La política migratoria debe cambiar
A un día de haber llegado a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se topa con una tragedia que da muestra de la urgencia que existe por cambiar la política migratoria en México.
El miércoles de esta semana seis migrantes murieron y 10 más resultaron heridos de bala tras una persecución por parte de elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. “Soldados en tareas de patrullaje detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, que los evadió. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento. Al acercarse, los uniformados identificaron a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe, de los cuales, cuatro habían fallecido, 12 estaban lesionados y 17 se encontraban ilesos; los heridos fueron trasladados al Hospital General de Huixtla, donde murieron dos extranjeros más. La Sedena separó de sus funciones a los uniformados para realizar las investigaciones correspondientes”. (La Jornada, 3 de octubre de 2024).
Las situaciones como la sucedida esta semana en Chiapas son consecuencia directa de ordenar la militarización para enfrentar el fenómeno migratorio. Los soldados desplegados desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur con Enrique Peña Nieto y luego el envío al Sur del país de miles de elementos de la Guardia Nacional con Andrés Manuel López Obrador para detener el flujo migrante, ha potenciado los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Por otro lado, la tan mencionada política para humanizar el proceso migratorio a través de nuestro país, si bien ha tenido aciertos como la posibilidad de que los migrantes ingresen a los programas sociales y puedan obtener empleo en los estados del Sureste, no ha logrado desterrar las prácticas de criminalización, victimización, discriminación y no reconocimiento de las personas migrantes. En tanto la política migratoria continúe diseñándose y ejerciéndose desde una visión de seguridad nacional, los resultados serán los mismos: mayor violencia e inseguridad para quienes buscan atravesar la “frontera vertical” mexicana o instalarse definitivamente en nuestro país.
En este sentido, planteo nuevamente que el Instituto Nacional de Migración (INM) sea elevado a rango de Secretaría de Estado para multiplicar su presupuesto, sus funciones, el número de su personal y así pueda profundizar sus acciones en favor de los migrantes. Asimismo, sigue siendo urgente que México ingrese al Convenio CA4 signado por los países del Triángulo del Norte centroamericano: Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Nicaragua, que garantiza la libre circulación de los ciudadanos de esas naciones a través de sus fronteras.
El cambio en este sentido en el marco institucional que atiende la migración por nuestro país, garantizaría un mejor escenario para los miles de migrantes que anualmente ingresan a la República Mexicana. Además, es urgente retirar a los militares y miembros de la Guardia Nacional de labores que deben ser realizadas por personal capacitado del INM.
El amanecer del sexenio claudista me parece un tiempo adecuado para que la presidenta de la República realice cambios sustanciales en la política migratoria que garantice la humanización de dicho proceso. Que sus palabras de no “sometimiento” a gobiernos extranjeros se materialicen en políticas nacionales y no en imposiciones desde la Casa Blanca para atender el fenómeno migratorio.
