Mucho nos han mentido al señalar que la impunidad que vive México es culpa del Poder Judicial. La realidad es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy claro al destacar los más de 150 mil delitos que son denunciados mes con mes en nuestro país, pero no es lo suficientemente claro al omitir que el 95% de los delitos cometidos, jamás llegan a contabilizarse puesto que pertenecen a la cifra negra, ya que existe una gran desconfianza en las autoridades para siquiera presentar la denuncia correspondiente.
Ahora bien, si tomamos como base únicamente ese 5% de los delitos que se cometen en el país y que sí son denunciados, tenemos que el 96.4% de los mismos se quedan atorados en las Fiscalías de los Estados o en FGR tratándose de delitos federales, los cuales junto con las policías y los peritos que trabajan de la mano de dichas instituciones, se convierten en el verdadero cuello de botella para la procuración de justicia en nuestro país. Cabe señalar que las fiscalías pertenecen al Poder Ejecutivo de cada Estado, así como la Fiscalía General de la República (FGR) pertenece al Ejecutivo Federal, entendiéndolo como Presidencia de la República.
En la última evaluación de México Evalúa, Jalisco se posicionó como uno de los Estados donde mayor impunidad existe en el país, quedando en el penúltimo lugar al contabilizar un 99.12% de impunidad en el 2023, cuando los delitos de desaparición forzada, fraude y homicidio doloso, son los que más cerca se encuentran al 100 por ciento.
La sobrecarga de la Fiscalía, la corrupción, la infiltración del crimen organizado, así como la ausencia de capacidad en la investigación criminal, son las que unidas, provocan esta tormenta perfecta para Jalisco.
¿Qué paso con las capacitaciones al personal de la Fiscalía de Jalisco? ¿Por qué no han contratado un mayor número de funcionarios para la procuración de justicia? ¿Dónde quedó el fortalecimiento a la institución mediante la depuración de los malos elementos?
Para conseguir que Jalisco avance y salga del penúltimo lugar en procuración de justicia, no sólo hay que invertir dinero, sino establecer todo un mecanismo nuevo de persecución penal, donde se privilegie una visión de sostenibilidad y orientación a resultados.