Jonás

Desgasta, y mucho, el afán de confrontación en el ejercicio de la política en México. Si al menos la mitad de la energía y los recursos que se invierten en combatir a los adversarios políticos, se utilizaran en mejorar las políticas públicas y procurar soluciones a los problemas diagnosticados que aquejan a la sociedad, mucho se habría reducido ya la desigualdad que impera en el país; y más se habría avanzado en la consolidación de instituciones y el combate a la corrupción. Viene esto al caso por una nueva discusión, con viejos antecedentes, que confronta a las estructuras de Morena con las de Movimiento Ciudadano: el Pacto Fiscal de la Federación.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, procedió la mañana del martes 19 de noviembre de la forma más normal en cualquier gobernante: defender el legado de su administración y presentar un reclamo por un trato presupuestal que beneficia a otros Estados y perjudica a Jalisco. Es más, si no lo hiciera, se lo reclamarían.
La interpretación en el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que Alfaro Ramírez lanza un llamado a abandonar el Pacto Fiscal y en ese griterío anónimo que son las redes sociales, ya se maneja “el separatismo” del gobierno de Jalisco.
Es importante acudir a los antecedentes y a los hechos reales para hacer elaborar un juicio más equilibrado.
Lo primero y más importante: la Federación a la que pertenecen Jalisco y las otras 31 entidades federativas del país, no es propiedad de Morena, ni del gobierno federal ni de lo que ellos llaman “la cuarta transformación”. La república federal de los Estados Unidos Mexicanos es un ente de dos siglos de agitada historia en la que se han compartido visiones, proyectos y por la que han pasado numerosas cúpulas de poder que ahora no son sino recuerdos.
Ni la “cuarta transformación”, ni Morena ni ningún gobierno federal inventaron este país.
Después de asentado lo anterior, y haciendo un poco –apenas un poco– de memoria, se puede revisar cómo la historia nacional ha oscilado de un período de autoritarismo y centralismo controlado por el PRI, hacia la alternancia política y muchos esfuerzos políticos e institucionales (con todos los yerros y vicios que eso implicó) hacia un federalismo real. Durante los dos sexenios en los que fueron presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se descentralizaron funciones, se entregaron recursos económicos y se dejó que los gobiernos de los estados decidieran en su sistema educativo, en su sistema de salud, en sus estructuras de seguridad.
Si los estados del país, sus clases gobernantes, sus cúpulas empresariales y económicas, sus instituciones educativas y sus expresiones sociales se fortalecieron, naturalmente se debilitó el poder central, ese que surgió después del proceso de la Revolución Mexicana (ahora que conmemoramos 114 años desde que inició esa transformación social).
Vamos unos años atrás: En la década de los años 80, justamente cuando se instalaron en la élite gobernante de la federación lo que se ha conocido ahora como “los neoliberales”, se estableció el Pacto Fiscal de la Federación. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari afianzó ese poder central que para el año 2000, fue derrotado por la alternancia.
Pero el Pacto Fiscal de la Federación no se modificó. No podía permitirlo la presidencia de la república. Ese Pacto es lo que le ha permitido a todos los presidentes mantener el control, el mando. Porque al presidente se acude y se pide el presupuesto. 
A partir de 2018 –y obviemos, por razón de espacio, todos los cambios acontecidos–, el presidente Andrés Manuel López Obrador implantó una férrea política centralista que ya había iniciado su antecesor, Enrique Peña Nieto. Y determinó, simplemente porque podía, una forma diferente del uso de los recursos económicos federales. No discutamos si fue justo, correcto o adecuado. Simplemente ocurrió. 
Al debilitar así, a golpe de reducción presupuestal, el imberbe federalismo que no había cumplido siquiera 20 años, ¿no es natural que reaccionen los gobernantes locales? ¿Acaso extraña o sorprende que reaccionen y pidan un trato distinto? 
Jalisco y los jaliscienses no quieren “separarse de México”.
Detrás de la exigencia de Enrique Alfaro y en unos días, de Pablo Lemus, sólo está la convicción de que se entreguen los recursos económicos que sean “justos”, decididos en un acuerdo que revise el pacto de los años 80, y que le permitan al gobierno estatal, emanado de las elecciones democráticas realizadas en Jalisco, determinar qué sí hacer y qué no hacer con su propio erario.
Naturalmente, el gobierno federal va a resistirse. Así son las cosas. Es desgastante.

Discutir el Pacto Fiscal

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Esta vez, la política no fue suficiente. A pesar de la voluntad para evitar el conflicto y encontrar las coincidencias, se está gestando un choque entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. O lo que es lo mismo, habrá una confrontación entre “el segundo piso de la cuarta transformación” de Claudia Sheinbaum Pardo y el Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro Ramírez y el gobernador electo Pablo Lemus Navarro.
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Los motivos son varios, y no sólo el proyecto presupuestal de la federación para el año entrante.
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El mismo Lemus Navarro había sintetizado desde la semana pasada: “amor sin presupuesto, es demagogia”. Y lamentó que en el proyecto de la presidenta para el año entrante no hay recursos para la Línea 5 de transporte masivo, tampoco para la red de carreteras federales (que están literalmente destrozadas) y menos aún, para las obras que requiere el saneamiento del Río Santiago.
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Pablo Lemus, sin quemar los barcos, había anunciado que iniciaba un esfuerzo para negociar, para “tocar puertas” y buscar a los actores políticos que pudieran influir en los cambios presupuestales. De hecho, la diputada federal emecista Claudia Salas solicitó y obtuvo, con el apoyo del líder sindical Pedro Haces Barba, una reunión con el coordinador parlamentario Ricardo Monreal el próximo 26 de noviembre. En este encuentro ya pactado, estarían presentes el mismo Monreal y el gobernador electo Pablo Lemus, junto con su próximo jefe de gabinete, Alberto Esquer. El objetivo es analizar con el poderoso coordinador morenista una modificación en el presupuesto federal que atienda las demandas jaliscienses.
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Pero la presentación de las iniciativas del gobernador Enrique Alfaro, ayer por la mañana, aceleraron todos los procesos. El mandatario jalisciense presentó propuestas para que con reformas legales, el sistema educativo estatal y el sistema de salud, no puedan ser entregados al gobierno federal. Y adicionalmente, se haga una consulta y revisión del Pacto Fiscal. A nivel nacional se maneja la versión de que Alfaro Ramírez pretende sacar a Jalisco del Pacto Fiscal de la Federación. Esa será la versión que le hayan enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum aún antes de que regrese de la Cumbres del G20 en Brasil.
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El gobernador electo Pablo Lemus anunció de públicamente su apoyo total al proyecto de Enrique Alfaro. En sus redes sociales lanzó un llamado para que las fuerzas políticas en el Congreso del Estado se despojen de sus posiciones políticas y revisen el presupuesto y las reformas poniendo por delante el interés de los jaliscienses. Es justo, pero improbable que atiendan la petición.
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De hecho, la diputada federal morenista Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados anunció que el gobierno de Jalisco miente, porque sí hay presupuesto federal para Jalisco… pero en los programas sociales y en las becas para estudiantes.
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Lo que está por llegar, y que se pretendía evitar, es un choque entre dos proyectos de gobierno.
En manos de Pablo Lemus estará el seguimiento al conflicto. Queda por ver si la reunión del 26 de noviembre tiene lugar y si da resultado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido reticente a modificar su postura con relación a Jalisco. No parece que vaya a cambiarla.
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Inevitable, el choque entre Jalisco y la 4T

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó en la cumbre de las 20 potencias económicas del planeta, el G20, y se estrenó con una propuesta: recortar en 1% el gasto militar y destinar esos recursos a la reforestación. Según sus cálculos, con el total de esos recursos económicos, (24 mil millones de dólares) en un se apoyaría a seis millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, lo cual equivale a cuatro veces la superficie de Dinamarca o bien, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador juntos.
¿Cómo se recibió la propuesta? ¿Cómo nos representa?
Evidentemente hay controversia y polémica. Hay que aclarar que la referencia a Dinamarca es enteramente una aportación de la presidenta Sheinbaum y sí, se convierte en una suerte de obsesión de la “cuarta transformación”, después de años de la promesa de tener un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca”, como en su momento estableció el expresidente López Obrador. 
Recuperemos las preguntas y adelantemos algunas respuestas. 
Pero antes, observamos lo siguiente, porque son temas que se convirtieron en una suerte de mantras repetidos en el discurso oficial:
1. Claudia Sheinbaum Pardo es la primera presidenta de México en toda su existencia. Con ella, se aplicará una manera diferente de hacer política para los mexicanos y también, para los países que tienen relaciones con nuestra nación.
2. “Conmigo, llegan todas”, fue la reiteración de la presidenta del país, indicando –es una interpretación– que su gestión presidencial será una reinstalación de la justicia, no solo para las mujeres y las niñas, sino para todos los mexicanos que han sido tratados inequitativamente durante la existencia de nuestra república.
3. Claudia Sheinbaum es la presidenta de la décimo segunda economía del planeta. 
Con estos antecedentes y la celebración de su visita en el G20, porque se temió que reprodujera el aislamiento internacional que caracterizó al expresidente López Obrador, ¿su mejor propuesta es pedir a las naciones que dejen de gastar en armas y destinen recursos a sembrar árboles? 
Francamente, parece ingenuo.
¿La presidenta de México, uno de las naciones con más altos índices de violencia y homicidios en el planeta, propone reducir el gasto en armamento?
¿México, el país que ha tolerado los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, se propone aconsejar a las naciones que encabezan las acciones militares?
Parece ingenuo.
Además, resulta extraño un llamamiento de esta naturaleza, viniendo de un gobierno donde se entregarán recursos en un año de recortes, a Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo. 
Reforestar y reducir el costo en armas es positivo. Sin duda. 
Pero el planteamiento presentado ante los líderes mundial se antoja, se reitera, ingenuo.

Recortar gasto militar y sembrar árboles

Después que se presentó el proyecto presupuestal de la federación para el año entrante, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reaccionó inmediatamente y subrayó que no hubo atención para los proyectos estatales prioritarios. Sin embargo, también fue puntal en enviar un mensaje positivo: no es tiempo de lamentarse, sino de proponer y tocar puertas. Bien por esa actitud que sin embargo, no garantiza que vaya a tener una respuesta positiva.
El gobernador electo también enfatizó en su primera reacción al proyecto presupuestal, que se acercarán a la diputada federal Merylin Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. 
Conviene hacerse una pregunta: ¿Qué tanto pueden hacer los diputados federales jaliscienses por el Estado? Eso, en el supuesto de que estén en la disposición de negociar, tocar puertas y apoyar el pedido del gobernador electo.
Diputados de tres bancadas pueden estar del lado de Pablo Lemus: Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena. 
Los dos primeros son tan pocos y están lejos del tema presupuestal. 
Los morenistas, en cambio, cuentan con múltiples herramientas para inclinar la balanza en favor de los proyectos jaliscienses… pero están en Morena y en una posición opuesta políticamente.
Pero antes de tener expectativas en lo que puedan hacer la misma Gómez Pozos, o Favio Castellanos (coordinador de los diputados de Morena), Alberto Maldonado Chavarín que tiene cercanía con el coordinador Ricardo Monreal o cualquier otro legislador, la verdad es que el proyecto presupuestal se urdió y aprobó en Palacio Nacional.
Ninguno de los diputados o diputadas tiene cercanía o influencia suficiente como para modificar el proyecto final.
Es preciso tener en cuenta que ni el peso demográfico, económico o estratégico de Jalisco tiene relevancia particular en el círculo más cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aceptar una realidad adversa es más útil que hacer planes con ilusiones sin fundamento. 
En una declaración pública, el que será jefe de gabinete del próximo gobierno estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, subrayó que hay un buen entendimiento con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la república. Es uno de los “hombres fuertes” del gobierno federal y le habla de cerca a la presidenta.
Es la opción específica para que finalmente, el trato más bien severo para Jalisco, se suavice un poco, porque como dijo el mismo Pablo Lemus, “el amor se refleja en el presupuesto; lo demás es demagogia”.

Diputados federales… ¿pueden ayudar a Jalisco?

Orillada por un cuestionamiento en su rueda de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que aceptar por fin, públicamente, a Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo de Jalisco. Ella misma había declarado semanas atrás que sólo lo reconocería cuando los tribunales electorales hicieran oficial su triunfo. Los magistrados lo hicieron, pero ella no tuvo la cortesía política, no digamos de felicitar, sino de reconocer al gobernador que entrará en funciones el 6 de diciembre.
A Pablo Lemus no le hace falta que la presidenta del país diga públicamente que él ganó la elección. Basta con que lo hayan hecho primero los votantes en las urnas y después, en dos instancias diferentes, las autoridades judiciales al fallar contra la impugnación presentada por la que fue candidata de Morena a la gubernatura.
Sin embargo, sí es importante el mensaje que envía la presidenta. Tanto ella como quien será gobernador de Jalisco están de paso; su período es finito y no permanente. Lo que realmente importa es cómo llevarán una relación obligatoria porque Jalisco es parte de la república y del pacto federal que da sentido a todo nuestro país. Están obligados a entenderse, comunicarse, acordar y proponer. Y sobre todo: entregar recursos económicos, Jalisco como parte del pago de impuestos, y la presidencia como parte de la distribución correspondiente. Además, están los temas de seguridad y muchos otros que corresponden a las competencias de los dos espacios de gobierno.
El hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó por primera vez, al menos públicamente, que se reunirá con Pablo Lemus, pero hasta después que tome el cargo constitucionalmente. Eso será el 6 de diciembre próximo.
Igual que Lemus no requiere del reconocimiento presidencial, la presidenta tampoco está obligada a verlo o dialogar con él. 
Tal como lo dijo, lo tratará igual que lo hace con el resto de gobernadores del país para abordar los asuntos de gobierno. 
Los comentarios de la presidenta se pueden interpretar como un reconocimiento y celebrar que finalmente, habrá entendimiento mutuo. También se puede hacer otra lectura: la reticencia a reconocer anticipadamente la voluntad de la mayoría de los jaliscienses, como se hizo con candidatos de Morena que ganaron otras contiendas por la gubernatura.
La postura de la presidenta Sheinbaum es toda una declaración de principios sobre el trato que se dará al gobernador de Jalisco y al Estado. 
Por su población, su aportación económica, su importancia estratégica, su historia y hasta por el tamaño de su padrón de electores, Jalisco es uno de los estados más importantes del país. Es indispensable que tenga prioridad en la agenda de la presidencia de la república. 
El mismo gobernador electo ha asegurado que trabajará para ser “el gobernador favorito” de la presidenta. 
El reto inicia el 6 de diciembre.

El primer encuentro Sheinbaum-Lemus

La determinación tomada por la mayoría de senadores de Morena, el Partido Verde y el PT, para ratificar a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), condujo a un momento muy oscuro en la defensa oficial de los derechos humanos en todo el país. 
El discurso para justificar lo que a todas luces fue un absurdo, es que se trató de una “decisión de Estado”. ¿Qué es eso? ¿Algo así como la información que se reserva en materia de transparencia por seguridad nacional?
Hay algunos puntos de los que todos los senadores fueron testigos e incluso la ciudadanía, tanto en el proceso de selección para encabezar la CNDH, como durante años, en el desempeño de Rosario Piedra. Expongo:
1. La CNDH claudicó a sus funciones durante el sexenio obradorista. En los temas más graves de violaciones a los derechos humanos, como el aumento total de homicidios, la negligencia en la pandemia de Covid-19 o los abusos del gobierno federal en diferentes materias (escasez de medicamentos en el Sector Salud; rechazo y condena a las manifestaciones de padres de niños con cáncer, entre otros temas), nunca expuso su postura y mucho menos, presentó una denuncia.
2. La presidenta de la CNDH se convirtió en una aliada política del presidente Andrés Manuel López Obrador, en detrimento del desempeño de su cargo y en contra incluso, de la institución que encabezó. La comunidad nacional de defensores de los derechos humanos condenó enérgicamente sus posturas y actitudes.
3. En el proceso de selección del Senado, Rosario Piedra se registró y quedó exhibida como una de las aspirantes peor calificadas y aún así, fue políticamente introducida en la terna final. Incluso, se exhibieron irregularidades en parte de su documentación.
4. Los senadores de la mayoría (Morena, Verde, PT), tuvieron la clara oportunidad de elegir a otra persona para ocupar la presidencia de la CNDH; hubo hasta el último momento candidatas capaces, con experiencia y bien calificadas –por ellos mismos– para ocupar el cargo. 
Si jurídicamente el nombramiento de Rosario Piedra es legítimo, socialmente es reprobable que asuma por segunda vez esa posición ante el rechazo generalizado a su desempeño y su persona. Hay reglas no escritas, y una de ellas es que el defensor de los derechos humanos no puede ser un personaje rechazado y descalificado.
La realidad –ya trascendió en el Senado, porque incluso muchos senadores de Morena se opusieron y fueron obligados por esa “razón de Estado” a votar por Piedra Ibarra– es que detrás de la ratificación estuvo la voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Él intervino y su operador en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se encargó de “convencer” a sus aliados de bancada. 
¿Por qué ratificar a Rosario Piedra? ¿Qué ofrece su presencia en la presidencia de la CNDH? Otro sexenio de complicidad, de conveniencia. Otro sexenio en el que no se denunciarán abusos de las Fuerzas Armadas ni de autoridades. La señora está ahí porque viene “como anillo al dedo”.

Rosario Piedra y AMLO; ¿derechos humanos?

No se trata de un eslogan de gobierno, sino del nombre de lo que podría ser la primera fractura visible y nacional de Morena. “Construyendo el segundo piso”, como sucede siempre al interior de las estructuras de poder en partidos políticos dominantes, se presenta socialmente con el rostro de la inocencia, pero en su simiente está el descontento de muchos simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum que no han logrado representatividad en el nuevo gobierno, porque han sido desplazados por los herederos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los principales promotores de Claudia Sheinbaum cuando todavía era una de las “corcholatas”, Alfonso Ramírez Cuéllar, hoy diputado federal, presentó con toda formalidad este nuevo movimiento dentro del movimiento. El inicio de operaciones será el Estado de México, y se está convocando a apoyar y destacar el proyecto de gobierno de Sheinbaum Pardo a sindicatos, organizaciones empresariales y movimientos sociales que efectivamente, no están dentro del padrón de Morena. 
No van a declararlo abiertamente, no todavía.
Pero hagamos una lectura de las señales que están a la vista de todos.
Apenas la semana pasada estuvo en Jalisco –una de las pocas entidades del país donde Morena no es gobierno– la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Con ella acudió también el secretario de Organización al que nadie permite que se acerquen, Andrés Manuel López Beltrán “Andy”. Dejaron algunas instrucciones claras:
1. Cero tolerancia a los mensajes de división. Oficialmente, en Morena todos están unidos. 
2. Inicio de un proceso interno para elegir a una presidenta (así, con a) estatal del partido. 
3. Empezar un trabajo intenso de reclutamiento para llegar a ¡un millón de militantes registtrados! 
No es descabellado este último cometido, ya que Jalisco ostenta el tercer padrón electoral más grande del país, sólo después de Ciudad de México y Estado de México.
Ante esta aceleración del crecimiento de Morena, pues “Andy” López Beltrán encabeza el proyecto para el año 2030 y pretende que el partido sea el más grande del mundo y acumule 10 millones de militantes, el señor Ramírez Cuéllar hace pública, como si fuera una cosa accidental, a la organización “Construyendo el segundo piso”. 
Sí, como lo están pensando, en política no hay coincidencias.
El de Ramírez Cuéllar y de todos los que se decidan a sumarse, es fortalecer el gobierno de Claudia Sheinbaum. Arroparla y dejar atrás el obradorismo para aplicar ahora sus proyectos económicos, de desarrollo, de políticas públicas, de relaciones internacionales, de defensa medioambiental.
Con “Construyendo el segundo piso” es que se inicia el desmarque del obradorismo y de Andrés Manuel mismo. 
Alfonso Ramírez Cuéllar es un personaje de todas las confianzas de Sheinbaum Pardo. 
Operó para ella durante las precampañas; recorrió el país sumando a los partidos políticos estatales. Negoció con los grupos de poder como la Universidad de Guadalajara, en Jalisco.
En nuestro Estado, es el “padrino” detrás de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y del diputado coordinador de Morena en el Congreso estatal, Miguel de la Rosa Figueroa. Tiene influencia y presencia entre los morenistas “de base”, los puros que creyeron en el proyecto desde antes de alcanzar el poder. 
Nuevamente –aportación de este espacio– se reedita la historia de Plutarco Elías Calles contra Lázaro Cárdenas. Hoy son nombres diferentes.

“Construyendo el segundo piso”, ruptura en Morena

Se cumplen casi tres meses y medio desde la detención de Ismael “Mayo” Zambada en los Estados Unidos. El evento que se convirtió en noticia mundial el pasado 25 de julio de 2024, ha provocado no sólo una crisis política nacional, sino también una guerra intestina dentro de Sinaloa, el territorio del que fue capo durante décadas.
En el afán de contar el tiempo pasado, también se dice que el choque de los dos grupos delincuenciales dominantes en Sinaloa ya lleva dos meses provocando desapariciones, homicidios, violencia en las calles y carreteras; robos e incendio de vehículos y entre otros efectos, la caída de la actividad económica y hasta la suspensión de clases del sistema educativo básico.
Pero también es verdad que el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, de quien el detenido “Mayo” Zambada aseguró que estuvo presente en el domicilio donde fue “secuestrado” para ser llevado a los Estados Unidos, sigue en el poder y apoyado por la presidencia de la república, pues antes contó con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y ahora tiene el de Claudia Sheinbaum Pardo. 
Rocha Moya, quien le pidió ayuda al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, sigue en el gobierno estatal a pesar de que desde la ciudadanía, se promovió la aplicación de una revocación de mandato. No prosperó.
Su más reciente ridículo tiene que ver con la cancelación de la Feria Ganadera de Sinaloa.
Los organizadores anunciaron que el evento –de alcance nacional y con la calendarización de eventos artísticos y conciertos–, su suspende porque no se puede garantizar la seguridad de los asistentes, tanto público como invitados y artistas. 
Después, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, aseguró que la Feria Ganadera se suspende no por riesgo de violencia, sino porque no se garantizó la asistencia de visitantes.
Y como no podía quedar fuera, el gobernador Rubén Rocha Moya también intervino en las declaraciones y presentó su versión: La Feria Ganadera no se suspende por inseguridad ni por baja asistencia; queda suspendida para evitar el uso y promoción de narcocorridos. 
Sinaloa está perdiendo en todos los órdenes: sociales, económicos, de seguridad.
Tienen un gobernador que ya debería haber renunciado. Pero lo sostienen desde la presidencia de la república.

La Feria Ganadera de Sinaloa

Eduardo González Velázquez

La espada de Damocles sobre migrantes

Atxiri Hernández

Hola IA

Mi pecho no es bodega

Gladys Castellanos

Los momentos importantes

Se concretó la desaparición de los organismos autónomos. El primer paso se dio en la Cámara de Diputados y sólo queda concretar el ciclo. No hay vuelta atrás porque la presidenta misma, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró desde días atrás que el tema no se negociaba.
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De nada sirvió, por cierto, la reunión entre los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Le pidieron a la funcionaria que comunicara a la presidenta Sheinbaum la posibilidad de no extinguir, sino reformar, el INAI.
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Ella respondió públicamente que se respetarían los derechos de los trabajadores y que se considerarían sus peticiones.
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De nada sirvió. Ahora, los mismos comisionados del INAI hacen la petición a los senadores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que tienen en sus manos el dictamen emitido por la Cámara de Diputados.
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Al mencionar a Morena y los partidos que son sus aliados, vale subrayar, al menos para que quede en la memoria y esto pueda constar en el futuro, que los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), se opusieron a la desaparición de los organismos autónomos.
Pero contra la aplanadora y la visión de Morena ya no hay nada por hacer. No oyen ni atienden.
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Además del INAI, desaparecen otros organismos autónomos: 
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<li>Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).</li>
<li> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).</li>
<li>Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).</li>
<li>Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).</li>
<li>Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).</li>
<li>Comisión Reguladora de Energía (CRE).</li>
</ul>
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El argumento dominante, el que más se “vendió” públicamente, es que todos estos organismos son un espacio de privilegio para beneficiarios neoliberales.
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Como se instituyó desde el sexenio obradorista, se prefirió la ruta más rápida: cercenar lo que no concuerda con la visión de la “cuarta transformación”.
En poco tiempo se padecerán las consecuencias.

Desaparición de organismos autónomos