Anuar García Gutiérrez

Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, reconocidos destinos turísticos en la costa del Pacífico mexicano, enfrentan una preocupante amenaza que ha encendido alertas diplomáticas y pone en tela de juicio la respuesta local: el uso de aplicaciones de citas como herramienta para cometer secuestros y extorsiones.
En lo que va del 2025, la Fiscalía de Jalisco ha confirmado tres casos oficiales de secuestros vinculados al uso de apps como Tinder, Bumble o Grindr, en los que las víctimas, principalmente turistas estadounidenses, fueron contactadas, citadas en sitios públicos y posteriormente llevadas a lugares aislados donde fueron retenidas y obligadas a entregar grandes sumas de dinero.
Uno de los casos más recientes, ocurrido en mayo, involucró el secuestro exprés de un ciudadano estadounidense en un condominio privado de Puerto Vallarta. Gracias a la intervención de autoridades locales y el FBI, se logró el rescate de la víctima y la detención de un sujeto identificado como Edwin Aran “N”, hoy vinculado a proceso por secuestro agravado.
A diferencia de Jalisco, la Fiscalía de Nayarit no ha emitido cifras oficiales sobre casos en Nuevo Vallarta, pese a que este destino también figura en las advertencias consulares. Fuentes extraoficiales indican que la falta de denuncias se debe al miedo de las víctimas a represalias, la desconfianza institucional y el desconocimiento del proceso legal, factores que generan una cifra negra alarmante.
Ante la pasividad local, ha sido el gobierno de Estados Unidos el que ha encendido la alarma. A través de su consulado en Guadalajara, se emitió una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos ejercer extrema precaución al utilizar apps de citas en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit, tras documentar múltiples reportes de secuestros y extorsión, incluso en casos no denunciados formalmente ante las fiscalías estatales.
“Las víctimas conocieron a sus agresores mediante aplicaciones móviles y fueron privadas de su libertad en citas pactadas”, indicó el comunicado oficial. “Se recomienda a los viajeros no compartir información sensible, evitar encuentros privados y mantener informados a familiares sobre sus planes”.
Estos hechos se suman a al menos siete casos de secuestro virtual en el Estado de Jalisco durante el mismo periodo, una modalidad de extorsión telefónica que continúa en expansión, especialmente en zonas turísticas y con población extranjera vulnerable, principalmente playas o lugares poco frecuentados.
La falta de una respuesta sólida, sistemática y preventiva por parte de las autoridades locales genera una preocupante brecha de impunidad, en la que el crimen organizado aprovecha nuevas tecnologías para sofisticar sus métodos y evadir la acción judicial. 
Las apps de citas, pensadas para conectar a personas, se han transformado en armas digitales para la comisión de delitos complejos que combinan tecnología, manipulación psicológica y estructuras criminales organizadas. Mientras tanto, el silencio institucional y el subregistro de casos en lugares como Vallarta deja a cientos de personas, locales y extranjeras en riesgo.
La seguridad no puede seguir siendo selectiva ni silenciosa, porque cuando la justicia calla, la impunidad habla más fuerte.

Anuar García

Apps de citas: el nuevo riesgo silencioso en Puerto Vallarta

El 1 de junio de 2025 no sólo será recordado como la fecha en que se realizó una de las votaciones más bajas de la historia democrática de México, sino como el momento simbólico en que el país confirmó lo que muchos temían: el inicio de una dictadura de facto, disfrazada de democracia participativa.
La reforma al Poder Judicial, promovida desde los tiempos de López Obrador y perfeccionada bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, buscó presentar al pueblo la supuesta oportunidad de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Pero detrás de esa narrativa de “ciudadanía empoderada” se esconde una estrategia clara: eliminar cualquier contrapeso al poder presidencial, y con ello consolidar una sola voluntad política bajo el disfraz de legalidad. 
Voto popular, simulación institucional.
Según datos oficiales del INE, sólo el 12.08% de los mexicanos participaron en la elección judicial. Es decir, menos de 1 de cada 8 ciudadanos acudió a las urnas para elegir a los encargados de impartir justicia. Y de esos votos, más de 2 millones fueron nulos o en blanco. Aun así, Morena se autoproclamó triunfador y ya perfila a sus perfiles clave dentro de la Suprema Corte.
Uno de ellos es Hugo Aguilar Ortiz, quien será, según cifras preliminares, el nuevo presidente de la Corte. Su llegada ha sido vendida como un logro para la representación indígena, dado su origen mixteco. Pero hay que ir más allá del símbolo para entender el fondo del problema.
Aguilar Ortiz fue coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y estuvo a cargo de las consultas realizadas en 2019 para permitir proyectos federales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o el Plan Integral del Istmo. Dichas “consultas” fueron señaladas por la ONU como simulaciones, pues se presentaron como ejercicios democráticos pero, en realidad, ya venían condicionadas desde el poder: las obras se ejecutarían con o sin el consentimiento de los pueblos.
El rol de Hugo Aguilar no fue el de un defensor de las comunidades originarias, sino el de un operador político que permitió —a través de mecanismos institucionales— que el gobierno federal avanzara en proyectos que han desplazado, fragmentado y vulnerado a los pueblos indígenas. Paradójicamente, quien hoy promete llevar “la justicia indígena” a la Suprema Corte, ha sido parte activa de su silenciamiento. 
Un solo poder: el Ejecutivo.
La elección judicial, lejos de democratizar al Poder Judicial, lo ha vuelto funcional al proyecto político de la 4T. El equilibrio de poderes quedó reducido a una anécdota constitucional. El Legislativo ya es una mayoría mecánica de Morena. Y ahora, con ministros electos desde las filas del oficialismo y por una participación marginal, el Poder Judicial también se ha alineado al partido dominante.
La autonomía de los jueces fue intercambiada por la popularidad en boletas. Los méritos jurídicos, por la fidelidad partidista. Y el control constitucional, por una estructura vertical que responde al proyecto de nación de un solo partido.
Lo más preocupante no es sólo lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir. ¿Cómo esperar que esta nueva Corte revise con imparcialidad las leyes promovidas por el Ejecutivo? ¿Qué garantías tiene un ciudadano opositor, un colectivo ambientalista, un defensor de derechos humanos, ante un tribunal electo no por capacidad sino por cercanía política?
¿Democracia o dictadura institucional? 
La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la existencia de contrapesos reales, de libertad de expresión, de pluralidad institucional. Hoy, con una Corte supeditada, una Fiscalía subordinada y un Congreso alineado, México enfrenta un riesgo real de regresión autoritaria.
La Cuarta Transformación prometió regenerar la vida pública, pero en su intento de moralizar al Estado, ha terminado por despojarlo de toda autonomía. La justicia ya no será ciega, sino partidaria. Ya no será un poder, sino un brazo. 
La dictadura no siempre llega con tanques ni represión directa. A veces llega disfrazada de consulta. A veces se llama democracia, pero se comporta como tiranía. 
Y lo más grave de todo: se legitima con el silencio de quienes deberían alzar la voz.

Comienza la dictadura de la 4T

Aunque las autoridades de Jalisco han insistido en que los homicidios dolosos han disminuido durante el primer trimestre del 2025, la percepción de inseguridad entre la población no mejora. Por el contrario, nuevos focos rojos han comenzado a emerger, como el aumento de desapariciones forzadas y la acumulación de cuerpos no identificados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde la mayoría corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró 265 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2025, lo que representa una tasa proyectada de 4.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, abril se convirtió en el mes más violento del año, con 104 homicidios dolosos reportados, cifra que contradice el discurso de pacificación promovido por las autoridades estatales. 
Organizaciones como el Observatorio sobre Seguridad y Justicia del ITESO han advertido sobre la posible reclasificación de delitos para maquillar las estadísticas, generando desconfianza en los datos oficiales.
Más preocupante aún es el incremento en desapariciones forzadas. Entre enero y abril de 2025, se reportaron mil 123 personas desaparecidas en Jalisco. De ese total, 616 permanecen sin ser localizadas. El grupo de edad más afectado son los adolescentes de 15 a 19 años, que ahora encabezan las estadísticas, superando incluso a adultos jóvenes.
Este grupo está siendo sistemáticamente reclutado por células del crimen organizado para labores de halconeo, narcomenudeo y vigilancia, especialmente en áreas metropolitanas como Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrenta una crisis, ya que de diciembre de 2024 a abril de 2025, se han ingresado 371 cuerpos o segmentos humanos sin identificar, es decir, entre dos y tres diarios. Muchos de estos restos permanecen en refrigeración o fosas comunes, sin que se hayan realizado los análisis necesarios para su identificación; familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denuncian que el trato institucional ha sido ineficiente y revictimizante. La lentitud en los procesos de identificación ha agravado el sufrimiento de cientos de familias, que siguen sin respuestas. 
El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, utilizado como centro de exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es prueba del poderío criminal en el Estado. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por reforzar la estrategia de búsqueda y contención, los resultados siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema que se enfrenta en Jalisco.
Las autoridades estatales intentan enviar el mensaje de que “todo está bajo control” en Jalisco, pero los hechos lo contradicen: por cada delito que parece reducirse, otro emerge con mayor intensidad. La población no solo convive con el miedo, sino también con la frustración de una justicia que parece estancada en un Estado donde se “tapa un hoyo y se abre otro”; la verdadera solución exige más que discursos: exige acción, coordinación y voluntad real para enfrentar a fondo al crimen organizado.

Jóvenes de 15 a 19 años, los más vulnerables en Jalisco

La narrativa oficial del gobierno federal busca pintar un panorama optimista en materia de seguridad, pero al revisar los datos reales, la distancia entre el discurso y los hechos se vuelve evidente. Uno de los casos más recientes es la afirmación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que durante los primeros siete meses del actual gobierno federal, se han detenido más de 20 mil personas por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, al contrastar esa cifra con los registros disponibles, surge una verdad distinta, ya que desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder hasta la fecha, se tiene conocimiento de alrededor de siete mil detenciones, de las cuales una gran parte está vinculada a delitos del fuero común y solamente mil 577 están relacionadas directamente con delitos de alto impacto o delincuencia organizada; las cifras presentadas por el gobierno no solo están infladas, sino que son engañosas en su categorización de delincuencia organizada.
Lo que nos queda claro como ciudadanos comunes es que la estrategia se sintetiza en englobar detenciones por delitos menores bajo el tópico de “alto impacto” para inflar resultados, manipular la percepción pública y posicionar una imagen de eficiencia que no corresponde con la realidad de muchas regiones del país, donde la violencia y el crimen continúan escalando. Aunado a lo anterior, las cifras oficiales no desglosan cuántos de estos casos se han judicializado ni cuántos procesos federales están actualmente activos en juzgados penales federales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la FGR, en 2024 se iniciaron más de 78 mil carpetas de investigación a nivel federal, pero no existe un desglose específico sobre cuántas corresponden a delitos de delincuencia organizada. Esta opacidad y ambigüedad estadística impiden evaluar realmente la eficacia de las estrategias de seguridad y justicia.
La sociedad mexicana merece cifras claras, datos verificables y una política de seguridad basada en hechos, no en ficciones oficiales. El maquillaje de estadísticas solo contribuye a fortalecer la impunidad y a debilitar la confianza en las instituciones. Siendo así, todo lo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está manejando, es una estrategia de publicidad que omite la veracidad de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país, como vil política. 
Porque la verdad, aunque incómoda, es el primer paso para recuperar la justicia.

Cifras irreales en la detención de delincuentes de alto impacto

Teocaltiche, Jalisco, se ha convertido en el espejo más crudo de la violencia que sacude al país. No solo por su ubicación estratégica —donde confluyen rutas con Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes— sino porque ha sido el escenario de una guerra silenciosa entre grupos criminales que disputan el control del territorio y sus corredores ilegales.
Esta guerra no se esconde: se expresa con amenazas públicas entre los propios cárteles, asesinatos de funcionarios, desplazamiento forzado de familias enteras y hasta la instalación de cámaras de vigilancia tipo C5 por parte de los propios grupos delictivos. Durante meses, esas cámaras funcionaron sin que nadie del Estado interviniera, hasta que la Secretaría de Seguridad Pública comenzó a retirarlas.
Más de 40 mil habitantes conviven con el miedo. Nueve funcionarios asesinados, familias enteras huyendo, calles patrulladas por el crimen. La violencia aquí no se avecina, ya está instalada. Y no, no es que “se va a incrementar”; es que se ha normalizado.
¿La solución? No basta con la presencia testimonial de fuerzas armadas. Lo que se necesita es una estrategia coordinada entre SEDENA, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales. Se requieren detenciones de alto impacto, inteligencia operativa y voluntad política real.
Teocaltiche es hoy territorio disputado. Pero también puede ser ejemplo de cómo enfrentar la violencia si se actúa con contundencia. De lo contrario, seguirá siendo otra muestra de las reglas no escritas que rigen el país: donde el abandono institucional deja campo libre a quien impone la ley por la fuerza.

Teocaltiche, el epicentro olvidado de la violencia

El discurso que se maneja en el Estado de Jalisco habla de una reducción en la comisión de delitos, sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen otra cosa:
• 2023: mil 443 homicidios dolosos, con una tasa de 17.5 por cada 100 mil habitantes. 
• 2024: mil 446 homicidios dolosos, con una tasa de 16.92 por cada 100 mil habitantes. 
• 2025: (enero-marzo): 265 homicidios dolosos cometidos en lo que va del año.
Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo la realidad en las calles. La opacidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco ha sido señalada por organizaciones y medios, especialmente en la clasificación de delitos como los feminicidios y la desaparición forzada. Desde 2023, no se han publicado cifras claras sobre estos delitos, y en años posteriores (2024 y 2025), la información ha sido prácticamente inexistente por la desatención de las normas que obligan a transparentarla.
Otro dato alarmante es el crecimiento continuo en las desapariciones. Según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID): 
• 2023: 14 mil 459 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes. 
• 2024: 15 mil 216 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes. 
• 2025: 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes.
Mientras tanto, otros estados como Yucatán y Coahuila han logrado posicionarse como modelos nacionales en materia de seguridad pública, gracias a estrategias sólidas y resultados verificables por las mismas organizaciones de la sociedad civil.
Yucatán cuenta con seguridad integral y una cultura de paz; su tasa de homicidios dolosos en 2024 fue de solo 0.90 por cada 100 mil habitantes; presenta un sistema judicial eficiente, una baja presencia del crimen organizado y una alta inversión en cultura de paz, con percepción positiva entre la ciudadanía. Su presupuesto en materia de seguridad fue de aproximadamente cuatro mil 172 millones de pesos, lo que equivale a más de mil 813 pesos por cada mil habitantes, mientras que Coahuila ha implementado tecnología y estrategias efectivas, siendo Torreón considerada la quinta ciudad más segura de México según el INEGI (2025), con una disminución sostenida en robos y homicidios, así como programas constantes de capacitación policial. 
Aunque no se cuenta con una cifra desglosada por municipio, Coahuila ha destinado un presupuesto significativo a seguridad pública, parte del cual ha sido asignado directamente a Torreón.
Jalisco, por su parte, asignó en 2025 un presupuesto aproximado de siete mil 500 millones de pesos a seguridad pública. No obstante, al dividir esta cifra entre su población total estimada de 8.3 millones de habitantes, se obtiene un gasto de aproximadamente 904 pesos por cada mil habitantes, notablemente menor que el de Yucatán, el cual recordemos es más del doble en inversión para seguridad.
Ahora bien, Yucatán y Coahuila han podido invertir sus recursos para construir estrategias coherentes y sostenidas en materia de seguridad. Han alcanzado altos niveles de credibilidad en comparación con Jalisco, el cual enfrenta grandes retos persistentes. La entidad muestra una alta incidencia de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y una presencia activa del crimen organizado, lo que compromete tanto la percepción como la realidad de la seguridad.
Los datos no mienten, pero sí pueden ser maquillados. Jalisco arrastra una crisis de violencia estructural y de transparencia institucional. En contraste, estados como Yucatán y Coahuila han demostrado que, con voluntad política, inversión inteligente y estrategias enfocadas en la prevención, es posible construir entornos seguros, siempre de la mano de la sociedad civil.
La diferencia entre ellos no radica sólo en el número de homicidios o desaparecidos, sino en la existencia —o ausencia— de una política pública real, eficiente y comprometida con sus ciudadanos. Jalisco no solo enfrenta cifras, sino una deuda histórica con las víctimas.

Mejorar la seguridad pública en Jalisco

El 15 de abril del 2025, sicarios asesinaron al Comisario de la Policía de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, mientras que 13 días después, el 28 de abril del año en curso, un sicario entró a un restaurante donde comía el secretario general del ayuntamiento, Jose Luis Pereida Robles, e igualmente lo ultimó a balazos.
En días pasados, cuatro policías municipales fueron privados de la libertad en dicho municipio y actualmente se encuentran desaparecidos, antes fueron asesinados 8 elementos más de la misma corporación, por lo que acto seguido al homicidio del secretario general de Teocaltiche, 20 policías renunciaron a sus labores y dejaron a la población de alrededor de 40 mil jaliscienses en estado de indefensión. Ya en el pasado se habían detectado cámaras de vigilancia, se habían asegurado drones, explosivos, armas de grueso calibre, todo ante la presencia de autoridades locales y federales, quienes no han podido evitar el derramamiento de sangre y el control del crimen organizado.
Hoy se escuchan gritos donde se exige que el Congreso del Estado de Jalisco disuelva el cabildo en dicho municipio y tome el control mediante la instauración de una junta de gobierno que se aleje de la corrupción que en dicho municipio impera; la respuesta del gobernador del Estado ha sido el ofrecimiento de pacificar dicho municipio en 45 días, con una estrategia conjunta entre federación y Estado, la cual exige coordinación y eficacia en la detención y desarticulación de los miembros de la delincuencia organizada que se encuentran detrás de estos homicidios y desapariciones.
Ahora bien, por otro lado nos enfrentamos a “la verdad histórica” del gobierno federal, el cual aduce que no hay evidencia alguna de que en Teuchitlán, Jalisco, hubiese funcionado crematorio alguno, limpiando la escena previamente a la visita de los colectivos de madres buscadoras, contradiciéndose de igual manera con el hallazgo anunciado de huesos y partes humanas en dicho Rancho Izaguirre, lo que nos deja entrever una conclusión política, más que una conclusión jurídica de una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República, toda vez que la misma, de igual manera, se contradice a los hallazgos mostrados por las imágenes satelitales que dejan claro cómo por largos periodos de tiempo, hubo incendios controlados en distintos puntos del mismo predio, lo que nos hace presumir la falsedad de la conclusión de la fiscalía federal.
Cabe recalcar que el 23 de abril del año en curso, María del Carmen Morales, madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue asesinada junto a su hijo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en circunstancias poco claras, puesto que la Fiscalía del Estado, de manera poco convencional, inmediatamente salió a declarar que dicha agresión iba dirigida en contra del hijo de la señora Maria del Carmen y no tenía nada que ver con su labor como madre buscadora, lo cual fue duramente criticado por la sociedad, al grado que el fiscal tuvo que desdecirse y ofrecer continuar con las investigaciones del caso, analizando todas las líneas de investigación del posible feminicidio. 
Todo lo anterior deja claro el alto nivel de inseguridad que se vive en Jalisco y la necesidad, hoy más que nunca, de coordinar esfuerzos entre la federación y el Estado para regresar la tranquilidad a sus ciudadanos.

De Teuchitlán a Teocaltiche, Jalisco arde en llamas

Jalisco sigue siendo el epicentro de la desaparición de personas, y ahora una nueva modalidad delictiva se gesta silenciosamente tras las pantallas: el reclutamiento forzoso de menores a través de aplicaciones de juegos en línea. Este fenómeno aún poco visibilizado, representa una amenaza directa a la seguridad de niñas, niños y adolescentes. La mecánica es perversa y meticulosamente calculada, toda vez que una vez que el menor avanza ciertos niveles dentro del juego, es contactado por un “jugador” que bajo la apariencia de amistad, inicia una conversación aparentemente inocente.
El problema comienza cuando el menor se percata de que esa persona conoce detalles privados sobre su vida, su dirección, nombres de familiares, horarios escolares, entre otros. La confianza inicial se convierte en miedo y lo que parecía entretenimiento, se transforma en una trampa con la finalidad de obligarlo a desaparecer de su entorno familiar para ser partícipe en la comisión del delito de secuestro virtual en agravio suyo y de sus familiares, o en otros casos, para unirse a las filas de la delincuencia organizada.
Así fue el caso de un adolescente de 13 años en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien fue víctima de secuestro virtual. El menor recibió una llamada intimidante por parte de un interlocutor del videojuego, quien lo obligó a salir de su domicilio, sin permitirle que tuviera comunicación con sus familiares y así hacer a éstos, presas del miedo y la zozobra, asegurándoles que dicho menor se encontraba secuestrado.
Esta forma de privación de la libertad —aunque sin contacto físico directo— no es aislada. Datos recientes indican que durante 2024 y 2025, el Estado de Jalisco ha sido testigo de múltiples casos similares: 
• La Universidad de Guadalajara reportó al menos 44 casos de secuestro virtual en 2024, cifra que aumentó en 2025 a un promedio de un caso diario, muchos de ellos dirigidos a estudiantes. 
• En Tlajomulco, seis menores fueron rescatados entre noviembre de 2024 y enero de 2025 tras haber sido manipulados y extraídos de sus hogares por medio de amenazas virtuales. 
• En Zapopan, la Policía Escolar frustró cinco intentos de secuestros virtuales dirigidos a jóvenes estudiantes universitarios.
El modus operandi incluye llamadas desde centros penitenciarios, suplantación de identidad digital, intimidación psicológica y exigencia de rescates económicos a los familiares. Lo alarmante es que los delincuentes han comenzado a incorporar Inteligencia Artificial para imitar voces, hacer videollamadas convincentes y manipular emocionalmente a sus víctimas.
Estos juegos en línea están marcados por el silencio, el miedo y la coacción. Los menores no sólo se enfrentan a la presión de avanzar en niveles virtuales, sino a amenazas que los trasladan del entorno seguro de su casa a un limbo de riesgo, angustia y desaparición.
Este tipo de violencia invisible requiere atención inmediata. Las autoridades, las familias, las escuelas y las plataformas digitales deben articular acciones coordinadas para prevenir, detectar y sancionar este delito emergente. De lo contrario, seguiremos viendo cómo tras cada partida en línea, se oculta una trampa que silencia infancias y engrosa las cifras de desaparecidos en Jalisco.

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En el año 2023 en la Zona Metropolitana de Guadalajara se robaron 11 mil 674 vehículos, según los datos oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco, mientras que sólo se recuperaron tres mil 338 de esos vehículos.
Al mes de junio del presente año, cinco mil 413 vehículos habían sido reportados como robados y sólo se habían recuperado mil 427 automotores. 
Ahora bien, si se tienen identificadas las colonias, así como los respectivos municipios, donde hay una mayor incidencia del robo de vehículos, ¿por qué no varía la estrategia para prevenir, recuperar y sancionar por el robo de dichos automotores?
De septiembre del 2023 a septiembre del 2024 se robaron dos mil 500 vehículos sólo en el municipio de Guadalajara. Las cinco colonias que concentran el mayor número de robos son:
1) Francisco Sarabia: 178 vehículos. 
2) Jardines de la Cruz: 160 vehículos. 
3) Providencia: 145 vehículos. 
4) Jardines Alcalde: 131 vehículos. 
5) Ladrón de Guevara: 126 vehículos.
Es importante señalar que sólo se recuperan tres de cada 10 vehículos robados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿En qué están fallando las autoridades? Muy sencillo: Fallan en la inteligencia para prevenir, combatir y erradicar el robo de automotores. Si tomamos en cuenta que se tiene un escudo urbano que tiene más de seis mil 500 cámaras funcionando, mismas que son monitoreadas 24 horas, ¿cómo es posible que pierdan de vista los vehículos cuando son robados con violencia y se hace el reporte al 911?
De igual manera, en los municipios del área de Guadalajara se cuentan con más de tres mil 500 cámaras para prevenir los delitos. Sin embargo, el número de recuperación de vehículos es igual, muy bajo. Y ya por último, el mejor C5 que se tiene en el país, en el municipio de Zapopan, el cual cuenta con dos mil 704 cámaras de videovigilancia, tampoco ha sido suficiente para lograr el cometido de evitar y recuperar los vehículos que son robados.
Municipios con más robos de vehículos de enero a septiembre 2024: 
1) Guadalajara: mil 841. 
2) Tlaquepaque: 812. 
3) Zapopan: 708. 
4) Tonalá: 284. 
5) Tlajomulco: 238.
Si de verdad las autoridades quieren combatir el robo de vehículos, tienen que apegarse a la estrategia de inteligencia, así como incentivar entre sus grupos operativos la recuperación de automotores como lo hacían en el pasado, con bonos e incentivos que lleven a erradicar la comisión de estos ilícitos. 
De nada sirven las más de 800 sentencias en contra de ladrones de autos, si la posibilidad de que te detengan cometiendo el delito es de sólo un 3% y de que se te castigue por la comisión de éste, menos de 1 por ciento.

Miles de robos de vehículos en la ZMG. ¿Y la estrategia?