Anuar García Gutiérrez

En nuestro país circulan alrededor de 17 millones de armas ilegales, las cuales ingresaron por la frontera norte sin que ningún control aduanal impidiera la introducción de las mismas, según el estudio realizado en 2024 por “Stop US Arms to Mexico”.
Ahora bien, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lanzó el día 07 de enero del año en curso, el programa “Sí al desarme, Sí a la paz”, que busca incentivar el canje de armas de fuego a cambió de dinero, llegando a otorgarse hasta la cantidad de veinticinco mil pesos, por arma de fuego que sea llevada al atrio de la iglesia o plaza pública que se estipule por parte de las autoridades para tal fin.
En años pasados se han practicado canjes de armas en diferentes estados del país, siendo la entidad federativa que mejores resultados arrojó el Estado de México, logrando obtener 779 armas que fueron canjeadas por dinero o artículos electrodomésticos en 2024, estableciendo así un récord con dicha transacción.
Si tomamos en cuenta la baja cantidad de armas que voluntariamente son llevadas por parte de la ciudadanía para ser intercambiadas por dinero o enseres electrodomésticos, nos daremos cuenta el bajo nivel de éxito que arrojará dicho programa político; lo anterior ya que si las cifras que arroja el estudio señalado al inicio del presente artículo son correctas, por más que todo el país obtuviera cantidades similares a las del Estado de México, no lograría retirarse ni el 0.1% del total de armas que circulan ilegalmente, además de que el ingreso del armamento ilegal se mantiene permanente por la porosa frontera norte, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal con el establecimiento de los 58 puntos de revisión a través del país que buscan combatir el trasiego de armas de fuego introducidas ilegalmente.
Si a lo anterior le sumamos la frágil política criminal en contra de los grupos de la delincuencia organizada, los cuales en al menos el 80% del país controlan a los grupos de la delincuencia común, tendremos el mantenimiento de la violencia ejercida por los grupos delictivos, quienes en ningún momento irán a realizar cambios de armas por monto monetario alguno para dejar de lado sus actividades delictivas.
A la presidenta de México se le olvida que en México existen dos realidades: la del mexicano que trabaja todos los días para salir adelante de manera honrada, y la de los grupos delictivos que llegan a controlar entidades federativas completas, quienes además viven una vida paralela a la del gobierno y ciudadanía, imponiendo la ley del más fuerte, mismos que mientras no sean combatidos con mano dura, seguirán realizando acciones violentas en contra de nuestro país.

Anuar García

La ocurrencia del canje de armas en nuestro país

El anterior gobierno de Jalisco siempre se negó a reconocer la realidad de las desapariciones en el Estado. Al 31 de octubre del 2024 se tuvo un registro de 15 mil 348 personas desaparecidas, entre las que destacan 13 mil 570 hombres y mil 778 mujeres.
Bajo una ferviente molestia de parte del Poder Ejecutivo, siempre se negó que Jalisco padeciera de una crisis de inseguridad donde el principal problema fue la desaparición de personas. Una y otra vez el gobierno anterior alegaba que las ausencias se realizaban de manera voluntaria en ocho de cada 10 ocasiones, e incluso dejó de nutrirse al Registro Nacional de Desaparecidos, manteniendo únicamente un registro estatal donde se maquillaron las cifras a placer, para no hacer parecer que las cosas estaban tan mal.
Al día de hoy tenemos una realidad: Jalisco se ha convertido en el Estado número uno en desaparecidos y fosas clandestinas, mismas que heredadas por la anterior administración, poco fueron atendidas por la desazón en la atención a las víctimas directas e indirectas por dicho delito de parte de la Fiscalía el Estado.
De enero a septiembre del 2024, 184 personas fueron catalogadas como ilocalizables en Jalisco y las autoridades siguieron actuando con total desapego al protocolo federal homologado para su localización, el cual exige que las primeras 48 horas se activen todos los mecanismos del Estado para intentar localizar a dichas personas, lo que jamás aconteció, tal y como se desprendió de las decenas de desapariciones relacionadas a la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque, a la cual no le destinaron un solo operativo para intentar prevenir que nuevos eventos ocurrieran, ni mucho menos resolver las que ya habían acontecido. Ya ni siquiera mencionaremos las decenas de desapariciones que tuvieron que ver con falsas ofertas de trabajo en redes sociales o las realizadas por parte de policías en el interior del Estado.
Este 2025 es un gran momento para que el actual gobierno tome cartas en el asunto e inicie como ya lo hizo, con acciones contundentes para acabar con el principal flagelo que afecta a los jaliscienses: las desapariciones de personas.

Los desaparecidos de Jalisco que nadie quiso ver

El 20 de enero llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y una de sus principales promesas es declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, lo cual por más que para muchas personas pueda sonar como benéfico para México, resulta todo lo contrario, ya que dicha declaración pudiera redundar en invasiones armadas del vecino del Norte a nuestro país, sin necesidad de pedir autorización a México.
Para mayor detalle, catalogar a los grupos delictivos de la delincuencia organizada como terroristas, es un cheque en blanco para violar la soberanía de nuestro país, lo que supondría la autorización de Estados Unidos para que su ejército y fuerzas del orden puedan llevar a cabo operaciones militares extraterritoriales, de la mano de homicidios extrajudiciales, secuestros extralegales de sujetos de interés, así como invasiones en territorios determinados por el tiempo que consideren necesario con el fin de obtener el resultado de acabar con las “organizaciones terroristas”.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que el 80% del territorio mexicano se encuentra controlado o con una alta injerencia del crimen organizado en las cúpulas del poder, tendríamos un país altamente inestable, con afecciones graves en la economía de los mexicanos, además de una mayor inseguridad, como ha ocurrido en otros países donde Estados Unidos ha intervenido, llamémoslos Siria, Irak, Afganistán, etc.
Esperemos que la amenaza del presidente Donald Trump quede en eso simplemente, y se aproveche la misma para una postura de fortaleza en la negociación de la cuestión migratoria y del combate al fentanilo de parte del gobierno mexicano, que pasó todo el sexenio anterior privilegiando a los grupos de la delincuencia organizada al no combatirlos, así como dándoles el apoyo a las caravanas de migrantes que se dirigieron rumbo a la Frontera Sur de Estados Unidos, lo cual generó la relación tensa que vivimos hoy en día ante el desparpajo de la administración federal mexicana 2018-2024.

Los graves efectos de declarar terroristas a los carteles

Si bien es cierto que muchos de los policías han sido sometidos a la ley de “plata o plomo” por parte del crimen organizado, y han tenido que coludirse, ya sea por voluntad propia o por las amenazas de la delincuencia organizada, también es cierto que los policías son hoy por hoy el eslabón más débil en la cadena de mando en la procuración de justicia y la inseguridad.
Me explico: si bien en la última administración se vinculó a proceso a 285 policías por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada, también es cierto que como existen malos integrantes en las corporaciones, existen buenos elementos que son víctimas de desaparición y es aquí donde queda evidenciada la falta de apoyo para con ellos y sus familiares, por parte del Gobierno del Estado.
En primer término, se encuentra congelada la iniciativa a favor de los policías denominada “Código Azul”, que busca dotar de su arma de cargo a todos los policías en sus días de descanso para que puedan protegerse de los delincuentes, quienes en un gran número de ocasiones buscan la oportunidad de privarlos de la vida o la libertad en dicho momento, toda vez que si no están armados son presa fácil de los ataques de los delincuentes, tal y como ha acontecido en una gran cantidad de ocasiones.
No obstante lo anterior, existe un problema mayúsculo cuando se trata de desapariciones, ya que los policías no reciben ni ellos ni su familia, apoyo alguno cuando son víctimas de desaparición forzada por parte de los grupos delictivos, y si tomamos en cuenta que en el sexenio anterior hubo 45 desapariciones de policías en Jalisco, el problema para ellos resulta evidente.
Es de celebrarse el apoyo que está dando el gobierno estatal para las familias de los policías caídos en acción, pero llama la atención la falta de atención cuando son víctimas de desaparición, sobre todo si recordamos que Jalisco tiene alrededor de 16 mil personas desaparecidas, donde los policías suelen ser un número más entre las miles de víctimas que ya no regresan a sus hogares.

¿Y a los policías quién los protege en Jalisco?

Este año 2024 se ha visto gravemente afectado por la tendencia en Fiscalía del Estado de Jalisco, de mandar a los detenidos después de estar las 48 horas que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante un juez, donde terminan siendo liberados por haber sido ilegalmente detenidos (retenidos) ante el Agente del Ministerio Público, sin que medie una justificación de dicha retención (detención), ya que cuando son puestos a disposición del Juez de Control en materia penal, ni siquiera se pide una prisión justificada en contra de los detenidos, lo cual contraviene el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, convirtiéndose tal situación en una puerta giratoria para los imputados, toda vez que más tardan las autoridades en detenerlos a estos alcanzar su libertad por los errores en el procedimiento por parte del Ministerio Público.
El argumento principal para que el Agente del Ministerio Público envíe ante un Juez a los detenidos ante sí y no les conceda la libertad dentro de las 48 horas de ley, para investigar y con posterioridad decidir si ejerce o no la acción penal, es 100% por política criminal. Dicha estrategia de la Fiscalía del Estado de Jalisco hace ver como si el Ministerio Público estuviera haciendo su trabajo al poner a disposición a los detenidos ante el Juez, pero en realidad violan el debido proceso y abren la puerta para que no se les vuelva a ver ante la autoridad judicial, dejando en estado de indefensión a víctimas y en general a la ciudadanía, como víctimas pasivas por la no atención al Estado de Derecho de parte de los agentes del Ministerio Público.
Lo anterior se convierte en mera política criminal que no abona en nada a favor del Estado de Derecho y favorece a los criminales con errores tan marcados.
En 2024 tenemos un promedio de 241 detenciones ilegales por mes, mientras que en 2017, cuando recién se implementaba el actual sistema de justicia penal, sólo se contaba con 53 detenciones ilegales en promedio, lo que deja claro que por andar estableciendo números alegres con la finalidad de hacer parecer que no hay impunidad, resulta en todo lo contrario, dejando las puertas abiertas a los imputados para recuperar su libertad ante la falta de respeto a la garantía de legalidad por parte de los agentes del Ministerio Público.

Detenciones ilegales en Jalisco, sinónimo de impunidad

Los datos de desaparecidos en Jalisco entre los años 2018-2024, arrojan más de 9,000 desapariciones en el Estado. En promedio, se habla de cinco ausencias diarias reportadas ante las autoridades y se dice en promedio, puesto que desde el año 2022 Jalisco dejó de aportar datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reportando únicamente información al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el cual como lo señala el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), carece de control estricto para dar cifras exactas en cuanto a las desapariciones de personas. Lo anterior, máxime porque incluso se borraron todos los datos del primero de los registros, antes de dejarlo de nutrir con dicha información.
A pesar de que existe un protocolo federal homologado para actuar en caso de desaparición, es increíble que en Jalisco todavía muchas de las autoridades señalan que tienen que pasar mínimo 72 horas para iniciar con la investigación por desaparición, cuando el protocolo es muy claro al establecer que las primeras 48 horas son cruciales para tener mayores posibilidades de dar con el paradero de la persona desaparecida, toda vez que se debe geolocalizar el teléfono de la persona, pedir las “sabanas” de telecomunicación para saber quiénes fueron sus últimas conexiones en llamadas, así como debe revisarse su actividad bancaria y poder cerrar el perímetro para tener mayor posibilidad de éxito en la búsqueda, situación que como ya señalé, no acontece.
Esperemos que en este sexenio que inicia de la mano del gobernador Pablo Lemus Navarro, lejos de reprimir las manifestaciones de las familias de los desaparecidos, como fue el caso de aquella del 5 de junio, tengamos una Fiscalía más humana que sea empática con el dolor de las familias, que lo único que buscan es recuperar a sus seres queridos.
De igual manera, esperemos se deje de lucrar con el tema de las desapariciones, únicamente para atraer reflectores políticos, sin que en la realidad emprendan nuevas acciones materiales y humanas para dar solución al problema más grave que tiene nuestro Estado.

Los 9,000 desaparecidos del último sexenio en Jalisco

Todos sabemos que el 94% de los delitos que se cometen en el Estado, ni siquiera son denunciados porque la ciudadanía no cree en las instituciones. 
Ahora bien, del 6% de los delitos que se denuncian, sólo el 7% llegan a obtener una sentencia condenatoria en contra de los responsables. 
¿Qué debemos hacer para que las personas sientan que la autoridad está a su servicio y se animen a denunciar?
1) Establecer denuncias en línea.
2) Contabilizar denuncias anónimas, siempre y cuando los delitos sean de los de persecución oficiosa, dándole seguimiento a las mismas.
3) Permitir que los policías como primeros respondientes tomen denuncias, aún y cuando sea con el mando y conducción del Ministerio Público.
4) Realizar convenios entre las corporaciones municipales y la Fiscalía del Estado, para que aquellas puedan llevar a cabo labores de investigación, aún y cuando sea bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
5) Hacer que las zonas seguras tengan un enlace directo para con la Fiscalía y no sólo tengan la intervención de la Policía de Zapopan o Guadalajara.
6) Desaparecer de Fiscalía del Estado, el área de asuntos no judicializables, donde se envían una gran cantidad de denuncias y las personas se dan cuenta que las horas que perdieron en denunciar, fueron infructuosas, ya que al enviarse a dicha área, nadie va a investigar los hechos que ellos denunciaron.
7) Robustecer el área de control interno en la Fiscalía del Estado, a fin de vigilar el avance en las miles de carpetas de investigación que los Ministerios Públicos tienen en el olvido, ya sea por incapacidad o por falta de interés.
8) Establecer un día de la semana para que el Fiscal del Estado reciba a la ciudadanía y escuche de primera mano sus sugerencias y solicitudes para resolver sus asuntos criminales.
9) Privilegiar con bonos a los agentes más eficientes en su actuar, ya sea dándole al juez todos los elementos para obtener sentencias en contra de los responsables en la comisión de los delitos o de manera previa, consiguiendo vinculaciones a proceso en contra de los probables responsables en la comisión de los mismos. Todo lo anterior con estricto apego al debido proceso y las garantías individuales.
10) Realizar evaluaciones a los Ministerios Públicos, capacitar a todo el personal y depurar a los malos elementos de la institución. 
Con los puntos mencionados anteriormente, se lograría sacar a la Fiscalía del Estado de Jalisco, del penúltimo lugar en persecución penal a nivel nacional y se retomaría en una sola administración, la excelencia que siempre caracterizo a nuestro Estado.

Diez pasos para mejorar la Fiscalía de Jalisco

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A raíz de la fuerte presión que ha realizado Estados Unidos a nuestro país, se ha desatado un fenómeno que antes no se veía con frecuencia: la mutación de las operaciones delictivas del narcotráfico para la realización de delitos del fuero común, entre los que destacan robo a mano armada, robo de vehículos, extorsión o cobro de piso, secuestro, robo a casa habitación, robo a negocios, entre otros; esto es, han aprovechado la debilidad del Estado mexicano para la persecución de los delitos, para utilizando sus células delictivas, realizar actos de la delincuencia común, ya que el trasiego de drogas a Estados Unidos (fin último de toda organización delictiva), se ha visto suspendido por los fuertes controles que existen en la frontera, así como por la modificación de parte del gobierno federal en cuanto al cuidado de las aduanas y aeropuertos, siendo tomadas de manera primaria para su vigilancia, por parte de la Secretaría de Marina, la que de manera adecuada ha rendido frutos para evitar la proliferación del tráfico de estupefacientes.
Ahora bien, los números no dejan mentir cuando vemos en estados como Jalisco, cómo se ha disparado el cobro de piso en lugares donde antes no sucedía, cómo en paradores comerciales del centro de la ciudad, o en lugares como la famosa calle 5 de Febrero o Los Ángeles, famosas por ser las calles donde se comercializan las autopartes de dudosa procedencia, al igual que ha sucedido en Avenida Obregón y en Medrano, conocidas como la Zona del Vestir, donde igual ocurren dichas extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y hasta lesiones a quienes no cumplen con la cuota, para con posterioridad llegar hasta incendiar sus locales, todo esto ante la ausencia de autoridad que ponga un alto a dichas ilegalidades.
De igual manera, hemos visto cómo se ha disparado el delito de secuestro, donde de manera por demás “amateur”, los delincuentes privan de la libertad a sus víctimas, utilizan sus cuentas de banco, van a cajeros y disponen del recurso, así como utilizan los celulares de las víctimas, donde aprovechándose de la lentitud de la Fiscalía en su actuar, disponen de las cantidades que quieren y no es sino hasta semanas después que se logra llevar a cabo la detención de dichos delincuentes mediante la geolocalización de los equipos, consiguiendo en muchas ocasiones liberar a otras personas secuestradas.
El crimen ha mutado y hay que estar más alerta que nunca como ciudadanos, ante la estrategia que encabeza Omar García Harfush en contra de los grupos delictivos, la cual generará más violencia en contra de la ciudadanía por los motivos antes expuestos.

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En días pasados se ha visto un incremento en la comisión de delitos relacionados con el apoderamiento ilícito de terrenos, casas y en general inmuebles, mediante una nueva modalidad: “La implementación de juicios laborales fraudulentos”, en los que una persona, quien sin haber trabajado en ningún momento para el propietario del inmueble, de quien obtienen previamente toda la información en el Registro Público de la Propiedad en Jalisco, presenta una demanda con hechos falsos, donde aduce haber tenido determinado puesto laboral, señalando que fue despedido de manera injustificada, por lo que procede una estrategia laboral donde reclama cantidades millonarias como compensación, con la finalidad de que la autoridad laboral le entregue la posesión y posteriormente la propiedad del inmueble en cuestión, en un aparente marco de legalidad, siendo todo lo contrario, puesto que mediante testimonios falaces, documentación apócrifa y con el beneplácito de las autoridades laborales, consiguen despojar de la posesión y propiedad de inmuebles en agravio de particulares en Jalisco, quienes obviamente en ningún momento dieron trabajo alguno a los supuestos demandantes y les cuesta remar contracorriente ante un sistema corrompido por años y años de malas prácticas en la vía laboral.
Además de lo anterior, las personas en Jalisco están a expensas de que Fiscalía del Estado les reciba la denuncia y como no asegura directamente dicha corporación los inmuebles, tienen que acudir ante un Juez de Control en materia Penal, con la finalidad de que en una audiencia de tutela de derechos, la autoridad judicial decida decretar el aseguramiento del inmueble en cuestión, el problema con esto, es que para que dicha audiencia llegue, en ocasiones han pasado meses desde que se descubrió el acto ilícito y los perpetradores, en contubernio con las autoridades laborales, en muchas ocasiones ya han dispuesto de la propiedad en cuestión, transmitiendo de manera onerosa a terceros de buena fe, lo que convierte casi en labor imposible que una persona pueda recuperar su patrimonio ante la ineficiencia de las autoridades prosecutoras e impartidoras de justicia.
Urge una limpia en el Poder Judicial de Jalisco, donde se privilegie la protección de los derechos humanos de las víctimas y se acabe con los contubernios a favor de los grupos delictivos que utilizan el sistema para sus ruines causas.

Robarse inmuebles en Jalisco con la ayuda de la autoridad laboral