Hiram Espinoza de los Monteros

Se dijo así, tras el resultado electoral de junio pasado, y esa misma narrativa se ha mantenido en los meses que siguieron: Jalisco es un “Estado de resistencia” ante Morena. Algo así como que el triunfo de Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo significa el triunfo de Movimiento Ciudadano sobre la voracidad de Morena y su efectividad electoral en el resto de las gubernaturas que se jugaban.
No se resta mérito al resultado, pero sí conviene analizar la narrativa y contrastarla con la realidad pues no se trata de un triunfo total para el partido naranja, ni mucho menos se puede permitir realizar acciones de resistencia ante el poder del partido guinda; basta ver la conformación de la Legislatura que acompañará a Pablo Lemus en la primera parte de su gobierno.
Si bien, en solitario, Movimiento Ciudadano es el partido con el mayor número de diputaciones (11 en total), Morena es segunda fuerza con apenas dos espacios menos (9 diputados), pero que rápidamente aumenta a partir de sus pactos desde lo nacional con el Verde y el PT, cada uno con dos curules. Aún así, tampoco logra una mayoría simple.
A partir de las coincidencias en la manera de hacer política, resulta casi una jugada “natural” el que MC pacte con el PAN (que cuenta con cinco diputaciones), pero también insuficiente. El PRI (3 diputados) con su visión más pragmática y hasta artífice de la forma de hacer política en México, tampoco logra inclinar la balanza hacia alguna de las dos visiones mayoritarias. 
Con este panorama, son los diputados de partidos locales, Hagamos (con tres curules) y Futuro (con dos espacios), más el diputado Alejandro Puerto (quien se asume como independiente) los que pudieran sumar hacia la búsqueda de alcanzar la mayoría simple: la mitad más uno. 
Este es el escenario, que Movimiento Ciudadano o Morena busquen pactar con las diferentes coordinaciones de las bancadas y en esos pactos ceder un poquito o un muchito de control y poder, a según…
Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que se hizo. El reparto de comisiones como primera acción de la actual Legislatura, la LXIV, significó el pacto de arranque entre los dos “grandes”, aun sacrificando –momentáneamente– las posibles alianzas “naturales”, porque con ellos ya habrá forma de acordar después.
Así, en aritmética simple, la alianza con Acción Nacional no es en este momento la prioridad de MC; es fácilmente visto porque esa alianza fue con el MC de Alfaro; ahora estamos conociendo las formas y los modos del MC de Lemus. 
¿Una resistencia blanda?

¿Lo pragmático como resistencia?

Jalisco resulta en tercer lugar nacional en cuanto a la captación de remesas, es decir, después de Guanajuato y Michoacán, es Jalisco el Estado que más dinero recibe de los mexicanos que viven fuera del país. 
Los resultados forman parte del informe del tercer trimestre que publica el Banco de México respecto a la captación de remesas, el llamado dinero fresco que entra directo a los bolsillos de familiares de migrantes y sin el que –hay que decirlo– no podrían sostener los gastos cotidianos.
El informe señala que entre julio y septiembre de este año se alcanzó un récord para Jalisco al ingresar mil 450 millones de dólares por concepto de remesas, incremento del 0.72% (10 millones de dólares) respecto al trimestre anterior; el aumento es mayor si se compara con el mismo trimestre del 2023, significa 4.95% más. En números redondos, en lo que va del año, Jalisco ha captado cuatro mil 094 millones de dólares en remesas.
¿A qué viene al cuento recordarlo ahora? Bueno, el asunto es que –ya en escenario nacional–, 96 de cada 100 dólares que ingresaron a México bajo el concepto de remesas procede directamente de migrantes en Estados Unidos, el país del Norte con el que –vía acuerdos comerciales– se sustenta el 80 por ciento del dinero generado por la exportación de productos hechos o producidos en México.
Es clara la dependencia económica y clara también la complejidad que pudiera venir a partir de lo ocurrido en el llamado super martes: el triunfo electoral de Donald Trump y su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Algunos expertos aseguran que la complejidad se da no más allá de la retórica, es decir, el estilo discursivo chantajista, de embate, amenazante. ¿Será solo eso?
Yo no dejo de recordar aquella amenaza de Trump en 2019 en la que además del aumento de aranceles (amenaza que repitió el fin de semana pasado, ya casi para cerrar campaña) figura la búsqueda de algún mecanismo para frenar el envío de remesas a México; aquello generó tensión con el gobierno del páter de la 4T, Andrés Manuel López Obrador y derivó en una de las primeras órdenes hacia la Guardia Nacional: contener la llegada de migrantes en la frontera con Centroamérica. La acción devino del discurso, es decir, no fue solo retórica.
Lo apunto para que luego no nos quedemos con el puro buen deseo como respuesta. El “va a haber buena relación” que dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum tras la amenaza (reiterada) de aumentar aranceles si no hay mayor control migratorio y combate a cárteles de la droga, depende de las acciones que se tomen a partir del diagnóstico estadounidense, no del propio.

“Va a haber buena relación”

Hoy es jueves de sesión de pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rompiendo toda expectativa, no será hoy la fecha en la que se discuta la inconstitucionalidad de algunos de los cambios que incluyó la Reforma Judicial.
La expectativa comenzó a partir de que el ministro Luis González Alcántara Carrancá hizo público el proyecto de sentencia surgido a partir de las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por partidos de oposición respecto a la Reforma Judicial. En el proyecto se propone declarar como inconstitucional algunos aspectos, pero “valida” otros.
Por un lado, propone declarar constitucional (es decir válido, viable, correcto de acuerdo a los marcos de la Constitución Mexicana) el que los ministros de la SCJN, los magistrados del Tribunal Electoral y los que vayan a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidos mediante voto popular (significa que también validan la creación de este último); por otro lado observa como inconstitucional la elección por esta misma mecánica de jueces y magistrados tanto de nivel federal como locales.
El proyecto de sentencia del ministro González Alcántara también evitaría la remoción masiva de estos últimos a quienes tendrían que respetarles sus salarios hasta que dejen el cargo, pero sí aplicarían reducción de percepciones y extinción de fideicomisos para los futuros, los que lleguen después por el método de selección habitual previo a la reforma.
Hay chismecillos, cotilleo, comentarios así en los pasillos de las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y –claro está– el Judicial, de que este proyecto es uno de los últimos esfuerzos que se harán por quienes hoy integran la SCJN para solucionar la crisis política en la que se encuentran los Poderes de la Unión y en los que se basa la soberanía mexicana.
El asunto radica en que ya la sola existencia del proyecto está exacerbando el conflicto, mientras que los ministros deciden tomárselo con calma y programar para el martes 5 de noviembre la discusión; Ricardo Monreal, coordinador de la poderosísima (y servilísima) bancada de Morena en la Cámara de Diputados declara que no acatarán lo que decidan los ministros.
Entonces, ¿el asunto es desestimar, no escuchar, invalidar ideas distintas a las que se autopermita Morena o su líder? 
Ya en lo futuro cercano hablaremos también del famoso “juez sin rostro” que de entrada contraviene a tratados internacionales a los que México está adherido.

No será hoy

El calendario avanza y la reunión del gobernador electo de Jalisco con la presidenta de México no se da. En la oficina de prensa de Pablo Lemus, dicen que siguen esperando fecha y que ya hay contacto con la secretaría particular, mientras que en la de la presidencia dicen que en la agenda pública no hay nada aún confirmado.
¿Es grave? Pues grave, lo que se dice grave… no. Ahora, tomando en cuenta que en política la forma es fondo, es decir, que los hechos significan; es una señal negativa. No es que se vaticine una relación complicada entre Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum, o que en automático se vislumbre un trato diferenciado (en negativo) hacia los estados donde no gobierna Morena; eso el tiempo lo ha de decir y sobre ello ya escribiremos.
Lo que claramente se infiere es que la pauta en la relación entre ambos personajes la define la presidenta. Ella es quien decidió no recibir al gobernador electo hasta que se resolvieran las impugnaciones en tribunales; agotado el asunto y ratificado el triunfo por los magistrados de la Sala Superior, ella es quien no reaccionó con algún comentario, publicación en redes o alguna deferencia hacia Pablo Lemus; es ella quien no prioriza en su agenda un intercambio de palabras, aunque sea breve. ¡Vaya!, recibir al gobernador electo de Jalisco no le es prioritario.
Reitero, es el mensaje implícito el que genera suspicacias. Ambas figuras fueron elegidas por mayoría de votos, es decir, en democracia; ese concepto al que continuamente se alude en el discurso presidencial para validar las decisiones, acciones, reformas y lo que sea que tenga que ver con el Gobierno Federal o con Morena (y aliados) en las Cámaras o al frente de gobiernos estatales.
En ese mismo ánimo de poner a la democracia en posición superior, es necesario que se reconozcan los espacios que vía electoral ganan los partidos de oposición, porque también representan a ciudadanos y eso es lo que a su vez valida a la democracia misma: el reconocimiento de la pluralidad.
Pablo Lemus insiste en que no busca polarización, contraste o pelea con Claudia Sheinbaum o su gobierno, y esa es una decisión sabia ya que los números en lo político y en lo económico no están a su favor. En unos días rinden protesta los integrantes de la Legislatura LXIV en el Congreso de Jalisco donde Morena y aliados tienen mayoría simple; respecto a lo económico, es necesario tener partidas presupuestales desde la federación para lograr las obras que prometió en campaña.
Esas obras forman parte de lo que Pablo Lemus busca exponer en la reunión con Claudia Sheinbaum y que según dijo el 17 de octubre, ocurriría “en 10 días”, de esos ya pasaron 7 y ayer se sumaron 10 días más. Aumenta pues el plazo de espera para que la presidenta les de audiencia.

Jueves. Día 7… de los primeros 10

Como ocurre arriba, ocurre abajo. Esa práctica de la que se quejan siendo minoría en la Cámara Alta, es la que aplican siendo mayoría en el Congreso local: la aplanadora. Esto deja poco margen para hacer política, entendida ésta como la construcción de consensos. ¿Para qué hacerlo? Los más no necesitan convencer a los menos.
Lo digo porque llevamos semanas escuchando discursos (bien construidos y lógicos, eso sí) del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado en donde la argumentación va en torno a la falta de escucha de Morena hacia las críticas a la reforma al Poder Judicial. Clemente Castañeda habla de prisas e improvisaciones por parte de la mayoría oficialista.
¿Qué cree que ocurre en el Congreso de Jalisco? ¿Largas, plurales y sesudas discusiones para hacer reformas en consenso? No. 
Dos días bastaron (lunes y martes) para que los diputados avalaran la modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y dar entrada a la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas que impulsa el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus.
Lo hicieron a quince días de terminar la actual Legislatura en la que MC cuenta con 17 de los 38 diputados posibles y en la que el resto de las bancadas no alcanza cifra similar. Con todo y críticas, hubo 31 votos a favor. 
Fuera de la sala de plenos y sin voz posible entre quienes deciden, organismos civiles conformados por familiares de desaparecidos se quejaron por no ser incluidos en la discusión; de la premura en la que legislaron en torno a un tema tan sensible y de la dirección que apunta a un lado distinto al que venía planteándose desde hace años: La creación de fiscalías especializadas autónomas.
Hecha ya la reforma, sólo se espera que las dudas de operatividad, presupuesto, jerarquía y atribuciones se vayan resolviendo conforme a la marcha y, mientras ello ocurre, también atender y resolver los casos de desaparición que todos los días se acumulan.

Otra de la LXIII… de las últimas

Nos hemos adecuado a él y nos refugiamos –a modo de consuelo– en su folclore, su colorido, sus tradiciones y lo que sea que nos permita voltear a otro lado; pero no hay duda de que este país, el nuestro, es peligroso y violento.
Se sabe en todo estrato económico. Se lee, se oye y se ve todos los días en los diferentes noticieros con notas de un homicidio tras otro. De pronto se disimula en atractivos entornos llenos de restaurantes, de tiendas con marcas extranjeras y diseñadores de ropa y accesorios “exclusivos” con los que las personas acuden a convivir con sus símiles privilegiados; afuera, esperando y vigilantes del entorno amenazante, están sus escoltas.
Es peligroso y violento porque además de los encabezados, también lo dice la estadística oficial. Es peligroso y violento porque también lo muestran las leyes o reformas a estas que buscan ser inhibidores de riesgos específicos para ciudadanos específicos. La muestra reciente es lo aprobado esta semana en el Congreso de Jalisco.
Ley Guarura o Ley Hugo Luna, la primera definición de construcción simple y pegadiza; la segunda personalísima y pegadora para ligarla a uno de los hombres más cercanos al hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En la praxis, fue la reforma a la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios con la que el Congreso aprobó aumentar el número de funcionarios y ex funcionarios con derecho a escoltas.
Entre las novedades está el que los titulares de las fiscalías anticorrupción y de la de Delitos Electorales tengan derecho a escoltas con cargo al erario. También se integra a este derecho a la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Jalisco, aún ocupada por Hugo Luna. Así lo planeó y presentó la bancada del partido Movimiento Ciudadano.
De última hora, y para que no se viera muy de beneficio exclusivos para políticos, también aprobaron que familiares de personas desaparecidas cuenten con escoltas (a petición de la bancada de Morena), esto siempre y cuando lo requieran y enfrenten algún riesgo de seguridad… esto último debía venir con especificaciones porque si a cada familiar de un desaparecido le otorgaran por ley a un escolta en este contexto de aumento de casos, ¿de dónde saldría tanto guardaespaldas?
La pregunta me surge porque hace unos años fue argumento para reducir el número de funcionarios con escolta. Era la Legislatura LXI y MC tenía como diputado a Augusto Valencia. Él propuso los cambios para reducir el número de funcionarios con escolta, para que por ahí de 700 policías de investigación con labores de custodia pudieran regresar a sus labores en la Fiscalía: “Hay muchas carpetas de investigación que no se atienden por falta de elementos y muchos de esos personajes quieren regresar a su área de trabajo asignada”, dijo entonces (El Occidental, 4 de septiembre de 2017. https://www.eloccidental.com.mx/local/con-la-ley-de-regulacion-de-escoltas-deberan-regresar-a-sus-funciones-700-policias-augusto-valencia-1287491.html).
El argumento lógico del 2017 sigue vigente, pero estos diputados hoy miran para otro lado. Le digo… este país es peligroso y violento y la muestra también son las carpetas de investigación que siguen abriéndose y cuyo rezago (también por casos de desaparición de personas) se acumula.

Dios Congreso quita, Dios Congreso da

Hay momentos que marcan la historia e imágenes que quedan para la memoria colectiva. Lo vivido en México hace un par de días, el 1 de octubre de 2024, sin duda cumple con lo requerido.
En un discurso de poco más de 40 minutos, ya portando la banda presidencial, Claudia Sheinbaum dijo lo que en síntesis somera puede englobarse como un gobierno de continuidad con visión femenina. ¿Qué significa? el paso del sexenio lo ha de mostrar.
El recorrido retórico de lo que ha sido el papel de la mujer en la historia de México encuentra resumen en la petición específica: “Nombremos presidenta con ´A´ al final… al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con ´A´; porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe”.
La Real Academia Española (por aquello de citar fuente de mayor aceptación) tiene como primera acepción el uso de la palabra Presidente como un adjetivo –aclara que ya de poco uso pues hace años que se incluyó la versión femenina– para denominar a la persona que preside, igual que estudiante como la persona que estudia y dirigente para la que dirige; son entonces adjetivos de uso “neutro” para definir a la actividad de la persona sin importar su género.
Escrito lo anterior, ¿qué importancia tiene entonces?, ¿qué más da si termina en A, E u O? la respuesta está en eso mismo que expresaba la hoy ComandantA SupremA del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “Solo lo que se nombra existe”.
Lo que como sociedad hemos ido aprendiendo del movimiento feminista es que esa prevalente inexistencia de lo femenino en el lenguaje es característica de una visión centrada en lo masculino. El androcentrismo terminó por invisibilizar, inadvertir, quizá incluso desaparecer a las mujeres en papeles fundamentales del hacer cotidiano; así aprendimos a decir la físico, la médico, la juez, la presidente.
Lo aprendimos y lo llevamos bastante bien sin reparar en la necesidad de cambiar la última letra porque, ¿qué más da? Se entiende, no hace daño, es lo usual. Pero, ¿no podría ser este mismo el argumento para incorporar el término en femenino a toda esfera de poder?
Quizá el que la primera mujer presidenta de México especifique en su discurso de toma de protesta el que “solo lo que se nombra existe”, detonará la idea de que como sociedad debemos ir repensando otras formas del lenguaje para también aceptar, visibilizar y hacer existente a otras expresiones de género. ¿Será?

Solo lo que se nombra existe

Culiacán, Elota, San Ignacio y Concordia; cuatro municipios de Sinaloa donde grupos delictivos se disputan el control territorial. La cifra de muertos –según a quien le preguntes o la fuente que leas– oscila entre los 40 y 50 en los últimos 10 días.
Ayer, 18 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador dijo que la cobertura periodística que se le ha ido dando a la situación de Sinaloa es mera propaganda para desprestigiar a su gobierno, pero que como “el pueblo es mucha pieza”, no les funciona esta estrategia a sus adversarios.
No extraña el manejo y habilidad retórica del presidente para abordar este tema. No es novedad. Lo que sí me preocupa –y lo digo así nomás, en tono suavecito– es lo que respondió Jesús Leana (JL), comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán a un reportero (R) que le entrevistaba. Se lo transcribo:
• R: La gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad (en Sinaloa)? 
• JL: Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad.
Y así, ¿cuánto porcentaje más del territorio mexicano hay a la espera de que los delincuentes decidan quién se lo queda?, ¿cuántos desplazados más?, ¿cuántos muertos más?, ¿cuál estado de derecho?
Le digo… lo que exprese el presidente por enésima ocasión contra los periodistas o a quien configure como sus adversarios personales o de su gobierno, o de la 4T; eso es lo de menos. La realidad.
De vez en vez me da por recordar algunas frases que en lo cotidiano he leído. Así de pronto salta a mi memoria lo que igual pudo llegar en forma de cartel publicitario, barda de fondo blanco, algún diario o semanario y –claro está– un libro.
Esto me vino a la mente:
Qué costumbre tan salvaje esta de contar a los muertos… ¿sí iba así?, ¡no, ahora recuerdo!: “Que costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos”, Jaime Sabines. Costumbre salvaje y muerte, la constante que une la idea. 
121, 613; 157, 158; 196, 505. Son las cifras globales de homicidios de los últimos sexenios, los dos primeros ya concluidos y el tercero a escasos 11 días de que lo haga. Más salvajes resultan los simples números que la costumbrita ésta de enterrarlos o contarlos. ¿Salvaje?, ¿escalofriante?, ¿indignante?, ¿pavoroso? Real.
Sé bien que lo que no se mide (o pone en cifras) no es mejorable, así que la crítica no va por ese lado. Tampoco vengo a exponer lo ya muchas veces visto, leído y escuchado respecto a la fallida estrategia de este gobierno (y del anterior, y del previo) para contrarrestar la violencia en México. Suficiente evidencia hay respecto de que los abrazos no sirvieron para inmovilizar a las miles de manos que empuñaban un arma.
Lo que sí creo es que por lo menos debe existir un atisbo de mera empatía con las víctimas, si no con el muerto, sí con aquel o aquella que quizá alguna vez le amó; y si tampoco se puede con él o ella, por lo menos con alguna de las muchas personas que ven mermado su día a día por el nivel de violencia que hay en su ciudad.

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Llaman la atención los tiempos y las circunstancias: ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué a 18 días de que termine su mandato? ¿Por qué frente a esta configuración del Congreso en la que no cuenta con una suma suficiente de votos a su favor? ¿No le genera a usted un “ya pa’ qué”?
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El gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el Congreso de Jalisco una serie de iniciativas con las que prácticamente cierra su gestión. Entre ellas destaca la que significa una búsqueda por un nuevo convenio de coordinación fiscal con la federación; el argumento es el mismo que expresó por allá a inicios de octubre del 2021 en el Teatro Degollado: Hay un maltrato presupuestal del Gobierno Federal hacia Jalisco.
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Sin embargo, las circunstancias de aquel y este momento son distintas y eso lo cambia todo en materia de fuerza para hacer política. Aquel 2021, también año electoral, el partido de Enrique Alfaro logró buenos resultados en la conformación del Congreso local con 16 diputaciones por voto directo. Además, la oposición –lidereada por Morena– se configuraba más fragmentada y con menos ánimo de lograr pactos con el resto de las bancadas. En 2024 las fuerzas están más-menos equilibradas, pero ninguna logrará hacer nada sin la suma de voluntades.
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Aquel 2021 eran también tiempos de la llamada Alianza Federalista, una suerte de escisión a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) integrada por 10 mandatarios que buscaban darle batalla al muy popular Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México. El resultado de aquella alianza fue nulo. ¡Vaya!, estaba Javier Corral, hoy senador de Morena. La escena actual configura a 24 gobiernos estatales ganados por Morena o en manos de sus aliados.
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Por ello las dudas que planteo al inicio y, claro está, lo hago a partir del escenario político, un gobierno que ya termina; otro que entra –Pablo Lemus– sin tener afianzado un apoyo del Poder Legislativo; una presidenta de México que sigue sin recibirle para siquiera preguntarle cuál es su visión de lo necesario para Jalisco… en fin, todo en contra.
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Lo que Enrique Alfaro hizo al –finalmente–, presentar la iniciativa para renegociar el Pacto Fiscal es más una manera de cerrar el mandato en búsqueda de congruencia con su propio discurso. Es un simbolismo político, pero no una realidad factible hoy.
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Simbolismo vs realidad posible