Anuar García Gutiérrez

El 20 de enero llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y una de sus principales promesas es declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, lo cual por más que para muchas personas pueda sonar como benéfico para México, resulta todo lo contrario, ya que dicha declaración pudiera redundar en invasiones armadas del vecino del Norte a nuestro país, sin necesidad de pedir autorización a México.
Para mayor detalle, catalogar a los grupos delictivos de la delincuencia organizada como terroristas, es un cheque en blanco para violar la soberanía de nuestro país, lo que supondría la autorización de Estados Unidos para que su ejército y fuerzas del orden puedan llevar a cabo operaciones militares extraterritoriales, de la mano de homicidios extrajudiciales, secuestros extralegales de sujetos de interés, así como invasiones en territorios determinados por el tiempo que consideren necesario con el fin de obtener el resultado de acabar con las “organizaciones terroristas”.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que el 80% del territorio mexicano se encuentra controlado o con una alta injerencia del crimen organizado en las cúpulas del poder, tendríamos un país altamente inestable, con afecciones graves en la economía de los mexicanos, además de una mayor inseguridad, como ha ocurrido en otros países donde Estados Unidos ha intervenido, llamémoslos Siria, Irak, Afganistán, etc.
Esperemos que la amenaza del presidente Donald Trump quede en eso simplemente, y se aproveche la misma para una postura de fortaleza en la negociación de la cuestión migratoria y del combate al fentanilo de parte del gobierno mexicano, que pasó todo el sexenio anterior privilegiando a los grupos de la delincuencia organizada al no combatirlos, así como dándoles el apoyo a las caravanas de migrantes que se dirigieron rumbo a la Frontera Sur de Estados Unidos, lo cual generó la relación tensa que vivimos hoy en día ante el desparpajo de la administración federal mexicana 2018-2024.

Anuar García

Los graves efectos de declarar terroristas a los carteles

Si bien es cierto que muchos de los policías han sido sometidos a la ley de “plata o plomo” por parte del crimen organizado, y han tenido que coludirse, ya sea por voluntad propia o por las amenazas de la delincuencia organizada, también es cierto que los policías son hoy por hoy el eslabón más débil en la cadena de mando en la procuración de justicia y la inseguridad.
Me explico: si bien en la última administración se vinculó a proceso a 285 policías por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada, también es cierto que como existen malos integrantes en las corporaciones, existen buenos elementos que son víctimas de desaparición y es aquí donde queda evidenciada la falta de apoyo para con ellos y sus familiares, por parte del Gobierno del Estado.
En primer término, se encuentra congelada la iniciativa a favor de los policías denominada “Código Azul”, que busca dotar de su arma de cargo a todos los policías en sus días de descanso para que puedan protegerse de los delincuentes, quienes en un gran número de ocasiones buscan la oportunidad de privarlos de la vida o la libertad en dicho momento, toda vez que si no están armados son presa fácil de los ataques de los delincuentes, tal y como ha acontecido en una gran cantidad de ocasiones.
No obstante lo anterior, existe un problema mayúsculo cuando se trata de desapariciones, ya que los policías no reciben ni ellos ni su familia, apoyo alguno cuando son víctimas de desaparición forzada por parte de los grupos delictivos, y si tomamos en cuenta que en el sexenio anterior hubo 45 desapariciones de policías en Jalisco, el problema para ellos resulta evidente.
Es de celebrarse el apoyo que está dando el gobierno estatal para las familias de los policías caídos en acción, pero llama la atención la falta de atención cuando son víctimas de desaparición, sobre todo si recordamos que Jalisco tiene alrededor de 16 mil personas desaparecidas, donde los policías suelen ser un número más entre las miles de víctimas que ya no regresan a sus hogares.

¿Y a los policías quién los protege en Jalisco?

Este año 2024 se ha visto gravemente afectado por la tendencia en Fiscalía del Estado de Jalisco, de mandar a los detenidos después de estar las 48 horas que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante un juez, donde terminan siendo liberados por haber sido ilegalmente detenidos (retenidos) ante el Agente del Ministerio Público, sin que medie una justificación de dicha retención (detención), ya que cuando son puestos a disposición del Juez de Control en materia penal, ni siquiera se pide una prisión justificada en contra de los detenidos, lo cual contraviene el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, convirtiéndose tal situación en una puerta giratoria para los imputados, toda vez que más tardan las autoridades en detenerlos a estos alcanzar su libertad por los errores en el procedimiento por parte del Ministerio Público.
El argumento principal para que el Agente del Ministerio Público envíe ante un Juez a los detenidos ante sí y no les conceda la libertad dentro de las 48 horas de ley, para investigar y con posterioridad decidir si ejerce o no la acción penal, es 100% por política criminal. Dicha estrategia de la Fiscalía del Estado de Jalisco hace ver como si el Ministerio Público estuviera haciendo su trabajo al poner a disposición a los detenidos ante el Juez, pero en realidad violan el debido proceso y abren la puerta para que no se les vuelva a ver ante la autoridad judicial, dejando en estado de indefensión a víctimas y en general a la ciudadanía, como víctimas pasivas por la no atención al Estado de Derecho de parte de los agentes del Ministerio Público.
Lo anterior se convierte en mera política criminal que no abona en nada a favor del Estado de Derecho y favorece a los criminales con errores tan marcados.
En 2024 tenemos un promedio de 241 detenciones ilegales por mes, mientras que en 2017, cuando recién se implementaba el actual sistema de justicia penal, sólo se contaba con 53 detenciones ilegales en promedio, lo que deja claro que por andar estableciendo números alegres con la finalidad de hacer parecer que no hay impunidad, resulta en todo lo contrario, dejando las puertas abiertas a los imputados para recuperar su libertad ante la falta de respeto a la garantía de legalidad por parte de los agentes del Ministerio Público.

Detenciones ilegales en Jalisco, sinónimo de impunidad

Todos sabemos que el 94% de los delitos que se cometen en el Estado, ni siquiera son denunciados porque la ciudadanía no cree en las instituciones. 
Ahora bien, del 6% de los delitos que se denuncian, sólo el 7% llegan a obtener una sentencia condenatoria en contra de los responsables. 
¿Qué debemos hacer para que las personas sientan que la autoridad está a su servicio y se animen a denunciar?
1) Establecer denuncias en línea.
2) Contabilizar denuncias anónimas, siempre y cuando los delitos sean de los de persecución oficiosa, dándole seguimiento a las mismas.
3) Permitir que los policías como primeros respondientes tomen denuncias, aún y cuando sea con el mando y conducción del Ministerio Público.
4) Realizar convenios entre las corporaciones municipales y la Fiscalía del Estado, para que aquellas puedan llevar a cabo labores de investigación, aún y cuando sea bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
5) Hacer que las zonas seguras tengan un enlace directo para con la Fiscalía y no sólo tengan la intervención de la Policía de Zapopan o Guadalajara.
6) Desaparecer de Fiscalía del Estado, el área de asuntos no judicializables, donde se envían una gran cantidad de denuncias y las personas se dan cuenta que las horas que perdieron en denunciar, fueron infructuosas, ya que al enviarse a dicha área, nadie va a investigar los hechos que ellos denunciaron.
7) Robustecer el área de control interno en la Fiscalía del Estado, a fin de vigilar el avance en las miles de carpetas de investigación que los Ministerios Públicos tienen en el olvido, ya sea por incapacidad o por falta de interés.
8) Establecer un día de la semana para que el Fiscal del Estado reciba a la ciudadanía y escuche de primera mano sus sugerencias y solicitudes para resolver sus asuntos criminales.
9) Privilegiar con bonos a los agentes más eficientes en su actuar, ya sea dándole al juez todos los elementos para obtener sentencias en contra de los responsables en la comisión de los delitos o de manera previa, consiguiendo vinculaciones a proceso en contra de los probables responsables en la comisión de los mismos. Todo lo anterior con estricto apego al debido proceso y las garantías individuales.
10) Realizar evaluaciones a los Ministerios Públicos, capacitar a todo el personal y depurar a los malos elementos de la institución. 
Con los puntos mencionados anteriormente, se lograría sacar a la Fiscalía del Estado de Jalisco, del penúltimo lugar en persecución penal a nivel nacional y se retomaría en una sola administración, la excelencia que siempre caracterizo a nuestro Estado.

Diez pasos para mejorar la Fiscalía de Jalisco

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A raíz de la fuerte presión que ha realizado Estados Unidos a nuestro país, se ha desatado un fenómeno que antes no se veía con frecuencia: la mutación de las operaciones delictivas del narcotráfico para la realización de delitos del fuero común, entre los que destacan robo a mano armada, robo de vehículos, extorsión o cobro de piso, secuestro, robo a casa habitación, robo a negocios, entre otros; esto es, han aprovechado la debilidad del Estado mexicano para la persecución de los delitos, para utilizando sus células delictivas, realizar actos de la delincuencia común, ya que el trasiego de drogas a Estados Unidos (fin último de toda organización delictiva), se ha visto suspendido por los fuertes controles que existen en la frontera, así como por la modificación de parte del gobierno federal en cuanto al cuidado de las aduanas y aeropuertos, siendo tomadas de manera primaria para su vigilancia, por parte de la Secretaría de Marina, la que de manera adecuada ha rendido frutos para evitar la proliferación del tráfico de estupefacientes.
Ahora bien, los números no dejan mentir cuando vemos en estados como Jalisco, cómo se ha disparado el cobro de piso en lugares donde antes no sucedía, cómo en paradores comerciales del centro de la ciudad, o en lugares como la famosa calle 5 de Febrero o Los Ángeles, famosas por ser las calles donde se comercializan las autopartes de dudosa procedencia, al igual que ha sucedido en Avenida Obregón y en Medrano, conocidas como la Zona del Vestir, donde igual ocurren dichas extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y hasta lesiones a quienes no cumplen con la cuota, para con posterioridad llegar hasta incendiar sus locales, todo esto ante la ausencia de autoridad que ponga un alto a dichas ilegalidades.
De igual manera, hemos visto cómo se ha disparado el delito de secuestro, donde de manera por demás “amateur”, los delincuentes privan de la libertad a sus víctimas, utilizan sus cuentas de banco, van a cajeros y disponen del recurso, así como utilizan los celulares de las víctimas, donde aprovechándose de la lentitud de la Fiscalía en su actuar, disponen de las cantidades que quieren y no es sino hasta semanas después que se logra llevar a cabo la detención de dichos delincuentes mediante la geolocalización de los equipos, consiguiendo en muchas ocasiones liberar a otras personas secuestradas.
El crimen ha mutado y hay que estar más alerta que nunca como ciudadanos, ante la estrategia que encabeza Omar García Harfush en contra de los grupos delictivos, la cual generará más violencia en contra de la ciudadanía por los motivos antes expuestos.

La mutación delictiva de los cárteles

Mucho nos han mentido al señalar que la impunidad que vive México es culpa del Poder Judicial. La realidad es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy claro al destacar los más de 150 mil delitos que son denunciados mes con mes en nuestro país, pero no es lo suficientemente claro al omitir que el 95% de los delitos cometidos, jamás llegan a contabilizarse puesto que pertenecen a la cifra negra, ya que existe una gran desconfianza en las autoridades para siquiera presentar la denuncia correspondiente.
Ahora bien, si tomamos como base únicamente ese 5% de los delitos que se cometen en el país y que sí son denunciados, tenemos que el 96.4% de los mismos se quedan atorados en las Fiscalías de los Estados o en FGR tratándose de delitos federales, los cuales junto con las policías y los peritos que trabajan de la mano de dichas instituciones, se convierten en el verdadero cuello de botella para la procuración de justicia en nuestro país. Cabe señalar que las fiscalías pertenecen al Poder Ejecutivo de cada Estado, así como la Fiscalía General de la República (FGR) pertenece al Ejecutivo Federal, entendiéndolo como Presidencia de la República.
En la última evaluación de México Evalúa, Jalisco se posicionó como uno de los Estados donde mayor impunidad existe en el país, quedando en el penúltimo lugar al contabilizar un 99.12% de impunidad en el 2023, cuando los delitos de desaparición forzada, fraude y homicidio doloso, son los que más cerca se encuentran al 100 por ciento.
La sobrecarga de la Fiscalía, la corrupción, la infiltración del crimen organizado, así como la ausencia de capacidad en la investigación criminal, son las que unidas, provocan esta tormenta perfecta para Jalisco.
¿Qué paso con las capacitaciones al personal de la Fiscalía de Jalisco? ¿Por qué no han contratado un mayor número de funcionarios para la procuración de justicia? ¿Dónde quedó el fortalecimiento a la institución mediante la depuración de los malos elementos? 
Para conseguir que Jalisco avance y salga del penúltimo lugar en procuración de justicia, no sólo hay que invertir dinero, sino establecer todo un mecanismo nuevo de persecución penal, donde se privilegie una visión de sostenibilidad y orientación a resultados.

La impunidad es culpa del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial

El pasado lunes 04 de noviembre, el gobernador Enrique Alfaro rindió su sexto informe en materia de seguridad, en el cual presumió una reducción de los delitos de alrededor del 63% mensual frente a los delitos que se cometieron en el año 2018.
También se destacó por parte del mandatario la inversión hecha en materia de seguridad, rubro en el que se aumentó en 63% el presupuesto destinado a esta área.
Sin embargo, estos resultados parecen no guardar relación con la percepción ciudadana día a día, ya que aun y cuando se señalan avances en esta materia, lo cierto es que el ciudadano en muchos de los casos no se siente seguro en esta Entidad.
Ejemplo de ello es el tema de las desapariciones en nuestro Estado de Jalisco, en donde el gobernador señaló que durante su sexenio se registraron 9 mil 618 casos, mientras que se localizaron a 17 mil 405 personas que contaban con reporte de desaparición y que actualmente, 15 mil 288 personas siguen desaparecidas en la Entidad, lo que evidencia avances en la búsqueda y localización de personas en Jalisco.
Empero, este esfuerzo de la autoridad y de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), da cuenta que sin duda será una de las estafetas con mayor impacto y parte de la agenda prioritaria del próximo gobernador.

Incidencia delictiva: verdad o mito

En el año 2023 en la Zona Metropolitana de Guadalajara se robaron 11 mil 674 vehículos, según los datos oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco, mientras que sólo se recuperaron tres mil 338 de esos vehículos.
Al mes de junio del presente año, cinco mil 413 vehículos habían sido reportados como robados y sólo se habían recuperado mil 427 automotores. 
Ahora bien, si se tienen identificadas las colonias, así como los respectivos municipios, donde hay una mayor incidencia del robo de vehículos, ¿por qué no varía la estrategia para prevenir, recuperar y sancionar por el robo de dichos automotores?
De septiembre del 2023 a septiembre del 2024 se robaron dos mil 500 vehículos sólo en el municipio de Guadalajara. Las cinco colonias que concentran el mayor número de robos son:
1) Francisco Sarabia: 178 vehículos. 
2) Jardines de la Cruz: 160 vehículos. 
3) Providencia: 145 vehículos. 
4) Jardines Alcalde: 131 vehículos. 
5) Ladrón de Guevara: 126 vehículos.
Es importante señalar que sólo se recuperan tres de cada 10 vehículos robados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿En qué están fallando las autoridades? Muy sencillo: Fallan en la inteligencia para prevenir, combatir y erradicar el robo de automotores. Si tomamos en cuenta que se tiene un escudo urbano que tiene más de seis mil 500 cámaras funcionando, mismas que son monitoreadas 24 horas, ¿cómo es posible que pierdan de vista los vehículos cuando son robados con violencia y se hace el reporte al 911?
De igual manera, en los municipios del área de Guadalajara se cuentan con más de tres mil 500 cámaras para prevenir los delitos. Sin embargo, el número de recuperación de vehículos es igual, muy bajo. Y ya por último, el mejor C5 que se tiene en el país, en el municipio de Zapopan, el cual cuenta con dos mil 704 cámaras de videovigilancia, tampoco ha sido suficiente para lograr el cometido de evitar y recuperar los vehículos que son robados.
Municipios con más robos de vehículos de enero a septiembre 2024: 
1) Guadalajara: mil 841. 
2) Tlaquepaque: 812. 
3) Zapopan: 708. 
4) Tonalá: 284. 
5) Tlajomulco: 238.
Si de verdad las autoridades quieren combatir el robo de vehículos, tienen que apegarse a la estrategia de inteligencia, así como incentivar entre sus grupos operativos la recuperación de automotores como lo hacían en el pasado, con bonos e incentivos que lleven a erradicar la comisión de estos ilícitos. 
De nada sirven las más de 800 sentencias en contra de ladrones de autos, si la posibilidad de que te detengan cometiendo el delito es de sólo un 3% y de que se te castigue por la comisión de éste, menos de 1 por ciento.

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Los datos de desaparecidos en Jalisco entre los años 2018-2024, arrojan más de 9,000 desapariciones en el Estado. En promedio, se habla de cinco ausencias diarias reportadas ante las autoridades y se dice en promedio, puesto que desde el año 2022 Jalisco dejó de aportar datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reportando únicamente información al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el cual como lo señala el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), carece de control estricto para dar cifras exactas en cuanto a las desapariciones de personas. Lo anterior, máxime porque incluso se borraron todos los datos del primero de los registros, antes de dejarlo de nutrir con dicha información.
A pesar de que existe un protocolo federal homologado para actuar en caso de desaparición, es increíble que en Jalisco todavía muchas de las autoridades señalan que tienen que pasar mínimo 72 horas para iniciar con la investigación por desaparición, cuando el protocolo es muy claro al establecer que las primeras 48 horas son cruciales para tener mayores posibilidades de dar con el paradero de la persona desaparecida, toda vez que se debe geolocalizar el teléfono de la persona, pedir las “sabanas” de telecomunicación para saber quiénes fueron sus últimas conexiones en llamadas, así como debe revisarse su actividad bancaria y poder cerrar el perímetro para tener mayor posibilidad de éxito en la búsqueda, situación que como ya señalé, no acontece.
Esperemos que en este sexenio que inicia de la mano del gobernador Pablo Lemus Navarro, lejos de reprimir las manifestaciones de las familias de los desaparecidos, como fue el caso de aquella del 5 de junio, tengamos una Fiscalía más humana que sea empática con el dolor de las familias, que lo único que buscan es recuperar a sus seres queridos.
De igual manera, esperemos se deje de lucrar con el tema de las desapariciones, únicamente para atraer reflectores políticos, sin que en la realidad emprendan nuevas acciones materiales y humanas para dar solución al problema más grave que tiene nuestro Estado.

Los 9,000 desaparecidos del último sexenio en Jalisco