En cualquier contexto, la desinformación es una mala consejera. De ella derivan opiniones parciales, radicales o incluso basadas en hechos falsos. Por eso preocupa la reciente decisión de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, de eliminar su programa de verificación de datos, creado en 2016 para identificar y etiquetar información falsa o engañosa. Una medida similar había sido adoptada por la red social X (antes Twitter), que ahora delega en sus usuarios la responsabilidad de añadir comentarios o notas aclaratorias a publicaciones consideradas falsas o engañosas.
Tanto X como Meta han optado por reducir significativamente su intervención directa en la moderación de contenido, trasladando esta tarea a los usuarios con el objetivo de fomentar una mayor libertad de expresión en sus plataformas. Sin embargo, este cambio de enfoque plantea preguntas fundamentales: ¿puede una red social garantizar la libertad de expresión sin caer en la permisividad absoluta? ¿Qué papel tienen las grandes tecnológicas en la construcción de una esfera pública informada y democrática?
Para comprender estas medidas, es importante recordar los debates que se originaron en Estados Unidos tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden en 2020. Después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, varias redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y cadenas de noticias (NBC, CNN, ABC News) decidieron limitar o bloquear la difusión de información emitida por Trump, al considerarla engañosa o incitadora de violencia. Este acto de censura abrió un debate profundo sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de las plataformas en la moderación de contenido.
En México, este debate tampoco pasó desapercibido. El entonces presidente López Obrador condenó la censura hacia Trump, llegando incluso a sugerir que su gobierno desarrollara una red social propia, una propuesta que, con el tiempo, quedó en el olvido. Sin embargo, con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, los escenarios han cambiado. X, ahora bajo la dirección de Elon Musk, adoptó una postura más permisiva, mientras que Meta sorprendió al unirse a esta política de “no censura”, quizás para evitar conflictos con la nueva administración en Washington, especialmente en un contexto donde plataformas como TikTok enfrentan crecientes tensiones regulatorias.
El debate sobre la regulación de las redes sociales y la permisividad hacia las noticias falsas se mantiene vigente, especialmente en un mundo donde la información fluye a velocidades nunca antes vistas. En el caso de México, los procesos electorales de 2024 evidenciaron el impacto de las fake news: perfiles falsos y conocidos como bots inundaron las plataformas digitales, difundiendo información manipulada para denostar adversarios políticos, sembrar discordia y manipular preferencias electorales. La desinformación no solo afectó a los actores políticos, sino también a la percepción ciudadana sobre la integridad de las instituciones y los procesos democráticos.
Ante este panorama, el reto para México, como para el resto del mundo, no es menor. ¿Debe permitirse la difusión de información falsa bajo el principio de la libertad de expresión, o es necesario establecer mecanismos más estrictos de regulación y moderación? La respuesta no es sencilla, y cualquier postura debe considerar los riesgos de caer en la censura arbitraria o en un descontrol que permita la manipulación masiva.
El contexto político y social actual, tanto en México como a nivel global, demanda un debate serio, informado y multidisciplinario. Es urgente que foros, seminarios y congresos, liderados por universidades, expertos y representantes de la sociedad civil, analicen este tema desde una perspectiva integral. México necesita definir una postura clara que garantice la libertad de expresión sin sacrificar la veracidad de la información y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
En última instancia, la pregunta no es solo cómo regular las redes sociales, sino cómo equilibrar la responsabilidad de las plataformas, la libertad de los usuarios y la necesidad de proteger el derecho a una información veraz. El futuro de la democracia depende, en gran medida, de la forma en que enfrentemos estos desafíos.