El Padre Marcelo Pérez Pérez
La violencia contra los grupos indígenas en el Estado de Chiapas es sempiterna. Durante siglos han sufrido el desprecio, la explotación, el racismo, el saqueo de sus riquezas naturales, la humillación y el abandono por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Más tardamos en denunciar el último acto de violencia que en conocer uno nuevo.
Las violencias sufridas por las comunidades indígenas nos muestran que la descomposición social en Chiapas está lejos de haber tocado fondo, y peor aún, al paso de los años se han multiplicado y diversificado frente a la indiferencia de los gobiernos.
Así, tenemos el uso del poder económico y político de las élites estatales contra las comunidades originarias con la finalidad de expoliar las riquezas comunales sean acuíferas, boscosas, agrícolas, minerales, culturales, o incluso tomarlos como botín político. Sin olvidar el clasismo, racismo y discriminación sufrido por los indígenas, frente a grupos que se sienten herederos de las peores tradiciones de discriminación en el Estado.
No podemos olvidar el sistemático maridaje entre autoridades y poderes económicos para beneficio personalísimo y uso patrimonialista de los recursos públicos, cargado todo sobre las espaldas indígenas. Vemos la violencia política contra grupos zapatistas y prozapatistas teniendo a los paramilitares como brazo armado, financiado y protegido por miembros del gobierno y potentados terratenientes. De igual manera, aparece la violencia criminal ejercida por grupos del crimen organizado quienes a punta de bala eliminan las resistencias sociales para sentar sus reales y echar a andar sus negocios ilícitos que van desde el tráfico de personas y droga, la prostitución, la venta de armas y una creciente extorsión y exigencia de pago de piso a diversos miembros de la sociedad. Sin olvidar, desde luego, las prácticas de narcoparamilitarismo que han comenzado a recorrer varias comunidades zapatistas.
Todo lo que hoy sufren los pueblos indígenas de Chiapas, hace palidecer la sufrida vida de las mujeres indígenas retratadas magistralmente por Rosario Castellanos en “Mujer que sabe latín”. Pareciera que lejos de haber construido una sociedad que acabara con la explotación indígena retratada por ella, no empeñamos, y lo hemos logrado, en agudizar las difíciles condiciones de vida de miles de indígenas y campesinos en Chiapas y el resto de la república mexicana.
Este es el contexto en el cual el fin de semana pasado fue asesinado el indígena tzotzil y sacerdote Marcelo Pérez Pérez, originario de San Andrés Larráinzar, con varios disparos al salir de oficiar una misa en el barrio Cuxtitali, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El sacerdote llevaba años denunciado los actos de violencia contra las comunidades indígenas, promoviendo la paz y defendiendo los territorios comunales.
Este asesinato confirma la crisis de desgobierno que se vive en Chiapas y los altos niveles de violencia sufridos por las comunidades indígenas.
Ni el gobierno morenista de Rutilio Escandón, ni el federal con Claudia Sheinbaum, han hecho lo necesario para acabar con la violencia y ataques a los indígenas. Si bien, ya detuvieron al presunto asesino de Marcelo Pérez Pérez, es necesario determinar el motivo de la agresión y quién la ordenó. De lo contrario, ambos niveles de gobierno seguirán mostrando que lo único que les interesa es maquillar la terrible situación económica, política y social en la que subsisten cientos de miles de indígenas.
