3… 2… 1… ¡Decretazos!

Mientras que la mayoría de los mexicanos se encargaban de lavar las uvas (caras, por aquello de la demanda), preparar la cena para la familia, conseguir la sidra para poder brindar por un gran 2025, el gobierno que nos rige pensaba en otra cosa.
El último día del año, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicaron dos decretos, uno de ellos que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las policías para la investigación de delitos; hasta ayer una función que correspondía a las fiscalías mediante la figura del Agente del Ministerio Público. Ya veremos con qué capacitación y recursos económicos se logra el cometido.

Por lo pronto, significa que cualquiera de estos brazos armados dependientes de los gobiernos, pueden recurrir a lo que se incluyó en el otro decreto, el de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; una figura legal de la que se abusa en el sistema penal mexicano y que provoca sobrepoblación carcelaria y la violación del derecho humano respecto a la presunción de inocencia, eso de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario.

A grandes rasgos, la prisión preventiva oficiosa funge como una medida cautelar que consiste en encarcelar a una persona en lo que la autoridad resuelve si es culpable o no del delito del que la propia autoridad le señala. Es decir:

– Mira ven , te vamos a dejar en la cárcel porque nos dicen o creemos que cometiste un delito –.
– Oiga señor, hola autoridad, pero ¿con base en qué pruebas? –.
– Ah, eso es justo lo que vamos a buscar mientras estas en la cárcel, sirve que reflexionas. Y ni vengas con que eres inocente, eso ya lo veremos en las siguientes semanas, meses o años –.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios realizado por el INEGI en 2023, 86 mil 984 personas que hoy están en la cárcel aún no reciben sentencia. De estos, 38 mil 685 están bajo el estatus jurídico de prisión preventiva oficiosa ¿cuántas de estas personas tendrán dinero para pagar a un abogado que vea su caso como prioritario? ¿cuántos más habrá a partir del decreto de Claudia Sheinbaum?

No deja de parecer burla el reiterado discurso de “por el bien de todos, primeros los pobres” cuando se siguen implementando políticas que –en el caso de estar bajo la lupa de alguna autoridad ligada a la seguridad– claramente les desprotegen. Por cierto, que entre la ampliación de delitos para aplicar la prisión preventiva está todo lo relacionado a la producción, distribución y venta de fentanilo, seguramente será parte de lo que el Gobierno de México responda a Trump cuando reitere su lucha contra los cárteles mexicanos y los “bad hombres”.