Prueba de fuego

En la campaña presidencial del 2012 entrevisté a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y le pregunté si antes de la elección federal detendrían a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La respuesta fue decepcionante. No tenía idea del caso. Mal.

Y es que sólo una detención de ese nivel podría darle más votos a los panistas para remontar la ventaja que tenía el priista Enrique Peña Nieto, quien se convertiría en Presidente de México meses después.

Hoy tenemos la película completa. Se confirma que el Gobierno panista jamás intentó detener a uno de los peores criminales de la historia del país, en tiempos donde el Cártel de Sinaloa enfrentaba una batalla sangrienta contra el Cártel de Juárez y Los Zetas. “El Chapo” fue el consentido del Gobierno federal, a pesar de las declaraciones de que el narco se paseaba por las calles de Sinaloa como un héroe.

Recordé la entrevista con Josefina ahora que sentenciaron a Genaro García Luna a más de 38 años de prisión. Obviamente, la condena es en Estados Unidos, luego que el jurado encontró pruebas suficientes para condenarlo por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cártel de Sinaloa, que lideró “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.
Tras la sentencia, las declaraciones de Felipe Calderón son ridículas, al desmarcarse de su ex secretario de Seguridad y asegurar que jamás se enteró de sus nexos con el crimen organizado. Por acción u omisión, el ex presidente tiene responsabilidad.

Pero la versión del Gobierno de Claudia Sheinbaum no se queda atrás y también hace el ridículo. Afirmar que solicitarán la extradición a México de García Luna es un mal chiste, ya que deben pasar esos 38 años para que inicie el proceso. Y no hay nada seguro.

En México, según la Fiscalía General de la República, García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión. La primera: por contratos irregulares para las cárceles mediante empresas de lavado de dinero durante 2009 y 2018. La segunda: por su participación como secretario de Seguridad en el operativo “Rápido y furioso”, que permitió el ingreso de armas de Estados Unidos durante su gestión y que terminaron en manos del narcotráfico, desatando una guerra sangrienta entre los cárteles de la droga. Y la tercera: se le acusa por el encubrimiento en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994 (supuestamente protegió a Jorge Antonio “S”, un agente federal asignado a la protección de Colosio y señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato. La Fiscalía afirma que García Luna ayudó a ocultar la identidad del agente y facilitó su salida de Tijuana tras el asesinato del candidato presidencial).

Es un hecho que el Gobierno no encarcelará a Felipe Calderón por los delitos de su secretario de Seguridad, por su complicidad o por sus omisiones. Pero si la Fiscalía General quiere demostrar que sí combate al crimen organizado, hay dos acciones contundentes por emprender: investigar a los funcionarios cercanos a García Luna y también a todos los fiscales y secretarios de Seguridad de las 32 Entidades federativas durante el periodo 2006-2012, quienes deben tener mucha información o relación con el sentenciado en Estados Unidos.

Prueba de fuego para el Gobierno de Sheinbaum.