El 16 de octubre pasado, el Senado aprobó el decreto por el que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejen de ser Empresas Productivas del Estado para pasar a ser Empresas públicas del Estado. El paso siguiente es que sea aprobada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para su promulgación y entrada en vigor.
Esto revierte la Reforma Energética de Peña Nieto aprobada el 22 de julio de 2014 y que buscaba que estas empresas se administraran con criterios rentables, con autonomía técnica, operativa y de gestión para mejorar su eficiencia. Se buscaba fomentar la competencia de la empresa y facilitar a empresas privadas participar en la cadena productiva del petróleo y la electricidad.
Es decir, se abrió la puerta a la inversión privada para participar en actividades que antes eran exclusivas de Pemex y la CFE.
La idea era hacer una empresa más competitiva a nivel internacional manteniendo su carácter de empresa estatal.
La verdad es que ello no funcionó, no fueron empresas productivas, rentables ni competitivas.
El gobierno de Andrés Manuel ha tratado de revertir la situación sin lograrlo, es por ello que, buscando una mayor injerencia en dichas empresas, los diputados y senadores votaron a favor de volverlas empresas paraestatales o públicas, buscando con ello mayores beneficios para la población, argumentando que ello generará electricidad y gasolina a un precio accesible y al alcance de todos.
Sin embargo, como en todo tiene sus puntos negativos como, por ejemplo:
Otros aspectos relevantes, solo con referencia a Pemex, son los siguientes: