Laura Haro Ramirez

La semana pasada, la confrontación entre el expresidente Ernesto Zedillo y la actual Presidenta, imperó en la conversación pública. El asunto estalló cuando el expresidente publicó el artículo “México: de la democracia a la tiranía”, en la revista Letras Libres, donde argumentó el fin de la democracia a raíz de la reforma al Poder Judicial, pues ningún país democrático elige a sus juzgadores de esta manera, y esta elección no garantiza un paso en pro de la justicia, sino un retroceso. Como era de esperarse, la publicación no cayó nada bien en Palacio Nacional.
Cuando el tema llegó a la conferencia matutina, la mandataria hilvanó el contraataque al más puro estilo aprendido de su antecesor, más calumnia que argumento; en realidad muchas calumnias y pocos argumentos. De un asunto enclavado en la Reforma Judicial, se desvió la atención al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, una cancha donde Morena siente jugar de local.
Sin embargo, el intento de la Presidenta de desviar la atención de lo fundamental hacia lo narrativo, no salió como esperaba. Mientras ella acudió a cuestionar su autoridad moral por su participación en el Fobaproa –siempre el sello de Morena–, la respuesta de Zedillo fue por demás inteligente, invitó a la mandataria a abrir su administración (1994 &#8211; 2000) y la de Andrés Manuel López Obrador para someterlas a auditorías, pues garantizó que las obras faraónicas del pasado sexenio están plagadas de opacidad e irregularidades.
También le recordó que en aquel momento, el Fobaproa fue sometido a una auditoría internacional e independiente, que quedó a cargo del auditor canadiense Michael W. Mackey, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 23 de septiembre de 1999. Ante ello, Morena activó la estrategia “mutis” y optó por hablar mejor de la pensión del expresidente, pues saben que el endeudamiento heredado por López Obrador es superior a los 6.5 billones de pesos, y el actual sexenio terminará con una deuda de 9 billones de pesos adicionales.
Si el costo inicial de la deuda del Fobaproa en 1998 fue de 572 mil millones de pesos, pagaderos –según estimaciones– hasta 2042, ¿cuánto tiempo le tomará a México pagar la deuda de Morena?
Para el partido en el poder, todo este asunto resulta un callejón sin salida, pues en sus filas radican varios implicados como Ignacio Mier y Javier Corral, actuales senadores por Morena. Miguel Ángel Navarro, hoy gobernador morenista de Nayarit, y Patricia Armendáriz, actual diputada guinda, que en aquél entonces fungía como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros.
Por otro lado, pesa la pregunta, ¿si es tan perjudicial el Fobaproa, por qué seguir pagando? Si ha sido el mismo PRI quien en distintas ocasiones, en la persona del diputado Rubén Moreira ha propuesto la ruta legal para cancelar los pagos, pues la banca ha recibido más del dinero que se dijo se debía, y en cada una de las ocasiones, Morena ha desechado la propuesta. Habrían de explicar por qué la negativa.
La confrontación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, un hombre que se ha mantenido alejado de los reflectores, revela un choque entre visiones y filosofías, pero también desnuda a un régimen autoritario que ataca a las voces disidentes con el gran peso del Estado, con tal de mantener a flote la legitimidad de una narrativa cada vez más debilitada.

Laura Haro

Más calumnia que argumento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que para 2030, el Gobierno de México heredará una deuda de 28.9 billones de pesos. Esto representará poco más del 61 por ciento del Producto Interno Bruto del país. En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, la deuda era de 12.6 billones de pesos; es decir, los gobiernos de la 4T en dos sexenios la habrán aumentado en más de 16.3 billones, sin embargo, Morena ha tomado a la ligera estas advertencias.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, cada mexicano pasará de “deber” 100 mil pesos en 2018, a 209 mil pesos en 2030; esto si se dividieran las obligaciones de México entre cada uno de sus habitantes. Aunque a ninguna y ninguno de nosotros nos corresponde pagar de nuestro bolsillo esa cantidad, sí nos afecta directamente un mayor endeudamiento nacional, pues se ve reflejado en menor inversión en seguridad, salud, infraestructura, educación y en cada una de las áreas que conforman el funcionamiento adecuado del país.
Ahora, ¿por qué digo que Morena ha tomado a la ligera las advertencias del FMI? Porque durante la inauguración de las obras del tren de carga del Tren Maya, en Progreso, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las proyecciones del organismo. Específicamente ahí, en un escenario favorable, porque de haber estado ante una convención de economistas, empresariado o inversionistas, todo hubiera sido distinto.
La presidenta dijo que el Fondo Monetario Internacional no entendió todavía que a México ya llegó la Cuarta Transformación, que aquí ya se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios y el dinero del pueblo se le regresa al pueblo en forma de derechos. Su postura contrasta con los datos y análisis del FMI y de distintas instituciones financieras, pero no deja de sentirse hueca, porque al final de cuentas la deuda está ahí, creciendo día a día.
Afirmar que se acabó la corrupción y los privilegios, no se traduce automáticamente en una mejora sustancial de las finanzas públicas. Los datos indican que los ingresos de la administración pública han disminuido como proporción del PIB, mientras que el gasto ha aumentado a costa del endeudamiento. Porque seamos claros: la retórica no paga la deuda, así como cuando por años se presumía que México tenía al presidente más popular del mundo, pero los asesinatos continuaban en un dramático ascenso.
El delicado panorama económico del país no es una cuestión emergente de los últimos meses y embates de Estados Unidos, sino los síntomas de una pésima administración. Por ejemplo: con Morena se han registrado las mayores pérdidas económicas de Pemex y CFE, tan sólo en 2024 perdieron 620 mil 605 millones de pesos y 271 mil millones de pesos respectivamente, ahora imagine lo que se ha perdido en todo un sexenio. Quedan poco más de 5 años de gobierno de Morena; todo indica que el descalabro financiero será abrumador, y usted ya sabe quiénes pagaremos los platos rotos.

La retórica no paga la deuda

Recientemente un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, reveló que más de un centenar de cuentas en TikTok han sido utilizadas para hacer propaganda y reclutar a jóvenes para actividades ilegales. Esta no es una anécdota aislada, es una llamada de atención para todas las personas. ¿Qué están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Qué riesgos corren en las redes?
Lo que alguna vez vimos como una ventana de oportunidades para la información y el entretenimiento, se ha convertido en una puerta de entrada a un mundo de riesgos tan silenciosos como devastadores para las familias. La normalización de la violencia como primer paso, y la glorificación de la misma como el segundo, atrapan sin tregua a infancias, adolescentes y jóvenes, con falsas promesas de poder, dinero y estatus. 
Debemos comprender que por su propia etapa de desarrollo, nuestros hijos, sobrinos, hermanos y nietos están en una búsqueda constante de identidad, pertenencia y validación. Es justamente allí donde se encuentra un terreno vulnerable para sembrar el mal.
Ya no basta con confiar en que las nuevas generaciones saben lo que hacen en internet. La supervisión activa y la creación de un ambiente de diálogo deben ser parte de la vida cotidiana. No se trata de espiar ni de prohibir sin sentido, sino de formar un criterio y acompañar con límites sanos.
No obstante, no todo recae en la familia. Las autoridades y las instituciones educativas también tienen una enorme responsabilidad. Las plataformas digitales deben ser obligadas a desarrollar sistemas de monitoreo más eficaces para detectar contenido ilícito o que promueva la violencia. Al mismo tiempo, los programas de educación deben ser reformados para incluir una educación digital crítica y segura, que le ayude a las y los estudiantes a reconocer y rechazar estos peligros.
Innegablemente estamos ante una realidad en la que la ilegalidad ha adaptado sus métodos al mundo digital, y las y los más jóvenes son su objetivo. Es tiempo de actuar.

Los peligros de la red

El sábado pasado, la portada del periódico La Jornada llamó poderosamente mi atención: Racionan el agua a uno de cada tres hogares en México. Vaya realidad; para el 33% de los hogares mexicanos, abrir la llave no es garantía de recibir este líquido vital para la vida, y la situación parece no mejorar, sino todo lo contrario. Cada vez son más las alertas sobre territorios en crisis hídrica.
En Jalisco, el jueves, Mural exhibía una de las mentiras más grandes del pasado gobierno de Movimiento Ciudadano en su nota “¿Agua para 50 años? El Zapotillo no opera”. Ahí se daba cuenta que la presa inaugurada el pasado 17 de agosto de 2024, no entrega ni una gota de agua de los 3 mil litros por segundo prometidos para el Área Metropolitana de Guadalajara por el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Tras ocho meses de su inauguración y el nulo beneficio para los casi 6 millones de habitantes de la metrópoli, aquella declaración victoriosa del exgobernador, de agua para los próximos 50 años, se desdibuja de forma vergonzosa, mientras que colonias enteras padecen de la escasez y la mala calidad del agua, lo que genera pérdidas económicas, problemas de salud pública y conflictos sociales. 
Otro asunto que preocupa es el estado de la red del SIAPA en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde el 40 &#8211; 50% del agua se pierde en fugas que permanecen en el olvido a pesar de los reportes ciudadanos por la falta de equipo, equipamiento y voluntad.
En esa misma cancha se encuentra el Acueducto Chapala &#8211; Guadalajara, que a decir de Ernesto Marroquín, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, cuenta con 35 años de antigüedad y una vida útil de máximo 40, por lo que existe la posibilidad de que en cualquier momento colapse… y agárrese, porque no hay hasta ahora un proyecto en marcha para sustituirlo, sino que el plan del funcionario ante la catástrofe es que si eso pasa, mejor nos cambiamos de ciudad.
Desde ahora, el asunto del agua será una constante para el futuro. Cada vez más apreciada y más escasa. Si bien a los ciudadanos nos corresponde la parte de tener un consumo socialmente responsable, a las autoridades les toca hacer una buena gerencia del agua, algo que hasta hoy, los gobiernos naranjas no han demostrado, con un SIAPA colapsado financieramente y con un servicio de pésima calidad. 
Toca entender que hay una autoridad responsable del agua que no ha hecho su trabajo y quiere solucionarlo cobrando más por lo mismo; definitivamente esta no es la ruta a seguir. La crisis hídrica no se resuelve con mentiras, sino con acciones estratégicas. De otra forma, seguimos avanzando rápidamente hacia la triste hora cero.

La mentira del agua para 50 años

El viernes de la semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que es uno de los brazos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas, por las Desapariciones Forzadas ocurridas en territorio nacional.
La buena noticia es que esta acción podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, y visibilizar de manera internacional uno de los tormentos más asediantes que vivimos en nuestro país, con más de 123 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El presidente del CED, Olivier De Frouville, declaró haber recibido &#8220;información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México&#8221;. Desde luego, el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, encendió las alarmas internacionales.
Tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el de la política de abrazos, no balazos–, en México se registraron 51 mil 703 casos de personas desaparecidas (datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas). En comparación con algunas de las dictaduras más violentas de América Latina, los casos de desaparición en el país son exorbitantes; Chile: 3 mil 200, Argentina: 15 mil, Bolivia: 486.
También la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgió al gobierno mexicano a actuar ante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Fernando Carrera, representante del organismo en México dijo que es momento de resolver este problema y encontrar una legislación que les proteja, por lo que se necesita una respuesta institucional clara.
Sobre lo anterior, en la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa, junto a dos compañeras de la bancada del PRI, para la protección de las infancias ante los fenómenos de desaparición, reclutamiento y homicidio, aumentando penas para quienes cometan estos delitos, reconociendo en la ley los derechos de las niñas, niños y adolescentes y aumentando los recursos para acciones de prevención. Como todo lo que propusimos, Morena lo mandó a la congeladora, sólo por venir de la oposición.
No es casualidad que dos de los organismos más importantes a nivel internacional pidan cuentas al gobierno mexicano sobre este delicado problema. Izaguirre desnudó la crueldad de la violencia, y la incapacidad de las autoridades. En medio de un entorno de omisiones, parálisis, desacreditaciones, y lavado de manos, la intervención de ONU y UNICEF exhibe el desinterés de los gobiernos morenista y emecista para poner fin a la crisis que ha separado a miles de familias en México y Jalisco.

Organismos internacionales urgen a México a actuar

Este domingo iniciaron las campañas para la primera elección judicial en México. Durante los próximos 59 días, más de 3 mil 400 candidatas y candidatos competirán por 881 cargos del Poder Judicial. Este proceso inédito llega en un momento de conmoción para el país, donde parte del debate se centra en el papel de la justicia mexicana; entonces la pregunta es, ¿estas elecciones fortalecen la justicia? 
La respuesta es sencilla, simplemente no. Porque la elección judicial llama a votar el próximo 1 de junio por jueces, magistrados y ministros, hasta ahí. Podría decirse que se “democratizan” los cargos más altos del Poder Judicial, pero se dejan de lado los cargos esenciales para que se haga justicia, principalmente los ministerios públicos y las fiscalías estatales.
En enero de 2024, México Evalúa documentaba que la Fiscalía de Jalisco resolvió 1 de cada 10 carpetas de investigación que inició en ese mismo año. De las 173 mil 206 denuncias recibidas, 131 mil 694 derivaron en la apertura de una carpeta de investigación; lo que quiere decir que en ese año, únicamente 13 mil casos fueron resueltos, todo lo demás se sumó al rezago que año con año continúa creciendo. 
Esta baja eficiencia de las fiscalías se explica por la saturación de las y los agentes ministeriales, que son quienes se encargan de ejercer la acción penal y solicitar la reparación del daño ante la autoridad judicial, entre otras atribuciones. De tal forma que entre enero y diciembre de 2023 a cada agente ministerial le fueron asignadas 169 carpetas de investigación, y como bien pudieron investigar un robo a persona por la mañana, hacia el mediodía indagan un homicidio, y en la tarde un caso de drogas.
Para efectos prácticos un ejemplo: el caso Teuchitlán. A todos queda claro que hubo omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y de la FGR, y aquí el punto medular es que el caso jamás llegó a un juez, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se atascó en las fiscalías, justo en el olvido de la elección judicial.
Durante la presentación de la iniciativa y su discusión, se advirtió continuamente que para fortalecer la justicia había que poner el foco ahí, en las fiscalías y ministerios públicos, de lo contrario se trataba de un ejercicio del régimen para tener un Poder Judicial a Modo, uno que no dé marcha atrás a ninguna de sus reformas; y eso es lo todo parece indicar.
Este proceso electoral presenta tres desafíos complejos, motivar a la ciudadanía a participar; el INE estima una participación de entre el 8% y 15% del padrón electoral, el segundo, el hecho de llegar a la casilla y recibir 6 boletas plagadas de nombres y cargos completamente desconocidos para la ciudadanía, y el tercero, ante los recortes presupuestales, la notable disminución de casillas para acudir a votar. 
Sea cual sea el caso, esta no es la reforma judicial que México necesita. La elección de jueces, magistrados y ministros no aliviará la justicia.

Esta elección no es ni un mejoralito

En política hay impresentables y luego están los detestables. Prueba de ello, dos personajes de la cuarta transformación que a lo largo de su carrera han dado muestras notables del burdo concepto que se han formado de este oficio. Me refiero al senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado federal Cuauhtémoc Blanco, dos polémicos que en estas semanas han dado de qué hablar.
Mejor conocido como Fernández Noroña, el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ha protagonizado distintos escándalos desde los inicios de su carrera, desde peleas con ciudadanos, acusaciones de violencia política de género, una vida de lujos y ahora, una de las declaraciones más aberrantes sobre el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Noroña despertó polémicas la semana pasada, cuando sugirió que el caso Teuchitlán fue un montaje: “ hay 200 zapatos ahí, sí, sí, ¿pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? (…) Como si no pudieras hacer un montaje de esas cosas_ ”, señaló. Además, esta misma semana fue captado en un asiento de primera clase rumbo a Francia donde festejó su cumpleaños y después se trasladó en un tren a Estrasburgo para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos.
El segundo, Cuauhtémoc Blanco, vivió sus años de gloria en el futbol mexicano, pero a su paso por la política perdió el encanto de la gente; y no es para menos, el ex delantero de la Selección Mexicana pasó a ser un ex gobernador señalado por un desfalco de 40 millones de pesos al Gobierno de Morelos, además ahora como diputado federal por Morena, enfrenta serias acusaciones por abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Tras haber librado el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, fueron las mismas legisladoras de Morena las que rechazaron la decisión de la Sección Instructora y llamaron a las diputadas de todas las fuerzas políticas que conforman la Legislatura, a votar en contra, cuando en el Pleno de San Lázaro se ponga a discusión si se desecha el caso contra Blanco. Ahora habrá que ver si en su partido no imponen una línea de acción distinta, como lo han acostumbrado.
Si algo queda claro hoy, es que desde su creación, Morena se ha convertido en el refugio de los personajes más impresentables y detestables, el manto protector de este partido ha servido para esquivar el banquillo de la justicia a muchos. El movimiento que avanza con la bandera de la austeridad es nido de vividores; el que predica la lucha contra la corrupción la encubre en realidad, y quienes se dijeron la esperanza de México, resultaron ser la perdición. Ese es el retrato de Morena.

El retrato detestable de Morena

¿Cuántas veces nos dijeron que en México no se producía, ni se consumía fentanilo? En el sexenio pasado, el expresidente López Obrador lo mencionó una y otra vez desde el púlpito de Palacio Nacional en sus conferencias mañaneras. La realidad es que buena parte de la información publicada en medios contradice los dichos del expresidente, desnudando una mentira sostenida de forma sistemática en el sexenio anterior.
Al cierre del sexenio de AMLO, se informó que entre el 2019 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó y desmanteló 26 laboratorios de esta droga en México. De estos, 22 se localizaron en Sinaloa, tres en Baja California y uno en Chihuahua. Igualmente, en diciembre de 2024 se realizó el mayor decomiso de la historia, con poco más de una tonelada o 20 millones de pastillas.
Las tensiones entre Estados Unidos y México tienen fundamento en esta crisis de salud y seguridad pública, que el gobierno de Morena intentó negar durante años, sin embargo, hoy es un asunto que no se puede ocultar, como otros tantos que la 4T ha intentado encubrir, como un país que se ha quedado sin reservas y depende de la deuda para dar continuidad a los programas sociales, o bien el desgarrador número de personas desaparecidas y asesinadas durante los últimos años.
Perpetuar un proyecto de nación cimentado en las mentiras más viles, se ha convertido en la firma de Morena, los megaproyectos de la cuarta transformación, abrazos no balazos, primero los pobres y la lucha contra la corrupción, son algunas de las mentiras convertidas en políticas públicas multimillonarias, que han dado como resultado el declive de México en los indicadores internacionales de desarrollo, percepción de la seguridad y la corrupción, crecimiento económico y competitividad.
El zar de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, dejó la macabra enseñanza de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. A pesar de los números rojos en salud, educación, seguridad y crecimiento del PIB –todos ellos, apartados fundamentales para cualquier país– Morena ha logrado sostener una peligrosa narrativa de gobierno, que no es más que una bomba de tiempo que no tardará mucho en estallar.
En política, la comunicación es el arma más poderosa que hay. No son pocos los ejemplos a nivel mundial, que han alcanzado el poder gracias a esta herramienta. En México, Morena ha instalado un aparato de control para imponer mentiras de manera oficial desde las conferencias mañaneras; el silencio a los medios de comunicación y líderes de la oposición. Las advertencias de que eran un peligro para el país siguen haciendo eco hoy en día.

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16En pleno cierre del Primer Periodo de Sesiones del Senado de la República, Morena aprobó de último momento una reforma que entrega el control de los Comités del Infonavit al Gobierno de México. Las repercusiones de esta maniobra, al igual que otros actos de la 4T, desde luego tienen que ver con una cuestión de pesos y centavos, exactamente con una suma superior a los 2.4 billones de pesos alojados en el Fondo de Aportaciones de Trabajadores y Patrones.
La modificación aprobada al Artículo 42 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece que, el Instituto (Infonavit) por sí mismo o por conducto de su empresa filial, podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto, y destinarlos a vivienda de los derechohabientes del mismo. Esto mientras el Gobierno tendrá cinco representantes en las comisiones de Vigilancia, Transparencia y Auditoría, en tanto que la iniciativa privada y el sector obrero tendrán tres representantes cada uno.
Esta reforma convierte al Infonavit en otra caja chica del Gobierno Federal, y compromete el dinero de millones de trabajadores de México que aspiran a tener un patrimonio para sus familias. Si bien la modificación establece que habrá construcción, nada garantiza que esté libre de sobrecosto o que se construya de manera eficiente, con materiales de calidad y todas las medidas de seguridad.
Por otro lado, resulta preocupante el escenario en el que se entrega la potestad del manejo de los recursos al Instituto y la mayoría de las comisiones encargadas de la vigilancia, transparencia y auditoría, convirtiendo a los trabajadores e iniciativa privada en observadores testimoniales, justo en el momento en el que Morena se ha encargado de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). ¿Qué garantías tendrán millones de trabajadoras y trabajadores respecto al uso de su dinero?
Este fin de semana, organizaciones sindicales de todo el país, como la CTM, CROM y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, han protestado contra la reforma al Infonavit, exigiendo que se mantenga la paridad de representantes en todos los órganos colegiados para mantener el diálogo social que ha dado vida al Instituto desde su creación; también calificaron el actuar de Morena como un albazo, al aprobar la reforma sin tomar en cuenta a los trabajadores y votarla en un sólo día.
Los errores de Morena son muchos, e indudablemente costosos, pero el que les pasará una de las mayores facturas, es el de dar la espalda una y otra vez a las bases obreras y trabajadoras de este país, que son quienes mantienen en movimiento y crecimiento a toda la nación. La memoria colectiva es muy dura y siempre justa con la historia.

Ahora van por el dinero del Infonavit