Daniel Espinosa Licón

El 10 de diciembre de 1948 no fue un día cualquiera. Fue el momento en que la humanidad decidió escribir su más esperanzador manifiesto contra la barbarie: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mundo acababa de despertar de la pesadilla más sangrienta de su historia. Las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún humeaban cuando 48 países levantaron su voz para proclamar algo revolucionario: que todo ser humano, sin importar su origen, merece ser tratado con dignidad.
No era solo un documento. Era un grito colectivo de esperanza.
Treinta artículos condensaron siglos de lucha. Prohibieron la esclavitud, condenaron la tortura, garantizaron libertades fundamentales. Establecieron que la diferencia no nos divide, que la igualdad no es un concepto abstracto, sino un derecho concreto.
Hoy, setenta y seis años después, ese documento sigue siendo radical. Radical en su simplicidad. Radical en su esperanza.
Defender los derechos humanos en tiempos difíciles no es acción ingenua. Es ser valiente. Es recordar que la humanidad no se mide por sus máximos, sino por cómo trata a sus más vulnerables.
En cada acto de justicia, en cada gesto de respeto, renovamos ese pacto firmado en 1948. No es una reliquia histórica. Es nuestra constitución moral. 
Los derechos humanos son la piedra angular de toda sociedad; son las guías de nuestro actuar; es lo mejor que como sociedad, sin duda, hemos construido.

Daniel Espinoza Licón

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos

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Estimados lectores, en esta oportunidad quise aprovechar este gran espacio de opinión para la conmemoración de 200 años de la fundación del Supremo Tribunal de Justicia y el Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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La historia nos enseña que el origen define el destino, el esfuerzo y la visión de quienes nos precedieron es una clara señal de que la voluntad, la fortaleza y el ingenio que habitaban en ellos, persisten hoy en nosotros. 
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Dos siglos de servicio han forjado el carácter de nuestro Poder Judicial, y en ese tiempo, esta institución ha enfrentado innumerables desafíos con el firme compromiso de construir justicia en nuestro Estado.
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Recordemos aquel 19 de noviembre de 1824, en una sesión secreta y solemne, salieron del Palacio del Congreso el Vicegobernador y los diputados acompañados por los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; marcharon hacia la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Allí, juraron nuestra primera Constitución, un acto que simbolizó mucho más que un compromiso: Fue la promesa de construir una sociedad libre, de defender los derechos de libertad, igualdad y justicia. Este acto histórico, que rompía con la imposición y la tiranía del pasado, sigue siendo el pilar sobre el que descansa nuestro ideal de justicia y nuestra independencia.
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La historia del Poder Judicial se remonta al propio nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano y con ella nació también el “Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco”. 
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Desde aquel primer presidente interino, José Domingo Rus, hasta Ignacio Olloqui, el primer presidente legalmente nombrado, nuestra institución se ha mantenido como un ejemplo de superación y de reafirmación diaria de que la justicia debe estar cerca de la sociedad, guiada siempre por la legalidad.
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Nombres como los de los ilustres juristas, políticos e intelectuales jaliscienses Mariano Otero Mestas e Ignacio Luis Vallarta Ogazón, resuenan en estas paredes como emblemas de una incansable lucha por la justicia. Figuras visionarias que antepusieron el anhelo de un mundo más justo, libre y digno.
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Este Palacio de Justicia se erige sobre un terreno sagrado y simbólico. Aquí estuvo la primera parroquia de la ciudad, dedicada a San Miguel Arcángel; la primera catedral provisional en 1548. Más tarde, el primer hospital y el primer monasterio femenino de la ciudad; dos ocasiones liceo de niñas Benemérita y Centenaria Normal; y el claustro de Santa María de Gracia.
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Este suelo alberga los vestigios de nuestros fundadores, de nuestras primeras comunidades, y de la consolidación de nuestra identidad. 
La evolución de este espacio en un epicentro de cultura y de derecho, es una prueba de que el espíritu de Jalisco siempre ha sido el de buscar la justicia y el bienestar común. 
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En sus primeros años, el Tribunal ocupó el majestuoso Palacio de Gobierno, un símbolo de la unidad de los poderes, donde el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, coexistían en perfecta armonía. 
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La llegada del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, junto con sus ministros Santos Degollado, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, León Guzmán y Manuel Ruiz, transformó este palacio en sede del Poder Ejecutivo Federal, obligando al Poder Judicial a buscar nuevos horizontes como fue al hoy desparecido Convento de la Merced. 
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Una explosión trágica en 1859 sacudió sus cimientos, generando una gran tragedia y una devastadora cifra de pérdidas humanas. Ante esa adversidad es que el Supremo Tribunal de Justicia se reubica en el Colegio de San Juan; sin embargo, la intervención francesa lo empujó nuevamente al exilio, encontrando refugio en la Villa de Sayula. 
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Su peregrinaje continuó por el exconvento de Jesús María, hoy conocido como el Colegio Luis Silva, luego por la Penitenciaría de Escobedo, posteriormente al Colegio de Santo Tomás de Aquino, lo que hoy es la Biblioteca Iberoamericana. 
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En 1925 encontró un hogar temporal en un elegante edificio de estilo francés ubicado en la antigua calle Tolsá, en esquina con la calle del Carmen, lugar que hasta nuestros días es recordado como la desparecida Escuela de Música. No fue hasta 1952 cuando llegó a su actual sede: el Palacio de Justicia que anteriormente fungía como claustro del convento de Santa María de Gracia. 
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Este recorrido no es solo una historia de reubicaciones, sino un testimonio de adaptabilidad, resistencia y compromiso. 
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Han transcurrido 339 periodos de gobierno; 164 gobernadores han dirigido el Estado; 2,741 diputados han ejercido su representación y 42 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia han guiado su destino. 
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La donación del Palacio de Justicia el 18 de noviembre de 2022 marca un punto de inflexión histórico: Por primera vez, después de 72 años, el Poder Judicial cuenta con un inmueble propio, simbolizando no sólo un logro arquitectónico, sino la consolidación de su autonomía e independencia. 
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Hoy, nuestro objetivo es construir una impartición de justicia que sea el verdadero motor del desarrollo, una justicia eficaz, eficiente, con decisiones contundentes y oportunas, que propicie la colaboración participativa de todos los sectores de la sociedad. Porque en última instancia, los edificios son temporales, pero las instituciones perduran gracias al compromiso, la integridad y la labor incansable de quienes sirven a la justicia, escribiendo cada día una nueva página en la historia de Jalisco.
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Han pasado 200 años desde aquel primer juramento. Este Poder Judicial ha crecido y se ha transformado, adaptándose a las necesidades de cada época. Gracias a la visión de jaliscienses, hoy contamos con autonomía plena, independencia presupuestaria y herramientas tecnológicas de vanguardia como la “Justicia Digital”. Estos pilares son la promesa de un sistema de justicia capaz de responder a las demandas de nuestra sociedad.
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Pero la justicia no es una labor que pueda lograrse en soledad. Invito a la sociedad a participar activamente, a colaborar en esta gran misión. La justicia no es solo un derecho, sino también un deber, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que cada hombre, mujer y la niñez en Jalisco, encuentren en nosotros el respaldo y la protección que merecen.
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Honremos juntos estos 200 años de historia. Este aniversario no es solo un recordatorio de lo que hemos logrado, sino una promesa de lo que aún está por hacerse. Trabajemos unidos en el ideal de justicia que nuestros antepasados nos legaron y que hoy nos toca preservar y continuar fortaleciendo, unidas y unidos.
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200 años del Poder Judicial del Estado de Jalisco 

El aseguramiento de vehículos es una medida que el agente del Ministerio Público puede ordenar cuando se cometen delitos culposos relacionados con la conducción de vehículos, especialmente en casos de colisiones graves o cuando hay personas heridas. Es común que, al llegar al lugar de los hechos, el Ministerio Público ordene el aseguramiento de los vehículos involucrados. Sin embargo, es importante conocer los límites y requisitos legales que regulan esta acción.
El artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público debe devolver los vehículos a sus propietarios o poseedores, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Específicamente, el Ministerio Público debe asegurarse de que:
1. El vehículo no tenga reporte de robo. 
2. El vehículo no esté relacionado con otro delito. 
3. Se haya dado la oportunidad a las partes involucradas de solicitar y practicar las diligencias necesarias. 
4. No exista una oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora.
Estos requisitos son fundamentales para proteger los derechos de los propietarios y evitar el abuso de autoridad en el proceso de aseguramiento. 
Además, el artículo 240 del mismo código establece que el aseguramiento de un vehículo requiere la autorización de un órgano jurisdiccional. Esto significa que el Ministerio Público no tiene la facultad de ordenar el aseguramiento de un vehículo por sí solo, sino que debe obtener previamente la autorización de un juez.
El Ministerio Público puede ordenar el aseguramiento de un vehículo en el lugar de los hechos de un delito culposo, pero solo bajo ciertas condiciones y con la autorización de un órgano jurisdiccional. Es crucial que la población esté informada de que el Ministerio Público no puede realizar el aseguramiento de un vehículo sin la debida autorización judicial, para así garantizar que se respeten los derechos de los propietarios y se cumpla con el debido proceso legal.
Conocer tus derechos y los pasos a seguir, puede marcar la diferencia en la protección de tu bienestar personal, familiar y económico.

¿Qué hacer ante el aseguramiento de vehículos por el Ministerio Público en delitos culposos?

Si has sido víctima de un despido injustificado, es importante que conozcas tus derechos y los plazos legales para actuar. Tienes dos meses a partir del día siguiente en que ocurrió el despido para presentar una demanda contra tu empleador, conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante que tomes acción dentro de este plazo para no perder tu derecho a reclamar lo que te corresponde, como la indemnización por despido injustificado, reinstalación, así como el pago de prestaciones adeudadas.
La demanda por despido injustificado te permite exigir lo que establece la ley, como el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización, así como otras prestaciones como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y en algunos casos, prima de antigüedad. Es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado laboralista para garantizar que tu caso sea gestionado correctamente y que se respeten todos tus derechos laborales.
En algunos casos, los empleadores intentan disuadir a los trabajadores de demandar mediante amenazas de boletinaje, una práctica ilegal en la que se intenta bloquear al trabajador en otras empresas o afectar su reputación laboral. Es importante que sepas que la ley prohíbe de manera clara este tipo de represalias. El artículo 133, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, establece que los patrones no pueden tomar acciones en contra de los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo o que han sido despedidos, lo que incluye cualquier tipo de amenaza o intento de boletinaje.
Conocer tus derechos y los pasos a seguir en estos casos puede marcar la diferencia entre proteger tu futuro laboral y quedarte indefenso ante una injusticia. La ley está de tu lado, y tienes opciones para defenderte de las prácticas ilegales de los patrones.

¿Cuánto tiempo tengo para demandar por despido injustificado?

La pensión alimenticia es una prestación económica que se otorga a una persona para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de una obligación legal impuesta a una persona, conocida como deudor alimentario, para que proporcione apoyo económico a otra persona, denominada acreedor alimentario, con quien tiene una relación familiar o de dependencia.
Esta prestación se demanda ante un juzgado de materia familiar. La pensión alimenticia puede ser provisional, es decir, otorgada temporalmente hasta que se resuelva el proceso, o definitiva, cuando se establece como una obligación permanente mediante sentencia. Sin embargo, esta pensión también puede ser modificable si cambian las circunstancias económicas o personales de las partes.
Es importante destacar que los deberes y obligaciones de proporcionar alimentos son recíprocos: quien da los alimentos también tiene el derecho de recibirlos en situaciones específicas. Este deber es personal e intransferible. En la legislación del Estado de Jalisco, los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos mutuamente.
Los padres deben dar alimentos a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad; o llegando a ella sean incapaces; incluso hasta los 25 años, si estos continúan estudiando en un plantel del sistema educativo nacional. A su vez, los hijos tienen la obligación de dar alimentos a sus padres cuando estos alcanzan una edad avanzada o no pueden trabajar o generar ingresos.
Los alimentos comprenden no sólo la subsistencia material, como comida, vestido y habitación, sino también asistencia en casos de enfermedad y, en su caso, los gastos relacionados con el embarazo y parto. Para niñas, niños y adolescentes, los alimentos incluyen además los gastos educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la formación en algún oficio, arte o profesión que se adecue a sus capacidades y circunstancias.
Las pensiones alimenticias son esenciales para proteger los derechos y garantizar el bienestar de las personas vulnerables. Reconocen la dignidad humana y aseguran una vida digna, proporcionando protección, estabilidad, responsabilidad y prevención en las relaciones familiares.
Conocer tus derechos y los pasos a seguir pueden proteger tu bienestar personal, familiar y económico.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de una pensión alimenticia?

Se entiende como violación a los derechos humanos todo acto u omisión cometido por persona servidora pública que vulnere los derechos y libertades fundamentales de una persona o grupo de personas, reconocidos en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
Ahora bien, el organismo público no jurisdiccional encargado de investigar, analizar y determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos es la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en el ámbito local, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el ámbito federal.
Cuando se comete un acto u omisión por parte de las autoridades que afectan los derechos humanos, es fundamental documentar el hecho y presentar una queja ante la CEDHJ o la CNDH, respectivamente. La queja debe incluir la fecha, hora y lugar del incidente, así como toda la información disponible sobre los servidores públicos involucrados. Existen diversas maneras de presentarla: forma presencial, vía telefónica, correo electrónico, en línea, mensajería de WhatsApp, telegrama, fax, entre otros.
Una vez recibida la queja, la Comisión iniciará un expediente para la debida integración e investigación del suceso, con el fin de determinar la responsabilidad de la autoridad. Si es necesario, la Comisión puede dictar medidas cautelares desde la recepción de la queja para evitar la consumación irreparable de las violaciones a los derechos humanos reclamados o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas.
Siempre que no se trate de violaciones graves a los derechos humanos, existe la posibilidad de una conciliación entre las partes, escuchando las posturas tanto del agraviado como de la autoridad o servidor público presunto responsable. En caso de violaciones graves, se seguirá un procedimiento sumario que, si se acreditan los hechos, puede concluir con la emisión de una Recomendación.
Recuerda que si deseas presentar una queja ante las defensorías públicas de derechos humanos, deberás hacerlo dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que se cometieron los hechos violatorios o desde que el quejoso tuvo conocimiento de ellos. Es importante señalar que este plazo puede ampliarse en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

¿Qué hacer si una autoridad viola mis derechos humanos?

Un despido injustificado ocurre cuando un empleador, de manera unilateral, decide terminar la relación laboral sin una causa justificada prevista en la ley, o cuando no notifica al trabajador el motivo de la rescisión. 
En esta situación, es recomendable acudir al Centro de Conciliación Laboral, donde recibirás asistencia gratuita para resolver el problema mediante un proceso de conciliación donde te escucharán y analizarán tu caso. Si no llegas a un acuerdo con tu empleador, los representantes legales adscritos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo te proporcionarán asesoría jurídica sin costo alguno. Ellos te explicarán tus derechos, los plazos de prescripción y te ayudarán a elaborar tu demanda, acompañándote durante el proceso jurisdiccional. También puedes optar por contratar a un abogado particular, cubriendo los honorarios correspondientes.
La ley ofrece al trabajador, en caso de no llegar a un arreglo con su empleador, dos alternativas principales: solicitar la reinstalación en su puesto o demandar una indemnización. 
Si eliges la indemnización y obtienes una sentencia favorable, el empleador estará obligado a pagarte tres meses de salario (indemnización constitucional), la prima de antigüedad, las partes proporcionales del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, además de otras prestaciones vigentes en el contrato o alguna otra que no se encuentre en sus cláusulas pero que se demuestre se te haya otorgado de manera continua. Este conjunto de pagos busca resarcir el daño causado por la pérdida injustificada del empleo.
Por otro lado, si decides luchar por tu reinstalación y la sentencia te favorece, el empleador estará obligado a reintegrarte a tu puesto, además de pagarte los salarios que debiste haber percibido desde la fecha del despido, así como todas las prestaciones devengadas.
La reinstalación, contrario a lo que algunos piensan, no implica un nuevo contrato ni un cambio en las condiciones laborales. Consiste en devolverte a tu puesto anterior, con las mismas funciones, responsabilidades y prestaciones que tenías antes del despido. La ley intenta restablecer el equilibrio que fue roto por la acción injustificada del empleador.
No obstante, en algunos casos el empleador se niega a cumplir con la reinstalación. En estos supuestos, la ley prevé una compensación adicional: el pago de veinte días de salario por cada año trabajado, sumado a la indemnización constitucional. 
Es importante recordar que como trabajador tienes un plazo de dos meses desde la fecha del despido para presentar una demanda. Por ello, actuar con rapidez y con el asesoramiento adecuado es esencial para proteger tus derechos laborales. 
Conocer tus derechos y los pasos a seguir puede marcar la diferencia entre recibir una indemnización justa, obtener la reinstalación en tu puesto o garantizar el pago de todas las prestaciones a las que tienes derecho. Ya sea que enfrentes un despido o una renuncia, es fundamental asegurar que se respeten tus derechos conforme a la ley.

¿Qué hacer si te despiden injustificadamente de tu trabajo?

Cuando una persona desaparece, además de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, los familiares y personas legitimadas pueden promover un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la vía familiar para que se declare la ausencia de la persona desaparecida.
Este procedimiento tiene como finalidad establecer los efectos jurídicos sobre la persona desaparecida, sus familiares o personas legitimadas por la ley. Su objetivo es reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida.
El proceso está guiado por principios rectores como la buena fe, celeridad, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, el interés superior de la niñez, máxima protección, la perspectiva de género y la presunción de vida, entre otros.
Es posible presentar la solicitud para este procedimiento 30 días naturales después de haber presentado la denuncia por desaparición. 
Es un proceso ágil y sencillo que se resuelve en menos de seis meses desde la presentación de la solicitud, y es completamente gratuito, eliminando así barreras burocráticas para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La Fiscalía del Estado, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según corresponda, tienen la obligación de informar de este procedimiento y los efectos del mismo a los familiares o sus representantes legales.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brinda asesoría jurídica gratuita a quienes lo soliciten. Desde la admisión de la solicitud, es posible decretar medidas provisionales y cautelares con la finalidad de garantizar la máxima protección a la persona desaparecida, sus familiares y las personas legitimadas. Estas medidas pueden abarcar aspectos como la guardia y custodia, los alimentos, la patria potestad y el uso de la vivienda, entre otros. Además, estas medidas pueden ser modificadas de acuerdo con las circunstancias existentes tras la revisión de la solicitud y la información proporcionada por las autoridades competentes.
Una vez recabados los informes y publicados los edictos correspondientes, los cuales también son gratuitos, se dicta la sentencia en la que se definen los efectos jurídicos relacionados con la persona desaparecida, sus familiares o personas legitimadas como lo son: la protección del patrimonio de la persona desaparecida, permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación laboral de la persona desaparecida, continúen beneficiándose de todos los derechos y beneficios aplicables, suspender de manera provisional los actos judiciales mercantiles, civiles o administrativos, o bien, declarar la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo.
Pasados seis meses de la emisión de la sentencia de declaración especial de ausencia, los familiares o personas legitimadas pueden promover el trámite de presunción de muerte en el mismo expediente.
Conocer tus derechos y los pasos a seguir puede marcar la diferencia para proteger los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias.

¿Qué es la declaración especial de ausencia?

Si rentas una casa o departamento y tu inquilino no paga la renta, es fundamental conocer tus opciones para recuperar tu dinero y el inmueble. El arrendamiento es un contrato donde el arrendador entrega la posesión del inmueble, y el arrendatario paga una renta periódica. A veces, un fiador se compromete solidariamente con el inquilino a cumplir con el pago.
Si tu inquilino se retrasa, paga de manera incompleta o deja de pagar, aquí te explico qué hacer, dependiendo de si tienes un contrato por escrito o un acuerdo verbal.
1. Si tienes un contrato por escrito. 
Revisa las cláusulas: Si el contrato contempla rentas consignadas en depósito, puedes usar esos fondos para cubrir las rentas vencidas y exigir al inquilino que los reponga. 
Carta de requerimiento: Si no hay depósitos o se han agotado, envía una carta al fiador y al inquilino pidiendo que se pongan al corriente en un plazo determinado. Si no cumplen, puedes rescindir el contrato y solicitar la desocupación del inmueble.
2. Resolución de conflictos. 
Mediación: Si el inquilino no cumple, considera acudir al Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa o a un centro privado de mediación para negociar un convenio que establezca plazos de pago o la entrega anticipada del inmueble. 
Demanda civil: Si la mediación falla, puedes presentar una demanda civil. El juez ordenará al inquilino que acredite estar al corriente en el pago. Si no lo hace, se le dará un plazo de 40 días para desocupar el inmueble, además de establecer un embargo para garantizar el pago de las rentas.
3. Recomendaciones adicionales. 
Fiador con bienes: Asegúrate de que el fiador tenga un inmueble sin gravámenes, garantizando así el pago de las rentas en caso de incumplimiento.
Investigación previa: Investiga el comportamiento comercial del inquilino antes de firmar el contrato para evitar impagos.
Contrato bien redactado: Es recomendable que el contrato sea redactado por un abogado con experiencia, para incluir cláusulas que protejan tus derechos y garanticen el pago de la renta. 
Conocer tus derechos y los pasos a seguir puede marcar la diferencia ante los problemas de falta de pago y proteger tus derechos como arrendador.

¿Qué hacer si tu inquilino no paga la renta?