El combate a la corrupción en México es uno de los desafíos más complejos y urgentes que enfrentan nuestras instituciones públicas. Jalisco, como una de las entidades federativas más relevantes del país, no ha estado exento de estos retos. En los últimos años, la creación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha buscado fortalecer las capacidades locales para enfrentar este problema. Sin embargo, al revisar encuestas, índices y reportes recientes, podemos observar que aún hay un largo camino por recorrer en la lucha por una gobernanza más transparente y libre de corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de “Transparency International” coloca a México en una posición preocupante en el escenario internacional, mostrando que más de dos tercios de los países evaluados tienen problemas graves de corrupción en el sector público. México no escapa de esta realidad, y los datos nacionales indican que, si bien ha habido esfuerzos importantes, la percepción ciudadana sobre la corrupción sigue siendo alarmantemente alta. Esto se refleja también en el Informe sobre el Combate a la Corrupción en México (2022) del IIRCCC, el cual destaca que la impunidad y el uso discrecional del presupuesto público siguen siendo obstáculos clave para avanzar en esta lucha.
Cuando analizamos los datos de Jalisco en comparación con otras entidades federativas, se puede ver que el Estado tiene logros importantes, pero también enfrenta serios desafíos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, el Estado se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto a la satisfacción ciudadana con los servicios públicos, uno de los aspectos clave para medir la efectividad de las políticas públicas anticorrupción.
Además, la tasa de actos de corrupción en Jalisco se mantiene en 24 mil 391 por cada 100 mil habitantes, lo que refleja que los ciudadanos continúan experimentando altos niveles de corrupción en su interacción con las autoridades y servicios públicos. A pesar de los avances en la implementación de políticas estatales anticorrupción, como señala el Informe del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) al tercer trimestre de 2024, la percepción ciudadana y los índices de corrupción indican que la ejecución de estas políticas aún no ha generado los resultados esperados.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco ha sido una de las principales herramientas para enfrentar la corrupción en el Estado. Desde su creación, el SEA ha buscado integrar y coordinar a diversas instituciones locales encargadas de la fiscalización, control y sanción de actos de corrupción. Sin embargo, los datos más recientes muestran que, aunque el sistema ha tenido algunos avances en su capacidad operativa, sigue enfrentando problemas estructurales que limitan su efectividad.
Por ejemplo, Jalisco tiene designadas 25 de las 27 posiciones clave dentro de su SEA, un logro significativo en términos de estructura organizativa. Sin embargo, según el informe del SNA, el Estado ha ejercido solo la mitad del presupuesto asignado para 2024, lo que limita la capacidad del sistema para operar a su máximo potencial. Este subejercicio de recursos plantea preguntas sobre la eficiencia en la administración pública y la capacidad del sistema para cumplir con sus objetivos.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta Jalisco en su lucha contra la corrupción es la percepción ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, un 71% de los jaliscienses considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en los gobiernos municipales, lo que indica un alto grado de desconfianza en las instituciones públicas. Esta percepción está alineada con los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del “World Justice Project”, donde Jalisco se ubica en el puesto 26 de 32 entidades en términos de adhesión al estado de derecho, particularmente en áreas como la corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
El combate a la corrupción en Jalisco es una tarea que requiere la participación activa de todos los actores involucrados: gobierno, sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general. Si bien el Sistema Estatal Anticorrupción ha logrado avances importantes, los datos muestran que aún existen áreas críticas que deben ser abordadas con mayor urgencia. La percepción de corrupción sigue siendo alta, y la confianza en las instituciones está erosionada.