Seguridad pública con perspectiva de Derechos Humanos: Un enfoque esencial

La seguridad pública, como función de la administración pública, es un tema que en la actualidad, tanto en nuestro país como en Jalisco, se encuentra en el centro del debate, ya que es objeto de análisis y críticas, al ser una de las exigencias constantes de la ciudadanía, por lo que requiere la atención eficiente y oportuna del Gobierno, que debe incorporar medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, y ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de cohesión social y la impunidad.

Además, el Estado debe afrontar las problemáticas de los cuerpos de seguridad pública en su interacción con la ciudadanía, donde factores como la mejora de las condiciones laborales, la falta de profesionalización y la capacitación constante, en temas no solamente relacionados con sus funciones, sino también con la gestión de sus emociones, propician acciones u omisiones que contribuyen a la ilegalidad, impunidad y revictimización de las personas.

Derivado de ello, en diciembre de 2024, la CEDHJ emitió un Informe Especial sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos, para lo cual realizó una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, basada en la forma de interpretar la realidad de los paradigmas positivista e interpretativo. Este informe se centra en los sucesos en materia de inseguridad ocurridos en los municipios que integran el Estado, así como en un historial estadístico de inconformidades presentadas por la ciudadanía en contra de las autoridades responsables de la seguridad pública; en tanto que la segunda parte aborda el avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión en materia de seguridad pública.

Del total de la información y análisis que se realizó, esta defensoría llegó a la conclusión de que la seguridad pública en nuestro país, y en específico en el Estado, es un factor determinante en la intranquilidad de la ciudadanía, que día a día enfrenta la posibilidad de formar parte de las estadísticas de incidencia delictiva. Aunado a ello, la confianza de la población en los cuerpos de seguridad pública ha decrecido en proporción al aumento de la delincuencia, debido a servidores públicos que llevan a cabo un deficiente proceso de intervención tanto en la detención de personas como en la atención de las víctimas, generando con ello una vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía.
Lo anterior obedece a diversos factores que tienen su origen en la formación de las personas servidoras públicas, o incluso en las condiciones generales bajo las cuales desempeñan su función. De ahí la importancia de crear políticas públicas que impacten en la profesionalización de las corporaciones policiales, a través de una formación integral que permita reconocer el contexto social actual con un enfoque prioritario en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, así como en la propia inteligencia emocional del personal operativo.

Resulta necesario que los ayuntamientos, dentro de sus planes de gobernanza, contemplen el análisis de las condiciones en las que el personal de seguridad pública desempeña su labor, a efecto de reconocer y valorar la importancia de su trabajo y, en ese sentido, garantizar el ejercicio de sus funciones en las mejores condiciones, de acuerdo con la planeación presupuestal de cada municipio.

Es importante recalcar la importancia de las acciones preventivas que se puedan llevar a cabo, en las cuales la labor de la CEDHJ impacta de manera positiva en la implementación e impartición de capacitaciones al personal operativo de las comisarías; sin embargo, es una labor complementaria de la responsabilidad de los ayuntamientos, que deberán establecer los mecanismos necesarios para que la formación del personal policial se refleje en su trabajo diario con la ciudadanía, a fin de recuperar la confianza e importancia que las corporaciones de seguridad pública tienen.

Esta Comisión reitera su compromiso de coordinarse con autoridades e instituciones para trazar rutas de trabajo y asegurar la existencia de medios efectivos para la protección y ejercicio de los derechos humanos de las y los jaliscienses, a través de visibilizar las acciones precisas de las corporaciones de seguridad pública del área metropolitana de Guadalajara que constituyen violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, para propiciar la generación de políticas que abonen al desarrollo adecuado del personal operativo de las comisarías y, en consecuencia, se ejerza su labor con un irrestricto respeto a los derechos humanos.