Un presupuesto limitado: Sheinbaum frente a una realidad fiscal adversa
Con un déficit fiscal equivalente al 5.9% del PIB nacional, el pago de intereses por la deuda pública que asciende a 1.4 billones de pesos y la obligación de cubrir pensiones contributivas —otorgadas en función del tiempo que la persona haya cotizado— y no contributivas —otorgadas en función de la situación de necesidad de la persona, independientemente si ha cotizado o no— que representan el 23.3% del gasto neto del Presupuesto de Egresos de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un margen de maniobra mínimo para impulsar sus prioridades.
En este contexto, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 8 de cada 10 pesos del gasto público ya están comprometidos. La nueva administración no solo debe lidiar con una estructura presupuestal heredada, sino también “recoger las botellas vacías y pagar la cuenta” que dejó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El presupuesto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados deja de lado sectores fundamentales para el desarrollo y bienestar de las y los mexicanos. Uno de los ejemplos más preocupantes es salud, el derecho más básico y la primera responsabilidad de un gobierno para garantizar la vida de su población. Este rubro tendrá un recorte del 11% en términos reales.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que, como mínimo, el 6% del PIB se destine a la cobertura efectiva de salud. México apenas destinará 2.5%, una cifra muy por debajo del estándar internacional. Las instituciones más afectadas son las especializadas: el Instituto Nacional de Cancerología sufrirá una reducción del 14.7%, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición verá un recorte del 12.3%.
¿Cómo es posible esto en un país que ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y donde el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas?
Los datos son contundentes: entre 2018 y 2022, 30.3 millones de personas más quedaron sin acceso a servicios de salud, mientras la capacidad del sistema público para brindar atención cayó un 19%. En paralelo, las consultas en el sector privado aumentaron un 38%, evidenciando una creciente privatización de la salud que agrava las desigualdades.
En materia de educación, otro tema prioritario para el desarrollo del país, el presupuesto tendrá una reducción del 1.2% en términos reales. El gobierno federal argumenta que las becas de apoyo directo sustituyen el gasto educativo, pero esta política ha provocado recortes en infraestructura y mantenimiento de escuelas. Solo en Jalisco, el fondo destinado a infraestructura educativa desapareció por completo respecto a 2024.
Por otro lado, en un país azotado por problemas de sequía y escasez de agua, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sufrirá una drástica reducción del 43% en su presupuesto. Esto significa menores recursos para la inversión en infraestructura hidráulica, como la construcción de presas y redes de distribución, elementos fundamentales para asegurar el acceso justo al agua.
La realidad es clara: este presupuesto limita la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum imprima un sello propio a su gobierno. Las promesas de energía sustentable, seguridad e inversión en infraestructura para atraer capitales se desdibujan frente a una asignación fiscal ya comprometida.
La única vía para fortalecer la capacidad de decisión en materia presupuestal radica en implementar estrategias de recaudación efectivas y,
eventualmente, abrir la discusión de una reforma fiscal integral, así como de la renegociación del Pacto Fiscal.
En Jalisco, seguiremos exigiendo que los proyectos estratégicos para el estado se conviertan en realidad. Un ejemplo reciente es la reasignación de más de 600 millones de pesos para nuestro estado, con lo que se dará mantenimiento a carreteras federales, que en condiciones actuales amenazan las mercancías que transitan por ellas y ponen en riesgo a las personas que las usan. Otro ejemplo es el fortalecimiento del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Estos logros derivaron de la visita del gobernador Pablo Lemus a la Cámara de Diputados, donde contó con el respaldo de las y los diputados jaliscienses pertenecientes a las diferentes fracciones parlamentarias para, en tribuna, señalar el maltrato presupuestal y la falta de interés de la federación en un estado pujante.
Un tema pendiente es la falta de recursos para la ejecución de la Línea 5 del Tren Ligero. Este proyecto no es solo una obra de infraestructura y movilidad; es una vía para conectar comunidades, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de miles de personas.
Haremos lo propio ante esta situación; vigilaremos puntualmente cada partida presupuestal que pueda impactar positivamente al estado, incluso si los recursos no se entregan directamente. Como muestra de ello está el presupuesto asignado para vivienda social adecuada: Jalisco pondrá especial atención en las reglas de operación de este programa, buscando convertirse en un referente nacional en la materia.
La presidenta enfrenta un escenario complejo, donde la eficiencia, la transparencia y la redistribución de los recursos serán determinantes para cumplir las expectativas de la ciudadanía y enfrentar los desafíos del país.
