Las inundaciones no son naturales, son políticas
“Cuando escuchen la frase ‘no politicemos esto, desconfíen’”, dijo Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España y fundador de Podemos, en televisión al analizar las recientes inundaciones en Valencia. La frase captura una verdad incómoda: lo que podría parecer –o que busca presentarse– como un fenómeno exclusivamente natural está, en realidad, profundamente determinado por decisiones políticas. La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que golpeó la Comunidad de Valencia, en la costa Este de la Península Ibérica, no solo arrasó con vidas y casas, sino que expuso un entramado de negligencias políticas, recortes estratégicos y priorización de intereses privados que transformaron un fenómeno predecible en una tragedia devastadora.
España es un Estado descentralizado con un modelo de gobierno que combina un gobierno central con 17 comunidades autónomas, cada una con competencias propias en áreas como educación, sanidad, urbanismo y protección civil. Aunque el gobierno central mantiene facultades en asuntos como defensa, política exterior y economía, las comunidades autónomas cuentan con amplias competencias legislativas y ejecutivas, lo que les permite gestionar temas clave dentro de sus territorios, generando un equilibrio dinámico pero, a veces, conflictivo en la toma de decisiones.
En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un organismo del gobierno central, emitió siete alertas antes del 29 de octubre, advirtiendo de un riesgo extremo. Sin embargo, las competencias en protección civil corresponden a las autonomías, y el gobierno autonómico liderado por Carlos Mazón respondió de manera tardía e insuficiente. Mazón incluso aseguró en video que “el temporal remitiría a las 18:00 horas”, una declaración que resultó errónea y que, ante la magnitud de los hechos, fue rápidamente borrada de sus redes sociales.
La raíz del problema no está solo en la tardanza y los graves errores en la gestión de la respuesta, sino en una serie de decisiones que agravaron las consecuencias. Uno de los primeros actos del gobierno autonómico de coalición entre el Partido Popular (PP) y el partido ultraderechista VOX fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias, especializada en gestionar y atender catástrofes, para en su lugar destinar fondos a la tauromaquia. Este cambio respondió a una imposición de VOX como una de sus principales exigencias para sellar el pacto de gobierno con el PP.
Además, se eliminó también la Agencia Valenciana de Cambio Climático. Estas decisiones, motivadas por una agenda política que rechaza la evidencia científica sobre el cambio climático, dejaron a la Comunidad Valenciana sin herramientas fundamentales para prevenir y para reaccionar ante los efectos de fenómenos extremos. En un contexto donde las DANAs y otros eventos meteorológicos severos son cada vez más frecuentes, estos recortes no son simples decisiones administrativas, son actos políticos con consecuencias devastadoras para la población.
Por si fuera poco, Carlos Mazón rechazó ayuda de bomberos de comunidades vecinas como Cataluña y Bilbao y la coordinación entre niveles de gobierno fue inexistente. Incluso cuando el gobierno central tenía la capacidad de tomar el mando ante la evidente inoperancia de la Generalitat, el presidente Pedro Sánchez optó por mantener las competencias en el ámbito autonómico. ¿La razón? Quizá una estrategia política de desgaste al PP mientras evitaba cargar con la responsabilidad directa. Otra decisión política cuyo precio ha pagado la población afectada.
El 3 de noviembre, los reyes de España, Pedro Sánchez y Carlos Mazón visitaron Paiporta, la zona cero de la catástrofe, donde ciudadanos enfurecidos les lanzaron lodo en señal de protesta. Este acto simbólico, que dio la vuelta en los medios internacionales, dejó claro el profundo descontento de la población, no solo con las autoridades presentes, sino con una lógica política e institucional perversa que ha fallado en proteger y atender sus necesidades. Se trató de una reprimenda colectiva contra un sistema político-económico que, reiteradamente, parece anteponer sus propios intereses al bienestar de las personas.
Este acto de indignación ciudadana es el resultado de años de decisiones que han ignorado los riesgos inherentes al modelo de desarrollo en la Comunidad Valenciana. Durante décadas, las autoridades han permitido proyectos urbanísticos en zonas inundables, priorizando beneficios rápidos ligados al turismo masivo y la venta de bienes raíces. Estas políticas han transformado áreas vulnerables en verdaderas trampas letales. En 2022, Juan Bordera, diputado de Compromís y experto en cambio climático, presentó en el parlamento valenciano una propuesta que instaba a tomar “medidas excepcionales ante el incremento exponencial de las inundaciones en todo el Mediterráneo”, misma que fue rechazada por el PP y VOX. Un par de años después, sus advertencias han sido confirmadas por los hechos.
El caso de Valencia no es un hecho aislado. Aunque las circunstancias puedan variar, los errores de planificación, el desarrollo urbano descontrolado y la lógica de priorizar beneficios privados sobre el bienestar colectivo son fenómenos globales. En México, ciudades como Monterrey, Villahermosa o Guadalajara enfrentan desafíos similares. De hecho, comparten esa peligrosa combinación de aprobación desmedida de proyectos urbanísticos en zonas de riesgo y financiamiento de la vivienda que presiona para que las decisiones políticas se tomen a partir de una lógica de negocio especulativo y no a partir de una lógica de derechos y cuidado colectivo. En México, urgen liderazgos que entiendan esto y que actúen con responsabilidad, no solo para reaccionar ante las emergencias, sino para evitarlas.
El desarrollo urbano sin estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación, es una elección política. Permitir construcciones en zonas vulnerables para beneficiar a desarrolladores y especuladores, mientras se descuidan las inversiones en infraestructura resiliente, es una decisión política. Privilegiar un modelo de desarrollo urbano cortoplacista y de elevadas ganancias privadas, a costa de la seguridad y de la economía de la población, es una decisión política.
“No politicemos esto”, repiten a menudo quienes tienen responsabilidades que evitaron asumir. Las inundaciones, los desastres urbanos y las crisis habitacionales no son naturales: son políticas. Es hora de que las veamos como tal.
