Mario Muñoz

El gobierno de Claudia Sheinbaum sorprendió el pasado viernes con el “Operativo Enjambre” aplicado en el Estado de México, con saldo de siete detenidos, como la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, así como los directores de Seguridad Pública y subdirectores de ocho municipios ubicados en la Zona Sur del Valle de México. El dispositivo pretendía capturar otra cantidad similar, pero quedó en eso.
La autoridad presume las órdenes de aprehensión para evitar que los funcionarios queden libres por fallas en el proceso, como ocurrió con el famoso “michoacanazo” aplicado en el arranque de la administración federal del panista Felipe Calderón, cuando se inició una fallida guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El operativo del Estado de México fue encabezado por el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch. El “michoacanazo” lo lideró el secretario Genaro García Luna por allá en mayo de 2007, cuando detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 colaboradores del entonces gobernador Leonel Godoy y hasta un juez estatal. Al final sumaron 38 imputados por su presunta relación con la delincuencia organizada, pero fueron quedando libres de uno por uno.
También destacan los tiempos. El “Operativo Enjambre” se lanzó a dos meses del arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. Y el “michoacanazo” comenzó seis meses después del inicio de la gestión de Felipe Calderón.
Otra arista: El “Operativo Enjambre” nace en medio de las críticas contra los gobiernos morenistas por sus vínculos o por la tolerancia con algunos cárteles de la droga; incluso, por la crisis desatada por los “Chapitos” y “El Mayo” Zambada. Por su parte, el “michoacanazo” se aplicó en un periodo en el que Felipe Calderón requería de legitimar su administración, tras el presunto fraude en la elección del 2006.
Con menos tiempo en funciones, la administración de Claudia Sheinbaum está iniciando con el “Operativo Enjambre”. Argumentan que las órdenes de aprehensión se sustentan con distintos datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial a un juez, quien finalmente libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán, en una región donde operan cuatro grupos delictivos con alcance regional y nacional.
¿Cuáles son los riesgos de que los detenidos sean liberados y que todo sea un show? A diferencia del “michoacanazo”, sí hay más riesgos. El primero: por fallas en el proceso parecidas a las de 2007, sobre todo por la premura. El segundo: por la relación de jueces o magistrados con el crimen organizado. Y el tercero: que el conflicto entre Morena con el Poder Judicial salpique en este caso.
Hay que tener el tema en la mira durante este sexenio. Y estar atentos a los Estados a los que se extenderá el “Operativo Enjambre”.

“Michoacanazo” vs. “Operativo Enjambre”

En la administración estatal de Emilio González se apostó por la ampliación de las rutas del sistema BRT o Macrobús en el Área Metropolitana de Guadalajara, con la intención de ampliar este modelo articulado, así como dar mayor seguridad y eficiencia en el servicio de transporte público masivo. Pero el plan fracasó. Apenas se concretó en 2009 la ruta de la Calzada Independencia.
El motivo fue simple: en ese tiempo, Aristóteles Sandoval era alcalde de Guadalajara y, en su campaña a la gubernatura, prometió la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, apoyado por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien luego se convertiría en presidente de México y apoyaría la edificación de la nueva ruta del Siteur.
En esa historia se cristalizó la Línea 3, pero previamente se evidenció un capricho o una decisión populista que frenó uno de los mejores proyectos de transporte público masivo para la ciudad.
En el mismo eje donde se construyó la Línea 3 estaba proyectada la segunda ruta del Macrobús. Incluso se destinaron más de mil millones de pesos por parte del Gobierno de Felipe Calderón, que se tiraron a la basura porque Aristóteles Sandoval apostó por la nueva ruta del Tren Ligero.
La realidad es que ese derrotero no tenía el suficiente aforo de pasajeros para una línea del Tren Ligero, por lo que era viable o factible un BRT; sin embargo, los priístas cumplieron su capricho y construyeron una Línea 3 que actualmente sigue subutilizada, con la estupidez de que los camiones compiten con el sistema eléctrico en todo el eje y con una cicatriz en la imagen urbana de la metrópoli —el sobreprecio millonario o la duplicación del costo es otro tema—.
Lo mejor para la ciudad era el sistema BRT y todas las líneas que se habían proyectado. Y el éxito del Peribús es la prueba tangible —hoy registra más de 300 mil viajes y, en rentabilidad, compite en números con las tres líneas del Tren Ligero—.
Todo ese contexto vale la pena recordar porque está brotando una historia similar a la de 2009. El gobernador Pablo Lemus proyecta un sistema masivo en el corredor de la Carretera a Chapala para enlazarlo con el Peribús y que sea una nueva ruta hacia el Estadio de las Chivas. Requiere del apoyo federal o de la iniciativa privada para que cuaje, pero se está remarcando otro proyecto de los munícipes de Tonalá y El Salto, Sergio Chávez y Nena Farías, quienes impulsan una ruta diferente en el Oriente de la ciudad, en la zona del Periférico Oriente y paralela a la Carretera a Zapotlanejo, conectando con la cabecera municipal de Tonalá.
¿Cuál es el mejor proyecto? Se debe priorizar al que tiene la mayor viabilidad o factibilidad. Y el proyecto de Pablo Lemus cumple con esa característica por todo el caos vial que se padece en la Carretera a Chapala.
En voz de la diputada Merilyn Gómez Pozos se afirma que Claudia Sheinbaum apoya el proyecto de Chávez y Farías, aunque se debe recordar la historia del Macrobús y la Línea 3. El tema es preciso: construir en este momento una ruta del transporte masivo en esa zona del Oriente de la ciudad es apostar a un sistema que estará subutilizado y se cometería el error de expandir la ciudad hacia el Oriente con nuevos fraccionamientos, cuando lo correcto es consolidar una ciudad compacta o que no se expanda más. 
Se debe atender la actual crisis en la Carretera a Chapala. 
Se debe apostar a lo prioritario.

El mejor proyecto

Pablo Lemus sorprendió a todos con la presentación del paquete económico del próximo año para el Gobierno de Jalisco. En la Ley de Ingresos propone que la verificación vehicular sea gratuita, cumpliendo su promesa de campaña, pero añadió que el pago del refrendo de 900 pesos incluirá placas nuevas. En síntesis, pagas el refrendo y te llevas prácticamente gratis la verificación vehicular y el emplacamiento. Los contribuyentes se ahorrarían 2 mil 240 pesos de las nuevas láminas y los 500 pesos de la verificación.
El paquete económico ya se recibió en el Congreso de Jalisco, que estrenó Legislatura la semana pasada. ¿Será avalado por los 38 diputados y diputadas? Todo indica que no habrá mayores complicaciones, pero de eso dependerá cómo el Gobierno de Jalisco tratará a los gobiernos municipales gobernados por Morena y aliados, Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).
Sobre los dictámenes que analizarán y eventualmente aprobarán en el Congreso, vamos por partes. Primero, si bien la verificación será gratuita, los vehículos deben estar afinados y contar con el holograma vigente, con la intención de presentarlo en el momento que paguen el refrendo. De lo contrario, no tendrían acceso al beneficio del paquete que está proponiendo Lemus (se descartan operativos para sancionar a los dueños de vehículos).
El reto del Gobierno es que los contribuyentes acepten el programa y aumenten los vehículos verificados para contar con un mejor medio ambiente en la zona metropolitana y en las ciudades medias de Jalisco. Pero también hay otro reto: en mayo pasado se dio cuenta que el parque vehicular en el Estado supera los 4.5 millones de unidades y la mitad no había pagado el refrendo. De ese tamaño era la omisión de los propietarios, quienes ni siquiera aceptaron sumarse a los descuentos por pronto pago del 10% en el mes de enero, o del 5% en febrero y marzo.
Y sobre el emplacamiento, aunque sí hay nuevos modelos de placas, desde la administración de Emilio González Márquez (2006-2012) fracasó el proyecto de nuevas láminas de forma obligatoria a la población. Por eso si la población acepta el programa de Lemus, es una buena noticia en general para depurar y actualizar el padrón estatal y conocer realmente cuántos vehículos hay en Jalisco, sobre todo en circulación.
De acuerdo con el paquete económico, en el rubro de Servicios en los ramos de Movilidad, Tránsito, Transporte y su Registro, el Gobierno de Jalisco pretende aumentar los ingresos de 4 mil 022 millones de pesos en este año, a 4 mil 755 millones en el 2025. No le perdería, a pesar del programa de refrendo con verificación y placas gratis, pero insisto en que todo dependerá de que los jaliscienses se sumen a la iniciativa. ¡Ya veremos!

El paquetazo de Lemus

En la campaña presidencial del 2012 entrevisté a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, y le pregunté si antes de la elección federal detendrían a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La respuesta fue decepcionante. No tenía idea del caso. Mal.
Y es que sólo una detención de ese nivel podría darle más votos a los panistas para remontar la ventaja que tenía el priista Enrique Peña Nieto, quien se convertiría en Presidente de México meses después.
Hoy tenemos la película completa. Se confirma que el Gobierno panista jamás intentó detener a uno de los peores criminales de la historia del país, en tiempos donde el Cártel de Sinaloa enfrentaba una batalla sangrienta contra el Cártel de Juárez y Los Zetas. “El Chapo” fue el consentido del Gobierno federal, a pesar de las declaraciones de que el narco se paseaba por las calles de Sinaloa como un héroe.
Recordé la entrevista con Josefina ahora que sentenciaron a Genaro García Luna a más de 38 años de prisión. Obviamente, la condena es en Estados Unidos, luego que el jurado encontró pruebas suficientes para condenarlo por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cártel de Sinaloa, que lideró “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. 
Tras la sentencia, las declaraciones de Felipe Calderón son ridículas, al desmarcarse de su ex secretario de Seguridad y asegurar que jamás se enteró de sus nexos con el crimen organizado. Por acción u omisión, el ex presidente tiene responsabilidad.
Pero la versión del Gobierno de Claudia Sheinbaum no se queda atrás y también hace el ridículo. Afirmar que solicitarán la extradición a México de García Luna es un mal chiste, ya que deben pasar esos 38 años para que inicie el proceso. Y no hay nada seguro.
En México, según la Fiscalía General de la República, García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión. La primera: por contratos irregulares para las cárceles mediante empresas de lavado de dinero durante 2009 y 2018. La segunda: por su participación como secretario de Seguridad en el operativo “Rápido y furioso”, que permitió el ingreso de armas de Estados Unidos durante su gestión y que terminaron en manos del narcotráfico, desatando una guerra sangrienta entre los cárteles de la droga. Y la tercera: se le acusa por el encubrimiento en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994 (supuestamente protegió a Jorge Antonio “S”, un agente federal asignado a la protección de Colosio y señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato. La Fiscalía afirma que García Luna ayudó a ocultar la identidad del agente y facilitó su salida de Tijuana tras el asesinato del candidato presidencial).
Es un hecho que el Gobierno no encarcelará a Felipe Calderón por los delitos de su secretario de Seguridad, por su complicidad o por sus omisiones. Pero si la Fiscalía General quiere demostrar que sí combate al crimen organizado, hay dos acciones contundentes por emprender: investigar a los funcionarios cercanos a García Luna y también a todos los fiscales y secretarios de Seguridad de las 32 Entidades federativas durante el periodo 2006-2012, quienes deben tener mucha información o relación con el sentenciado en Estados Unidos.
Prueba de fuego para el Gobierno de Sheinbaum.

Prueba de fuego

Andrés Manuel López Obrador termina la administración federal con claroscuros. Sin duda, uno de los principales logros fue que las personas mayores de 65 años reciban un subsidio de seis mil pesos cada bimestre, a través de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Pero hay que dividir el tema entre lo positivo que es para un sector de la población en pobreza y lo negativo que será para las finanzas públicas en el largo plazo.
Actualmente, 12.2 millones de personas reciben este subsidio federal, que se paga con los impuestos de los mexicanos. ¿Cuánto cuesta mantener al año este programa? De acuerdo con el Presupuesto 2024, este año el Gobierno desembolsará más de 465 mil 048 millones de pesos. Para dimensionar ese gasto, es equivalente a lo que la Federación gasta este año en todo el sistema educativo: 439 mil 017 millones de pesos. O representa más de cuatro veces del gasto en todo el sistema de salud: 96 mil 989 millones de pesos, con base en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Lo positivo del programa es que sí impacta en los ingresos de las personas mayores de 65 años que viven en pobreza. Lo negativo es que el programa es universal, por lo que es recibido por toda la población que supere la edad reglamentaria. ¿Qué significa esto? Que se regala dinero a personas que no lo necesitan.
Estoy de acuerdo en que se entreguen esos recursos a la gente que lo necesita. Estoy en desacuerdo que se regale a personas que deberían recibir ese recurso de otra manera: con mejores servicios de salud, por ejemplo, con una atención médica más inmediata y con una entrega de medicinas eficiente y con cobertura total.
Cuando preciso que este subsidio no debe entregarse a todos los mayores de 65 años (debería aplicarse un estudio socioeconómico para autorizarse la entrega), me refiero a personas como el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien siendo Presidente de México recibe este apoyo desde mayo del año 2023, a pesar de que nos costó al año 2 millones 764 mil 017 pesos; en otras palabras, cobró 230 mil 334 pesos cada mes.
Mientras personas como López Obrador pueden cobrar esta pensión federal, la alerta es para las finanzas federales, ante el aceleramiento de la vejez en México. Hoy, cada beneficiario recibe 36 mil pesos al año. Para dar una prueba de lo anterior: en el año 2050 se proyecta una población de 33 millones de adultos mayores en México. Si todos acceden al subsidio, costarán más de 1.2 billones de pesos. Y contando.
Entre esos subsidios, el sistema de pensiones de ex trabajadores y las deudas públicas se comerán gran parte del presupuesto federal. ¿Cuál será el remedio para enfrentar esos gastos?
¡Más impuestos!

El cinismo del Presidente… y el problema que hereda

En las últimas dos semanas, Andrés Manuel López Obrador, Morena, aliados y traidores lograron lo que hace seis años era imposible por los contrapesos que había en México en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de Nación. Pero eso ya es historia.
En dos semanas se avaló la reforma judicial y la Guardia Nacional pasó al mando del Ejército. Hoy podemos precisar con todas sus palabras: los militares tienen el control de las Fuerzas Armadas y de la seguridad pública en el país. 
Sin embargo, viene otro golpe contundente: la desaparición de la transparencia. Me refiero a la próxima reforma constitucional para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia (Inai).
Esta reforma plantea modificar ocho artículos de la Constitución: se pretende que las atribuciones de ese organismo sean trasladadas a la Secretaría de la Función Pública, principalmente, así como a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial, del Instituto Nacional Electoral y del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo se demuestra el retroceso que se avecina?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció que el hecho de que los sujetos obligados o las autoridades de los tres Poderes de la Unión fijen resoluciones sobre sí mismos, constituye un retroceso para obtener “resoluciones expeditas, independientes e imparciales”. En otras palabras, es en detrimento del acceso a la información de los mexicanos.
Desaparecer a un órgano autónomo o externo al Gobierno es lo peor que puede ocurrir. El desenlace es claro: si hoy es cuestionable la transparencia de las autoridades, viene una mayor simulación de la realidad de México en todos los sentidos. Algo así como menos delitos según el Gobierno, cuando la violencia estalla en todos los rincones. Mejores salarios de acuerdo con la autoridad, frente a una mayor pobreza en las calles y en los hogares. Más hospitales y medicinas presumidos por el Gobierno, frente a pacientes que mueren en la desesperación por no ser atendidos a tiempo. En fin.
Hay dos casos históricos que exhibieron las fallas del Gobierno federal y del Inai en materia de transparencia: los terribles hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa. El Instituto fracasó y se ocultó la información una y otra vez sobre los expedientes, ya que el Gobierno los reservó o los clasificó a la conveniencia de las autoridades. En síntesis, el Inai evitó enfrentarse al Gobierno y terminó tolerando las determinaciones de las autoridades. Se ocultó información pública.
Con ese antecedente de opacidad, el futuro es claro: ahora la única verdad será la que los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ámbitos federal y estatales, nos quieran contar. Serán los cuentos y las cifras alegres del que tenga el poder en la Federación, los Estados y los Ayuntamientos, en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial. 
¡Adiós, transparencia!

¡Adiós, transparencia!

Después de estrenar la aplanadora la semana pasada, ahora Morena y aliados se alistan para avalar esta semana dos reformas constitucionales: en materia de pueblos indígenas (este 18 de septiembre) y los cambios para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército (19 de septiembre).
Los legisladores de la Cámara de Diputados ya fueron notificados sobre los dos dictámenes. Y de nueva cuenta es cuestión de trámite porque tienen la mayoría calificada garantizada en el Congreso de la Unión. Sin embargo, vale la pena detenerse en el tema de la Guardia Nacional.
La discusión de forma es que esa corporación pase al mando del Ejército, que será encabezado por el general de División, Ricardo Trevilla Trejo. ¿Cuál es la novedad? Prácticamente ninguna, porque todos sabemos que la Guardia Nacional está actualmente a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y solamente en el papel depende de la Secretaría de Seguridad del Gobierno federal.
En todo caso, la novedad es que 24 mil policías federales que laboraban en la administración de Enrique Peña Nieto y que los sumaron a la creación de la Guardia Nacional, ya no formarán parte de ésta. Ahora será una corporación 100% militar (la reforma ordena que esos agentes pasen a la Secretaría de Seguridad Federal).
La siguiente pregunta es: ¿Con esa reforma constitucional se pacificará al país? La respuesta es simple: no.
Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 135 mil 471 agentes. Y opera en todo el territorio en 594 instalaciones estratégicas. Este despliegue es el que debe detonar la discusión de fondo sobre la agrupación élite federal.
Hoy, una conclusión es que la corporación todavía no desarticula a ningún cártel o grupo criminal (el único extinguido fueron Los Zetas, pero eso ocurrió entre los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto), ni bajó los niveles de violencia: éste será el sexenio más violento, con cerca de 180 mil ejecutados (algo así como dos Estadios Azteca llenos).
¿Entonces por qué el actual despliegue de la Guardia Nacional no pacificó al país? Porque el crimen organizado sigue controlando los territorios, manda en los municipios o los Estados. Y los hechos recientes de Sinaloa confirman esa hipótesis.
Que el Ejército tenga el control absoluto de la Guardia Nacional no es sinónimo de paz para los mexicanos. Pero sí representa un triunfo más para el Ejército, que iniciará la siguiente administración más poderoso que nunca, con las amenazas que eso representa con el paso del tiempo.

El todopoderoso

Por allá en la Legislatura 58 de Jalisco (2007-2010) se derrochó en la compra de un edificio en Avenida Juárez 237, en pleno Centro tapatío. Jamás se sostuvo que era necesario, pero la Comisión de Administración presidida por el entonces priista Jorge Arana Arana avaló la compra a sobreprecio del inmueble en 50 millones de pesos.
Luego, los integrantes de la 59 Legislatura (2010-2013) destinaron otros 50 millones de pesos para su mantenimiento en el primer año. El chiste se cuenta solo: compras a sobreprecio y luego inviertes otra cantidad similar a lo que costó la torre para darle una rehabilitación.
Desde entonces, el inmueble está subutilizado y se convirtió en un barril sin fondo, con un gasto millonario, con cargo al erario estatal. A los impuestos de los jaliscienses.
Para demostrar que fue un gasto inútil, en 2013, los diputados y las diputadas pretendían la venta del edificio, que en ese entonces se estimó en 60 millones de pesos. Y viene otro chiste: en dos años invirtieron 100 millones de pesos y, aunque los valores de los inmuebles siempre muestran una tendencia alcista en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pretendían perder 40 millones en sólo dos años. ¿Sanciones contra alguien por tomar malas decisiones? Jamás.
En 2019, el edificio se pretendió vender de nueva cuenta, pero no se consumó el proyecto. En ese entonces, el valor era de 73.9 millones de pesos. Y dejó de ser noticia, pero continuó subutilizado.
Sobre el tema hay dos actualizaciones. La primera es que el Congreso de Jalisco gasta alrededor de 11 millones de pesos cada año para darles mantenimiento y conservación a sus dos edificios: el de la Avenida Hidalgo (donde están los legisladores y el pleno de sesiones) y el de la Avenida Juárez. La segunda es que hay una partida millonaria adicional para remodelar los dos inmuebles.
Sobre el último punto, en octubre de 2023, la Comisión de Administración y Planeación Legislativa autorizó la ampliación del contrato para una rehabilitación y adecuación de los dos edificios, con un total de 35 millones de pesos. Pero además de esa cantidad, ahora se suman otros 10 millones de pesos que se están destinando para el primer piso de la torre de Juárez.
El problema es que las obras siguen inconclusas y los elevadores están fallando, por lo que viene otra compra antes de terminar la Legislatura en octubre próximo.
Hay muchas preguntas para los integrantes de esa Comisión legislativa. 
Por lo pronto, a la espera de sus respuestas, porque sobran las señales de que hay un “Año de Hidalgo”.

“Año de Hidalgo…”

Laura Castro Golarte

El teatro de Alfaro ¿última función?

Mi pecho no es bodega

Laura Haro Ramirez

Eliminar la violencia

Favio Castellanos

Simplificación administrativa, No eliminación

Jonás

Karla Planter, rectora de la UdeG en el siglo XXI

Petróleos Mexicanos es el barril sin fondo de la hacienda pública. Los robos, los saqueos y la mala administración convergen en la historia de la paraestatal. Y la gestión de Andrés Manuel López Obrador es el ejemplo.
En los seis años de su gobierno se gastaron más de 980 mil millones de pesos para rescatar a la compañía. Fue un fracaso, a pesar de las inversiones por más de 300 mil millones de pesos en la Refinería de Dos Bocas construida en Tabasco, y la compra de la refinería Deer Park, que se adquirió en más de 30 mil 650 millones de pesos.
En términos de producción, en la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) se registraban 2.7 millones de barriles cada día. Luego, con el priísta Enrique Peña Nieto (2013-2018) bajó a 2.3 millones de barriles. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) se tocó fondo: apenas 1.8 millones de barriles. El líder de Morena prometió que terminaría su administración con una producción de 2.6 millones de barriles al día, pero mintió. Ni Dos Bocas ni Deer Park incrementaron las cifras.
Según Pemex, al inicio de la pasada administración se importaban 927 mil barriles diarios de combustibles para satisfacer la demanda nacional. Y también se prometió reducir la dependencia con Estados Unidos y bajar a sólo 84 mil barriles diarios importados. Fue otra mentira porque agosto pasado cerró con 792 mil barriles diarios en el promedio.
En el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum ya se anunció un nuevo rescate de Pemex. Se promete un plan de austeridad de 50 mil millones de pesos, así como una inversión adicional de 120 mil millones de pesos. La presidenta reconoce que apenas se producen 1.8 millones de barriles al día y promete, igual que López Obrador, subir a 2.6 millones en el sexenio. En el discurso, se evade mencionar la importación de combustibles, porque eso evidencia el fracaso de su política pública en la materia.
Es un tema técnico y entre la población no se dimensiona el fracaso o la crisis que Pemex detona al erario, pero los robos, los saqueos y la pésima administración también se pueden demostrar con los lujos con los que viven los trabajadores y pensionados de Pemex, remarcándose, por otro lado, el gasolinazo constante que enfrentan los consumidores (con AMLO subió seis pesos en promedio el litro de la Magna y Premium) y la ordeña de los ductos que sigue permitiendo el Gobierno federal en estados como Hidalgo, Jalisco, México, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León, por citar algunos.

Barril sin fondo