrados. Esto exige un proceso de selección riguroso y transparente para garantizar que lleguen los perfiles más capacitados.
En los próximos días estaremos atentos a los comunicados oficiales que informen las cifras finales de inscritos. Más allá de los números, lo fundamental será analizar la calidad de los aspirantes. Es crucial que este proceso logre atraer no solo a jóvenes entusiastas, sino también a personas con experiencia, conocimiento profundo del derecho y una sólida trayectoria en la impartición de justicia. Preocuparía enormemente que los filtros establecidos permitan avanzar a perfiles inexpertos o poco calificados, lo que comprometería la legitimidad del nuevo sistema.
La oposición, por su parte, permanece expectante. Cada paso en este proceso será escrutado minuciosamente, y cualquier error o controversia podría ser utilizado para cuestionar la transparencia e imparcialidad del mecanismo. Este escrutinio, aunque incómodo para quienes implementan la reforma, es una oportunidad para demostrar que el cambio en el Poder Judicial no es un ejercicio de simulación, sino un esfuerzo genuino por democratizar y fortalecer las instituciones de justicia en el país.
Sin embargo, el reto va más allá de la selección inicial de los candidatos. La reforma plantea un nuevo paradigma en el que los impartidores de justicia serán elegidos por voto popular. Este modelo, aunque innovador, genera dudas legítimas sobre la influencia que podría ejercer la política en la independencia judicial. ¿Será posible garantizar que las decisiones de jueces y magistrados no respondan a intereses partidistas, sino al marco constitucional y los principios de justicia?
La elección de los jueces y magistrados no solo representa un desafío técnico y logístico, sino también un examen para la democracia mexicana. Si bien la inclusión de jóvenes es un paso hacia la renovación del sistema judicial, el verdadero éxito radicará en construir un proceso sólido que inspire confianza tanto en la ciudadanía como en los sectores más críticos de la reforma. México necesita un Poder Judicial que sea independiente, imparcial y profesional, cualidades que deben ser el eje central de esta transformación histórica.
En este contexto, la pregunta no es solo si el proceso será transparente, sino si el país está preparado para asumir las implicaciones de este cambio. Lo que está en juego no es solo el presente del Poder Judicial, sino su capacidad para responder a los desafíos de una sociedad que exige justicia efectiva y libre de intereses políticos. El camino apenas comienza, y será nuestra responsabilidad colectiva vigilar que los ideales que sustentan esta reforma se traduzcan en una práctica que dignifique la justicia en México.

Los retos de la Reforma Judicial en marcha

Parece que estamos atrapados en un déjà vu . El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, declaró con firmeza: “El amor se demuestra en el presupuesto; lo demás es demagogia”. Una frase que podría competir por un lugar en los clásicos de la oratoria política, pero que también suena a reproche romántico hacia la Federación. Todo esto, tras conocerse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, donde Jalisco, según su visión, ha sido castigado y relegado.
Pero esta historia ya la hemos oído antes. Recordemos que Enrique Alfaro, actual gobernador, adoptó una postura similar desde 2020, convirtiéndose en protagonista de la famosa Alianza Federalista de gobernadores. Aquella estrategia, aunque ruidosa, no generó los resultados esperados. ¿Qué aprendimos de esos desencuentros? Quizás que las ruedas de prensa y las declaraciones incendiarias no son los mejores métodos para negociar recursos en política.
El contexto actual añade un giro irónico al drama. La presidenta de la Comisión de Presupuesto es nada menos que Mery Gómez Pozos, diputada de Morena por Jalisco. Una aliada natural, podría pensarse, si no fuera por las heridas políticas recientes. Durante la campaña, Lemus lanzó frases como “Morena no va a entrar a Jalisco, todo lo que toca lo destruye”, palabras que calaron hondo en el morenismo local y nacional. Según fuentes off the record , los agravios aún están frescos y, aunque se intente una operación cicatriz, queda claro que algunas heridas no han sanado del todo.
En el escenario legislativo, Morena y sus aliados gozan de mayorías calificadas en ambas cámaras, lo que les permite aprobar el PEF 2025 sin necesidad de votos opositores. Esta realidad obliga al gobierno entrante de Jalisco a remar contra corriente y, sobre todo, a construir puentes de diálogo con la Federación. Sin embargo, la relación entre Lemus y la presidenta Claudia Sheinbaum no comenzó con el pie derecho. Esta semana, al ser cuestionada sobre un posible encuentro con el gobernador electo, Sheinbaum respondió con una frialdad institucional: “Nos reuniremos ya que él tome posesión… ya habrá momento para reunirnos con el gobernador”.
¿Deberíamos preocuparnos? Existen dos posibles lecturas de esta postura. La primera, optimista, es que la presidenta busca tratar a Lemus con estricta institucionalidad, reservando un encuentro oficial hasta que asuma el cargo. Después de todo, ha tenido reuniones con gobernadores electos en bloques regionales, y Jalisco podría estar esperando su turno.
La segunda, algo más maliciosa, es que los desencuentros entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador han trascendido administraciones y ahora influyen en la relación entre Sheinbaum y Lemus. La posibilidad de que esta animadversión haya sido heredada y alimentada por una campaña llena de conflictos no puede descartarse.
Lo que es evidente es que Jalisco necesita una estrategia política distinta. Más que confrontación, hace falta un diálogo respetuoso y canales efectivos de comunicación con los actores clave del morenismo, tanto local como nacional. Insistir en viejas tácticas podría aislar aún más al Estado en la negociación de recursos.
En política, como en el amor, las palabras importan, pero los gestos cuentan más. Por el bien de Jalisco, esperemos que ambas partes encuentren la manera de bailar al compás de una misma melodía, porque, como dice el viejo refrán: en el amor y el presupuesto, todo se vale… excepto la demagogia.

El déjà vu presupuestal de Jalisco

Como diría el filósofo José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Esta cita emblemática bien puede describir el momento que vive Jalisco: Si el Estado no encuentra una forma de resolver sus circunstancias actuales, nosotros, los jaliscienses, tampoco lo haremos.
Vivimos en un México marcado por una política de polarización constante, de confrontaciones más que contrastes, de divisiones en lugar de consensos, y de la denostación como estrategia para invalidar al adversario. Y sin embargo, como bien reza el viejo adagio: “La política es el arte de hacer posible lo necesario”. ¿Estamos realmente haciendo lo necesario por Jalisco o, peor aún, por México?
Hablemos de Realpolitik, ese término alemán que representa el pragmatismo político en su estado más puro: decisiones basadas en hechos y realismo, no en idealismos o teorías. En un clima tan polarizado como el actual, la Realpolitik debería ser el camino a seguir. Dejar a un lado las rencillas, los radicalismos y las diferencias ideológicas no solo sería lo prudente, sino también lo necesario para avanzar como sociedad. Jalisco, al igual que México, requiere más puentes y menos trincheras.
Tomemos como ejemplo el reciente discurso del gobernador saliente, Enrique Alfaro, quien no dudó en expresar su descontento con el trato financiero de la Federación hacia el Estado, al punto de proponer una reforma constitucional que podría iniciar el debate sobre la salida de Jalisco del Pacto Fiscal federal. Es un gesto audaz, por no decir temerario, que pone sobre la mesa la posibilidad de un enfrentamiento directo con el gobierno federal.
Por otro lado, tenemos la postura del gobernador electo, Pablo Lemus, quien ha adoptado una actitud más mesurada. Antes de considerar medidas extremas, ha señalado que lo primero es agotar el diálogo y buscar acuerdos para lograr un trato presupuestal más justo. En este contexto, Lemus ha anunciado su intención de abordar este tema directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión próxima.
Dos posturas, dos estilos: una de confrontación abierta y otra que busca la negociación. Más allá de quién tenga razón, resulta evidente que comenzar un mandato con una actitud combativa hacia el gobierno federal no es un augurio prometedor. La experiencia del propio Alfaro, marcada por constantes divisiones y enfrentamientos con AMLO, es prueba suficiente de que este camino no siempre produce los mejores resultados para el Estado.
Es aquí donde Ortega y Gasset resuena con más fuerza: Jalisco es él y su circunstancia. Si las circunstancias que enfrenta el Estado no se resuelven con sensatez y pragmatismo, no solo Jalisco sufrirá las consecuencias, sino todos sus habitantes. Dividirnos más, alejarnos de la posibilidad del consenso y perpetuar esta dinámica de polarización no hará sino agravar los problemas que ya enfrentamos. 
Al final, lo que está en juego no es simplemente una pugna entre visiones políticas. Lo que está en juego es el futuro de Jalisco y, por extensión, el de sus ciudadanos. ¿Qué camino tomará el Estado? Esa es una pregunta que requiere, como mínimo, reflexión, inteligencia y, sobre todo, una visión de estadista con un compromiso con el bienestar de quienes llamamos a Jalisco nuestro hogar.

Jalisco y sus circunstancias

Este martes 5 de noviembre, Estados Unidos define su rumbo en unas elecciones cuyo impacto cruzará fronteras. La decisión del Norte podría tener un impacto profundo en nuestro país, en sectores que afectan la vida cotidiana de millones de mexicanos. Lo que está en juego es de gran importancia, y aunque muchos podrían pensar que lo que sucede del otro lado de la frontera afecta poco o nada su vida cotidiana, esto no es del todo cierto.
La interdependencia económica de México con EE.UU., cimentada en el T-MEC, facilita el intercambio de bienes y servicios como el aguacate, el tequila y la industria electrónica. Además, existen en nuestra cultura y raíces lazos de migración y redes familiares que nos mantienen unidos tanto cultural como económicamente a través de las remesas. 
En cuanto a la cooperación en seguridad y el combate al crimen organizado, ambos países enfrentan retos compartidos, especialmente en temas como el tráfico de drogas y armas. Casos recientes en la justicia estadounidense, como los de García Luna, el “Mayo” Zambada, y el “Chapo” Guzmán y sus hijos, reflejan la complejidad de esta relación en el ámbito de seguridad.
El turismo y la migración son otros puntos de conexión: el flujo turístico entre ambas naciones es elevado, con millones de estadounidenses que visitan México cada año, y muchos migrantes y turistas mexicanos que viajan continuamente a EE.UU.
Para los jaliscienses en particular, la relación con EE.UU. es crucial en sectores clave para la economía del Estado, como el sector agroalimentario, la industria electrónica y el turismo. Dependiendo del estilo y enfoque del próximo presidente estadounidense, podrían endurecerse políticas comerciales, sanitarias o de flujo turístico, afectando de manera sensible a la economía local.
Por ejemplo, Donald Trump ha anunciado su intención de imponer un arancel del 10% a todas las importaciones, buscando incentivar la producción nacional. También ha expresado su interés en reevaluar los acuerdos comerciales existentes entre México y EE.UU. En temas migratorios, planea llevar a cabo deportaciones masivas, implementar políticas restrictivas y continuar con la construcción del muro fronterizo. Finalmente, propone una postura de mayor intervención en seguridad, con la posibilidad de realizar operaciones militares en territorio mexicano para enfrentar a los cárteles.
Por otro lado, Kamala Harris, en contraste con Trump, ha expresado su compromiso de mantener y fortalecer el T-MEC, así como de fomentar el “nearshoring” para atraer cadenas de suministro de vuelta a Norteamérica, una medida alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el ámbito migratorio, Harris propone una reforma integral que permitiría a inmigrantes indocumentados, bajo ciertos requisitos, legalizar su estatus en EE.UU. Además, plantea una colaboración regional con Centroamérica y México para promover el desarrollo económico en la región y reducir la migración forzada. En materia de seguridad y combate al narcotráfico, Harris enfatiza la importancia de trabajar en conjunto con México mediante labores de inteligencia y colaboración estrecha.
Como verán, estimados lectores, el resultado de estas elecciones presidenciales en EE.UU. podría tener repercusiones importantes en nuestra economía, comercio, turismo y seguridad. El futuro de la relación con nuestro vecino del Norte está en juego, y sus efectos podrían llegar más allá de lo que imaginamos. Por ello, es fundamental estar atentos a los resultados y preparados para adaptarnos a los posibles cambios que vendrán.

Estados Unidos elige: ¿Qué significa para México?

Nuestra Constitución Política, la Ley Suprema de la Nación, ha cumplido 107 años desde su promulgación en 1917, y es, con creces, la constitución más reformada en el mundo. Este dato, lejos de ser motivo de orgullo, refleja una realidad preocupante: Muchas de las reformas realizadas han respondido a intereses coyunturales y visiones políticas impuestas por los regímenes y partidos políticos dominantes en turno. La gran cantidad de cambios ha dado pie a una estructura fragmentada y desorganizada que parece más una colección de parches que un sólido marco de principios para la vida pública de México.
Las reformas, en sí mismas, no son necesariamente negativas. La sociedad, las costumbres y las circunstancias cambian, y nuestras leyes deben adaptarse a esta evolución. Sin embargo, el número de reformas acumuladas desde 1917 asciende a 787 en sus 136 artículos, y este constante “parcheo” ha transformado a nuestra Carta Magna en un documento normativo y regulador, más que en una guía de principios fundamentales que muchos constitucionalistas consideran esencial en una Constitución. Hoy, nuestra Constitución incluye detalles que deberían estar en leyes secundarias y se enfrenta al riesgo de perder su esencia original como fundamento de nuestro Estado y derechos.
La complejidad y extensión del texto constitucional actual han hecho que sea difícil de comprender para la mayoría de los ciudadanos y, en ocasiones, hasta para los jueces, magistrados y ministros. La falta de claridad se agrava cuando estos, junto con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, no logran ponerse de acuerdo sobre los roles y límites que deben observar al interpretar la Constitución y las leyes. Esta falta de consenso se ha evidenciado en temas como los límites de los jueces al revisar las reformas legislativas, o en la constante tensión entre el control constitucional y la actuación del Congreso de la Unión en su papel como integrante del constituyente permanente.
Este desorden no es una mera cuestión de estilo, sino un reflejo de un problema estructural: las reformas constitucionales no han estado guiadas por un consenso nacional sólido, sino que, en su mayoría, han sido el resultado de la imposición de visiones políticas de corto plazo, muchas veces carentes de un análisis profundo sobre sus implicaciones para el futuro del país. La constitución mexicana se ha convertido en un documento lleno de contradicciones internas, en el que se entremezclan preceptos que regulan derechos humanos con funciones específicas de organismos autónomos o disposiciones sobre políticas públicas concretas. Esta falta de coherencia genera inseguridad jurídica, y además abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y a abusos de poder.
El panorama internacional ofrece algunos ejemplos que invitan a la reflexión. Países como Bolivia y Ecuador, en contextos sociales y políticos diferentes, decidieron implementar nuevas constituciones a través de asambleas constituyentes, que resultaron en textos más adaptados a sus realidades contemporáneas y en cierto grado de consenso social. A pesar de que en México no se ha discutido ampliamente la posibilidad de una nueva constitución con mecanismos de participación popular, como el referéndum, el caso de Chile muestra los retos de construir consensos y refleja la importancia de un proceso consultivo amplio y participativo.
En los próximos meses, es previsible que surjan aún más reformas constitucionales. Cada nueva modificación plantea la pregunta fundamental: ¿Hasta qué punto una Constitución desorganizada y desarticulada en sus disposiciones sigue siendo un reflejo fiel del pacto social y del proyecto de nación? ¿Es hora de considerar una nueva Constitución, pensada no desde los intereses de una administración, sino desde un consenso nacional que atienda los desafíos del México contemporáneo?
Estas interrogantes invitan a un debate profundo y estructural. Más que una cuestión de conveniencia política, se trata de reflexionar sobre la identidad nacional y el modelo de país que queremos construir. Si aspiramos a una Constitución que verdaderamente represente los valores de justicia, equidad y transparencia que la ciudadanía exige, tal vez el momento ha llegado para reimaginar nuestro texto constitucional desde sus cimientos, y no solo seguir añadiendo remiendos a una estructura cada vez más frágil y fragmentada. Tal vez sea el momento de devolverle a la Constitución su papel original como un pacto de todos los mexicanos, construido sobre principios claros y sostenido por la voluntad de un México moderno que mira al futuro.

¿Requerimos una nueva Constitución?

El combate a la corrupción en México es uno de los desafíos más complejos y urgentes que enfrentan nuestras instituciones públicas. Jalisco, como una de las entidades federativas más relevantes del país, no ha estado exento de estos retos. En los últimos años, la creación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha buscado fortalecer las capacidades locales para enfrentar este problema. Sin embargo, al revisar encuestas, índices y reportes recientes, podemos observar que aún hay un largo camino por recorrer en la lucha por una gobernanza más transparente y libre de corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de “Transparency International” coloca a México en una posición preocupante en el escenario internacional, mostrando que más de dos tercios de los países evaluados tienen problemas graves de corrupción en el sector público. México no escapa de esta realidad, y los datos nacionales indican que, si bien ha habido esfuerzos importantes, la percepción ciudadana sobre la corrupción sigue siendo alarmantemente alta. Esto se refleja también en el Informe sobre el Combate a la Corrupción en México (2022) del IIRCCC, el cual destaca que la impunidad y el uso discrecional del presupuesto público siguen siendo obstáculos clave para avanzar en esta lucha.
Cuando analizamos los datos de Jalisco en comparación con otras entidades federativas, se puede ver que el Estado tiene logros importantes, pero también enfrenta serios desafíos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, el Estado se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto a la satisfacción ciudadana con los servicios públicos, uno de los aspectos clave para medir la efectividad de las políticas públicas anticorrupción.
Además, la tasa de actos de corrupción en Jalisco se mantiene en 24 mil 391 por cada 100 mil habitantes, lo que refleja que los ciudadanos continúan experimentando altos niveles de corrupción en su interacción con las autoridades y servicios públicos. A pesar de los avances en la implementación de políticas estatales anticorrupción, como señala el Informe del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) al tercer trimestre de 2024, la percepción ciudadana y los índices de corrupción indican que la ejecución de estas políticas aún no ha generado los resultados esperados.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco ha sido una de las principales herramientas para enfrentar la corrupción en el Estado. Desde su creación, el SEA ha buscado integrar y coordinar a diversas instituciones locales encargadas de la fiscalización, control y sanción de actos de corrupción. Sin embargo, los datos más recientes muestran que, aunque el sistema ha tenido algunos avances en su capacidad operativa, sigue enfrentando problemas estructurales que limitan su efectividad.
Por ejemplo, Jalisco tiene designadas 25 de las 27 posiciones clave dentro de su SEA, un logro significativo en términos de estructura organizativa. Sin embargo, según el informe del SNA, el Estado ha ejercido solo la mitad del presupuesto asignado para 2024, lo que limita la capacidad del sistema para operar a su máximo potencial. Este subejercicio de recursos plantea preguntas sobre la eficiencia en la administración pública y la capacidad del sistema para cumplir con sus objetivos.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta Jalisco en su lucha contra la corrupción es la percepción ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, un 71% de los jaliscienses considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en los gobiernos municipales, lo que indica un alto grado de desconfianza en las instituciones públicas. Esta percepción está alineada con los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del “World Justice Project”, donde Jalisco se ubica en el puesto 26 de 32 entidades en términos de adhesión al estado de derecho, particularmente en áreas como la corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
El combate a la corrupción en Jalisco es una tarea que requiere la participación activa de todos los actores involucrados: gobierno, sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general. Si bien el Sistema Estatal Anticorrupción ha logrado avances importantes, los datos muestran que aún existen áreas críticas que deben ser abordadas con mayor urgencia. La percepción de corrupción sigue siendo alta, y la confianza en las instituciones está erosionada.

El combate a la corrupción en Jalisco

El pasado 12 de octubre, la Benemérita Universidad de Guadalajara celebró su 99 aniversario. Fue en 1925 cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley Orgánica que regularía la sesión del primer Consejo General Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Desde entonces, la UdeG ha sido un pilar en la formación educativa y cultural de Jalisco y, por extensión, de México.
A lo largo de estos 99 años de existencia, la Universidad de Guadalajara ha escrito la historia de muchas familias, quienes, gracias a sus planteles, programas, aulas y docentes, han logrado acceder al conocimiento y obtener una educación de calidad. La UdeG ha sido un espacio donde generaciones enteras han tenido la oportunidad de forjar un futuro mejor, contribuyendo así al desarrollo social y económico del Estado.
Actualmente, la UdeG cuenta con una extensa Red de Centros Universitarios distribuidos a lo largo del territorio de Jalisco. Seis de ellos son temáticos y se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que nueve son Centros Universitarios Regionales, de carácter multitemático e interdisciplinario. Además, la Universidad se ha adaptado a los nuevos tiempos ofreciendo educación a distancia mediante el Sistema de Universidad Virtual, lo que permite ampliar el acceso a la educación superior. A esto se suma el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), que con sus 165 planteles ofrece educación de nivel medio superior o bachillerato a miles de jóvenes en todo el Estado. 
Más allá de la educación, la UdeG ha jugado un papel fundamental en la promoción de la cultura, las artes, la investigación y el deporte. No podemos olvidar las emociones que los Leones Negros han provocado en el futbol mexicano ni el destacado papel de la Universidad en eventos como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y, por supuesto, la Feria Internacional del Libro (FIL), que es la segunda feria del libro más importante del mundo y la más relevante en el ámbito de habla hispana.
Actualmente, la Universidad de Guadalajara cuenta con más de 270 mil estudiantes: 120 mil en el nivel superior (licenciaturas, maestrías y doctorados) y 150 mil en el nivel medio superior. Estas cifras no solo reflejan la magnitud de la Universidad, sino también su compromiso con la formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento.
Lo logrado por la UdeG en estos 99 años no es cosa menor. Es una de las universidades más importantes de México y de toda Latinoamérica, lo que debe llenarnos de orgullo como jaliscienses y mexicanos. Su influencia trasciende las fronteras de lo académico, impactando en el desarrollo cultural, social y económico de la región.
Si bien es cierto que la UdeG, como universidad pública, enfrenta limitaciones presupuestarias y desafíos propios de una educación masiva, ha logrado sobresalir en la formación profesional de millones de egresados. Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y muchos otros profesionales formados en sus aulas han contribuido al progreso y bienestar de Jalisco y su entorno. 
Enhorabuena a la Universidad de Guadalajara por sus primeros 99 años de vida. Que el próximo siglo siga siendo testigo de su crecimiento y de su invaluable aporte a la educación y a la sociedad.

Los 99 años de la Universidad de Guadalajara

En días pasados, la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, emitió la convocatoria para elegir a un integrante del Comité de Participación Social (CPS) el cual, sustituirá a David Gómez Álvarez, quien culmina con su nombramiento como integrante del CPS el último día de octubre.
Quizás para muchos pase desapercibido el rol e importancia que juegan tanto el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como el CPS, que forma parte del propio sistema. Y es que en términos del combate a la corrupción, podríamos decir que son estructuras relativamente de reciente creación. Además, que se han tenido que ir construyendo a contracorriente, entiéndase, a pesar de las adversidades que se presentan por la pobre o casi nula voluntad de actores políticos, gobiernos y porqué no decirlo, un grado importante de apatía, desinterés o incluso desconocimiento del tema por parte de la sociedad en general.
Sexenio tras sexenio, gobiernos, candidatos y elecciones van y vienen, y las demandas sociales prácticamente, poco cambian. Podríamos decir que tanto la inseguridad como el combate a la corrupción, así como el empleo y la economía, son los clamores sociales más recurridos. Y a pesar de que la lucha contra la corrupción ha sido utilizada como lema o estandarte de campañas políticas, al momento de llegar al poder dejan en el olvido o en la última de sus prioridades a la lucha contra la corrupción.
Por ello, afirmo que el CPS ha tenido que remar a contracorriente, inclusive, hay Estados que lejos de fortalecer a los Comités de Participación Ciudadana, prácticamente los han querido desaparecer, casos como Campeche, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco y Veracruz, donde han sido omisos al integrar los Comités de Participación Ciudadana o han dejado de nombrar a sus integrantes.
Podríamos decir que el CPS Jalisco ha tenido un papel de claroscuros y momentos complicados, con enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y algunos de sus integrantes, y por momentos, con cierta paz o tranquilidad y armonía. Pero al fin, el CPS es un ente vivo, con amplias posibilidades de poder crecer y tener un papel aún más relevante en la lucha contra la corrupción en Jalisco.
En esta ocasión, fueron 17 aspirantes inscritos, 3 mujeres y 14 hombres, que de acuerdo con el comunicado de la Comisión de Selección, todos ellos presentaron “expedientes completos y cumplieron con los requisitos de la convocatoria”. El siguiente paso es que el comité de selección, deberá dar a conocer a más tardar el día 11 de octubre la lista de 10 perfiles seleccionados por ellos como los mejores perfiles, así como el calendario de entrevistas. 
En el ideal, tendrían que elegir a perfiles que no tengan ningún tipo de conflicto de interés o no tengan vínculo alguno con partido o gobierno, puesto que esto rompería con la imparcialidad que requiere el CPS.

CPS – Jalisco

Laura Haro Ramirez

Eliminar la violencia

Laura Castro Golarte

El teatro de Alfaro ¿última función?

Mi pecho no es bodega

Favio Castellanos

Simplificación administrativa, No eliminación

Jonás

Karla Planter, rectora de la UdeG en el siglo XXI

Más allá de preferencias o fobias, estamos ante un hecho histórico para México: por primera vez en la historia del país, una mujer, la Dra. Claudia Sheinbaum, se convertirá en presidenta a partir del 1 de octubre.
Por el comportamiento de las instituciones y las reformas en materia de paridad de género, considero que solo era cuestión de tiempo para que una mujer llegara a la silla presidencial.
En el Poder Judicial, aunque la presencia de mujeres como ministras no es nueva, el hecho de que en enero de 2023 una mujer, la ministra Norma Piña, se haya convertido en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende, del Poder Judicial, es significativo. 
En el Poder Legislativo Federal, dos mujeres presidieron simultáneamente las cámaras legislativas: Marcela Guerra Castillo en la Cámara de Diputados y Mónica Fernández Balboa en el Senado.
A esto se suma que no podemos perder de vista que el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también son presididos por mujeres. Además, la Secretaría de Gobernación, junto con otras destacadas dependencias del gabinete federal, ha sido dirigida por mujeres.
Por todo ello, este próximo 1 de octubre se inscribirá en la historia de México con letras de oro, como el resultado de muchos años de lucha de las mujeres por romper el techo de cristal.

Rompiendo el techo de cristal: Sheinbaum primera presidenta de México