La reforma también contempla un nuevo sistema de control horario digital con monitoreo en tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo, con el fin de reducir las horas extraordinarias no remuneradas
El Consejo de Ministros de España aprobó un anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas semanales, con el objetivo de mejorar la conciliación laboral y reducir el absentismo. Esta medida se aplica a todos los trabajadores de todos los sectores, sin que se contemple una reducción salarial. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró la aprobación de este anteproyecto, destacando que es una medida histórica que no se había modificado en España en más de 41 años.
La medida aún debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados antes de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el Gobierno espera que entre en vigor antes del 31 de diciembre. Se calcula que esta reforma beneficiará a unos 12 millones de trabajadores en todo el país. Los sectores más beneficiados serán aquellos que no están cubiertos por convenios colectivos, como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios. Según el Gobierno, la reducción media de la jornada será de 48 minutos por semana, aunque la variabilidad será considerable dependiendo del sector.
Además, el anteproyecto de ley introduce un “derecho irrenunciable” a la desconexión fuera del horario laboral, lo que permitirá a los empleados no responder fuera de su jornada. También se contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que no registren correctamente las horas trabajadas, con multas de hasta 10,000 euros.
El sector hostelero ha expresado preocupaciones sobre cómo la reducción de la jornada laboral podría incrementar la necesidad de más trabajadores en un momento en que ya enfrentan escasez de personal. La reforma también contempla un nuevo sistema de control horario digital con monitoreo en tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo, con el fin de reducir las horas extraordinarias no remuneradas.
A pesar del avance en el Consejo de Ministros, la medida enfrenta oposición de algunos partidos, como Junts (partido político español de centroderecha radicado en Cataluña), que advirtieron que el decreto no ha sido consensuado y que el Gobierno necesita su apoyo para aprobar la ley en el Congreso.