El miércoles de esta semana, a pocos días de despedirse de la embajada de Estados Unidos en México, el embajador estadunidense Ken Salazar dejó en claro el mensaje que le ordenaron traer desde Washington: La Casa Blanca debe intervenir en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país.
La diatriba del embajador podemos dividirla en tres partes. La primera, señala lo que considera una estrategia fallida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado; la segunda, es un reclamo porque el gobierno federal no aceptó la “ayuda” de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga; y la tercera, deja en claro las presiones que seguramente comenzarán a llegar a partir del 20 de enero cuando Donald Trump se instale en la Casa Blanca y su secretario de Estado, Marco Rubio (quien es un convencido de que los narcotraficantes sean catalogados como terroristas y que Estados Unidos envíe tropas a nuestro país para enfrentarlos) comience a llevar las riendas de la política exterior norteamericana.
Las declaraciones de Ken Salazar caen claramente en prácticas injerencistas que violentan la independencia y soberanía de nuestro país. No es la primera vez que Salazar se manifiesta en ese sentido; recordemos que hace unas semanas se mostró en contra de la reforma judicial violentando claramente las mínimas reglas del protocolo diplomático e interviniendo en asuntos que únicamente le competen al pueblo de México.
Ahora resulta que no solamente no le parece adecuada la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado, sino que reclama por la actitud que toma la presidencia de la República frente a sus actos injerencistas y los intentos de participar con las autoridades mexicanas en nuestro territorio, en la lucha contra el crimen organizado.
Por su puesto, el embajador ignora la responsabilidad que tiene el gobierno de su país para enfrentar no solamente a los cárteles en Estados Unidos, sino para detener el tráfico de armas hacia México. Incluso, el diplomático se molesta porque el gobierno mexicano insiste en señalar la falta de compromiso de su gobierno para detener el tráfico de armas desde su país.
Salazar va más allá cuando sugiere que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aumente el gasto para seguridad y deje de lado la austeridad republicana promovida por ella y López Obrador, así como seguir pensando que los programas sociales serán suficientes para enfrentar la violencia, todo ello, insistió, puede empeorar la situación. El reclamo no paró ahí, dijo que López Obrador se cerró a la cooperación estadunidense y que por cuestiones ideológicas rechazó un financiamiento de 32 millones de dólares para seguridad que le ofreció Washington.
A querer o no, seguramente el tono del embajador Ken Salazar, que por cierto ya anda preparando maletas, será el mismo o incluso más violento e injerencista bajo la segunda presidencia de Donald Trump, lo que necesariamente obligará al gobierno federal a responder con mayor dignidad y fortaleza para dejar en claro que los asuntos de la República deben de ser solucionados por los mexicanos y no por ningún gobierno extranjero.