Mi casa, mis reglas
La centralización del poder parece ser el objetivo principal del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya lo han implementado en el sistema de salud, el educativo y ahora, también en la política de vivienda.
En el sistema de salud, aún estamos lejos de ser Dinamarca, y en educación, hay mucho por mejorar. En materia de vivienda, incluso desde la oposición, reconocemos la urgente necesidad de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas y todos los mexicanos.
Por ello, en esta Legislatura apoyamos la reforma constitucional al artículo 123, que buscaba crear un sistema de vivienda social con arrendamientos accesibles y créditos asequibles. Lo hicimos porque estamos a favor de la clase trabajadora, en favor de atender la demanda de más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en la economía formal que perciben menos de 15 mil pesos mensuales. Sin olvidar, por supuesto, a las personas que participan en la economía informal, cuya demanda también asciende a 5 millones.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en México existe una demanda total de aproximadamente 8.9 millones de hogares. Es obvio que se necesita actuar, con estrategia, firmeza y prudencia. Prudencia para no reclamar recursos que son fruto del esfuerzo de las y los trabajadores que durante años han cotizado en el Infonavit, como públicos.
El plan del gobierno federal de construir un millón de viviendas, tal como está planteado, busca tomar control de los más de 2.4 billones de pesos que tiene bajo su administración. Dinero que no es de todas y todos, dinero que sí tiene nombre y apellido.
Abordemos cuatro puntos clave: Primero, se pone en riesgo el tripartismo, origen natural del Infonavit. Hasta el momento, las decisiones del Infonavit se toman de manera tripartita a través de la Asamblea General y el Consejo de Administración, espacios de diálogo y equilibrio entre empleadores, trabajadores y gobierno federal, con representación igualitaria. Sin embargo, la reforma propone que la Presidencia de ambos órganos sea permanente y designada por el gobierno federal. Además, éste tendría la facultad de vetar resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad o que le resulten inconvenientes.
Segundo, la propuesta busca que la Comisión de Vigilancia del Infonavit esté dominada por representantes del gobierno federal, otorgándole control sobre más de 2.4 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores. Además, el Comité de Vigilancia también tendrá una sobrerrepresentación del gobierno federal y dependería directamente de la Dirección General del Infonavit. Es decir, se actúa como juez y parte.
Tercero, el Comité de Transparencia, estaría integrado mayoritariamente por servidores públicos, lo cual limitaría la independencia en la supervisión. Sumado a esto, la propuesta elimina la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones del Infonavit, trasladándola a la Secretaría de Hacienda, lo que centraliza aún más el control en el gobierno federal. Estos cambios centralizan el control de los recursos de las y los trabajadores en manos del gobierno federal, eliminando los mecanismos de contrapeso y vigilancia independientes. Esto pone en riesgo la transparencia y la correcta administración de los ahorros de más de 50 millones de personas, ya que no habría garantías de que se utilicen para su beneficio directo. El impacto podría ser muy grave, ya que se abriría la puerta para el uso discrecional de los recursos de los trabajadores, afectando su confianza en el sistema y comprometiendo su derecho a una vivienda digna en el futuro.
Tan solo en Jalisco hay más de un millón de derechohabientes del Infonavit que pueden ser afectados por esta reforma, quienes desde que se anunció han hecho largas filas de espera para que sus inquietudes sean atendidas. Por otro lado, dirigentes de la CANADEVI y de la Cámara de la Construcción advierten sobre el desafío de contar con el capital humano necesario para ejecutar un plan de estas dimensiones, así como el natural proceso de maduración que implica una empresa de tal ambición.
Sin duda, la reforma al Infonavit será el gran tema de discusión una vez que inicie el segundo periodo legislativo, donde la lucha de gigantes —sindicatos, trabajadores, actores políticos y gobierno— será evidente y necesaria. Las y los legisladores tenemos la responsabilidad de recordar a quiénes nos debemos. Por nuestra parte, siempre estaremos a favor de la clase trabajadora. Nuestra agenda, nuestras causas y nuestros votos están del lado de quienes, con su esfuerzo diario, sacan adelante a este país; del lado de la gente más vulnerable. Votaremos en consecuencia con nuestros principios y valores, porque nosotras y nosotros queremos regresar con la frente en alto ante quienes nos han otorgado el privilegio de su confianza.
