Discutir el Pacto Fiscal

Desgasta, y mucho, el afán de confrontación en el ejercicio de la política en México. Si al menos la mitad de la energía y los recursos que se invierten en combatir a los adversarios políticos, se utilizaran en mejorar las políticas públicas y procurar soluciones a los problemas diagnosticados que aquejan a la sociedad, mucho se habría reducido ya la desigualdad que impera en el país; y más se habría avanzado en la consolidación de instituciones y el combate a la corrupción. Viene esto al caso por una nueva discusión, con viejos antecedentes, que confronta a las estructuras de Morena con las de Movimiento Ciudadano: el Pacto Fiscal de la Federación.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, procedió la mañana del martes 19 de noviembre de la forma más normal en cualquier gobernante: defender el legado de su administración y presentar un reclamo por un trato presupuestal que beneficia a otros Estados y perjudica a Jalisco. Es más, si no lo hiciera, se lo reclamarían.

La interpretación en el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que Alfaro Ramírez lanza un llamado a abandonar el Pacto Fiscal y en ese griterío anónimo que son las redes sociales, ya se maneja “el separatismo” del gobierno de Jalisco.

Es importante acudir a los antecedentes y a los hechos reales para hacer elaborar un juicio más equilibrado.

Lo primero y más importante: la Federación a la que pertenecen Jalisco y las otras 31 entidades federativas del país, no es propiedad de Morena, ni del gobierno federal ni de lo que ellos llaman “la cuarta transformación”. La república federal de los Estados Unidos Mexicanos es un ente de dos siglos de agitada historia en la que se han compartido visiones, proyectos y por la que han pasado numerosas cúpulas de poder que ahora no son sino recuerdos.

Ni la “cuarta transformación”, ni Morena ni ningún gobierno federal inventaron este país.

Después de asentado lo anterior, y haciendo un poco –apenas un poco– de memoria, se puede revisar cómo la historia nacional ha oscilado de un período de autoritarismo y centralismo controlado por el PRI, hacia la alternancia política y muchos esfuerzos políticos e institucionales (con todos los yerros y vicios que eso implicó) hacia un federalismo real. Durante los dos sexenios en los que fueron presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se descentralizaron funciones, se entregaron recursos económicos y se dejó que los gobiernos de los estados decidieran en su sistema educativo, en su sistema de salud, en sus estructuras de seguridad.

Si los estados del país, sus clases gobernantes, sus cúpulas empresariales y económicas, sus instituciones educativas y sus expresiones sociales se fortalecieron, naturalmente se debilitó el poder central, ese que surgió después del proceso de la Revolución Mexicana (ahora que conmemoramos 114 años desde que inició esa transformación social).

Vamos unos años atrás: En la década de los años 80, justamente cuando se instalaron en la élite gobernante de la federación lo que se ha conocido ahora como “los neoliberales”, se estableció el Pacto Fiscal de la Federación. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari afianzó ese poder central que para el año 2000, fue derrotado por la alternancia.

Pero el Pacto Fiscal de la Federación no se modificó. No podía permitirlo la presidencia de la república. Ese Pacto es lo que le ha permitido a todos los presidentes mantener el control, el mando. Porque al presidente se acude y se pide el presupuesto.
A partir de 2018 –y obviemos, por razón de espacio, todos los cambios acontecidos–, el presidente Andrés Manuel López Obrador implantó una férrea política centralista que ya había iniciado su antecesor, Enrique Peña Nieto. Y determinó, simplemente porque podía, una forma diferente del uso de los recursos económicos federales. No discutamos si fue justo, correcto o adecuado. Simplemente ocurrió.
Al debilitar así, a golpe de reducción presupuestal, el imberbe federalismo que no había cumplido siquiera 20 años, ¿no es natural que reaccionen los gobernantes locales? ¿Acaso extraña o sorprende que reaccionen y pidan un trato distinto?
Jalisco y los jaliscienses no quieren “separarse de México”.

Detrás de la exigencia de Enrique Alfaro y en unos días, de Pablo Lemus, sólo está la convicción de que se entreguen los recursos económicos que sean “justos”, decididos en un acuerdo que revise el pacto de los años 80, y que le permitan al gobierno estatal, emanado de las elecciones democráticas realizadas en Jalisco, determinar qué sí hacer y qué no hacer con su propio erario.

Naturalmente, el gobierno federal va a resistirse. Así son las cosas. Es desgastante.