Gustavo Parra Noriega

El nuevo sistema nacional que entró en vigor en estos días, marca un punto de inflexión en la política de transparencia en México. Con el argumento de simplificación administrativa y austeridad republicana, se propuso la desaparición del INAI y una reestructuración profunda de las instituciones encargadas de garantizar el derecho de acceso a la información. Si bien la propuesta busca optimizar recursos y fortalecer la rendición de cuentas, su contenido plantea retos sobre su impacto real en la consolidación de un gobierno abierto y transparente.
Uno de los retos es la concentración de funciones y de tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un órgano dependiente del Ejecutivo Federal y por otro lado, la dispersión de las autoridades garantes, de acuerdo con los poderes públicos que se esté buscando información o por materia, lo cual dificultará para el ciudadano común ejercer su derecho.
La creación del órgano desconcentrado &#8220;Transparencia para el Pueblo&#8221; como instancia encargada de coordinar las políticas de acceso a la información y resolver recursos de inconformidad, contará con la fuerza administrativa y política para orientar las materias de transparencia y rendición de cuentas, pero tendrá el dilema de la autonomía necesaria para garantizar decisiones imparciales y no convertirse en juez y parte, lo que podría abrir la puerta a conflictos de interés o a la politización de las resoluciones.
A su vez, la adopción del nuevo Sistema Nacional de Transparencia representa un cambio importante para la coordinación de políticas, pero no visibiliza la privacidad, se le relega como un derecho subordinado al acceso y transparencia. 
Otro aspecto radica en los mecanismos de tutela y la ampliación de causales de reserva de información. Si bien la propuesta consolida principios sólidos como máxima publicidad, accesibilidad y gratuidad en el acceso a la información, su éxito dependerá de la capacidad operativa e independencia de los sujetos obligados.
En un país con profundas desigualdades institucionales entre regiones, será necesario que se otorguen recursos adicionales para fortalecer las capacidades técnicas y humanas de las entidades públicas locales y cuidar que no se ponga en riesgo el pacto federal si desde el Poder Ejecutivo federal se tiene la idea de instruir e incluso sancionar a autoridades locales.
Por último, la nueva estructura institucional envía un mensaje de compromiso con un gobierno transparente y que se necesita reforzar el combate a la corrupción, pero también deja la incertidumbre si este nuevo modelo debilita o no el ejercicio de los derechos de acceso a la información y privacidad. La tarea será incrementar la vigilancia ciudadana sobre el poder público, para no erosionar la rendición de cuentas y por tanto, la legitimidad del Estado.

Nuevo Sistema Nacional de Transparencia: avances y retos

Esta reforma ha generado en todo el país un debate intenso y polarización. Representa un cambio profundo en el sistema de justicia. Si bien los riesgos que conlleva son innegables, es crucial que la sociedad bajo este contexto, participe activamente en el proceso no solo para expresar su postura, sino para legitimar los resultados y mitigar las implicaciones que esta reforma podría tener. 
La elección popular de autoridades judiciales, un eje central de la reforma, plantea serias preocupaciones. En teoría, podría interpretarse como constitucionalismo popular para el acceso al Poder Judicial federal y local, acercándolo a la ciudadanía, sin embargo, en la práctica, también se corre el riesgo de politizar y debilitar el sistema judicial.
La experiencia internacional, como en Estados Unidos, ha demostrado que someter a votación popular la selección de jueces puede priorizar intereses electorales sobre la imparcialidad y la justicia. Los jueces podrían verse presionados a tomar decisiones basadas en la opinión pública o en agendas ideológicas, en lugar de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Ante un panorama tan complejo, surge una pregunta clave: ¿Por qué participar en un proceso que parece estar diseñado para otros propósitos? La respuesta principal radica en lo fundamental de la participación informada de la ciudadanía, para contrarrestar los posibles efectos negativos de la reforma.
Participar en el proceso no significa aceptar simplemente la reforma, sino valorar sus aspectos positivos y de riesgo, e implica ejercer con todo vigor las libertades ciudadanas para garantizar la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. 
Todos tenemos un papel crucial que desempeñar en este sentido. A través de la participación activa, es posible exigir transparencia en la selección de candidatos, promover perfiles independientes y éticos, además de vigilar y observar que el proceso no sea afectado por intereses políticos.
Un ejemplo claro de la importancia de la participación ciudadana es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una pieza clave de la reforma. Este órgano, encargado de investigar, sancionar a los jueces y evaluar su desempeño, tiene el potencial de convertirse en una herramienta eficaz, y más si se aplican nuevas tecnologías para garantizar la rendición de cuentas en el Poder Judicial; por lo que su integración y funcionamiento deben no moverse por intereses políticos ni convertirse en un mecanismo de control o represión.
La vigilancia ciudadana será esencial para asegurar que este Tribunal y todo el aparato judicial cumplan con su propósito ético y legal. Esto incluye exigir que los magistrados y jueces que lo integren sean electos por su experiencia y compromiso con un sistema de justicia, que verdaderamente sirva al pueblo, le dé a cada quien lo que le corresponda y ayude a evitar la corrupción e impunidad.

La reforma judicial: Riesgos latentes y la necesidad de participación

En un mundo cada vez más digitalizado, México enfrenta el reto de actualizar su legislación de protección de datos personales. La globalización económica y el uso masivo de tecnologías disruptivas exigen un marco normativo robusto frente a los retos éticos, científicos y legales del presente.
Actualmente, el modelo mexicano está cambiando con la extinción de quien fungía como autoridad (INAI). Este diseño, aunque funcional en su origen, mostró limitaciones frente a la creciente complejidad de tutelar el mismo órgano, los dos derechos que son autónomos en origen, bien jurídico protegido y finalidad.
La Iniciativa enviada por la Presidenta Sheinbaum a la Cámara de Senadores plantea un modelo centralizado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, aunque se busca simplificar estructuras y reducir costos, también se advierten riesgos significativos como la pérdida de autonomía en la tutela de derechos humanos, la posible sobrecarga de una institución que tiene las tareas de buen gobierno de la función pública, y ahora deberá atender el acceso a la información y la protección de datos personales en sectores público y privado.
Aunado a ello, también se deja de lado la oportunidad de actualizar las leyes de datos personales en temas de fondo: no se logra unificar el marco jurídico de este derecho, que ya no sería necesario regularlo por sectores, tampoco se armonizan por ejemplo los derechos que derivan de la autodeterminación informativa, como lo es la portabilidad de datos o las figuras preventivas como evaluaciones de impacto para el sector privado, igual no se propone incluir otros aspectos de estándar internacional para enfrentar los retos actuales, como el principio de legitimación del tratamiento de datos.
También sería importante aprovechar, para atender las recomendaciones del Consejo Consultivo del Convenio 108, del cual México es parte integrante y que aspira a entrar al 108 Plus: quitar la excepción de la ley federal sobre las sociedades de información crediticias que no siguen el régimen general y que ya fue declarada inconstitucional, ya que no garantiza de forma similar a los particulares sus derechos ARCO en el sistema bancario y financiero.
Otro punto que no se plantea avanzar es en la aplicación extraterritorial de la jurisdicción mexicana, sobre las empresas trasnacionales y plataformas tecnológicas que oferten bienes y servicios y traten datos personales, estén establecidos o no en territorio nacional, es decir independientemente de que el tratamiento tenga lugar o no en México, cuestión que hoy limita a los mexicanos para tener una protección integral.
Será necesario insistir con los legisladores federales sobre la pertinencia de estos temas y de una autoridad especializada e independiente para la protección de datos o asociada a temas de frontera digital, que pueda responder de manera ágil y eficaz a los desafíos.

Protección de datos en México: ¿Centralización o especialización para enfrentar los retos digitales?

La creciente digitalización y el uso de tecnologías avanzadas han convertido a los datos biométricos en un recurso clave para la identificación y autenticación de personas, por lo que el tratamiento de esta información plantea desafíos éticos, legales y de seguridad que no deben ser subestimados. Los datos biométricos, por su capacidad para identificar de manera única a los individuos, por su carácter inmutable y porque su vulneración o revelación puede afectar gravemente a la esfera más íntima como persona, son considerados datos sensibles.
Esto implica que su manejo debe realizarse bajo los más estrictos estándares de protección, como lo establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
La consideración de los datos biométricos como información sensible no es arbitraria. Su tratamiento indebido puede tener consecuencias devastadoras para la privacidad y seguridad de las personas. A diferencia de otros datos personales, los datos biométricos no pueden ser modificados fácilmente. Una vez comprometidos, su exposición puede derivar en suplantación de identidad, discriminación o incluso en violaciones a derechos fundamentales.
Por ejemplo, en el caso de la Federación Mexicana de Futbol y su sistema FAN ID, en colaboración con INCODE Technologies México, se ha puesto en el debate público riesgos y oportunidades para el cumplimiento del tratamiento debido a los datos biométricos. 
Dentro de las exigencias de la ley se incluye el consentimiento expreso, el tratamiento proporcional de datos y el uso de información para las finalidades autorizadas. Estas previsiones buscan que no se ponga en riesgo la confianza de los titulares en los sistemas que manejan sus datos personales.
Es por ello que el consentimiento expreso debe ser claro, informado y verificable, asegurando que los titulares entiendan cómo se utilizará su información y que otorguen su autorización de manera consciente, además, la delimitación de responsabilidades entre el responsable y el encargado del tratamiento de datos, establece controles claros y efectivos entre ambas figuras, para garantizar el uso adecuado de los datos.
La categorización de los datos biométricos como datos sensibles es esencial para imponer mayores exigencias a quienes los tratan, máxime cuando estamos en un entorno donde los datos biométricos están cada vez más presentes en sistemas de seguridad, identificación y acceso en muchos ámbitos. Esta clasificación obliga a los responsables a implementar medidas de seguridad reforzadas y garantizar el cumplimiento de los ocho principios y los deberes de confidencialidad y seguridad. 
Los responsables del manejo de datos biométricos deben asumir esta tarea con seriedad, garantizando un balance adecuado entre innovación tecnológica y respeto a los derechos fundamentales.

La protección de los datos biométricos: una responsabilidad sensible en la era digital

En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, reflexionar sobre los retos que enfrenta la autoridad garante en México resulta crucial. El desarrollo tecnológico y la adopción de herramientas de inteligencia artificial, como la recién aparición de “Deepseek”, una IA de origen chino, imponen desafíos y exigen acciones concretas y coordinadas.
La IA está transformando cómo las organizaciones recopilan, analizan y utilizan los datos personales; tecnologías como la china que mencionamos, amplían las capacidades para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real; sin embargo, también representan un riesgo latente para la privacidad.
La regulación en México, ante tecnologías emergentes requiere una revisión crítica y, nos invita a plantearnos: ¿cuán alineadas están nuestras normativas con las nuevas realidades tecnológicas? ¿Qué tan preparadas están las autoridades garantes y más con la incertidumbre e indefinición legal derivada de la reforma constitucional, para fiscalizar estas prácticas en un contexto de innovación constante y globalidad?
Uno de los temas más apremiantes son los neurodatos, información que se genera a partir de la actividad cerebral. Este tipo de información extremadamente sensible, plantea interrogantes éticos y legales sobre su recopilación y uso, por lo cual, el pensamiento y su privacidad, deben ser protegidos con los más altos estándares y desarrollar nuevas normativas específicas para las neurotecnologías.
Por otro lado, el Big Data, columna vertebral de muchas apps de IA, también impone retos: la capacidad de analizar millones de datos para generar perfiles predictivos plantea diversos dilemas como la discriminación algorítmica, toma de decisiones automatizada y vigilancia masiva, riesgos que deben abordarse desde la transparencia y una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, la autoridad tiene que desarrollar capacidades que permitan auditar algoritmos y garantizar la confianza en su funcionamiento.
Además, la competencia por el liderazgo de la industria de IA, puede derivar en la implementación de sistemas sin evaluación adecuada del impacto a la privacidad. Los casos actuales muestran cómo la competencia es feroz y tiene impactos de todo tipo en lo económico y político, pero sobre debe darse certeza y fortaleza a la autoridad de datos y contar con mecanismos de colaboración con otros entes.
En este escenario, la capacitación y profesionalización son fundamentales, comprender el funcionamiento técnico de la IA, sus implicaciones legales y éticas, serán un reto para regular eficazmente este ecosistema. Asimismo, se requiere un marco normativo flexible y autoridades fuertes, capaces de actuar de manera proactiva y adaptativa.
Finalmente, es esencial fomentar una cultura de privacidad y buenas prácticas en todos los sectores, para mitigar riesgos y fortalecer la confianza ciudadana.

Retos en la protección de datos en México ante nuevas tecnologías

En 2024 nuestra sociedad fue testigo de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), ahora cualquier persona con un dispositivo conectado a Internet y con WhatsApp puede hacer uso de esta herramienta, sepa o no sus alcances; por lo que es importante tener a la vista la dignidad de las personas que hacemos uso de la IA, día con día, por ser un valor intrínseco que cada individuo posee por el simple hecho de ser humano.
Immanuel Kant, en su obra &#8220;Fundamentación de la metafísica de las costumbres&#8221;, argumenta que cada persona debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca como un medio para un fin, esta perspectiva tendría que mirarse para todo aquello que nos acerca a la tecnología, ya que, si estos sistemas inteligentes son implementados sin considerar su impacto en la dignidad humana, corremos el riesgo de deshumanizar sus interacciones y decisiones.
Por ejemplo, las propuestas de sistemas educativos completamente a cargo de IA; según un estudio de la Universidad de San Diego, para 2025, la IA podría eliminar 85 millones de empleos, pero crear 97 millones, lo que resultaría en una ganancia de 12 millones de empleos, si es que se capacitan en términos tecnológicos.
Ver a la sociedad solo en términos económicos puede resultar riesgoso, y la pregunta es para quién lee esto, ¿usted y sus allegados, están listos para vivir en la era de la Inteligencia artificial? Es preciso ver este momento de innovación con tintes de bien común y con criterios éticos que prioricen la dignidad humana, sobre cualquier posible beneficio económico o social.
Por ello, el 17 de mayo de 2024, fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Convenio marco sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de derecho, por 46 Estados miembros del Consejo, la Unión Europea y 11 Estados no miembros entre ellos México.
El convenio puntualiza que todas las actividades relacionadas con la IA deben respetar la dignidad inherente de cada persona, lo que implica que las tecnologías no deben deshumanizar a los individuos ni tratarlos como meros datos o estadísticas, además que la dignidad humana es un principio fundamental que debe guiar el diseño y la implementación de estos sistemas que deben respetar la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su vida y su entorno.
Por ello, el Senado mexicano debe ratificarlo, regular la IA e implementar medidas para prevenir la discriminación en su uso, incluyendo la necesidad de realizar auditorías y evaluaciones de impacto para identificar y mitigar sesgos en los algoritmos, especialmente en grupos vulnerables para garantizar que estos no sean objeto de discriminación o abuso, por lo que los usuarios deben ser informados sobre cómo se utilizan sus datos y cómo funcionan los algoritmos, máxime desde el gobierno; por ello, el Infoem, aprobó una propuesta de Ley al respecto, de la que hablaremos pronto.
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Inteligencia artificial y dignidad humana

Muchas cosas han pasado desde 2002, cuando se aprobaba la 1ª. ley de transparencia en México, las luchas sociales no habían sido pocas para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, particularmente en su vertiente de acceso a la información, cuestión que, si nos vamos más atrás, se había logrado plasmar con la reforma electoral de Reyes Heroles en 1977, todavía con la vieja concepción de garantía individual a cargo del Estado.
Se avanzó entonces, en un organismo capaz de hacer valer el derecho y su tutela efectiva, aún con autonomía limitada, pero con gran convicción de garantizarlo, después se logró en una reforma de alto consenso democrático, como lo fue la constitucional del 2007, que consolidó el reconocimiento como derecho humano al acceso a la información y las primeras letras sobre el de protección de datos personales que después se consagró en 2009.
Más adelante se otorgó al organismo garante del ejecutivo, un estatuto constitucional y de carácter nacional, dándole facultades para tutelar el derecho en toda la esfera federal de competencia con reforma del 2014, homologando el modelo para los tres órdenes de gobierno, sobre ambos derechos.
Sin embargo, en estos días entró en vigor la reforma constitucional que ya no considera el modelo de autonomía constitucional, se conserva lo sustantivo que son los derechos, aunque ahora se tendrá que ver cómo se respetará esa libertad informativa, a través de la nueva dependencia de transparencia del ejecutivo federal y las autoridades similares que nazcan para los otros poderes y demás entes federales. En el caso de datos personales, hay la oportunidad de desarrollar una autoridad especializada sobre quienes tratan datos.
Hoy el INAI vive sus últimos días, mientras los transitorios cobran vida y se arma la estructura de este nuevo modelo; para quienes trabajamos en ese instituto o colaboramos incluso cuando era IFAI, sí nos da nostalgia y pesar su desaparición, pero nos queda la satisfacción del deber cumplido a los mexicanos y por los resultados que se tuvieron en más de 20 años.
Por ahí pasó gente talentosa y convencida, que hoy nutre otros espacios en lo electoral, la academia o el servicio público y privado, mi reconocimiento y aprecio. Ojalá seamos capaces de ser autocríticos, de volver a empezar desde la situación actual y mejorar nuestras instituciones, para que los derechos y libertades prevalezcan.
Como un pequeño homenaje al más grande que en mi opinión pasó por sus filas, he estado leyendo el libro de Alonso Lujambio &#8220;El poder compartido&#8221;, un ensayo sobre la democratización mexicana. (México, Océano, 2000).
Ahí analiza la transición y alternancia que se empezaba a vivir en nuestro país, nos decía que debía consistir principalmente en que el poder se sometiera a la evaluación ciudadana y que la función pública estuviera equilibrada por los contrapesos al poder.
Hoy ese desafío está latente, hace falta resolver quién hará esos contrapesos y lo que ahí se describe, pero habrá que aprovechar lo realizado y consolidar nuevas autoridades en un contexto de transformación.

Desafíos del nuevo modelo de transparencia en México

La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la justicia social en cualquier sociedad y uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana; no solo es una situación de percepción, si no de verdadera problemática que sufre la ciudadanía.
En el contexto del día contra la corrupción, los organismos garantes como el INFOEM (Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México) o el ITEI en Jalisco, juegan un papel fundamental en la promoción y tutela de la transparencia y rendición de cuentas. Sus acciones no solo inhiben la corrupción, sino empoderan a la ciudadanía para exigir sus derechos.
Por ello, desde estas latitudes, una de las iniciativas que ha impulsado el INFOEM ha sido la creación de un micrositio dedicado al combate a la corrupción, donde se centraliza la información relevante de las acciones y políticas implementadas para prevenir y sancionar actos corruptos, facilita a los ciudadanos estar informados sobre cómo se manejan los recursos públicos del Instituto y, vinculado al IPOMEX, puede revisarse toda la información pública de oficio de los más de 400 sujetos obligados. 
También se ha conformado la Red Mexiquense para la Rendición de Cuentas, integrada por más de 50 organizaciones y personas, con la finalidad de desdoblar los esfuerzos y colaboración entre sectores de la sociedad civil y el trabajo que se realiza desde el Sistema Estatal Anticorrupción.
Al unir esfuerzos, se fomenta un entorno donde se pueden compartir mejores prácticas, experiencias y estrategias efectivas para combatir la corrupción y sobre todo, para la participación activa y que el gobierno actúe con integridad. 
La educación cívica es otro pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que una ciudadanía bien formada es menos susceptible a ser manipulada por prácticas corruptas, por ello, se realizan desde los organismos de transparencia, talleres de servicio a la ciudadanía, donde se le instruye sobre su derecho de acceso a la información y mecanismos para denunciar actos corruptos, lo que fortalece la confianza en el sistema democrático.
Finalmente, dado el nuevo modelo de transparencia que se está impulsando en el país y con el trabajo conjunto de los Institutos de Transparencia y las Contralorías de las Entidades, se están realizando esfuerzos de contacto con todos los comités de ética estatales, para realizar intercambios de experiencias, ya que son esenciales para impulsar la ética pública como una pieza fundamental del servicio público.
A través de esta colaboración, se implementan políticas que inhiben actos corruptos y promueven cultura de integridad basada en principios éticos sólidos junto con la creación de recursos accesibles, el fortalecimiento de redes colaborativas, la educación cívica y la vinculación ética, por lo que son estrategias que fomentan la transparencia y construyen un sistema más robusto y confiable para el ciudadano.

La importancia de la transparencia en el combate a la corrupción

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¿Cuántos electrodomésticos conectados a internet tienes en tu hogar? El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ha transformado buena parte de nuestra realidad. Desde que Alexa nos despierta, hasta que nuestro refrigerador envía a nuestro smartphone el listado de alimentos que pronto habrá que surtir en el supermercado o que con un click nuestro reloj inteligente ya hizo las compras del mes y pagos de nuestras tarjetas, verificó que hayamos dado los pasos necesarios para mantenernos saludables y contó las calorías quemadas.
Una parte de nuestras vidas se encuentra bajo control del Internet de las Cosas, ya que la simplicidad y eficiencia de los dispositivos interconectados permite ahorrar tiempo valioso de nuestros días. Al contar con la recopilación y tratamiento de nuestros datos personales, tanto bancarios, como de preferencias, permitimos el control y manejo de esta información, misma que en algunos casos puede ser utilizada de manera indebida dando pie a ciberataques.
Desde hace algunos años, la ciberseguridad ha sido una preocupación constante por los garantistas de la privacidad, ya que podría parecer simple, “sólo dar tus datos personales” a las empresas para facilitar tu vida. Sin embargo, vulnerabilidades como contraseñas débiles o falta de actualizaciones, pueden permitir que hackers accedan a información personal o incluso tomen control de los dispositivos, poniendo en riesgo más que un dispositivo, si no nuestra propia vida y patrimonio.
Y es aquí donde encontramos la necesidad de contar con la suficiente capacidad para adaptarnos al cambio y sugerir e implementar medidas de seguridad que nos permitan enfrentar situaciones adversas de la mejor manera, “Ciber resiliencia”, y es aquí donde una vez más los legisladores precisan mantenerse a la vanguardia, para no institucionalizar normas únicamente punitivas, sino preventivas, tal como lo hizo el Consejo de la Unión Europea al adoptar la Ley de Ciber resiliencia; esta nueva ley permitirá a los consumidores tener en cuenta la ciberseguridad a la hora de seleccionar y utilizar productos que contengan elementos digitales, haciéndoles más fácil identificar productos de hardware y software con las características de ciberseguridad adecuadas; el reglamento adoptado el 10 de octubre de 2024 se aplicará a todos los productos que estén conectados, directa o indirectamente, a otro dispositivo o a una red.
De esta forma, cualquier producto con elementos digitales contará con garantía de seguridad antes de ser digitalizado, lo cual da un alivio importante a los usuarios, al menos para los de la Unión Europea; mientras tanto, en México habrá que fortalecer campañas de difusión sobre la prevención del mal uso de datos personales en internet, en la medida que no se cuente con un marco normativo robusto y adecuado para el tratamiento de nuestra información personal y sobre la seguridad y responsabilidades de las empresas.

Ciber resiliencia y el Internet de las Cosas