Sheinbaum tiene un plan para invalidar a la Suprema Corte

Este martes 05 de noviembre, como se anunció desde la semana pasada, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muy sucintamente, el ministro propone mantener la elección popular de ministros y eliminar la de jueces y magistrados. Además, propone que no se habilite la figura de “jueces sin rostro”.
La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, como máxima figura política del país, mantiene su línea contra los ministros “rebeldes” a la reforma judicial. Si días atrás desacreditó la renuncia de ministros porque simplemente quieren “llevarse un montón de dinero” (quierotv.mx/2024/10/30/quieren-un-monton-de-dinero ) ahora anunció que su gobierno ya está preparado para lo que pase en la Corte.

De hecho, confirma que no adelanta cuál es su estrategia porque esperará al voto de los ministros. En otras palabras: si finalmente no se reúnen los ocho votos necesarios para echar abajo la reforma electoral aprobada por diputados y senadores, ya no tendrá sentido seguir con la pugna. Pero si pasa lo contrario… habrá consecuencias.
En este tema, la presidenta planteó también una posición de desacuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó solicitar 13 mil millones de pesos para la organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros.

El INE, hay que subrayar, está obligado por la reforma judicial a organizar la elección de los jueces. No es su elección, es su obligación. El INE, también, debe organizar las elecciones con estricto apego a lo que dicta la legislación; es decir que no pueden calcular, estimar, suponer o arreglar en el camino. Deben instalar casillas, capacitar a sus integrantes, tener impresas las boletas, hacer publicidad, preparar la jornada electoral (será el domingo 1 de junio de 2025), revisar la apertura y cierre de casillas y entregar los resultados.

Para cumplir con todas esas obligaciones y dadas las condiciones que se les presentan, calcularon en 13 mil millones de pesos el costo mínimo indispensable para cumplir con su trabajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente que está en desacuerdo. Aún más, aseguró que el INE está “doblando” los costos. ¿Será que promoverá, como lo hizo su antecesor, un abaratamiento del proceso con la organización de la gente y el uso de papeletas simples para votar? Parece una decisión cargada de sabiduría porque ahorra una fortuna, pero una medida así invalida la legalidad de la elección y expone a hacer más honda e inevitable una crisis de constitucionalidad. Sería otro paso más rumbo al autoritarismo.

¿Quién va a calificar la legalidad, la validez, la legitimidad de los procesos? La Corte no, ciertamente; diputados y senadores están al servicio de la voluntad política. Sería la presidenta.
Ella misma avanza hacia el callejón sin salida, pero también determina dónde y cómo acaba el juego. Y también se proclama ganadora… aunque claro es el pueblo el que habla a través de su voluntad.

Igual que antes afirmé en este espacio que es irreversible la aplicación de la reforma judicial porque en el choque de voluntades se impondrá la mayoría de la presidenta y sus aliados en el Poder Legislativo, puedo reiterar también que el resultado no será terso ni gratuito. Todos pagaremos un precio muy alto.
Sólo queda ver si los ministros se sostienen y con ocho votos, invalidan la reforma judicial.