Anuar García Gutiérrez

Mientras la ONU aplica el artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas a nuestro país, la cual permite al Consejo de Seguridad investigar situaciones que puedan conducir a conflictos internacionales, todo esto por los 125 mil desaparecidos, más una cifra negra desconocida, en Jalisco se sigue negando la crisis de desaparecidos que enfrentamos día con día.
No pasa desapercibido el comunicado que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que niega que exista una crisis de desapariciones, contradiciendo lo señalado por la ONU y la misma Fiscalía General de la República; señalando incluso que se trata de una estrategia de “intervencionismo internacional” en contra del país, todo esto con la finalidad de justificar lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, donde ya el mismo gobierno de Jalisco ha salido a declarar que los restos óseos que se encuentran en el lugar, no corresponden a restos humanos, sino a animales.
Todos en Jalisco sabemos del poder que tiene el crimen organizado y su injerencia en determinadas zonas del Estado, donde controlan lo que ahí sucede. La zona de Los Altos de Jalisco es uno de los mejores ejemplos del control de la criminalidad sobre la ciudadanía, donde ni siquiera hay suficientes hombres ya por la forma en que son reclutados para trabajar en la guerra de los cárteles que se disputan la zona. El mejor ejemplo es Teocaltiche, Jalisco, donde los grupos de la delincuencia organizada deciden quién comercia y cómo comercia, e incluso vigilan mediante “halcones” a quienes visitan dicha población e intervienen si consideran que tal visita resulta sospechosa; esto sin mencionar los cientos de desaparecidos y víctimas de homicidios que reporta la región.
Ahora bien, Alejandro Gertz Manero declaró que existen restos humanos con huellas de cremación en el rancho de Teuchitlán, Jalisco. ¿Por qué entonces el gobernador del Estado salió a declarar que no existen restos humanos en el mismo? ¿Qué manejos políticos se dan, contradiciendo lo que dice la federación con lo que estipula el mismo Estado de Jalisco?
Alguien debería pensar en las víctimas y el estado de indefensión en el que quedan ante tales contradicciones, por lo cual a Jalisco, al día de hoy, se le tiene como el Estado que representa el número 1 en impunidad en todo el país.

Anuar García

Jalisco, el lugar más impune de México

Ahora que iniciaron las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial federal, las mismas están resultando ser un circo. Candidatos que se promueven simulando ser chicharrones por ser supuestamente buenos, o candidatas que se hacen llamar como Dora la Exploradora o incluso, ministras en funciones que se hacen llamar “Ministras del Pueblo”, quienes movilizan a las masas de los sindicatos obreros como viles partidos políticos, no son otra cosa que el horror que se nos viene como país. 
Lo que va a pasar en México a raíz de esta elección judicial será lo siguiente:
1) Adiós a la independencia judicial. Los candidatos que más están movilizando gente y así será el día de la elección judicial, son los que tienen nexos con los partidos políticos, los cuales una vez que hayan sido electos, tendrán toda la influencia sobre los mismos, por lo que se acabará la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros.
2) La justicia ahora si, 100% politizada. Como para llegar a ocupar un puesto en el Poder Judicial Federal, los candidatos tuvieron que pedir a los partidos políticos que los apoyaran con la movilización de sus cuadros, les deberán el puesto a los mismos y así como llegaron, pueden ser sancionados o removidos por el Comité de Vigilancia, también conformado con la venia de los partidos y por ende, a nadie le importará lo que diga la ley, si no cómo lo vean e interpreten los partidos políticos y “el pueblo”.
3) Intervención del crimen organizado. En virtud de que no hubo financiamiento a favor de los candidatos por parte del Estado, quienes sí tienen muchos recursos para promover y conseguir la compra de votos a favor de quienes ellos decidan, son los miembros del crimen organizado.
4) Inseguridad jurídica y crisis económica. El hecho de que se implemente una reforma judicial plagada de vicios que generarán inseguridad jurídica en cuanto a las inversiones que capta el país del extranjero, tendrá como fruto que se dé paso a una fuerte inestabilidad económica, puesto que las personas que deberían de estar cuidando el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, no serán las más capaces ni las más honestas, pero si las más populares. 
Sólo mentes perversas podrían haber buscado conseguir lo que está sucediendo en México en materia de seguridad y economía; el tiempo nos dará la razón como siempre lo hace, para demostrar que lo peor que podía sucederle al país, llegó de la mano del régimen actual de gobierno que entroniza los designios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El desastre que se viene por la elección judicial

Desde hace años es del dominio público la existencia de los campos de adiestramiento y exterminio por parte del crimen organizado. Desde el 2019 diarios como El País, han manifestado que en Tala, Jalisco, ya existían campos de adiestramiento y exterminio donde mediante engaños se llevaban a los jóvenes con ofertas de trabajo muy superiores a la generalidad de las mismas, con la finalidad de entrenarlos para engrosar las filas del crimen organizado, tomando en cuenta que quienes no superaban las semanas de entrenamiento o no eran aptos (según los cánones de los grupos delictivos), para representar al grupo delincuencial, eran entonces asesinados e incinerados para que no aparecieran sus restos, mismos que luego pudieran constituir prueba de los homicidios llevados a cabo, por lo que los delincuentes preferían desaparecerlos.
Así también, en el 2022 también hubo reportes de que en Zacatecas el grupo delictivo de los Zetas tiene también campos de entrenamiento y exterminio donde hacen exactamente lo mismo que en Jalisco: reclutan jóvenes con engaños; quienes les sirven para engrosar las filas del crimen organizado se quedan, quienes no, son asesinados.
Recordando a Karla Quintana, quien fue Comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el sexenio de López Obrador y quien prefirió renunciar ante la exigencia de depurar el padrón de personas desaparecidas como el mismo expresidente le exigió, tenemos que ella denunció en el 2019 que había un campo de entrenamiento y exterminio en La Bartolina, en Tamaulipas, donde había cientos de kilos de huesos, mismos que debían de ser examinados porque correspondían a los miles de desaparecidos que existen en el país. Ya no alcanzó a culminar dicha acción puesto que tuvo que separarse del cargo ante las presiones de la 4T.
De igual manera, recordando los documentos filtrados de Guacamaya Leaks, la misma SEDENA reconoce la existencia en 2023 de al menos 25 campos de entrenamiento y exterminio de personas en el país, en estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas. 
Ante toda esa información nos preguntamos: ¿Dónde han estado las autoridades todos estos años? ¿Por qué tienen que venir los colectivos de búsqueda a hacer el trabajo de las autoridades? ¿Por qué el discurso gira en que si era campo de extermino o no, o si es culpa de Jalisco o de la federación, como si no fuéramos un país con una organización federal que debe atender los temas de la delincuencia organizada desde un primer momento?

Teuchitlán presente en todo México

Desde el sexenio de Emilio González Márquez, en 2011, se recuerda la aparición del primer narcocampamento en Jalisco. En aquella ocasión se llevó a cabo la aprehensión de varios individuos que pertenecían al ya extinto grupo denominado “La Resistencia”, quienes tenían en su poder una serie de videos con equipo táctico donde en un lugar fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, llevaban a cabo adiestramiento de jóvenes con la finalidad de que sirvieran para el grupo delictivo que comandaban; por dichos videos nadie fue procesado y nació aquí el adiestramiento criminal en el Estado con el fin de engrosar las filas del crimen organizado.
En 2017 hubo un segundo caso muy sonado en el Estado de Jalisco, cuando varios jóvenes lograron escapar de un narcocampamento que se encontraba situado en el municipio de Tala, Jalisco, donde fueron reclutados en contra de su voluntad por medio de las redes sociales; ellos buscaban empleo y engañados, decidieron acudir a la entrevista donde terminaron privados de su libertad, todo esto en el sexenio del hoy occiso Jorge Aristóteles Sandoval.
A partir de 2018, el gobierno de Enrique Alfaro trajo la peor crisis de desapariciones; en ese período el exgobernador se dedicó a negar una y otra vez la crisis de jóvenes que desaparecían engañados por la delincuencia organizada; una y otra vez negó que los mismos fueran llevados con engaños entre muchos otros puntos, a la Central Camionera Nueva, en Tlaquepaque, e incluso aseguró que las ausencias eran voluntarias en 8 de cada 10 casos. Al día de hoy, Jalisco enfrenta una de las peores crisis en desapariciones heredadas por los sexenios anteriores, rebasando los 17 mil desaparecidos, ante la inacción de las autoridades en al menos 14 años, como lo hemos relatado.
Hoy es momento de tomar acciones en contra de las desapariciones en el Estado y por medio del uso de la tecnología, evitar que sucedan. Y las que ya son parte de la estadística, deben ser atendidas en estricto apego a los derechos humanos de las víctimas. 
Hay que recordar que en 2023 y 2024 fueron reportados narcocampamentos en la zona de Los Altos de Jalisco, Región Valles, La Barca, Capilla de Guadalupe y Zapopan, cerca de los Camachos, además de Teuchitlán.

Narcocampamentos en Jalisco desde hace 14 años

ás de 16 mil desaparecidos oficiales y un rancho convertido en campo de exterminio. Jalisco se ha consolidado como el Estado con más fosas clandestinas en el país, una realidad escalofriante que deja al descubierto la falta de respuesta por parte de las autoridades y la inacción de la Fiscalía estatal. Con más de 16 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas por el gobierno y estimaciones de organizaciones civiles que superan los 35 mil casos, la crisis humanitaria en la Entidad se ha profundizado sin una estrategia efectiva para frenarla.
El reciente hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha evidenciado la descomposición institucional que ha permitido la proliferación de estos crímenes, de manera que se presume que en este sitio operaba un campo de exterminio del crimen organizado, y fueron localizadas decenas de prendas, mochilas y más de 200 pares de zapatos, una imagen perturbadora que recuerda los peores momentos de la historia de la humanidad.
Sin embargo, se realizó un cateo sin consecuencias y una investigación llena de omisiones en septiembre del año pasado. A pesar de ello, según el propio fiscal, la investigación no avanzó por el tamaño del inmueble. La falta de acción permitió que el crimen organizado regresara y continuara con sus operaciones en la zona.
A pesar de que en aquel momento se reportaron 10 detenidos, no hay información clara sobre su situación legal ni si fueron vinculados a proceso. Este patrón de impunidad y negligencia por parte de las autoridades estatales ha generado una profunda desconfianza entre la ciudadanía. Jalisco se ha convertido en una fosa clandestina sin justicia. Semana tras semana, en el Estado se encuentran nuevas fosas clandestinas, pero la Fiscalía de Jalisco se mantiene como la peor evaluada en la impartición de justicia a nivel nacional. La falta de acciones contundentes y la ineficiencia del sistema judicial han obligado a los familiares de las víctimas a convertirse en investigadores y buscadores de sus propios desaparecidos.
Conforme a la situación tan grave, el exgobernador Enrique Alfaro minimizó durante su gestión la crisis de desapariciones, argumentando que muchas personas se iban “por voluntad propia”. Sin embargo, los hallazgos recientes han demostrado que muchas de las víctimas eran reclutadas forzosamente con falsas ofertas de empleo en la Central Camionera de Tlaquepaque, para luego ser obligadas a trabajar para el crimen organizado. ¿Hacia dónde va la justicia en Jalisco? Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y exigen justicia, el gobierno estatal y la Fiscalía continúan con omisiones y encubrimientos. La falta de un protocolo de búsqueda inmediato, la desatención a las denuncias y la ausencia de depuración dentro de la Fiscalía han permitido que la violencia en Jalisco se mantenga fuera de control.
El actual gobernador enfrenta el reto de limpiar las instituciones y castigar a los responsables de la crisis de desaparecidos en la Entidad. Sin embargo, sin una estrategia clara ni voluntad política, Jalisco seguirá siendo el epicentro de la impunidad y el dolor en México.

Jalisco, el epicentro de la desaparición en México: entre fosas clandestinas y negligencia gubernamental

A menos de seis meses de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta una de las crisis más severas en materia de seguridad y relaciones internacionales, derivada de la estrategia implementada durante el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. La política de “abrazos, no balazos”, que buscó reducir la violencia sin confrontaciones directas con el crimen organizado, ha mostrado sus limitaciones, y hoy el país está sumido en una crisis que afecta tanto la estabilidad interna como la relación con Estados Unidos.
La creciente presión de la administración de Donald Trump ha dejado en evidencia la falta de contundencia con la que el gobierno anterior abordó el problema del crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Mientras López Obrador minimizaba la crisis de seguridad con discursos optimistas y cifras cuestionables en sus conferencias matutinas, la realidad era distinta para millones de mexicanos que sufrían la violencia en su día a día.
Ahora, Sheinbaum se ve obligada a recoger los frutos de una política fallida. La crisis comercial con Estados Unidos, derivada de la falta de acciones firmes contra el narcotráfico, ha obligado a su gobierno a dar muestras de cooperación. Entre estas medidas se encuentra el traslado de capos internados en cárceles mexicanas a prisiones estadounidenses, y el reforzamiento de las fronteras para frenar el tráfico de drogas. Sin embargo, estas acciones parecen más una respuesta a la presión internacional que una estrategia integral para combatir la inseguridad.
El reto para la actual presidenta es mayúsculo. A pesar de haber evitado pronunciarse de manera contundente sobre la estrategia de seguridad en los primeros meses de su gobierno, la realidad la ha alcanzado. La pregunta ahora es si tomará un rumbo distinto al de su antecesor o si continuará con ajustes mínimos para mitigar la crisis.
Lo cierto es que el legado de inseguridad de López Obrador ha quedado al descubierto, y Sheinbaum deberá decidir si enfrenta el problema con un cambio de estrategia o si sigue arrastrando una política que, hasta ahora, solo ha dejado violencia, crisis y presión internacional.

Cosechando tempestades: el legado de inseguridad que enfrenta Claudia Sheinbaum

Desde el sexenio pasado los mexicanos hemos sido testigos de cómo el Poder Ejecutivo federal buscó eliminar la democracia para establecer una oligarquía constitucional, donde el presidente de la República incidiría en cada una de las decisiones que se tomarían en los otros 2 poderes: legislativo y judicial, llegándose a convertir actualmente en una oclocracia, muy lejos de la democracia que exige la Constitución de nuestro país.
El Congreso de la Unión ha sido tomado por el partido en el poder, pero aún teníamos el Poder Judicial para defender a los ciudadanos ante los embates del gobierno, lo cual se terminó con el gobierno actual, puesto que ya no existe independencia, así como se abrió la puerta a los grupos de la delincuencia organizada para que puedan inyectarle dinero a los candidatos a jueces, magistrados o ministros, de la misma forma que se politizó la posibilidad de acceder a dichos puestos, ya que el filtro para poder ser votado, depende del partido político gobernante.
A pesar de todo lo anterior, existe un tema todavía peor: la nueva Ley de Amparo aprobada el 19 de febrero del 2025, dejó sin efectos generales sus contenidos en favor de la población, en virtud de las resoluciones de amparo concedidas, por lo que sólo quienes promuevan sus amparos en lo particular, podrán recibir los beneficios de las resoluciones emitidas, contraviniendo el principio de progresividad que la misma Constitución enaltece.
De igual manera, la nueva ley prohíbe el amparo contra órganos de administración de justicia judicial y del tribunal de disciplina judicial, amordazando así a los jueces para que no resuelvan en contra del gobierno. Antes de esta ley, podía la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir amparos con efectos generales a favor de la población, pero hoy cada ciudadano deberá tramitar sus propios juicios de amparo si busca la protección de la justicia (y todos sabemos lo que cuesta tramitar un amparo), lo cual deja a la población desprotegida, siendo los que más tienen los únicos que podrán acceder a la protección constitucional.

La justicia sólo es para quien pueda pagarla

Mucho se ha hablado de que México está controlado en al menos el 65% de su territorio 
por los cárteles de la droga, lo cual no suena descabellado si nos damos cuenta cómo los criminales quitan y ponen mandos de seguridad pública en los municipios y en algunas entidades federativas, así como ha salido a la luz pública cómo han pagado campañas completas para presidentes municipales, gobernadores e incluso algunos expresidentes de la república. 
Ante todo eso, nos preguntamos: ¿Estamos gobernados por el crimen organizado?
Según Donald Trump y Marco Rubio sí lo estamos. Por eso han declarado como organizaciones terroristas a los cárteles y han empezado operaciones con aviones tripulados y no tripulados a cargo de la CIA para contraatacar a los grupos de la delincuencia organizada, y ¿qué ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum? Arroparse en el discurso de la soberanía nacional; hacer alusión al himno nacional (como si tuviéramos la capacidad armamentista para hacer frente al país más poderoso del mundo) y defender a los criminales aduciendo la máxima de no intervención por parte de nación extranjera alguna. Pero eso no funciona para un país como Estados Unidos, el cual tiene una legislación supranacional que le permite combatir a los grupos terroristas en otras naciones, lo cual no está lejos de pasar en nuestro país.
Ahora bien, lejos de utilizar discursos anticorrupción haciendo referencia a la nula intención de favorecer a los grupos de la delincuencia organizada, tenemos que en México sucede todo lo contrario: se eliminan los contrapesos desapareciendo instituciones públicas, así como acumulando el poder, incluso aliándose en ocasiones con el crimen organizado, retrocediendo en transparencia y justicia debilitando al Poder Judicial, al ITEI y demás órganos autónomos, así como militarizando la seguridad para controlar desde el centro la misma, todo esto a favor de los intereses de grupo de quienes detentan el poder.

¿Estamos gobernados por el crimen organizado?

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El gobierno federal parece que no entiende nada de nada. Llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica y ejecutó una serie de acciones ejecutivas como parte de sus promesas de campaña, entre las que se destaca declarar la guerra a los cárteles de la droga, considerándolos como organizaciones terroristas internacionales, lo que acarrea la posibilidad de llevar a cabo acciones militares fuera de su país, con la finalidad de acabar con dichas entidades delictivas y, ¿cuál es la respuesta de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de nuestro país?
“Ellos pueden actuar en su territorio, su marco de actuación y de su constitución”; “nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano”.
No señora Presidenta, no somos un país soberano como usted lo plantea, cuando Estados Unidos decide emprender acciones de esta naturaleza en contra de organizaciones criminales consideradas como terroristas, la soberanía del país llega hasta donde el combate a los grupos de la delincuencia organizada nos lo permiten, pero habiendo adoptado una postura de complicidad en el sexenio anterior, donde se arropó a los criminales y se les permitió que tomaran el control del país en su mayor parte, dando pie a la reelección de Donald Trump en Estados Unidos ante el desaseo en la impartición de justicia en nuestro país, generó precisamente esto, la posibilidad (que se veía remota), de que un país extranjero estuviera signando órdenes ejecutivas para combatir a los narcotraficantes, lo que ustedes como partido al frente del gobierno federal se han negado a hacer.
Entonces no señora Presidenta, la soberanía constitucional no nos alcanza para impedir el ingreso de Estados Unidos para desarticular a los grupos de la delincuencia organizada que sean declarados como terroristas. Si tan sólo ustedes hubieran hecho su trabajo y hubieran dejado de solapar delincuentes porque “también son pueblo”, si de igual manera hubieran dejado de andar exigiendo información por la entrega de narcotraficantes en Estados Unidos en vez de coordinarse para combatirlos, así como si hubieran promovido acciones de extradición contra ellos, al igual que hubieran combatido la producción de fentanilo y drogas sintéticas. 
Pero no, el discurso oficial lo centran en defender la libertad y soberanía para que no ataquen a los narcos, mientras que la ciudadanía tiene al menos un sexenio abandonada por los actos de presumible complicidad entre el gobierno federal y la delincuencia organizada; por eso señora Presidenta, ¡no exija ahora que se respete nuestra soberanía!

No Presidenta, para Estados Unidos México no es soberano