Diego N: Absuelven a joven que desnudó a alumnas con IA
El caso ha puesto en debate la violencia digital y la falta de legislación para abordar el uso de inteligencia artificial en la creación de contenido sexual sin consentimiento
Un juez absolvió a Diego ‘N’, de 19 años, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del delito contra la intimidad sexual en dos de los ocho casos que enfrenta. La decisión, emitida por el juez Francisco Salazar Silva, argumentó falta de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. Sin embargo, Diego ‘N’ continuará en prisión preventiva debido a cargos adicionales por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material relacionado con menores de edad.
El caso se originó en octubre de 2023, cuando autoridades encontraron en un dispositivo propiedad de Diego ‘N’ aproximadamente 166,000 imágenes alteradas con inteligencia artificial, más de 20,000 videos y fotografías íntimas manipuladas de al menos mil mujeres, muchas de ellas estudiantes de entre 17 y 25 años. A pesar de estos hallazgos, el juez consideró que no se pudo demostrar su participación directa en dos de las denuncias.
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Valeria Martínez, abogada de las víctimas, expresó su inconformidad y aseguró que apelarán la decisión. Además, destacó que aún hay seis denuncias pendientes y una carpeta relacionada con pornografía infantil que podrían sentar precedentes legales sobre el uso de inteligencia artificial para la creación de contenido sexual no consensuado.
Este caso ha puesto en el centro del debate la violencia digital y la falta de marcos legales adecuados para proteger a las víctimas. Según la representante legal, las estudiantes afectadas enfrentaron vulnerabilidad emocional y social tras la difusión de contenido íntimo manipulado.
Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia, ofreció apoyo a las afectadas y llamó a continuar visibilizando la problemática. En un comunicado, afirmó: “Si no hay justicia, habrá revolución“. Por su parte, activistas y defensores de derechos digitales señalaron la urgencia de reforzar la legislación y las políticas públicas contra la explotación digital.
El proceso judicial seguirá su curso en las próximas semanas, con audiencias programadas para las demás denuncias. Las víctimas y sus representantes legales mantienen su compromiso de buscar justicia.
