La ley y la trampa

Debilitarlo y cooptarlo. Esos parecen ser los objetivos detrás de la reforma al Poder Judicial que veremos aplicarse en junio próximo, con la primera elección de sus integrantes. Y todo indica que lo lograrán.

No es una revelación ni un hallazgo inesperado. Pero el planteamiento regresa insistentemente a mi mente cuando recuerdo el libro que tres politólogos publicaron hace unos años bajo el título que da nombre a esta columna: La ley y la trampa en América Latina (Murillo, M.; Levitsky, S.; Brinks, D., Siglo XXI, 2021).

El estudio expone cómo la fragilidad de las instituciones —sean leyes, normas u organismos— no es una mera deficiencia, sino una estrategia política deliberada. La simulación es el mecanismo clave para preservar el poder, e incluso aumentarlo. ¿Le suena familiar? Es la vieja receta de legislar para que nada cambie o si cambia, que sea en favor de los ya favorecidos.

López Obrador lo repitió varias veces; ahora Sheinbaum Pardo lo reitera: la elección del Poder Judicial ampliará la democracia. El argumento oficialista insiste en que se trata de darle más poder al pueblo y con ese discurso se valida cualquier decisión presidencial, incluso “aplastando” a las bancadas opositoras en el Congreso. “Ahí está el resultado electoral”, se escucha.

¿Qué ocurrirá el 1 de junio? Quienes acudan a las urnas para elegir jueces de Distrito, magistrados de Circuito, ministros de la Suprema Corte y demás integrantes del Poder Judicial, se enfrentarán a boletas con decenas de nombres. ¿Quién es el mejor candidato o candidata? ¿Cómo saber si Pedro es preferible a Juan, o Mariana a Teresa? ¿Qué proyectos representan? ¿Los conocemos?
Así sin conocer a nadie o su proyecto, el desinterés ciudadano es predecible, y la participación, baja. Ahí entran en acción los verdaderos expertos en movilización electoral: los partidos políticos y los gobernantes. Y más aún aquellos con mayores recursos para operar el día de la elección.

Con 500 pesos –un camión para el traslado– un lonche y un frutsi, se pueden garantizar miles de votos a favor de un candidato previamente designado. No es que yo menosprecie al votante, es relatar lo que, elección tras elección, se ha visto y documentado.
Así, quienes resulten electos no serán producto de una votación ciudadana genuina, sino de la estrategia de los partidos y gobernantes que los impulsaron. Quedará fuera cualquier persona del Poder Judicial sin filiación política o intereses ajenos a la impartición de justicia.
Esa es la trampa de esta ley que nos venden como una ampliación de la democracia. En realidad, no será el pueblo el que elija, sino los partidos, con sus propias agendas y cálculos de poder.