Gustavo Parra Noriega

¿Cuántos electrodomésticos conectados a internet tienes en tu hogar? El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ha transformado buena parte de nuestra realidad. Desde que Alexa nos despierta, hasta que nuestro refrigerador envía a nuestro smartphone el listado de alimentos que pronto habrá que surtir en el supermercado o que con un click nuestro reloj inteligente ya hizo las compras del mes y pagos de nuestras tarjetas, verificó que hayamos dado los pasos necesarios para mantenernos saludables y contó las calorías quemadas.
Una parte de nuestras vidas se encuentra bajo control del Internet de las Cosas, ya que la simplicidad y eficiencia de los dispositivos interconectados permite ahorrar tiempo valioso de nuestros días. Al contar con la recopilación y tratamiento de nuestros datos personales, tanto bancarios, como de preferencias, permitimos el control y manejo de esta información, misma que en algunos casos puede ser utilizada de manera indebida dando pie a ciberataques.
Desde hace algunos años, la ciberseguridad ha sido una preocupación constante por los garantistas de la privacidad, ya que podría parecer simple, “sólo dar tus datos personales” a las empresas para facilitar tu vida. Sin embargo, vulnerabilidades como contraseñas débiles o falta de actualizaciones, pueden permitir que hackers accedan a información personal o incluso tomen control de los dispositivos, poniendo en riesgo más que un dispositivo, si no nuestra propia vida y patrimonio.
Y es aquí donde encontramos la necesidad de contar con la suficiente capacidad para adaptarnos al cambio y sugerir e implementar medidas de seguridad que nos permitan enfrentar situaciones adversas de la mejor manera, “Ciber resiliencia”, y es aquí donde una vez más los legisladores precisan mantenerse a la vanguardia, para no institucionalizar normas únicamente punitivas, sino preventivas, tal como lo hizo el Consejo de la Unión Europea al adoptar la Ley de Ciber resiliencia; esta nueva ley permitirá a los consumidores tener en cuenta la ciberseguridad a la hora de seleccionar y utilizar productos que contengan elementos digitales, haciéndoles más fácil identificar productos de hardware y software con las características de ciberseguridad adecuadas; el reglamento adoptado el 10 de octubre de 2024 se aplicará a todos los productos que estén conectados, directa o indirectamente, a otro dispositivo o a una red.
De esta forma, cualquier producto con elementos digitales contará con garantía de seguridad antes de ser digitalizado, lo cual da un alivio importante a los usuarios, al menos para los de la Unión Europea; mientras tanto, en México habrá que fortalecer campañas de difusión sobre la prevención del mal uso de datos personales en internet, en la medida que no se cuente con un marco normativo robusto y adecuado para el tratamiento de nuestra información personal y sobre la seguridad y responsabilidades de las empresas.

Ciber resiliencia y el Internet de las Cosas

Es un momento crítico para la democracia en México. El desmantelamiento de los organismos encargados de garantizar la transparencia y la protección de datos personales parece inminente en nuestro país, y frente a esta circunstancia es necesario reflexionar sobre las consecuencias que estas acciones podrían traer, ya que pareciera interesarles poco a los legisladores, que en plena era digital donde nuestra información personal juega un papel central en la economía global, no se vaya a contar con autoridades fuertes y especializadas; por ello necesitamos contar con legisladores congruentes y comprometidos con la defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos digitales.
La información que manejan los gobiernos sobre sus ciudadanos es muy amplia y ahora podría ser utilizada de manera indebida; sin organismos que garanticen la transparencia y la protección de datos corremos el riesgo de que los agentes del Estado hagan vigilancia y control sin límites, lo que puede amenazar no solo nuestra privacidad, sino también nuestra libertad como ciudadanos, nuestra economía y sin afán de parecer catastrófico, caer en la desinformación y manipulación.
Parte fundamental de una democracia es la participación activa y consciente del pueblo; sin información, la capacidad de las personas para participar e incidir en la toma de decisiones se tornaría compleja; el papel de los legisladores es crucial, ya que mucho se habla de legitimidad y confianza en las instituciones, sin embargo, si la ciudadanía no tuviera elementos para realizar un escrutinio real, no sería viable hablar de esa legitimidad tan ansiada.
Por ello requerimos representantes éticos que no solo comprendan la importancia de la transparencia y la privacidad, sino que también estén dispuestos a luchar por su fortalecimiento. Estos legisladores deben ser visionarios, sensibles y capaces de anticipar los desafíos de un mundo en constante cambio para construir un marco legal que proteja los derechos de las personas, especialmente en un entorno digital donde la información puede ser un arma de doble filo.
En honor a la confianza depositada en nuestros representantes, estos tendrían que mostrar reciprocidad velando por la garantía de los derechos de los habitantes de un país que vaya al ritmo de la evolución natural y hacia un sistema global avanzado; hablar de derechos digitales y de su garantía, legislar y cumplir con su garantía, es exigir a las instituciones su cumplimiento y verdadero servicio al pueblo, pero también mostrar visión de querer conducir a sus representados hacía esquemas de ciudades inteligentes en donde la información, pública y personal, sea utilizada de forma adecuada para el bienestar y crecimiento.
La labor de nuestros legisladores en esta era no se limita a la creación de leyes, sino a la construcción de un futuro vanguardista; la lucha por la transparencia es en última instancia, una lucha por la democracia misma, así como la lucha por los derechos digitales y la protección de datos personales es apostar y poner una mirada en el futuro.

Legisladores en la Era Digital

Actualmente, la interacción humana está mediatizada en gran parte por plataformas y las redes sociodigitales son parte importante de nuestro ecosistema social. La imagen que proyectamos en línea adquiere una relevancia crucial y esto es especialmente cierto para las nuevas generaciones y para personas cuya imagen profesional depende de proyectarse por esos medios para mantener y acrecentar su carrera profesional y relaciones personales. 
La gestión de nuestra imagen digital es sumamente relevante, ya que no solo puede convertirse en un acto de afirmación de nuestra propia dignidad, sino en una extensión de nuestra identidad, además de expresar quiénes somos o pretendemos ser.
Ahora bien, las redes sociales se han esforzado en tratar de moldear nuestras reacciones y generar cada vez más opciones de interacción y visibilización, ya que es un lugar donde se ejerce poder y éste da la posibilidad de crear y manipular la percepción que se tiene de nosotros e incluso ajustar la percepción que se tiene sobre otros; un “like” o un mal comentario, bastan para desencadenar una oleada de opiniones o generar vacíos que marcan a muchas personas. 
Los derechos a la imagen y el de protección de datos personales, están protegidos en diversas legislaciones internacionales, sin embargo, en la era de los algoritmos y la vigilancia digital, este derecho se ve amenazado de manera sin precedentes. Las empresas que gestionan plataformas y redes sociales, tienen acceso a una vasta cantidad de información personal, desde imágenes hasta comportamientos, que podrían con el uso de inteligencia artificial ser manipulados para afectar la reputación de cualquier individuo.
Entonces, ¿tenemos verdadero control de nuestra imagen digital? El acceso a información personal puede ser una herramienta de control desproporcionada sobre la que nosotros mismos estamos cediendo la facultad de poder y control sin saberlo. ¿Han notado que ya hay plataformas en donde podemos dejar notas o “huellas de voz” públicas? Esta es una llave más de acceso hacia nuestra identidad.
La carta de derechos de la persona en el entorno digital del Sistema Nacional de Transparencia, refiere que toda persona tiene derecho a decidir sobre el uso de su propia imagen digital, sobre las representaciones o manifestaciones gráficas de la misma y los usos o finalidades que se pretenda dar, la explotación no consentida de su imagen o datos puede tener consecuencias graves en su reputación y, por ende, en su dignidad.
Las plataformas tienen responsabilidad ética y legal de proteger la información personal; deben implementar medidas de seguridad robustas y transparentes que protejan a los usuarios, pero la responsabilidad comienza por nosotros mismos hacia el manejo de información no propia y ajena, ya que la negligencia puede llegar hasta casos de violencia digital, corriendo el riesgo de afectar la dignidad de otras personas, solo con un click.

Más allá de un like: un espejo de nuestra dignidad

Ser un buen ciudadano en el mundo digital puede ser difícil, ya que para muchas personas suele ser sencillo esconderse detrás de una pantalla para realizar e incentivar conductas que en cualquier otro contexto no se atreverían a hacer públicas. Un ejemplo de ello es que el 85% de las mujeres en línea han presenciado actos de violencia digital según lo señalado por la ONU Mujeres en 2023.
Esto también tiene que ver con que no somos conscientes del impacto de compartir voluntariamente información personal en las redes sociales y los riesgos potenciales involucrados con el desconocimiento del poder de la autodeterminación informativa.
Sin duda, las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en nuevos lugares de encuentro, cambiando la forma en que las personas se involucran y participan en la sociedad. La forma en que la gente habla y comparte sus pensamientos se ha vuelto más abierta y accesible para todos. Sin embargo, el mundo digital tiene su propio conjunto de reglas y valores que guían cómo interactuamos y nos comportamos en línea, por lo que comprender la privacidad y la protección de datos tendría que ser uno de los principales pilares de nuestra autonomía.
En el mundo digital actual, es fundamental asegurarse de que las personas comprendan y acepten la información que se recopila sobre ellas, lo que implica una garantía de responsabilidad, puesto que la falta de conocimiento y comprensión entre usuarios y plataformas propicia que salga de su control esta información, provocando frustración cuando las personas son bombardeadas constantemente con solicitudes de consentimiento, sin saber verdaderamente lo que ello implica, y genera preocupaciones éticas sobre el impacto en la autonomía personal y la privacidad.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar todos juntos para hacer de Internet un lugar mejor para todos? Debemos adoptar un enfoque integral que considere la ética, la tecnología, la educación digital y el cumplimiento normativo.
Si abordamos la privacidad, el consentimiento e interés legítimo y la prevención de la violencia digital, podemos esforzarnos para construir espacios digitales que no solo mejoren nuestra capacidad de participar en la vida cívica, sino que también fomenten el bienestar, los valores éticos y la armonía en estos entornos.
No se trata sólo de asegurarnos de que usamos la tecnología de manera responsable, sino también de reconocer que somos personas sociales y políticas en el mundo digital.

Ciudadanía para prevenir violencia digital

Según la firma SonicWall, en 2023 México ocupa el sexto lugar en ataques de ransomware a nivel mundial y conforme al estudio, en América Latina el 65% de los encuestados en México frente a los riesgos de ciberseguridad, reconocieron que sus compañías encontraron un aumento en las vulneraciones de seguridad informática en comparación con años previos, lo que representa un panorama desafiante.
Además, hoy en día las ciberamenazas pueden afectar a cualquiera. Baste reflexionar sobre el alcance bélico que se está mostrando en Medio Oriente al hacer los ejércitos uso de tecnologías ya sea con drones, explosiones remotas o la utilización de dispositivos para dañar a personas de manera selectiva, cuestión que era impensable anteriormente. Junto a ello, hemos presenciado también un aumento significativo en la conciencia sobre la importancia de la seguridad digital y la cultura de privacidad, pero hay todavía un largo camino por recorrer.
México, como economía líder en América Latina, se ha convertido en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. El robo de datos y el fraude en línea han aumentado de manera alarmante y esto se debe en parte a la rápida digitalización de nuestra sociedad, que no siempre ha ido acompañada de las medidas de seguridad necesarias.
El sector público también tiene su propio conjunto de dificultades que superar. Aunque los gobiernos están tratando de hacer que sus sistemas sean más seguros, todavía hay muchas ocasiones en las que se roba información importante de organizaciones estatales; véase el caso Guacamaya Leaks. Así, cuando la información personal se maneja mal, no sólo pone a las personas en riesgo, sino que también se pierde la confianza en las instituciones.
Las leyes de Datos Personales atienden parte de este problema, al exigir cumplir con el deber de seguridad e imponer medidas, de acuerdo con el riesgo que tienen los tratamientos de datos personales, pero ponerla en práctica todavía es complicado en instituciones públicas y privadas. Esto lo ejemplifica el dato del INAI de 2023, cuando sólo 22% de los sujetos obligados federales cumplen con tener documento de seguridad.
Pero por otro lado, a nivel local hay datos que prueban que se está fortaleciendo la ciberseguridad, como en el Estado de México, donde se ha logrado un cumplimiento del 80% en sujetos verificados, además de que hay cada vez más preocupación social, y ejemplo de ello es el debate público sobre nuevas leyes y reformas en la materia.
Por parte del ciudadano común, no se trata sólo de comprar dispositivos sofisticados, sino también de educar a las personas sobre cómo usarlos y asegurarse de que todos comprendan su importancia. Desde los niños hasta los adultos, deben aprender cómo mantener segura su información en línea y comprender los riesgos de los ataques cibernéticos. 
Para concluir, el futuro de la ciberseguridad en México y el mundo, por lo tanto, dependerá de nuestros esfuerzos por crear una cultura donde todos comprendan y valoren la seguridad digital; que haya profesionales suficientes y preparados, y que haya autoridades fuertes que supervisen y pongan en orden a las empresas y administraciones estatales.

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El reto de la seguridad digital y la privacidad

Mi pecho no es bodega

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Estresores y respuesta de estrés, un gran ausente en la educación médica

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Puros buenos deseos

La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la justicia social en cualquier sociedad y uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana; no solo es una situación de percepción, si no de verdadera problemática que sufre la ciudadanía.
En el contexto del día contra la corrupción, los organismos garantes como el INFOEM (Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México) o el ITEI en Jalisco, juegan un papel fundamental en la promoción y tutela de la transparencia y rendición de cuentas. Sus acciones no solo inhiben la corrupción, sino empoderan a la ciudadanía para exigir sus derechos.
Por ello, desde estas latitudes, una de las iniciativas que ha impulsado el INFOEM ha sido la creación de un micrositio dedicado al combate a la corrupción, donde se centraliza la información relevante de las acciones y políticas implementadas para prevenir y sancionar actos corruptos, facilita a los ciudadanos estar informados sobre cómo se manejan los recursos públicos del Instituto y, vinculado al IPOMEX, puede revisarse toda la información pública de oficio de los más de 400 sujetos obligados. 
También se ha conformado la Red Mexiquense para la Rendición de Cuentas, integrada por más de 50 organizaciones y personas, con la finalidad de desdoblar los esfuerzos y colaboración entre sectores de la sociedad civil y el trabajo que se realiza desde el Sistema Estatal Anticorrupción.
Al unir esfuerzos, se fomenta un entorno donde se pueden compartir mejores prácticas, experiencias y estrategias efectivas para combatir la corrupción y sobre todo, para la participación activa y que el gobierno actúe con integridad. 
La educación cívica es otro pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que una ciudadanía bien formada es menos susceptible a ser manipulada por prácticas corruptas, por ello, se realizan desde los organismos de transparencia, talleres de servicio a la ciudadanía, donde se le instruye sobre su derecho de acceso a la información y mecanismos para denunciar actos corruptos, lo que fortalece la confianza en el sistema democrático.
Finalmente, dado el nuevo modelo de transparencia que se está impulsando en el país y con el trabajo conjunto de los Institutos de Transparencia y las Contralorías de las Entidades, se están realizando esfuerzos de contacto con todos los comités de ética estatales, para realizar intercambios de experiencias, ya que son esenciales para impulsar la ética pública como una pieza fundamental del servicio público.
A través de esta colaboración, se implementan políticas que inhiben actos corruptos y promueven cultura de integridad basada en principios éticos sólidos junto con la creación de recursos accesibles, el fortalecimiento de redes colaborativas, la educación cívica y la vinculación ética, por lo que son estrategias que fomentan la transparencia y construyen un sistema más robusto y confiable para el ciudadano.

La importancia de la transparencia en el combate a la corrupción