La Ley Laken Riley
Días antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos da un apretón más a la pinza antimigrantes en la Unión Americana. Esta semana será aprobada la Ley HR-29 conocida como Ley Laken Riley, que eliminará la discrecionalidad de los agentes migratorios para detener a personas migrantes con estatus irregular.
La ley (que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada en febrero de 2024 por un migrante “indocumentado”) autoriza el encarcelamiento de migrantes “sin papeles” que cometan delitos no violentos para posteriormente ser deportados. Una situación similar a la puesta en marcha hace varios años en Arizona por el sheriff Joe Arpaio, quien ordenaba la deportación de migrantes “ilegales” luego de ser arrestados por delitos menores y pasar unas semanas detenidos en la prisión de Tent City en el condado de Maricopa.
La Ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero los demócratas en el Senado la detuvieron y regresó a la Cámara Baja. Sin embargo, luego de las elecciones del 5 de noviembre donde los republicanos se hicieron del control de ambas Cámaras, la ley fue aprobada en la Cámara Baja el 7 de enero incluso con el apoyo de 48 demócratas. Así avanzó al Senado.
En la Cámara Alta todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter el texto a debate para su aprobación, para lo cual sólo se necesitan 60 votos.
La nueva legislación se convertirá en una espada de Damocles que mantendrá en vilo la vida de los migrantes al otorgarle amplias facultades a las instancias encargadas de atender el fenómeno migratorio. Sin duda, la ley violará la presunción de inocencia de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo o algún delito menor y ello será motivo de deportación. La ley permitirá a los estados demandar al gobierno federal en caso de liberar a un “indocumentado” bajo custodia o si consideran que no se están aplicando ciertas leyes migratorias, asimismo dará a los fiscales generales estatales múltiples formas de intervenir en la forma en que el gobierno federal aplica la ley de migración; incluso podrían solicitar órdenes judiciales federales para obligar al Departamento de Estado a dejar de expedir visados a personas de ciertas nacionalidades.
A querer o no, la votación de la Ley Laken Riley ofrecerá pistas claras y tempranas sobre la manera en la cual actuarán los miembros de la clase política estadunidense una vez que Donald Trump asuma la presidencia. Seguramente, el 20 de enero el republicano recibirá como primera ofrenda legislativa el texto de la nueva ley para que sea inmediatamente firmada por el presidente y entre en vigor.
Mientras esto se discute, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) obtuvo documentos que confirman que el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas está considerando propuestas para expandir su capacidad de detención de migrantes en al menos ocho estados, a saber: Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington (La Opinión, 16 de enero de 2025).
La información de ACLU confirma que las corporaciones de cárceles privadas como GEO Group, Inc., CoreCivic, Management and Training Corporation y Target Hospitality, que proporciona instalaciones temporales en tiendas de campaña, presentaron propuestas para ampliar la capacidad y las instalaciones de detención de migrantes. Recordemos que el sistema de detención de migrantes del gobierno de Estados
Unidos depende abrumadoramente de corporaciones penitenciarias privadas.
Así las cosas, las personas migrantes continúan siendo criminalizadas, discriminadas y no reconocidas, al tiempo que se convierten en una jugosa fuente de recursos económicos para empleadores, gobiernos, familias remeseras y corporaciones carcelarias que comercializan con sus detenciones.
