Reforma Judicial: ¿el camino para la impartición de justicia o de la imposición de justicia?
Uno de los anhelos de todos los mexicanos es que nuestro país cuente con un sistema de justicia impoluto y al que todas y todos tengan acceso, con la confianza en el Poder Judicial como una institución que en verdad proteja los derechos de las y los ciudadanos.
Si bien es cierto que ha habido avances y se han hecho cambios para mejorar la impartición de justicia en el país y en nuestro Estado, falta aún mucho camino que recorrer en ese “México con hambre y sed de justicia” que señalaba Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La polémica Reforma Judicial impulsada por la 4T, ¿es realmente el camino para la impartición de justicia? ¿O es un retroceso más hacia la consolidación de la imposición de justicia?
La Reforma Judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024 con la modificación al Art. 96 constitucional, establece la elección por voto directo de 9 ministros de la SCJN (se eliminan dos de los 11 actuales) con duración en el cargo 12 años (tres años menos que los actuales), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial, la incorporación de los jueces sin rostro para temas de delitos de seguridad y la instalación de comités de evaluación para el proceso de selección.
Hay opiniones a favor y en contra de llevar a elección popular el nombramiento de 881 magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que es una realidad es que ha sido un proceso muy cuestionado y basta echar una mirada en él para darnos cuenta por qué.
El proceso inició con la etapa de registro de quienes aspiran a estos cargos del 05 al 24 de noviembre de 2024, periodo en el que se inscribieron cerca de 50 mil personas. Y tan solo una semana después, el Comité de Evaluación publicó la lista de quienes sí cumplían con los requisitos, haciendo un primer filtro.
El próximo 31 de enero de este 2025 se deberá publicar el listado de los elegibles, es decir quienes además de cumplir con los requisitos, son los mejores perfiles de acuerdo a la evaluación de este comité.
Por cierto, el comité está integrado por cinco personas, entre ellos Arturo Zaldívar, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Javier Quijano Baz, miembro de barras de litigantes y abogado de Andrés Manuel López Obrador durante su proceso de desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2005 (de acuerdo con la nota publicada por Milenio 02 de noviembre 2011 titulada “Quién es quién en el comité de evaluación del Poder Judicial”).
En Jalisco, correspondiente al tercer partido judicial, se elegirán 55 cargos, 32 magistraturas de circuito (especialidad penal, administrativa, civil, trabajo y mixto) y 23 jueces de distrito (especialidad en sistema penal acusatorio, tribunal laboral federal de asuntos individuales, materia penal, administrativa, civil, de trabajo, mercantil).
El 12 de febrero el Senado de la República remitirá el listado de los postulados al INE para la organización del proceso electivo. Las campañas durarán 60 días, en las que está prohibido el financiamiento público y privado, es decir solo se podrán promover a través del Sistema de Candidatos y Candidatas “Conóceles” con un video; no habrá campañas tradicionales.
La jornada electoral se llevará a cabo el próximo 01 de junio de 2025, para lo cual el INE invertirá 6 mil millones de pesos. Y finalmente, quienes resulten electos tomarán protesta ante el Senado el 01 de septiembre de 2025.
En resumen, en menos de un año se llevará a cabo un proceso de selección, evaluación, elección de quienes serán los próximos importadores de justicia en el país.
Pero no solo es el acelerado proceso de elección lo que abre las dudas y cuestionamientos de si es el mejor método, sino los pasos en sí con un mecanismo en el que se limita a los profesionales del derecho a acceder a estos cargos con un servicio profesional de carrera para darle oportunidad a perfiles que pueden tener un título más no necesariamente la experiencia y trayectoria que un cargo de este tipo requiere y con el apoyo de posibles “padrinazgos”.
La discrecionalidad del proceso, los tiempos, el mecanismo de evaluación, la falta de objetividad, las condicionantes para el registro de los aspirantes, los criterios de elegibilidad, nos hacen pensar que será más un desacierto que un verdadero cambio con rumbo a una verdadera impartición de justicia.
