La Reforma Judicial se aplicará tal como fue aprobada. Es un triunfo político de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente del país. Eso de que se trata de un “mandato del pueblo” es sólo discurso para los crédulos.
Ayer, finalmente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de más de siete horas de discusión entre los 11 ministros, determinó que al no haber ocho votos a favor para invalidar la denominada Reforma Judicial que se publicó el 15 de septiembre con la firma del expresidente y la presencia de la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, queda vigente y se aplicará tal como fue aprobada.
En otras palabras, no contó con el respaldo mínimo indispensable el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Con este resultado, ya no tendrán que seguir adelante con sus advertencias la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien había anunciado que ya tenía su propio plan, ni los legisladores Ricardo Monreal (coordinador de diputados de Morena) y Adán Augusto López (coordinador de los senadores de Morena). Ambos anticipaban acciones para obligar a que la reforma se mantuviera y desacatar una orden en contra de los ministros.
El tema nos deja, sin embargo, en el punto de partida justo antes de la reforma de “Supremacía Constitucional”.
Los ministros aprobaron antes de cerrar la discusión, la validez constitucional para que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) puedan revisar y emprender acciones contra la reforma.
Además, los ministros también dejaron con validez la opción de que se impugne la reforma por la vía del Juicio de Amparo.
El triunfo de Morena (López Obrador, Claudia Sheinbaum y su facción política dominante) quedó asentado, pero hasta que no se elijan los nuevos ministros de la Corte el 1 de junio de 2025 y entonces, se definan otros derroteros legales, queda todavía abierta la estrecha puerta del Juicio de Amparo y la impugnación. Deberán ser admitidas y eventualmente, revisadas por la Suprema Corte.
Es una nueva y desconocida ruta.
Mientras tanto, todo lo demás sigue adelante: elección de jueces, magistrados y ministros el año entrante; gasto propuesto para hacerlo de 13 mil millones de pesos; desaparición del Consejo de la Judicatura; desaparición de fideicomisos… y el regreso a sus puestos de trabajo para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Y después, la adaptación de estas reformas en los poderes judiciales de los estados.
Quizá con el precio menos oneroso, se evitó la crisis constitucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero los altos costos (no sólo económicos sino sociales y de justicia) que se pagarán por esta reforma, apenas empiezan a contabilizarse.