¿Simulación?

Se esfuman las esperanzas para que, en esta nueva administración federal, mejoren las condiciones de vida y los apoyos para las personas con discapacidad.

Es de todos conocido que, en 2011, se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) un organismo público descentralizado para establecer la política pública para las personas que viven esta condición, para promover sus derechos fundamentales, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, acorde al cumplimiento de los tratados internacionales y nacionales.
La creación de este organismo suponía una luz de esperanza para las familias que tienen un miembro con discapacidad y por supuesto, para quienes tenemos esta condición de vida (7% de la población de nuestro país).

Esta entidad pública contaba con personalidad y patrimonio propio; gozaba de autonomía de gestión y un área técnica para la creación de políticas, estrategias, programas y acciones que velaran por los derechos de las personas con discapacidad. Era una maravillosa oportunidad para que avanzáramos en beneficio de las personas con discapacidad. El equipo que trabajaba en este organismo tenía la misión de fomentar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y traer a la agenda gubernamental el tema de forma transversal.
Lamentablemente, en el sexenio pasado, de un plumazo, tal como sucedió con otros organismos, esta entidad desapareció como en un principio se había formado. El CONADIS perdió su autonomía de gestión y el presupuesto quedó a merced de la voluntad del mandatario en turno y los acuerdos de diputados y senadores para otorgarle recursos para poder funcionar.
Como es sabido, casi ninguno de ellos vive con discapacidad, ni saben qué se requiere para mejorar las condiciones de vida de este grupo que por años, ha sido olvidado, lo que ha acrecentado una enorme brecha de desigualdad (este año el gobierno federal volvió a reducir el presupuesto otorgado).

La discapacidad ha sufrido un retroceso desde el 2018 y no se ha corregido el rumbo. Sé que muchos pondrán “el grito en el cielo” con mis palabras, alegando la pensión que se otorga a las personas con discapacidad y la consulta que se llevó a cabo el pasado 16 de enero en el Estado de Zacatecas: “Foro Derechos, interseccionalidad e inclusión de las personas con discapacidad”. En este evento se recopilaron las alternativas propuestas para el Programa Nacional de Desarrollo 2025-2030.
¿Cómo puedo decir que hay un retroceso? Me explico. Para el foro, la convocatoria fue insuficiente, tardía y sólo algunas organizaciones recibieron invitación. No se coordinaron los apoyos económicos y los viáticos de viaje para que pudieran acudir de distintas partes del país como para denominarla una consulta nacional; faltaron personas que son referente en el trabajo de esta agenda.

Desconocemos la razón por la cual el evento se llevó a cabo en Zacatecas, una ciudad que tiene poca conectividad por vía aérea y que queda muy apartada de estados como Tabasco, Campeche o Quintana Roo. Cuestiones indispensables como la accesibilidad al recinto donde se llevó a cabo el evento; los tiempos de diálogo en las mesas fueron reducidos y no se contaba con suficientes intérpretes de Lengua de Señas, algo básico para hacer un evento de inclusión. Tampoco la documentación estaba en lectura fácil o en braille, para que todos los asistentes pudieran tener acceso a la información. Se ignoraron las recomendaciones que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque como país integrante de la ONU, estamos obligados a cumplirla.

Esta consulta era realmente importante; podía haber cambiado el panorama favorablemente y por eso era trascendental que se escuchara al mayor número de voces, dado que de ahí se desprenderá el Plan Nacional de Atención a Personas con Discapacidad para los próximos seis años.

La semana próxima platicaremos sobre la pensión de discapacidad y les daré números sobre lo que cuesta tener una discapacidad. La pensión es útil, pero es totalmente insuficiente si no va acompañada de una agenda que planteé acciones, programas y políticas públicas que atiendan los requerimientos y que dé prioridad a que se puedan respetar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Me pregunto hasta cuando permitiremos que el gobierno federal siga simulando interés hacia este tema, porque así la brecha de desigualdad cada día es más notoria y por lo tanto, la deuda social y gubernamental con este grupo de personas es cada día mayor.
Con gusto leeré sus comentarios y sus puntos de vista. Debemos opinar para cambiar las cosas en nuestro país.