La reforma judicial… ¿golpe de Estado?

En el tercer día de la nueva administración, una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron la sorpresa: aprobaron con votación de ocho contra tres, que atraerán las reformas constitucionales denominadas “reforma judicial”, para revisar su validez y eventual aplicación. Es un giro radical a lo que está pasando.

Vamos a explicarnos.

Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México, está todavía atendiendo una agenda de emergencia conjunta con su entrada triunfal en escena.

Después de la fiesta que fue su rendición de protesta en la Cámara de Diputados y el encuentro popular en el Zócalo de CDMX, siguió su visita –afortunada, hay que reconocerlo, aunque también mediática– al lastimadísimo Acapulco. Este jueves, casi como para cerrar el ciclo, recibió la promesa de fidelidad y obediencia del Ejército Mexicano en todas sus ramas. Algo trascendental y necesario.

Pero mientras la nueva presidenta del país completaba las liturgias del poder, los ministros de la Suprema Corte siguieron con lo suyo. ¿Qué pasó con la llamada “reforma judicial”, ese paquete enorme de cambios constitucionales que además contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros? Pues sucedió que en un giro magistral de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, sometió a votación de sus pares si es válido o no revisarla.

Y como en la vapuleada Suprema Corte también se manejan por votación, ganó la mayoría: ocho votos a favor de revisar y tres en contra.
De inmediato saltaron dos de las ministras más polémicas y más fieles a la causa de Andrés Manuel López Obrador: Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Advierten que estamos ante un “golpe de Estado constitucional”.
Es casi ridículo este argumento.
Sin embargo, sí estamos entrando en un terreno muy pantanoso.

Ya no está López Obrador y su imposición presidencial. Está Claudia Sheinbaum en el estreno de su presidencia. ¿Actuará como su antecesor? ¿Alegará otros datos? ¿Impondrá su autoridad? ¿O será más mesurada? Estamos por verlo.
Los otros actores políticos ya están actuando.

El presidente del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno, envalentado porque se acaba de avalar la reforma estatutaria de su partido que le garantiza el control, anunció que el Senado no puede desentenderse; el jalisciense Clemente Castañeda negó que haya golpe de Estado y puntualiza que aunque inédito, el debate en la Suprema Corte si puede revisar si las reformas son válidas o no.

Mientras tanto, está en la memoria inmediata el hecho de que Ricardo Monreal, diputado federal y coordinador (controlador) de la mayoría calificada de Morena, PT y Verde, le pidió al Consejo General del INE que desacate las órdenes judiciales que ordenan frenar la elección de jueces, magistrados y ministros.

No sólo es Acapulco bajo el agua; no sólo son los migrantes orientales asesinados por soldados mexicanos en Chiapas. Otra crisis se gesta para el gobierno de Sheinbaum Pardo.

Anoche y por más noches, no se duerme en los pasillos y oficinas de Palacio Nacional.