Nora Ampudia

El mercado cambiario a nivel mundial es sumamente especulativo; el objetivo es comprar monedas baratas y venderlas caras. Los analistas estiman que las operaciones especulativas oscilan entre el 90 y el 95%, de hecho, es el mercado más grande y líquido del mundo, mucho más grande que el mercado de acciones, de mercancías y de otros instrumentos financieros.
En este mercado se buscan las ganancias cambiarias, y se aprovecha cualquier diferencia de precios, cualquier evento que mueva el precio del dólar, euro, yen, libra esterlina e incluso de monedas de países emergentes, entre ellos el peso, el yuan, el won coreano, el real brasileño y el rublo, monedas que se están internacionalizando y las que se denominan monedas globales.
Así, el precio de estas monedas emergentes es sumamente sensible a todo tipo de noticias como, por ejemplo: los avances o retrocesos de una guerra como la de Rusia vs. Ucrania, los efectos catastróficos de un huracán, sequía, terremoto; el incremento o descenso en la inflación de dos socios comerciales claves; si la Reserva Federal subió o bajó su tasa de interés de referencia al igual que la del Banco Central Europeo o el Banco de Japón; las declaraciones de Donald Trump sobre subir los aranceles, los resultados de una elección presidencial, e incluso las declaraciones de un potentado como Elon Musk, etcétera.
En el mercado de divisas no hay ganar-ganar y siempre habrá ganadores y perdedores, y para ello algunos ejemplos aplicados al caso mexicano: 
Si el peso se fortalece de forma que el precio del dólar pase de $20 pesos por dólar a $16 pesos, los perdedores son: 
1. Los exportadores que facturan en dólares y que por cada dólar recibirán menos pesos. 
2. Las zonas turísticas que por un lado atraen menos turismo extranjero porque sus dólares compran menos pesos, y hay otros países con otros lugares con moneda depreciada, de forma que cada dólar compra más. 
3. Las personas que reciben remesas o envíos desde el extranjero. 
4. Las empresas mexicanas con sucursales en el extranjero, como Bimbo o Cemex que, al repatriar sus ganancias, intercambian dólares por menos pesos. 
5. Empresas trasnacionales instaladas en México cuyas inversiones les alcanzan para menos mano de obra, materia prima, etc., aquí en el país.
Mientras que los ganadores son:
1. Los importadores que pagan menos pesos por cada dólar y pueden aprovechar la oportunidad para abastecerse de materia prima, comprar maquinaria y equipo en el extranjero. 
2. Empresas como Pemex que tienen una enorme deuda externa y que por cada dólar pagarán menos pesos. 
3. El propio gobierno mexicano cuya deuda externa es el 45% del total de la deuda pública y que en enero de este año totalizó 225 mil 298 millones de dólares. 
4. Los mexicanos que pueden salir a pasear al extranjero pagando menos pesos por cada dólar, etc. 
5. Los mexicanos en general porque se reduce la inflación, ya que el 90% de lo que importamos es materia prima, maquinaria y equipo. 
Pero cuando el peso se deprecia, los perdedores se convierten en ganadores y los ganadores en perdedores, y es relativo decir que un peso fuerte es conveniente para la economía, ya que ello dependerá de quiénes son deudores y quiénes acreedores. 
Finalmente, poder determinar si el precio del dólar va a subir o bajar es sumamente difícil, ya que el 80% de las transacciones peso/dólar se realizan en los mercados internacionales, pues el peso es una moneda global, y el 82% de dichas transacciones se realiza entre negociantes que no viven en México.

¿Por qué es tan volátil el tipo de cambio?

México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Más del 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos, lo que representa el 38% del PIB de México y genera el 81% de la oferta de dólares. 
Por otro lado, el 96% de las remesas que recibe México provienen de Estados Unidos y representa la segunda fuente de dólares con un 8.6% del total. Dentro del círculo de Trump existe la propuesta de gravar dichas remesas con un impuesto del 10%, lo que podría traducirse en una pérdida significativa de ingresos para muchas familias mexicanas, e incluso se estima que esto podría disminuir los envíos de remesas en más de 6 mil millones de dólares.
Con respecto al turismo, el 69% proviene de Estados Unidos y representa el 4.2% de la entrada total de dólares.
Trump, como todos sabemos, busca hacer de Estados Unidos la potencia económica que era en la última mitad del siglo pasado y tiene una política de proteccionismo comercial en especial hacia China, México y Europa, por ello ha amenazado con poner aranceles de 10% o más a todos los productos importados, y de 200% a ciertos automóviles importados. En el caso de México promete aplicar aranceles de hasta 45% a productos mexicanos, esto es relevante porque México exporta hacia ese país 3 millones de vehículos cada año.
Trump ha prometido incentivar a las empresas estadounidenses para que se reubiquen dentro de Estados Unidos con políticas proteccionistas, de desregulación y reducción de impuestos. 
También ha prometido designar a los grupos de narcotraficantes como organizaciones terroristas y ordenar al Pentágono realizar acciones abiertas y encubiertas contra los cárteles de la droga y enviar fuerzas especiales a México para combatirlos, con el apoyo o no del gobierno mexicano.
En Estados Unidos hay aproximadamente 5.1 millones de migrantes indocumentados mexicanos y constituyen el 45% del total de inmigrantes sin papeles en ese país, y Trump ha prometido expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y bloquear el envío de remesas a México como medida de presión.
Estas son las razones por las que la mayoría de los analistas esperan una alta volatilidad en el precio del dólar, que de acuerdo con Monex puede oscilar entre los 21 y los 23 pesos por dólar. A su vez The Economist establece que México encabeza la lista de los países con mayor riesgo económico de ganar Trump la presidencia.

Efecto Trump en la economía mexicana

Los efectos económicos serán principalmente negativos tanto a nivel mundial como nacional.
A nivel mundial tendríamos de nuevo una caída en el comercio internacional alterando de nuevo las dinámicas comerciales. Trump ha dicho que quiere poner aranceles del 10 al 20% a todos los bienes importados por Estados Unidos, y a las importaciones chinas les quiere poner un arancel del 60 por ciento.
Se incrementaría la intensidad en las guerras comerciales, fracturando de nuevo las cadenas de suministro, elevando los costos de producción y transporte como resultado de una respuesta negativa por parte de otros países a los aranceles impuestos por Trump, ello disminuiría un 4% las exportaciones a nivel mundial para 2029, y tan solo el arancel al sector automotriz haría caer el PIB mundial un 0.6% en términos reales por cada 10% de caída en las exportaciones automotrices. 
Un mayor proteccionismo comercial por parte de otros países para evitar la llegada de productos que no pudieron entrar al mercado norteamericano. Mayores problemas a los ya existentes en las cadenas de suministro, con su consecuente efecto en elevación de costos y por ende un incremento en la inflación mundial.
En el caso de México, Trump ha dicho que podría poner aranceles extremadamente altos que oscilan entre un 100% a un 200% a los automóviles producidos en México. Hay que recordar que los automóviles son nuestro principal producto de exportación, representan el 75% de las exportaciones de manufacturas. Tan solo en 2023, México exportó 3 millones 300 mil 876 vehículos, y hacia Estados Unidos se dirige el 75%. Adicionalmente genera el 4% del PIB y el 20.5% del PIB manufacturero. Ello pondría en riesgo los empleos generados por la industria automotriz y maquiladora en México.
Moody’s Analytics dice que la economía podría entrar en recesión en 2025. El peso mexicano será una de las monedas más depreciadas a nivel internacional pudiendo llegar a $20.50 por dólar en este año de acuerdo con Bloomberg; UBS dice que el peso podría depreciarse entre un 3 y un 5% después de las elecciones y con la aplicación de aranceles elevados podría llegar a $22.00 pesos por dólar, ello presionará al alza la inflación, ya que 76% de las importaciones bienes intermedios para la producción.
Las empresas extranjeras que pensaban invertir en México se verán desmotivadas por los probables aranceles impuestos a nuestras exportaciones, además de los obstáculos no arancelarios que el proteccionismo comercial de Trump pueda poner. Los analistas estiman que la llegada de inversión extranjera directa podría estancarse en 30 mil millones de dólares.
Todo ello generará una menor tasa de crecimiento económico para México estimado en un 2% menos para 2026 y de 1% en 2028 de acuerdo con Dana Bodnar de Atradius. 
Finalmente, los mercados bursátiles tendrán volatilidad debido a la incertidumbre y las perspectivas negativas sobre el crecimiento económico.

Efectos económicos esperados en México si Trump gana la presidencia

El 16 de octubre pasado, el Senado aprobó el decreto por el que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejen de ser Empresas Productivas del Estado para pasar a ser Empresas públicas del Estado. El paso siguiente es que sea aprobada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para su promulgación y entrada en vigor.
Esto revierte la Reforma Energética de Peña Nieto aprobada el 22 de julio de 2014 y que buscaba que estas empresas se administraran con criterios rentables, con autonomía técnica, operativa y de gestión para mejorar su eficiencia. Se buscaba fomentar la competencia de la empresa y facilitar a empresas privadas participar en la cadena productiva del petróleo y la electricidad.
Es decir, se abrió la puerta a la inversión privada para participar en actividades que antes eran exclusivas de Pemex y la CFE.
La idea era hacer una empresa más competitiva a nivel internacional manteniendo su carácter de empresa estatal.
La verdad es que ello no funcionó, no fueron empresas productivas, rentables ni competitivas.
El gobierno de Andrés Manuel ha tratado de revertir la situación sin lograrlo, es por ello que, buscando una mayor injerencia en dichas empresas, los diputados y senadores votaron a favor de volverlas empresas paraestatales o públicas, buscando con ello mayores beneficios para la población, argumentando que ello generará electricidad y gasolina a un precio accesible y al alcance de todos.
Sin embargo, como en todo tiene sus puntos negativos como, por ejemplo:
<ol>
<li>Puede generar conflictos en la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales.</li>
<li>La modificación establece que la CFE generará el 54% de la electricidad nacional sin considerarse un monopolio y obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a despachar primero la energía producida en las plantas de la CFE, aunque sea más cara y contaminante.</li>
<li>La deuda de Pemex y la CFE pasa a ligarse más estrechamente a la deuda soberana, esto es deuda del gobierno federal, y aunque ya ha sido subsidiada a través del presupuesto de la federación, los límites a dicho subsidio son menores, cubriendo sus pérdidas, costos financieros y facilitando la transferencia de recursos desde el presupuesto federal.</li>
</ol>
Otros aspectos relevantes, solo con referencia a Pemex, son los siguientes:
<ol start="4">
<li>Hay que recordar que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con 106 mil 800 millones de dólares a finales del 2023, lo que representa en pesos 1.3 billones, esto es un equivalente al 7% del PIB nacional. A corto plazo debe 403 mil millones de pesos y los debe amortizar en menos de un año.</li>
<li>Su pasivo financiero es de 99 400 millones de dólares y adeudos con proveedores de más de 19 000 millones de dólares.</li>
<li>Ha perdido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 33 dólares por cada barril refinado de petróleo, ello equivale a más de 9 mil millones de dólares por año, por falta de inversión e ineficiencia operativa.</li>
<li>El gobierno le ha otorgado apoyos por más de 1.5 billones de pesos, y a pesar de ello no ha podido revertir su crisis productiva y financiera. Esos apoyos equivalen al 156% del presupuesto total de inversión en infraestructura del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.</li>
<li>Las agencias calificadoras han degradado sucesivamente sus calificaciones crediticias. Moody’s degrado la calificación de la deuda de B3 a B1 a sólo un peldaño del nivel altamente especulativo, con esto son 6 escalones menos desde 2018. Fitch Ratings la coloca en B+ acompañada de una perspectiva negativa.</li>
<li>La producción de petróleo ha caído un 28% en comparación con el sexenio anterior y su gasto en inversión física disminuyó un 9.6%.</li>
<li>Representa una fuerte carga fiscal, se la ha reducido la tasa de utilidad compartida de un 65% a principios del 2019 a un 35% en 2024.</li>
</ol>

Los riesgos de pasar de una empresa productiva del Estado a una empresa pública del Estado

El consumo de las familias es el principal determinante de la actividad económica, porque representa los gastos realizados en bienes y servicios tanto nacionales como importados. Es un indicador clave de la salud económica de un país, ya que todo lo que se produce es para ser consumido. 
Al segundo trimestre del 2024 dicho consumo representó el 71.6% de la producción total de bienes y servicios (PIB), mientras que durante la pandemia fue del 66 por ciento.
Así, el consumo de las familias es un indicador de bienestar social, al reflejar la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades, y un elemento clave para el crecimiento económico. El consumo depende de la confianza sobre ingresos futuros, la situación económica actual y futura de las familias y las perspectivas sobre el crecimiento económico.
Un aumento en la confianza del consumidor puede impulsar el crecimiento económico, mientras que la incertidumbre tiende a reducirlo. Por ello, los economistas utilizamos el índice de confianza del consumidor como un indicador clave para medir el grado de optimismo o pesimismo de las familias respecto a la situación económica actual y futura.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se encarga de medir dicha confianza. Un aumento en dicho índice indica mayor confianza y por ende, un mayor consumo. Una disminución indica una pérdida de confianza y una alta probabilidad de que las familias pospongan o disminuyan sus decisiones de consumo en el corto plazo.
Así el ICC puede ayudar a inferir sobre los cambios en el ciclo económico: expansiones o recesiones, y prever los cambios en la actividad económica. 
Empresas, gobierno y mercados financieros analizan el comportamiento de este índice para determinar el futuro dinamismo económico. 
Si el valor del índice es mayor a 50 puntos indica que hay confianza y los consumidores tenderán a gastar más.
Un valor por debajo de 50 puntos indica que los consumidores son cautelosos, lo que puede llevar a posponer sus gastos e incluso reducirlos afectando negativamente a la economía. En México dicho índice se comenzó a medir desde 2001, y en ningún momento ha logrado sobrepasar los 50 puntos. 
Durante la pandemia, este índice cayó hasta un valor de 31.2 y su recuperación fue lenta, sin llegar a alcanzar actualmente los niveles prepandemia. 
Actualmente su valor es de 47.1 y se ha mostrado estancado en esos niveles desde octubre del 2023, lo que nos dice que el crecimiento económico en el corto plazo será menos dinámico.
Entre los componentes del índice está el referido a la confianza de los consumidores sobre sus posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos etc. 
La buena noticia es que ésta se encuentra en un nivel históricamente elevado, aunque no para entrar en el terreno del optimismo, lo que indica una percepción en la mejora de los ingresos y la situación económica de los hogares.
Sin embargo, en otro indicador, la confianza para adquirir un automóvil nuevo o usado es muy baja, y menor desde que se mide este indicador. 
Finalmente, la confianza para comprar, construir o incluso remodelar una casa se encuentra en niveles muy bajos, por debajo de aquellos cuando se comenzó a medir este indicador, lo que indica que si bien los subsidios instrumentados por el gobierno permiten mejorar las perspectivas económicas sobre el consumo de bienes básicos, no es igual para el consumo de bienes que requieren de un mayor poder adquisitivo.

Importancia de la confianza del consumidor

Todo sexenio tiene en su haber aspectos positivos y negativos. Y como dice el dicho, “lo que no se mide, no se puede mejorar”. 
Por ello, a continuación me permito hacer un recuento sobre los avances y retrocesos del sexenio que termina. 
Los aspectos positivos:
1. Reducción de la pobreza total, que pasó de 55.7 millones de personas en 2020 a 46.8 millones en 2022, lo que implicó una reducción del 16 por ciento. 
a. Sin embargo, hubo un incremento en la pobreza extrema de 400 mil personas, básicamente en el medio rural indígena. 
2. Incremento en el salario mínimo de un 282% en términos reales y en su poder adquisitivo: 
a. En la zona Norte fronteriza recuperó el 225% de su poder adquisitivo. 
b. En el resto del país, recuperó el 136 por ciento. 
c. Sin embargo, solo se puede adquirir el 77% de una canasta alimentaria recomendable en la zona fronteriza y el 51.2% en el resto del país. 
3. Aumento en transferencias monetarias vía programas sociales del 55 por ciento. 
a. Sin embargo, fue a costa de la eliminación de otros programas sociales como las escuelas de tiempo completo, las guarderías o el Seguro Popular. 
b. Además, se utilizaron los recursos de los Fondos de Estabilización de los ingresos presupuestarios y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), junto con otros 108 fideicomisos, muchos de ellos relacionados con los programas de investigación y desarrollo del antiguo CONACYT, recursos sobre los que no se tiene transparencia en qué se utilizaron. 
4. Incremento en el ingreso laboral promedio en el Seguro Social de un 24 por ciento. 
5. Disminuyó el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria al pasar de un 40% a inicios del sexenio a un 35 por ciento. 
6. Regulaciones sobre el teletrabajo (home office). 
7. Reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar y mejora en sus condiciones laborales. 
8. Incremento en los días de vacaciones a 12 días desde el primer año de trabajo. 
9. La Tarjeta del Bienestar proporciona 100 pesos diarios a adultos mayores. 
10. Se eliminaron las pensiones millonarias para los expresidentes. 
11. Se ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica.
Los aspectos negativos: 
1. El menor crecimiento económico sexenal en 36 años con un 0.9% promedio anual. 
2. El crecimiento acumulado es del 4.94%, también el menor en 36 años. 
3. El crecimiento del PIB por persona se contrajo 1.05 por ciento. 
4. La inflación acumulada por sexenio también es la mayor con un 31.3% de los últimos cuatro sexenios. 
5. El mayor déficit fiscal desde la crisis de José López Portillo, con un 5.9% del PIB. 
6. El mayor saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público con un 50.2% del PIB, desde que se tiene registro. 
7. El menor incremento en consumo privado con solo un 6.7 por ciento. 
8. La menor creación de empleo formal con registro en el IMSS, con 1 millón 932 mil empleos, el más bajo desde Vicente Fox Quesada. 
9. Una contracción en la formación bruta de capital fijo de -3.03 por ciento. 
10. Una contracción en servicios básicos de electricidad, agua, riego y saneamiento, y distribución de gas por ductos, desde el inicio del sexenio. 
11. Una caída sexenal en la inversión extranjera total de -1.7%; la primera caída desde José López Portillo. 
12. Un incremento histórico en la población sin acceso a servicios de salud que paso del 16.2% en 2018 a 39% en 2022, esto es 30 millones de personas más durante el sexenio.

Evaluación económica del sexenio de Andrés Manuel López Obrador

A partir de la pandemia, el nearshoring tomó fuerza como estrategia empresarial, ante la fractura de las cadenas de suministro, el incremento en el costo de los fletes marítimos y contenedores, aunado a ataques a buques cargueros en el Mar Rojo; los problemas de falta de agua en el Canal de Panamá y los problemas que la guerra de Rusia contra Ucrania, generan en el Mar Negro y el Canal de Kerch.
El nearshoring es la estrategia de relocalización de líneas de producción o procesos de negocios en países cercanos o fronterizos con el mercado meta, en el que se aprovechan también las mismas zonas horarios y la afinidad económica, política y cultural y los bajos costos de mano de obra, materia prima y transporte.
Por está razón se consideró que México sería muy atractivo para las empresas que buscaban relocalizar sus procesos productivos, y que México podría capturar el 40% de dichas inversiones al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, además de que el 56% de las exportaciones mexicanas están integradas en cadenas globales de valor y que México tiene la tercera participación más alta dentro de la OCDE en dichas cadenas globales de valor.
Los ojos estaban puestos en México, pero los problemas relacionados con el crimen organizado, la inseguridad, la insuficiencia en el abasto de energía eléctrica, el estrés hídrico y recientemente la aprobación de las reformas constitucionales al Poder Legislativo, no han permitido que se concreten dichas inversiones por parte de los extranjeros. 
Si bien es cierto que los mexicanos aumentaron la construcción de bodegas y parques industriales con 50 nuevos parques industriales en estados del Norte y del Bajío, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados A.C. (AMPIP), la verdad es que la llegada de nuevas inversiones es cada vez menor.
Sin embargo, en el sexenio de Peña Nieto (EPN), la Inversión Extranjera Directa acumulada hasta el segundo trimestre de su último año de gobierno fue de 203 mil 50 millones de dólares, y en el mismo período de López Obrador (AMLO) fue de 200 mil millones de dólares lo que significa una contracción del 1.7% (con cifras oficiales de la Secretaría de Economía).
La llegada de nuevas inversiones en el sexenio de AMLO fue un 12.7% menos que con EPN en el mismo período, la reinversión de capital pasó de un crecimiento sexenal de 78.3% con EPN a 43.4% con AMLO, y las cuentas con la matriz pasaron de un incremento sexenal de 83% con EPN a una contracción del 61.1% con AMLO.

Nearshoring: ¡No se concreta!

En materia del crimen organizado hay una fuerte violencia entre los dos cárteles más poderosos del país: el de Jalisco y el de Sinaloa. Tan solo entre 2017 y 2022, 19 mil personas fueron víctimas del conflicto entre estos dos grupos. También ha habido un incremento en la violencia y saña en los asesinatos. Así, los homicidios relacionados con el crimen organizado aumentaron 145% entre 2014 y 2023, subiendo de 8 mil homicidios anuales a 20 mil.
De acuerdo con el INEGI, en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que se enfoca únicamente en personas y hogares que sufrieron delitos, en 2023 el 27.5% de los hogares en México tuvo al menos una víctima de delito, y el total de víctimas fue de 21.9 millones de personas con una edad 18 años o más, esto es el 25.5% de la población total de 18 años o más.
La encuesta establece que el total de delitos fue de 31.3 millones, de los cuales el 92.9% no fue denunciado, mientras que el costo total estimado de estos delitos fue de 282 mil millones de pesos, lo que representa el 1.15% del PIB.
El costo total promedio del delito ¡por persona! es de 6 mil 853 pesos y Jalisco ocupa el primer lugar con el costo por persona más alto a nivel nacional, con un importe de 9 mil 325 pesos y un incremento en dicho costo del 16.2%, mientras que el incremento promedio nacional fue del 2.5 por ciento. Por su parte, el costo asociado a medidas preventivas fue de 91.7 millones de pesos.
En relación a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en 2021 (último dato disponible) el costo total por la inseguridad y el delito para las empresas fue de 120 mil 200 millones de pesos, lo que representó el 0.67% del PIB. 
Por otro lado, y con una medida mucha más amplia, el Instituto para la Economía y la Paz, establece que en México la paz mejoró un 1.4% en 2023 y con ello ya son cuatro años de mejora consecutiva. Sin embargo, empeoraron más estados que los que mejoraron, ya que 17 empeoraron y 15 mejoraron. En su cálculo del Índice de Paz Global 2023, para el cálculo del 2024, México reprueba al ocupar el puesto 138 de 163 países, retrocediendo dos lugares con respecto al 2023.
Según el Instituto para la Economía y la Paz, el costo económico de la violencia en México, en 2023, fue 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8% del PIB y en el cálculo se incluyen los gastos en seguridad en la que incurren empresas y familias: Las pérdidas estimadas de productividad, los daños a la propiedad, los costos asociados a la salud y los costos asociados al sistema judicial. Este costo económico se divide en directo, relacionado con: seguridad pública y privada y costos relacionados con las víctimas de delito, lo que representa un 5.8% del PIB y los costos indirectos relacionados con pérdidas en productividad y consumo, representan el 9.2% del PIB.
El costo por persona debido a la violencia es de 37 mil 430 pesos, más del doble del salario promedio mensual en México.
El impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2023. Estos datos son mucho más elevados que los del Inegi, porque abarcan los efectos negativos de la delincuencia en las empresas, lo que afecta a la productividad y las decisiones de inversión. Adicionalmente, mide los impactos económicos en las familias víctimas de homicidios, desapariciones e hijos de los encarcelados.
Finalmente, el gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9% entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 9.1 por ciento.

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En economía un déficit fiscal considerado viable es del 3% del PIB porque no genera inflación, ni incremento en tasas de interés. Hoy el gobierno tiene un déficit fiscal del 5.9% del PIB y para reducirlo habrá que reducir el gasto público e incrementar los ingresos. Ello implica una mayor austeridad. El problema con la austeridad es que impacta negativamente en el crecimiento económico y el bienestar social al implicar recortes del gasto público, despido de burócratas, disminución en la calidad y cantidad de servicios públicos disponibles como: Salud, educación, seguridad e infraestructura, lo que puede afectar en mayor proporción a las poblaciones más vulnerables.
La disminución del gasto en infraestructura hoy, limita el potencial de crecimiento económico a futuro, y cuando dichas medidas de austeridad se aplican en un escenario de bajo crecimiento pueden generar una recesión económica. Como alternativa los economistas proponen una Reforma Hacendaria, sin embargo, esta no es la opción que propone la Secretaría de Hacienda para este sexenio, como no lo fue para el sexenio pasado.
Ante la inexistencia de una Reforma Hacendaria, o cuando menos una Reforma Fiscal, el nuevo gobierno establece en el paquete económico para 2025 una reducción del gasto público, ajustando a la baja el gasto en salud que pasará del 2.8% del PIB a 2.4% en 2025. El gasto en Seguridad Nacional y policías del 0.7% al 0.5% del PIB y el gasto en combustibles y energía del 3.15% al 3.0 por ciento.
Por otro lado, se incrementará el costo financiero de la deuda del 3.6% al 3.8% como resultado del incremento en el pago de intereses de la deuda pública y la depreciación del peso.
El presupuesto para 2025 es de 9.2 billones de pesos, lo que representa el 25.5% del PIB y, con respecto al año pasado, es una reducción real de 1.9 por ciento. Por otro lado, estima un incremento en los ingresos del 21.3% del PIB en 2024 a 22.3% para 2025.
El ajuste implica una reducción del gasto funcional en salud en -12.2%, en educación -0.5%, policías civiles -42.9%, seguridad nacional -15%, protección ambiental -5.6%, apoyo al campo -24.4%, comunicaciones -15%, turismo -27.4% y recreación y cultura -24.3 por ciento.
Por institución, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá un recorte del 43.8%, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 39.4% menos, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del 36.2%, la Secretaria de Salud (SSA) un 34% menos, la Secretaria de Educación pública 12.9%, el Conahcyt del 3.7%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, prontas a desaparecer, del 32.9%. También se propone una reducción del gasto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex.
Finalmente, los supuestos sobre el crecimiento económico son optimistas. Hacienda estima un incremento del 2.5% para el PIB, pero los analistas esperan 1.8% y el Fondo Monetario Internacional del 1.3% y hay que recordar que ello implica una menor recaudación.

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