Donald Trump ordena redadas de migración en lugares protegidos
La medida, que se da un día después de la toma de posesión de Trump, coincide con su promesa de campaña de implementar una de las más grandes operaciones de deportación en la historia reciente de Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump ha dado luz verde a la realización de redadas migratorias en sitios previamente considerados “protegidos”, como escuelas, universidades, hospitales e iglesias, en un giro a las políticas implementadas durante la Administración de Joe Biden. La medida, anunciada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), revoca una directriz que había instruido a las autoridades migratorias a evitar realizar arrestos o redadas en estos lugares sin la autorización de un superior.
Según un portavoz del DHS, la decisión de autorizar las redadas tiene como objetivo “empoderar” a los agentes de migración a “seguir las leyes” y arrestar a aquellos a quienes el Gobierno de Trump considera “criminales extranjeros”. Sin embargo, la administración no presentó pruebas ni ejemplos específicos sobre la supuesta presencia de estos individuos en las escuelas y las iglesias, que, según el comunicado, habrían sido utilizados como refugios para evadir la captura.
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La medida, que se da un día después de la toma de posesión de Trump, coincide con su promesa de campaña de implementar una de las más grandes operaciones de deportación en la historia reciente de Estados Unidos. En este contexto, la revocación de la directriz de Biden sigue el enfoque de endurecer las políticas migratorias y expandir las deportaciones, alineándose con el compromiso de su gobierno de reforzar la seguridad en el país.
La directriz revocada había sido emitida en 2021 por el gobierno de Biden, y en ella se prohibía a los agentes de inmigración llevar a cabo arrestos en lugares considerados “sensibles” como centros educativos, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras desastres naturales, sin contar con la autorización de un superior. Esta política buscaba, según se argumentó en su momento, garantizar que las personas migrantes no se sintieran disuadidas de buscar servicios esenciales como atención médica o apoyo en tiempos de crisis.
El gobierno de Trump, por su parte, ha reiterado que la nueva política busca asegurar que la ley se cumpla de manera rigurosa, argumentando que los “criminales” no deben encontrar refugio en instituciones que históricamente se consideraban zonas seguras. A medida que la administración avanza en sus políticas migratorias, la controversia sobre el impacto de estas decisiones en las comunidades vulnerables sigue siendo un tema central del debate político en el país.
